Sectores políticos conservadores han convocado este martes a una "marcha por la paz" en varias ciudades de Perú, evento que contó con el apoyo inicial de la Policía Nacional, anticipándose al probable reinicio de las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte.Distintas organizaciones y líderes políticos conservadores han pedido el respaldo de la población a la "marcha por la paz", que recorrerá varias avenidas del centro de Lima y otros puntos del país, un día antes de que finalice la tregua dada al Gobierno por las movilizaciones de protesta de diciembre pasado.Sin embargo, lo más llamativo de la convocatoria para este martes fue el llamado hecho, a través de las redes sociales, por el general de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Óscar Arriola, a "todos los peruanos" para que acudan a movilizarse a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT) en todo el país."Ni una gota de sangre más. Ni un peruano más herido. No a la violencia", pedía Arriola en un video compartido por la Policía Nacional en referencia a los 28 fallecidos en las protestas desarrolladas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.La convocatoria de Arriola generó críticas en otros sectores políticos por su aparente activismo e infracción de la Constitución Política, razón por la cual la Policía Nacional del Perú (PNP) pidió el lunes a sus miembros que no promuevan ni participen en la aludida marcha."Se ha dispuesto que los miembros de la Policía Nacional del Perú se abstengan de promover la participación activa y organizada de la comunidad en las actividades programadas para el día martes", informó en un comunicado la institución.La PNP eliminó de sus redes sociales la invitación a "ser parte de esta gran marcha por la paz que se realizará en las principales plazas de las ciudades a nivel nacional", que hicieron pública el pasado sábado y replicaron durante los días posteriores.Entre las publicaciones borradas de las cuentas oficiales de la PNP, se encuentra el video del general Arriola y la misma institución recordó en un comunicado que "en concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente, la Policía Nacional del Perú, no tiene opinión ni manifestación política alguna".Además, señaló que la Policía es "promotora de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos de acuerdo a la cultura de paz que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".A partir de este miércoles, el Gobierno de Boluarte prevé una reactivación de las protestas antigubernamentales en la zona sur del país, y, por ese motivo, el ministro del Interior, Víctor Rojas, viajó a los sureños departamentos de Arequipa y Puno para coordinar acciones con las autoridades de la región ante una posible escalada de la violencia.En declaraciones a la prensa, Rojas dijo que "jamás una marcha por la paz va a tener un tinte político" y pidió que "no se malinterprete que pedir marchar por la paz sea algo para enfrentar".Le puede interesar:
Unos protestan en los Andes para exigir, incluso con violencia, su libertad. Otros apoyan que los militares contengan las manifestaciones a tiros. ¿Por qué el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, genera pasiones extremas?Cuando Castillo, un humilde maestro rural de izquierda, trató de cerrar el Parlamento el 7 de diciembre, la aprobación a su gestión llegaba al 31%.Su gobierno "fue sumamente caótico, contradictorio, lleno de marchas y contramarchas, y de gestión pública tuvo prácticamente nada", dice a la AFP Alonso Cárdenas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya.En el año y medio que estuvo en el poder, de los cinco del mandato, tanto él como su entorno fueron señalados de corrupción.Castillo justificó su intento de golpe en que el Congreso le impedía gobernar y denunció tratos racistas. Pero fue destituido por el Congreso y preso por rebelión.1. Identificación"Castillo ha sido vacado injustamente, quien nos representaba era él. Este Congreso enquistado en Lima ha vulnerado nuestros derechos", dice Freddy Quispe (45), agricultor en la sureña Abancay, Apurímac, mientras bloquea una vía bajo la atenta mirada policial.Más de la mitad de los 33 millones de peruanos se considera mestizo y una cuarta parte indígena, según el censo de 2017. A Castillo lo respaldan sectores rurales, empobrecidos, postergados. Fueron ellos quienes más lo votaron."Todos nuestros recursos están en manos de los privados. Apurímac es zona minera y tenemos problemas económicos, raciales, los de Lima nos tratan como cholos, como indios, como brutos", considera Juan Ochicua (53), agricultor en esta ciudad, epicentro de las protestas.Castillo "buscó generar una identificación con el uso del sombrero, el uso del poncho, reivindicando su origen campesino, su vínculo con las comunidades", dice a la AFP la antropóloga y politóloga Carmen Ilizarbe, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).Quienes lo apoyan consideran que la obstrucción del Congreso lo forzó a hacer lo que hizo y se identifican con ese "maltrato", agrega.Intentó "dar un autogolpe, cosa poco democrática, pero eso se esfuma en la desconfianza de un sector que no cree que sea así y sale a defender a alguien que 'es como yo'", sostiene Aldo Panfichi, profesor principal de Ciencias Sociales en