En medio de las protestas que se desarrollan en el país en contra de la alzas autorizadas por el Gobierno al precio del ACPM, en el departamento del Cesar, el gremio de transportadores se sumó a la manifestación, apostando decena de vehículos en las vías y dejando a miles de personas sin poder viajar. De acuerdo con el reporte entregado por la Policía de Tránsito Departamental, los bloqueos se registran en la vía que va de Bosconia, Cesar, a Pueblo Nuevo, Magdalena, donde fueron ubicados nueve buses pertenecientes a las empresas Cootracegua y Cootracosta; en la salida de Valledupar hacia San Juan del Cesar (Guajira) y en la Glorieta La Paz (Cesar), donde fueron ubicados 20 buses de diferentes empresas transportadoras de pasajeros. Debido a esto, las operaciones en la Terminal de Transportes de Valledupar tuvieron que ser suspendidas de manera temporal, debido a que no hay suficientes buses para los despachos. A esto se suma, que hay cientos de personas apostadas, esperando que haya disponibilidad de vehículos para poder viajar. Otro de los sitios de bloqueo es la vía que de Valledupar conduce hacia Bucaramanga, siendo que a la altura del municipio de San Alberto, sector Vijagual, fue bloqueado el paso en ambos carriles, lo que afecta a miles de viajeros, pues esta vía no tiene ruta alterna.
El incremento de casi 2.000 pesos en el valor del ACPM desde el pasado 31 de agosto no solo tendrá repercusiones en toda la cadena relacionada con el transporte de carga, pues el transporte pasajeros también se anuncia como uno de los más afectados por cuenta de la medida del Gobierno nacional.La decisión obligó desde ya a las diferentes empresas de transporte en Antioquia a sacar cuentas y a partir de allí tomar decisiones sobre el precio final de los tiquetes en los que el valor del combustible tiene hasta un 33 % de peso en la canasta de costos de este servicio por lo que se estima que cada trayecto podría tener un 3 % final de aumento para los usuarios.Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores en Antioquia, indicó que a pesar de estar regulados por el Ministerio y la Superintendencia de Transporte, cada compañía prestadora de estos servicios es autónoma para decidir el aumento debidamente justificado que en el caso particular del departamento afectaría a los trayectos más largos como hacia Costa Atlántica y hacia departamentos como Cauca y Nariño en el sur del país."Nosotros tenemos rutas desde Medellín hacia Ipiales, al este es uno de los recorridos más largos de 23 o 24 horas, de 250.000 pesos que cuesta un tiquete y ahí tendríamos aumentos de la tarifa hasta 10.000 pesos. En la Medellín-Costa Atlántica hacia Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, son trayectos de de 180 a 200.000 pesos que van a tener un aumento de 6.000 7.000 pesos de acuerdo a la capacidad de los vehículos", explicó el directivo.Otras rutas hacia regiones de Antioquia más cercanas, si bien reconoció el directivo que tendrán incrementos mucho más inferiores, la frecuencia con la que los usuarios pueden tomarla sí generaría repercusiones en sus finanzas.Echeverri también destacó que algunas empresas podrían tomar la decisión de aumentar tarifas inicialmente para no afectar la demanda de pasajeros, pero que con el tiempo, especialmente para iniciar el 2025, el incremento sería algo inevitable.
