La Procuraduría General de la Nación levantó su voz con respecto al nombramiento deVerónica Alcocer, esposa del presidente Petro, como embajadora en misión especial. La controversia surge en torno al decreto 0035 del 12 de enero de 2023, que otorgó a Alcocer la facultad de representar a Colombia en una audiencia con el papa Francisco en Roma, Italia, entre el 13 y 14 de enero de 2023.
El procurador 135 judicial para asuntos administrativos, Juan Carlos Villamil, emitió un concepto que cuestiona no solo la validez del nombramiento de Alcocer, sino también los viáticos pagados en relación con este viaje. La Procuraduría argumenta que el presidente Petro no debería tener la capacidad de nombrar a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, según lo establece la Constitución colombiana.
El concepto de la Procuraduría, que ahora se encuentra en manos del magistrado Luis Manuel Lazo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sugiere la anulación del decreto 0035. Además, destaca que los viáticos otorgados a la primera dama no tienen base legal, ya que considera que ni el nombramiento ni los gastos asociados son legales según la normativa colombiana.
La decisión final recae en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que este caso no solo es relevante por el cuestionamiento al nombramiento de la primera dama sino también por la afirmación de la Procuraduría de que las primeras damas no deben recibir viáticos.
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La discusión se amplía al ámbito político y legal, ya que se plantea si el presidente Petro tendría la posibilidad de realizar un nuevo nombramiento de la primera dama en la misma condición, incluso con el concepto de la Procuraduría en contra. La respuesta no es clara, y la situación dependerá de la decisión que tome el magistrado Luis Manuel Lazo.
En medio de este debate, se resalta la postura del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), que sostiene que el presidente tiene la autoridad para designar agentes diplomáticos y personal especializado cuando sea necesario para la política exterior colombiana. Sin embargo, la Procuraduría argumenta que la designación de la primera dama en misión especial no se ajusta a un nombramiento permanente en un cargo público.
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La controversia genera interrogantes sobre la figura de la primera dama en Colombia, sus funciones, la legalidad de los nombramientos y el uso de recursos públicos. La Contraloría también ha entrado en escena, solicitando información detallada sobre asignaciones de recursos, viajes y misiones especiales relacionadas con la primera dama para evaluar posibles detrimentos patrimoniales.
La discusión se extiende más allá del ámbito jurídico, abordando cuestiones políticas, éticas y de transparencia en el manejo de recursos públicos en el contexto de los nombramientos y funciones de las primeras damas en Colombia.
Vea el debate en Mañanas Blu:
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