la PUCP.Enfrentamientos entre sus partidarios y las fuerzas de seguridad han dejado 22 fallecidos en dos semanas.2. Repudio al CongresoEl Congreso estaba más desprestigiado que Castillo: el mes pasado tenía más de 80% de desaprobación. Varios de sus miembros han sido señalados por corrupción y hasta violación sexual.Quien perdió la elección, la derechista Keiko Fujimori, no reconoció el triunfo de Castillo y denunció fraude. Pero logró suficientes escaños para hacerle contrapeso.Keiko, quien estuvo en prisión preventiva en el marco de la pesquisa por el caso Odebrecht, es hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por corrupción y crímenes contra los derechos humanos."Yo creo el factor más gravitante es el repudio que se tiene al Congreso (...) el factor que más ha encendido la situación", sostiene Cárdenas.Castillo "ha tenido una serie de falencias, pero ha ejercido en las condiciones más duras, con hostilidades desde antes de que asumiera, con un Congreso obstruccionista", detalla Ilizarbe.3. Racismo"Perú es un país sumamente racista y sumamente discriminador, tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta", explica Cárdenas.Originario de Chota, Cajamarca, en la sierra norte, Castillo habla con acento andino, motivo de discriminación. A veces le cuesta transmitir las ideas y lo llaman "burro" para significar falta de inteligencia.Panfichi recuerda que hay un tema de clasismo y "temor a perder los años de crecimiento económico". "Se aspira a un modelo más occidental y miran a Castillo y dicen: no me representa".4. "Terrucos"La policía dice que entre los agitadores de las protestas hay personas vinculadas al proscrito Sendero Luminoso, grupo maoísta considerado terrorista que le declaró la guerra al Estado entre 1980 y 2000.Reclutaban campesinos forzosamente, que quedaron atrapados en el fuego cruzado de senderistas y militares.Tras la derrota de Sendero, mucha población indígena quedó estigmatizada bajo el apelativo de "terruco", calificativo que en el Parlamento o redes sociales se aplica a quienes impulsan propuestas de izquierda."Todos los sectores empobrecidos del país son potencialmente terrucos, ese es el imaginario", comenta Ilizarbe.Para Panfichi, esos ataques suelen venir de un sector conservador que en Perú tiene "un pensamiento poco elaborado, básico y autoritario, aunque estima que es un tema generacional.Ciudadanos emergentes o gente exitosa en los negocios integran las nuevas élites. "Ya no se puede asociar dinero con color de piel", dice Panfichi.Le puede interesar:
El expresidente de Perú Pedro Castillo cumplirá 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, instalado en el mismo cuartel policial donde cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad el exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000), informó este viernes el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).El organismo señaló, en un comunicado, que la decisión de que Castillo se mantenga en el mismo lugar en el que cumplió arresto preliminar desde el pasado 7 de diciembre, en el distrito limeño de Ate, se ha tomado "por medidas de seguridad, en salvaguarda de su integridad física personal, por su condición de expresidente de la República".Detalló que la Junta Técnica de Clasificación del INPE, conformada por un psicólogo, un abogado y una asistente social, determinó, en primer lugar, que el exgobernante sea clasificado "en el régimen ordinario" de prisión."El Instituto Nacional Penitenciario garantiza la seguridad e integridad física de las personas privadas de la libertad en los establecimiento penitenciarios a nivel nacional", concluyó.El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva para el expresidente, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.Checkley dijo que la prisión preventiva "se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024".De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que "existe periodo procesal de fuga" y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.El exgobernante será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Legislativo, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, además de convocar a una asamblea constituyente.Tras su destitución fue reemplazado por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, quien afronta desde el pasado domingo una serie de protestas y manifestaciones violentas que han dejado, hasta el momento, 20 muertos en el país.Le puede interesar: 'El Camerino'
El destituido presidente peruano Pedro Castillo fue conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, Castillo fue conducido en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima.Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación abierta contra el ex jefe de Estado.El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente "quebrantar el orden constitucional", después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.Esa orden ha sido interpretada mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno, ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.Tras ser destituido por el Legislativo, Castillo fue detenido en un operativo supervisado por la fiscal Benavides, quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de "quebrantamiento del orden constitucional".