En Bucaramanga, los camioneros se unieron al paro nacional en protesta por el anuncio de incremento del precio del ACPM, que consideran insostenible para su sector. La caravana, compuesta por decenas de vehículos, partió desde La Cemento, en el norte de la ciudad, recorrió la carrera 27 y la vía a Girón, hasta finalizar en el sector de Chimitá.Cesar Pinto, un camionero santandereano, expresó su preocupación por el impacto del aumento en el combustible: "primero que todo, el alza que tiene planeada el gobierno en el combustible nos afecta muchísimo al transporte. ACPM, fletes y más: ¿por qué protestan los camioneros en Colombia?Otro punto es la inseguridad en las carreteras y el alto costo de los insumos. Además, los fletes no compensan estos costos, lo que nos lleva a una crisis. Nos va a tocar dejar los carros parqueados porque cuando uno no tiene la capacidad para mantenerse, lo único que puede hacer es parar el carro", señaló Pinto.Por su parte, Marcos Tovar, líder de la Asociación de Camioneros en Santander, enfatizó en la necesidad de una revisión urgente de la política de precios del ACPM."Queremos llamar la atención del Gobierno Nacional diciéndole no al alza del ACPM, sí al cambio de la fórmula, sí a la indexación de los valores a pagar. Necesitamos que nuestros conductores y dueños de vehículos tengan recursos para modernizarse y llevar sustento a sus hogares", afirmó Tovar.Tovar también resaltó las problemáticas específicas que enfrentan los camioneros en Santander, como la inseguridad en las vías hacia la costa Atlántica y los daños en la infraestructura vial.ACPM, fletes y más: ¿por qué protestan los camioneros en Colombia?"A pesar de que pagamos peajes muy altos, las vías siguen siendo un camino de herradura, y la seguridad es prácticamente inexistente. Hemos tenido 2.253 bloqueos en Colombia, lo que afecta nuestras finanzas, los vehículos y la mercancía", agregó.En Santander también salieron a las vías a protestar camioneros del sector de la Lizama, Magdalena Medio; San Alberto, sur del Cesar. En Norte de Santander las manifestaciones se concentraron en el municipio de Ocaña.Los camioneros esperan que el Gobierno Nacional atienda sus problemáticas y tome decisiones concretas y efectivas en este mes para evitar una mayor crisis en el sector transporte.
La subida del precio Diésel fue recibida como un golpe bajo del estado para los transportadores de carga. Desde el gremio afirman que esto traería pérdidas mensuales de más de 400 mil millones de pesos.Luego del anunció del Gobierno Nacional el precio del ACPM tendrá un incremento, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el sector de los transportadores, que es uno de los principales afectados, el director de la Asociación de Transportadores de Carga, Anderson Quiceno, señaló que se han visto golpeados por las decisiones del estado.Afirma que no terminan de superar las pérdidas por los diferentes bloqueos y el alza de los peajes, a pesar del mal estado de las vías, y ahora van a tener que enfrentar pérdidas de más de 400 mil millones de pesos con esta subida del Diésel."Alrededor de 64.000 vehículos articulados estamos hablando de una pérdida mensual de casi 440.000 millones de pesos mensuales. Y eso lo tienen que absorber los propietarios de los camiones y los conductores."Ante un eventual paro a nivel nacional señala que desde los transportadores de carga no se sumarían y estarían optando por un cese de actividades en donde se saquen los vehículos de las vías."Un paro deja una cantidad de vehículos expropiados, cantidad de personas con procesos penales; en lo que sí creemos es que haya un cese de actividades de manera general, apagar el switch, es decir, que los camineros no se expongan en las vías, más bien dejemos los carros guardados en los parqueaderos."Finalmente, señala que el 90 % de las mercancías del país se mueven por tierra, por lo que pide el apoyo de los diferentes gremios ya que es un incremento que terminan pagando los diferentes sectores con las alzas en los productos.
La realización de una auditoría interna y externa al Transmetro, el arreglo obligatorio de toda la flota de buses y troncales de este sistema de transporte masivo, y la derogación del decreto que autoriza el alza en el valor de los pasajes son las tres exigencias incluidas en la demanda que recientemente admitió el Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla en contra de dicho sistema.La demanda, que además va en contra del Área Metropolitana de Barranquilla como autoridad de transporte, fue interpuesta por el equipo jurídico del partido Polo Democrático Alternativo en el Atlántico, en cabeza del joven veedor Juan Maza, quien sostuvo que el estado de las estaciones y buses de Transmetro está “poniendo en riesgo la vida de la gente”."Hemos estado recopilando datos de hechos preocupantes, como incendios de buses que hemos tenido recientemente, vehículos varados cada semana, accidentes que se han dado a partir de las aglomeraciones por la lenta frecuencia entre un bus y otro", expresó Maza."Al día de hoy Transmetro está funcionando con menos de la mitad de los buses con los que debería estar operando. Son múltiples incumplimientos", agregó.Maza insistió en que se deben tumbar los aumentos autorizados en las tarifas del transporte público, porque estas alzas fueron impuestas bajo una serie de promesas, como mejoras del servicio y la implementación del Sibus, las cuales no se han cumplido a cabalidad.
