El caso de la joven de Ibagué que permaneció durante años encadenada, fue víctima de abusos y obligada a abortar, volvió a encender las alertas sobre la violencia contra menores en Colombia y los desafíos que enfrenta el sistema de protección infantil.
De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la víctima permanece bajo protección desde octubre de 2025 y actualmente recibe atención psicológica, acompañamiento integral y seguimiento permanente por parte de equipos especializados.
Las cifras del ICBF muestran la dimensión del problema. Solo entre enero y marzo de este 2026, 3.773 niños, niñas y adolescentes ingresaron bajo medidas de protección por violencia sexual, convirtiéndose en el principal motivo de ingreso relevante a la entidad en el país. A esto se suman 3.738 casos relacionados con omisión o negligencia y 1.816 por ausencia temporal o definitiva de responsables.
El panorama refleja el reto que tienen las autoridades para fortalecer las rutas de prevención, detección temprana y atención integral frente a las violencias contra menores, especialmente en entornos familiares donde, en muchos casos, ocurren las agresiones.
Por otro lado, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, pidió revivir la reforma al Código de Infancia sobre responsabilidad penal adolescente, archivada en la legislatura pasada. Según explicó, la iniciativa buscaba fortalecer mecanismos de justicia terapéutica y restaurativa para jóvenes en conflicto con la ley.
La funcionaria también señaló que la entidad avanza en modelos de inclusión para niños con discapacidad mediante centros de apoyo y equipos itinerantes que actualmente atienden a cerca de 4.800 menores en diferentes regiones del país.
Además, indicó que 17.000 madres comunitarias pasaron al subsidio de sustitución pensional, situación que ha generado ajustes en las coberturas territoriales, en medio de cuestionamientos de algunos sectores políticos sobre la gestión del ICBF.