La Corte Suprema de Perú dictó este martes cuatro años y medio de cárcel contra el excongresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por el intento de negociar de manera ilícita el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó al padre del exlegislador.La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por la jueza suprema Inés Villa Bonilla, leyó en una audiencia el adelanto del fallo que condena a Fujimori y a otros dos exlegisladores, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, por el delito de tráfico de influencias reales y agravado.Sin embargo, la corte los absolvió del delito de cohecho (soborno) y determinó que la pena de cárcel queda suspendida hasta que sea firme, es decir, ratificada en segunda instancia.Contra los sentenciados, los magistrados también dictaron 18 meses de inhabilitación de la función pública y la imposición de una multa, que en el caso de Fujimori asciende a 52.000 soles (unos 13.600 dólares).CASO "MAMANIVIDEOS"Aunque el hermano de la excandidata presidencial Keiko Fujimori negó durante el juicio oral todos los cargos por los que la Fiscalía solicitó 12 años de cárcel en su contra, la Corte Suprema lo halló responsable de haber realizado negociaciones para ayudar a Kuczynski a continuar en el cargo a cambio de que indultara a su padre, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.Kuczynski indultó al exgobernante Fujimori el 24 de diciembre de 2017, apenas tres días después de haber salvado un primer intento de destitución gracias a los votos en abstención de Kenji y de otros nueve parlamentarios disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular, entre ellos Bocángel y Ramírez.En marzo de 2018, mientras se orquestaba un segundo intento de la oposición por destituir a Kuczynski, salieron a la luz unos videos grabados con cámara oculta por el fallecido excongresista fujimorista Moisés Mamani en los que se apreciaba a Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez ofrecerle obras del Gobierno para su región a cambio de votar en contra de la destitución presidencial.La difusión de estos videos dio fuerza a la oposición para continuar el proceso de destitución, tras revelarse presuntos pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht recibidos por Kuczynski, quien prefirió dimitir en marzo de 2018 para evitar la inminente destitución por "incapacidad moral permanente".ARGUMENTOS DE LA CONDENADurante la lectura del fallo, a cargo del juez José Neyra, la sala revisó el informe pericial que verificó la autenticidad y originalidad de los audios y videos que sirvieron de pruebas para este caso y concluyó que estos no fueron manipulados ni editados, más allá de los cambios de nombres en los archivos originales de un reloj espía.Además, la sala defendió la legitimidad de que Mamani grabara las imágenes, algo que había sido cuestionado por la defensa de los ahora sentenciados, y determinó la validez de sus declaraciones.Durante la lectura, que se extendió por unas tres horas, Neyra leyó extractos de reuniones en las que los excongresistas buscaban convencer a Mamani de no votar por la segunda moción de destitución contra Kuczynski a cambio de ofrecimientos de proyectos de obras."Qué es lo que tú quieres, ¿obras para tu región?", dijo Fujimori en uno de ellos.Pero la sala sostuvo que, al no haberse probado a qué obras se referían estas conversaciones, que eran más bien sobre propuestas genéricas, sin especificación, consideró no aplicable el delito de cohecho genérico por el que los imputaba el Ministerio Público.En cambio, aseveró que "está probada la responsabilidad penal de cada uno" de los acusados en el delito de tráfico de influencias agravado al afirmar la existencia de un "plan criminal conjunto" en dos reuniones concretas en las que los exlegisladores abordaron la ejecución de obras.En este caso también está el exasesor de Fujimori, Alexei Toledo, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por la sala, que anunció que el próximo 25 de noviembre realizará una audiencia para leer la sentencia completa.Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión, fue trasladado este viernes a un hospital de Lima tras sufrir una "descompensación" en su estado de salud, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).A través de un mensaje en Twitter, el INPE anunció que Fujimori, de 83 años, fue trasladado de la prisión de Barbadillo "al hospital de (el seguro social) Essalud de Vitarte debido a que sufrió una descompensación en su estado de salud".El exgobernante tuvo un episodio similar hace un mes, tras el cual su hija Keiko Fujimori explicó que había sufrido un cuadro de fibrilación auricular y, por ese motivo, fue internado en la unidad de cuidados intermedios de una clínica privada.Fujimori ha sido internado en los últimos meses en varias ocasiones por presentar problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, y también padece de gastritis y unas lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia, que son consideradas precancerígenas.El ex jefe de Estado cumple una sentencia dictada en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que provocaron la muerte de un total de 25 personas, así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el "autogolpe" de 1992.El pasado 8 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).Tras conocerse la decisión del tribunal internacional, su hija mayor y actual líder opositora aseguró que no pierde la fe de que su padre sea liberado, y calificó el fallo como "absolutamente injusto para una persona enferma y de avanzada edad" a la que causa "muchísimo dolor".La excongresista y excandidata presidencial, procesada actualmente por presunto lavado de activos, dijo entonces que "las últimas decisiones legales" tomadas por la CorteIDH "sin duda han afectado la salud" de su padre.La CorteIDH también requirió al Estado de Perú que presente un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar por los casos Barrios Altos y La Cantuta, perpetrados por el grupo militar encubierto Colina, en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el TC. Lea tambiénEscuche el podcast de 'Bien Puesto'
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este viernes al Estado de Perú abstenerse de liberar de prisión al expresidente Alberto Fujimori, a quien el Tribunal Constitucional peruano restituyó un indulto."El Estado del Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022, que restituye los efectos al indulto “por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre de 2017", indica una resolución de la Corte IDH.El Tribunal Constitucional de Perú admitió un habeas corpus que restituyó el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski.La Corte IDH, con sede en Costa Rica, explicó que la orden de no liberar a Fujimori se fundamenta en que el Estado "no cumplió con las condiciones determinadas" en otra resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias emitida el 30 de mayo de 2018."En casos de graves violaciones de derechos humanos la medida o figura jurídica (que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado) debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas (...) y debe ser aplicada en casos muy extremos y por una necesidad imperante", detalló la Corte IDH.El tribunal agregó que "esto no significa que la figura jurídica o medida que tenga que adoptar el Estado sea necesariamente una que ponga en libertad al condenado y, mucho menos, que implique la extinción de la pena”.La Corte IDH también requirió al Estado de Perú que presente, a más tardar el 13 de mayo de 2022, un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que restituye los efectos al indulto “por razones humanitarias”.El pasado 1 de abril la Corte IDH llevó a cabo una audiencia extraordinaria acerca de este caso, en la que organizaciones y víctimas de violaciones a los derechos humanos solicitaron a los jueces que garanticen el derecho al acceso a la justicia e impida la liberación de prisión del expresidente Fujimori.Los representantes de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos juzgados por la Corte IDH en 2001 y 2006, pidieron al tribunal continental que conceda medidas provisionales para evitar daños al derecho de acceso a la justicia para las víctimas.Los argumentos de los representantes señalan que el indulto contraviene las sentencias de fondo de ambos casos y que carece de efecto jurídico.Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.La Corte Interamericana también condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables.Los representantes del Estado peruano dijeron en la audiencia ante la Corte Interamericana que respetarán la resolución del alto tribunal hemisférico y que el presidente del país Pedro Castillo está comprometido con ello.Le puede interesar. Escuche 'Ser campeón viene con manual':
