Tribunal admite acción popular para proteger seguridad energética

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra varias entidades estatales, ante el riesgo de pérdida de la seguridad y soberanía energética en Colombia. La demanda se enfoca en la gestión de los recursos de hidrocarburos y gas, así como en la continuidad de los servicios públicos de energía, esenciales para los consumidores.Desde abril de 2024, FEDe. Colombia ha advertido sobre la disminución alarmante de las reservas de gas y petróleo, señalando que el país enfrenta una posible crisis energética. Un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicado en mayo confirmó esta tendencia, revelando que las reservas probadas de petróleo y gas se han reducido a 7,1 y 6,1 años, respectivamente, exacerbando las preocupaciones sobre el suministro energético futuro.La acción popular señala que las entidades responsables, incluyendo el Ministerio de Minas y Energía, la ANH, Ecopetrol y otras, no han desarrollado un plan de acción adecuado para abordar esta problemática. Además, el informe menciona que las medidas propuestas por el Gobierno, como la reactivación de contratos suspendidos y la importación de gas desde Venezuela, han sido ineficaces o improvisadas.“El ministro de Minas, Andrés Camacho, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, han expresado posturas contradictorias sobre la viabilidad de importar gas desde Venezuela, aumentando la incertidumbre sobre la estrategia energética del país”, dice la fundación.Esta falta de claridad y planificación, según FEDe. Colombia pone en riesgo no solo la seguridad energética, sino también la estabilidad económica del país. La acción popular busca proteger los derechos colectivos relacionados con el manejo racional de los recursos naturales y el acceso eficiente a los servicios públicos de energía.