A pesar de que el secretario saliente de laCancillería, José Antonio Salazar, llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca los documentos que dejarían sin fundamento la demanda de Thomas Greg & Sons por $117.000 millones en contra del Estado, fuentes cercanas confirmaron que el proceso sigue adelante, pues la empresa solo retirará la demanda hasta que se firme el contrato para el suministro de pasaportes en Colombia.
¿Qué pasó con la licitación de pasaportes en Colombia?
El capítulo de una de las licitaciones más debatidas en Colombia parece haber terminado el 26 de febrero, luego de que el contrato por casi 600.000 millones de pesos para el suministro de pasaportes se quedara una vez más en manos de Thomas Greg & Sons, la misma empresa que lo ha tenido hace más de 17 años. Esta decisión dejó por fuera de la Cancillería al secretario general, José Antonio Salazar, quien fue declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro y además tachado de traidor.
Todo eso por emitir tres resoluciones, dos de ellas revocan la decisión del canciller suspendido Álvaro Leyva al declarar desierta la licitación y decretar la urgencia manifiesta y la última confirma a Thomas Greg como ganador del contrato, aunque el secretario sabía que lo sacarían de su cargo por adjudicar el contrato, siguió adelante con su decisión.
Dentro de los próximos cuatro días, el contrato deberá ser firmado, y ya no habrá vuelta atrás. En este capítulo unos perdieron y otros ganaron; Tomás Greg se quedó con el contrato, el país al parecer evitaría una millonaria indemnización, tres funcionarios salieron de sus cargos, pero al parecer al que mejor le fue, es al canciller suspendido Álvaro Leyva, que, aunque perdió a José Antonio Salazar, uno de sus hombres más cercanos, podría salir victorioso de la suspensión impuesta por la Procuraduría.
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Licitación polémica
El 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que "se recurrió a la figura de urgencia manifiesta" para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía "la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista" para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.
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Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos.
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