El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este jueves, 17 de marzo, liberar al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por abusos de derechos humanos, al restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado diez meses después.La sentencia del máximo tribunal, que es inapelable, declaró fundada la demanda de hábeas corpus en favor del expresidente y "restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del 24 de diciembre de 2017, que concedió el indulto humanitario al demandante, y dispone su libertad".Fujimori, de 83 años y quien gobernó entre 1990 y 2000, podría salir de prisión en los próximos días, informó una fuente judicial que pidió conservar el anonimato.Tras ser extraditado desde Chile en 2007, el expresidente fue condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño) y de La Cantuta (10 muertos), perpetradas por escuadrones militares durante su gobierno.La votación de los seis magistrados que conforman el tribunal arrojó un empate. Pero el voto del presidente del TC, Augusto Ferrero, que cuenta como doble, inclinó la balanza a favor de Fujimori."La norma dice que cuando hay empate, el presidente tiene doble voto o voto de calidad", explicó la fuente judicia. Los recursos de hábeas corpus se deben resolver por un mínimo de cuatro votos, según las normas del TC."Lo que ha pasado ha sido una decisión muy abierta, muy intensa con dos posiciones radicalmente distintas alegando motivos de salud", dijo a la radio RPP el magistrado Eloy Espinoza, uno de los que votó en contra de la liberación del exgobernante.El TC tomó la decisión al acoger un hábeas corpus presentado por el ciudadano Gregorio Parco en 2020.En su recurso, Parco afirmaba que la salud de Fujimori estaba "deteriorada" y que tenerlo encarcelado "es como tener preso en espíritu a los héroes muertos Túpac Amaru II, enemigo de España [ejecutado en 1781], o Francisco Bolognesi, enemigo de Chile", caído en combate en 1880.Único recluso Fujimori es el único recluso del pequeño penal Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el este de Lima, al que regresó luego de permanecer 11 días en una clínica por problemas cardíacos.Ahí cultiva flores, pinta cuadros al óleo y recibe visitas familiares.Indultado en vísperas de Navidad en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski alegando razones humanitarias, en octubre de 2018 la justicia anuló la decisión y lo regresó a prisión en enero de 2019."Volver a prisión es una condena de muerte lenta y segura", dijo entonces Fujimori, que había padecido un cáncer de lengua y problemas cardíacos. Dormía con oxígeno suplementario por baja saturación.Conocido como "El Chino", Fujimori fue muy popular cuando era presidente. Pero en noviembre de 2000, en medio de una creciente oposición tras 10 años de gobierno, huyó a Japón, la tierra de sus ancestros, y renunció por fax a la presidencia.Había detentado un poder casi absoluto tras dar un "autogolpe" el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, apoyado en las fuerzas armadas y en una estrategia de su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, eminencia gris del régimen, ahora encarcelado.Escuche el podcast de 'Bien Puesto':
El expresidente peruano Alberto Fujimori será internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de una clínica de Lima tras presentar problemas cardíacos que llevaron a que este jueves 3 de marzo, sea traslado a un hospital de la seguridad social, informó su médico personal, Alejandro Aguinaga.El médico, quien también es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, confirmó en el canal N de televisión que Fujimori presentó una "fibrilación auricular que no pudo compensarse" hacia las 7:30 a.m. hora local.Por ese motivo, dijo, el personal sanitario de la prisión policial del distrito limeño de Ate en la que cumple una condena a 25 años de cárcel, decidió llevarlo al hospital de la seguridad social de la zona, donde recibió las primeras atenciones."En estos momentos se le ha logrado compensar y va a ser trasladado, porque el hospital de Ate no tiene UCI, hacia la clínica Centenario", en el distrito limeño de Pueblo Libre, donde el exmandatario es tratado habitualmente de las dolencias que padece.Aguinaga remarcó que Fujimori experimentó "una mejora inmediata" tras haber sido operado de una dolencia coronaria en octubre pasado, pero dijo que "ahora otra vez se ha descompensado"."Ya desde hace unas semanas ha estado con una fibrosis pulmonar que lo hace oxígeno dependiente, sobre todo por la