Se cumplen dos meses del terremoto de 7,4 grados que sacudió el occidente del país el 10 de agosto, y la Defensoría del Pueblo le pidió al Estado atender las desigualdades que el sismo profundizó. Según la Defensoría, el terremoto, como muchos desastres, “profundizó desigualdades preexistentes”, con los mayores impactos en zonas rurales y urbanas. La entidad aseguró que las pérdidas no son solo de las familias más golpeadas, sino “pérdidas nuestras, como país”.
Para enfrentar esa situación, el organismo pidió avanzar en tres asuntos prioritarios. El primero es garantizar una atención integral y una recuperación “que no deje a nadie atrás”. Para eso, reiteró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la necesidad de reabrir el registro y ampliar la atención en los municipios afectados. Según la Defensoría, hay barreras que impiden a las personas damnificadas acceder a la asistencia institucional, y la recuperación debe incluir soluciones de vivienda, acceso a salud, educación y medios de vida, además de participación de las comunidades y transparencia en el uso de los recursos.
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El segundo asunto es fortalecer la prevención y la planificación territorial. La Defensoría señaló que la gestión del riesgo debe incorporarse en los instrumentos de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo de los municipios. Para eso, es indispensable identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. En sus palabras, la respuesta institucional “no puede limitarse a actuar cuando la emergencia ya ha ocurrido”.
El tercer punto es proteger los derechos de circulación de las personas con afectaciones a su movilidad por los desastres y el cambio climático, ya sea por desplazamiento, permanencia involuntaria o necesidad de reubicación. Para ello, la entidad planteó que Colombia avance en un marco normativo y en protocolos que garanticen condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación, con enfoques diferenciales y acceso a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas.
La Defensoría recordó que en marzo pasado convocó a los entonces candidatos presidenciales a adoptar en sus campañas las “Decisiones impostergables en Derechos Humanos”. La número 13 llamaba a fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones de derechos humanos. La entidad concluyó que el terremoto mostró las necesidades del país frente a efectos previsibles y que la gestión del riesgo “no puede seguir siendo entendida únicamente como una respuesta a las emergencias”.