El sector del transporte público colectivo podría enfrentarse a una inminente crisis financiera. Esto, debido a la alza en el diésel que se prevé para el próximo año así como temas de gastos de mantenimiento.“Que sí o sí, a partir de enero y febrero, sube el Acom en Colombia. Para nosotros esto representa tener que aumentar el costo de la tarifa”, dijo Ferney López, director ejecutivo de Asotransvaa.En ese sentido, desde el gremio se estima que la tarifa pueda subir hasta los 6.000 pesos, lo que llevaría al cese de operaciones del sector, por esta razón, hacen la petición al Gobierno Nacional a que subsidien las tarifas.“Creemos que vamos a tener que cerrar operaciones, no hablamos de un paro, pero si hablamos de una quiebra inminente de los transportadores. Alguien tiene que pagar el costo del aumento del combustible, si no es el ciudadano, lo que estamos pidiendo al Gobierno es que subsidie la tarifa”.En el Valle de Aburrá son más de 5.500 los buses de transporte público y la gran mayoría de estos se verían afectados, pues más del 95 % de funcionan con el diésel como combustible.Le puede interesar:
El cierre de la importante vía que conecta las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja en el departamento de Santander empieza a generar una crisis económica en la región. Tras cinco días de cierre debido a un deslizamiento de tierra, diversos sectores económicos se han visto afectados, y los gremios ya hablan de un aumento de 5 puntos porcentuales en la inflación de Santander.Esta vía es esencial, puesto que estas dos ciudades representan el 75 % del Producto Interno Bruto (PIB) departamental. Su cierre ha provocado un aumento en los costos de transporte porque los vehículos se ven obligados a utilizar rutas alternas más largas y con menor capacidad. Esto ha impactado especialmente a los productores agrícolas y ganaderos, quienes han tenido que elevar los precios de sus productos para compensar los costos adicionales.Además, el turismo en la región se ha visto afectado, pues el acceso a los principales destinos turísticos de esa zona se ha vuelto complicado.La presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, expresó su preocupación por el impacto negativo en la economía regional, no solo en Barrancabermeja sino en todo el departamento de Santander. El corredor entre Barrancabermeja y Bucaramanga es vital porque mueve el 47% de la carga en Santander. El sector transportador se verá especialmente afectado, lo que podría comprometer la competitividad de las empresas y llevar a la pérdida de negocios a corto plazo.Este cierre también ha golpeado a sectores como el avícola, el cultivo de cacao, la industria, el turismo y los productores de la región del Magdalena Medio, entre otros. La industria manufacturera de Barrancabermeja depende en un 75% de las materias primas provenientes de la capital del departamento, lo que refleja la estrecha interrelación entre las dos ciudades.Pero no solo los grandes empresarios evidencian el aumento de sus gastos, la gente de a pie sufrirá alzas en la canasta familiar y eso podría desencadenar una crisis social, pues como pasa con cientos de familia que venden fruta en Lebrija y que dependen de los viajeros: si no hay tránsito de vehículos, pues simplemente no venden.“Le pedimos al Gobierno departamental y nacional que hagan todo lo posible para arreglar esa vía, pues somos miles de familias que nos vemos damnificadas. En mi caso, las ventas se han bajado en un 80 %. Además, las veredas están en un caos porque la comunidad no puede entrar alimentos para las aves, para los cerdos, y tampoco pueden sacar la producción”, explicó Daniel Castillo, vendedor de fruta en Lebrija."Nos preocupa el daño para la economía del departamento, pues tiene una afectación muy grande porque cada día que pasa son más los costos para la canasta familiar de los santandereanos", dijo Juan Carlos Rincón Lévano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de BucaramangaEl cierre de la vía Bucaramanga-Barrancabermeja desencadenará una crisis económica en Santander, con un impacto inflacionario significativo y graves consecuencias para diversos sectores productivos. Los empresarios, gremios y habitantes de la región instan al Gobierno nacional a encontrar soluciones rápidas para restablecer la conectividad vial.