tarde", enfatizó.El médico sostuvo que la avanzada edad del exgobernante, que tiene 83 años, y las patologías que sufre, "hacen deteriorar su salud".Recordó que además de los problemas cardíacos y la fibrosis pulmonar, padece de una lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia, que son consideradas precancerígenas.Aguinaga agradeció, en ese sentido, a los médicos del cuartel policial en el que se encuentra su prisión "por la rápida reacción" para atender los problemas de salud que experimentó este 3 de marzo.Fujimori fue trasladado a inicios de febrero de vuelta a la prisión policial tras haber sido internado en noviembre pasado en la clínica Centenario al presentar complicaciones por una fibrosis pulmonar, un mes después de haber sido sometido a una intervención por la obstrucción de una arteria del corazón.Su regreso a esta prisión, en la que es el único interno, llevó al entonces ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, a destituir a la funcionaria Susana Silva como jefa de prisiones de su país.Torres, quien es el actual primer ministro de Perú, criticó en ese momento que Fujimori haya regresado a una "cárcel dorada" y señaló que Silva no le informó de esa decisión.El exmandatario es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de una base policial del distrito de Ate, en el este de Lima, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años.En ese lugar cumple desde 2009 una condena a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.Sin embargo, desde que asumió funciones en el actual gobierno del presidente Pedro Castillo, a fines de julio pasado, Torres señaló que se iba a "reevaluar" su situación carcelaria para determinar si debe ser trasladado a una prisión común.Siga y escuche el podcast de El Consultorio:
Congresistas de tres partidos derechistas presentaron el jueves, ante el parlamento, un pedido de destitución para remover del cargo al presidente izquierdista Pedro Castillo, quien tiene apenas cuatro meses en el poder, alegando su supuesta "incapacidad moral" para ejercer sus funciones.Con 28 firmas, dos más que las exigidas para iniciar el trámite ante el pleno del Congreso, la moción de "vacancia" fue presentada por congresistas de los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, que representan a un tercio del parlamento.Pero su admisión a debate en el pleno no está garantizada, pues este paso requiere el 40% de votos a favor entre los legisladores asistentes. Y para remover a un presidente se necesitan 87 votos del total de 130 congresistas."Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, ciudadano José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución política del Perú", dice el texto de la moción que difundió la prensa y redes sociales.La propuesta la impulsa la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, organización que abanderó al economista Hernando De Soto como candidato presidencial en los comicios de este año.El parlamento unicameral peruano es dominado por una oposición de derechas, mientras el oficialista partido Perú Libre (marxista) es la primera minoría con 37 votos.La líder opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori había anunciado el viernes pasado que su partido, Fuerza Popular, segunda bancada del Congreso (24 votos), apoyará el pedido de destitución."En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país", había dicho entonces Fujimori en Twitter.El ultraderechista Renovación Popular también respalda la destitución, para lo cual ha convocado una marcha este sábado.La posible destitución de Castillo ronda en el aire desde el día siguiente de su elección, cuando los partidos de derecha denunciaron fraude a pesar del aval dado a los resultados por las autoridades electorales y los observadores de la OEA y la Unión Europea.Castillo, quien asumió la presidencia el pasado 28 de julio y cuyo mandato finaliza en julio de 2026, es objeto de críticas por su falta de rumbo y constantes crisis ministeriales. En menos de 120 días de gestión ha cambiado a una docena de ministros y enfrenta divisiones en la coalición que lo respalda.La desaprobación presidencial llegó a 57%, según un sondeo de Ipsos difundido el 14 de noviembre.En noviembre de 2020 el presidente Martín Vizcarra fue despojado del poder en un proceso exprés en el Congreso. Y en marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczysnki renunció a la presidencia en vísperas de un segundo intento de destitución.
