El Gobierno nacional, a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, puso sobre la mesa la propuesta de una nueva resolución en la que autorizaríanel aprovechamiento integral de 11 especies de tiburón y 4 de rayas marinas cuando son pescados de forma accidental en las comunidades costeras.
Y es que el debate sobre la pesca de tiburón volvió a ser noticia por cuenta de las declaraciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que calificó como una decisión de "yupicitos y gomelos" la prohibición total de la pesca de este tipo de especies para evitar el aleteo. En medio de la polémica, los movimientos animalistas advirtieron al Gobierno nacional que se podría estar fomentando un aprovechamiento indiscriminado de especies que están amenazadas y podrían extinguirse.
“Las aletas de tiburón deben venir adheridas al cuerpo, las cuales deberán ser cortadas única y exclusivamente en el puerto de desembarco o centro de acopio. En los puertos de desembarco las aletas deberán ser entregadas a la AUNAP para su disposición, bien sea para su uso en las capacitaciones del personal encargado de la inspección y vigilancia y/o para su incineración, como quiera que este subproducto no es utilizado para consumo por parte de las comunidades”, señaló la propuesta.
En otras palabras, las comunidades pueden consumir o vender carne, aceite y cartílago de tiburón pero jamás las aletas de tiburón. De hecho la propuesta de resolución incluye la imagen de cómo debe llegar el tiburón a puerto cuáles son los ‘cortes’ que están permitidos.
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Ninguna compañía está autorizada a vender ningún tipo de producto relacionado con las aletas de tiburón ni a cortarles las aletas con cables desde los barcos ni a aprovechar ninguna parte de los tiburones.
Cabe aclarar que el Gobierno nacional había declarado las 11 especies de tiburones y las 4 de rayas como un recurso pesquero, pero no había aclarado que su aprovechamiento estaría limitado a la pesca artesanal.
Además de esta propuesta de regulación, el Gobierno está adelantando mesas con pescadores y ambientalistas para actualizar la normativa sobre el manejo de las especies de tiburones en el país, un asunto en el que también participa el Ministerio de Ambiente.
El Gobierno nacional prohibirá la comercialización de cualquier tipo de producto derivado de las rayas y tiburones en el archipiélago de San Andrés
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