Las fuertes lluvias siguen causando estragos en el Huila, de acuerdo con el reporte entregado por Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento 10 municipios resultaron con graves afectaciones.En el municipio de Garzón donde se registraron graves emergencias son mas de 20 las viviendas afectadas, así como cultivos arrasados y vías colapsadas tras el desbordamiento de la quebradas El Quebradón, Río Loro y La Turbia.“Tenemos afectaciones en diferentes veredas de nuestro municipio por la creciente súbita de varios afluentes siendo la más afectada la vereda El Vergel donde según el reporte preliminar se afectaron cerca de 20 viviendas pero además son varios los cultivos arrasados y perdida de varios animales en las fincas de la zona”, indico el alcalde de la localidad Leonardo Valenzuela Ramírez.Deslizamientos de tierra, pero además el desbordamiento de estas Quebradas sobre la vía dejó palizada, rocas de gran tamaño y escombros lo cual impiden la movilidad en la zona rural del municipio.“Tenemos afectaciones en la vía donde gran cantidad de rocas y de lodo afectan la movilidad no solamente en la vereda El Vergel sino en la veredas Villarrica, Las Palmitas, Alto pescado dónde hoy se registran taponamientos de la vida”, señalo el mandatario.En el municipio de Gigante organismos de socorro rescataron dos personas que se encontraban pescando y quedaron atrapadas tras la creciente del rio Magdalena, en el sitio conocido como La Isla, sector Puerto Seco.Así mismo se reportaron emergencias en los municipios de La Argentina, Baraya, Guadalupe, Saladoblanco, Oporapa, El Agrado, La Plata y Timaná. Le puede interesar:
Este sábado, 25 de marzo, se disputó la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña que dejó malas noticias para el ciclismo colombiano, pues Egan Bernal sufrió una fuerte caída que generó que tuviera que abandonar la competición."Egan Bernal abandona la #VoltaCatalunya102 després de patir una caiguda. Molta força Egan!", informó la cuenta oficial de la competición a través de Twitter, que minutos antes publicó un video derrochando amor por el ciclista colombiano: "Colombia te ama".La noticia encendió las alarmas del equipo de Egan Bernal, pues Xabier Artetxe, director del INEOS Grenadiers, aseguró en diálogo con medios internacionales que aspiran que el colombiano esté en el Tour de Francia y en otra de las grandes vueltas del ciclismo: "El primero será tener esa base para que esté en buen nivel y el segundo sería recuperar ese toque de calidad”, dijo.Ahora, esta caída podría complicar el camino de Egan Bernal en este 2023. Por el momento, se desconoce si la lesión es grave o no, además, si dejaría al ciclista sin posibilidad de continuar en varios objetivos trazados por Ineos. En la Vuelta a San Juan, Egan Bernal sufrió una lesión en su rodilla izquierda a causa de una caída, pero el líder del INEOS ya se encuentra recuperado. "Estoy bien, muy contento de estar aquí. La rodilla creo que está bien, vamos a ver qué pasa en carrera", dijo previo al inicio de la competición.El gran objetivo de su 2023 es el Tour de Francia y lo volvió a reiterar en Sant Feliu de Guíxols. "Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es mi objetivo desde el comienzo del año", explicó."El tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien es mejor no ir", puntualizó. Además, Bernal no descarta participar en la Vuelta a España.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
El papa Francisco firmó este sábado una nueva orden que refuerza las normas que regulan los casos de abusos sexuales y de poder en la Iglesia, al extender responsabilidades también a "fieles laicos" que hayan sido moderadores de asociaciones religiosas, además del clero.La Santa Sede publicó una nueva versión del "motu proprio" "Vos estis lux mundi" (Vosotros sois la luz del mundo), una norma vaticana que desde 2019 exige a todas las diócesis del mundo contar con un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia, así como la total protección y asistencia a los denunciantes.Esa ley fue una de las propuestas del pontífice para erradicar la plaga de los abusos en el seno de la Iglesia, después celebrar una histórica reunión con los representantes de todas las Conferencias episcopales.El nuevo texto indica que esos "sistemas" de denuncia deberán formalizarse ahora como "organismos y oficinas" y especifica que la tarea de proceder con la investigación es deber del obispo del lugar donde habrían ocurrido los hechos denunciados.Además de investigar las denuncias contra obispos, superiores religiosos y clérigos, también será competencia de la Iglesia estudiar los casos referidos a "fieles laicos que son o hayan sido moderadores de asociaciones internacionales de fieles reconocidas o erigidas por la Sede Apostólica, para los hechos cometidos" mientras ejercían su cargo.Francisco asimismo ha incluido en esta norma otras modificaciones que ha ido promulgando en los últimos años, como la relativa a los "actos sexuales con un menor o una persona vulnerable".En la nueva versión se habla de delitos cometidos contra "un menor o con una persona que tenga habitualmente un uso imperfecto de la razón o con un adulto vulnerable".También se obliga a proteger a los testigos, y no solo al demandante, y se refuerza la parte que regula la presunción de inocencia al salvaguardar "la legítima protección del buen nombre y de la esfera privada de todas las personas implicadas".En 2019, Francisco promulgó esta norma inédita que establecía el procedimiento a seguir en las diócesis ante casos de abusos.Su artículo 1 se aplica a todos los delitos en los que "se obligue a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil".También incluye cualquier casos de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el supuesto de acoso a seminaristas o novicios y delitos de encubrimiento o interferencia en las investigaciones.La norma no añade nuevas penas pero establece los procedimientos a seguir y estipula unos plazos concretos para gestionar las denuncias y evitar que los casos se alarguen como venía sucediendo.Así, el dicasterio informado de la denuncia debe proceder "sin demora y, en cualquier caso, dentro de los treinta días posteriores a la recepción del primer informe por parte del representante pontificio".Además, desde el inicio al cierre de las investigaciones preliminares en la diócesis no tendrán que pasar más de 90 días, aunque se podrá aumentar el plazo por motivos justificados.Le puede interesar:
Con el ánimo de promover la buena convivencia y seguridad dentro del estadio por el clásico Deportivo Cali vs. América, autoridades han dispuesto diferentes medidas de seguridad, con un importante despliegue de las autoridades.1.100 policías, tres anillos de seguridad, prohibición de venta y consumo de licor y control del parrillero hombre por parte de la Secretaría de Movilidad hacen parte del dispositivo de seguridad. "Tenemos unos equipos operativos desplegados para no tener ningún inconveniente, así como en las entradas y salidas de la ciudad tendremos personas monitoreando la seguridad”, señaló el secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet.El secretario además recalcó la importancia del buen comportamiento ciudadano y reiteró la invitación a los aficionados de ambos equipos a actuar de manera responsable para que el deporte sea motivo de celebraciones y no de tragedias. Le puede interesar:
Durante este fin de semana se está celebrando el Festival Estéreo Picnic (FEP) a las afueras de Bogotá y miles de ciudadanos han denunciado que debido a este evento se están generando graves problemas en materia de movilidad sobre la Autopista Norte en la entrada y salida de la ciudad.Este sábado, 25 de marzo, en horas de la mañana, se han presentado graves problemas a la altura de los campos de Briceño por cientos de asistentes que retornan a sus hogares después de los conciertos.En diálogo con Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca, en Noticias de la Mañana, denunció que este problema se está generando por la negativa de los organizadores del evento para que los actores de tránsito actúen en este sector y que incluso los han sacado a la fuerza.