La Federación de Empresarios de Transporte de Carga (FedeTranscarga) dio a conocer unas preocupantes cifras sobre las afectaciones que ha tenido el gremio por cuenta de los bloqueos que se han registrado en el país, además de que la situación se ha agradado por cuenta del paro minero en el Bajo Cauca y parte de Córdoba.Según sus estimaciones, en normalidad, es decir, siete días sin que hubiese ningún tipo de movilización son 29.418 viajes; 379.152 toneladas de mercancía transportada; 754.946 galones de gasolina; 41.679 remesas y 1.763 vehículos movilizados, pero, según ellos, es algo que no ha podido ocurrir por cuenta de los bloqueos.Mientras tanto la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC) y, sus 17 seccionales, le solicitaron al Gobierno, a través de una carta, que se tomen medidas de emergencia para evitar la quiebra de todo el sector transporte por carretera, en especial en la modalidad de carga y que incluya la creación de un fondo de apoyo económico. Esto por dos razones, según ellos, la ola invernal que tiene varias vías cerradas y por bloqueos en el norte del país.Sobre lo primero, el gremio dice que, a la fecha, el sur del país ha estado incomunicado desde hace dos meses, por el derrumbe en Rosas, en el departamento del Cauca. Ahora, se habilitará paso restringido por la carretera provisional Chontaduro-Cauca en horario diurno, esto teniendo en cuenta que no se presenten lluvias, a un solo sentido por día con restricción a camiones con carga máxima de 25 toneladas.Además, las otras vías alternas de Nariño y Cauca, salen al Putumayo y desembocan en el Huila y tienen paso obligado por el sector de Pericongo: “Donde a pesar que existe un cobro de peaje, por segunda vez se derrumba la montaña en este sector ocasionando la muerte a otro conductor, esta se hubiese podido evitar si la concesión hubiese realizado las obras que requiere este tramo vial”, dijo el gremio en un comunicado, en el cual piden a las autoridades que investiguen una posible negligencia por parte del concesionario.Lo segundo tiene que ver con los bloqueos que se han dado en el norte del país, según la ACC, por parte del Clan del Golfo: “Este es un fenómeno que se ha adueñado de algunas vías como la ruta como Ruta del Sol, la ruta Carmen de Bolívar-Plato-Bosconia y el recorrido de Cúcuta -Ocaña, donde recientemente se han presentado asesinatos de conductores. En la noche del domingo hemos sumado otro conductor víctima por herida con arma de fuego en la Loma, Cesar”, aseguró gremio mientras informaron que se vieron en la obligación de solo transitar en el día.La ACC alzó su voz de protestas en contra de los bloqueos en el país en distintos puntos de las principales carreteras, como es el paro minero en el Bajo Cauca y parte de Córdoba que ha dejado “conductores atrapados, quema de camiones y sin solución a la vista”.“Esperamos que el Gobierno y la opinión pública tomen nota de esta crítica situación, se generen las medidas urgentes a tiempo, para poder garantizar la seguridad y la viabilidad del transporte por carretera, que es esencial para el desarrollo económico del país y para el bienestar de los colombianos”, finalizaron.Le puede interesar: 'Noticias del día'
Ante los bloqueos que se mantienen en el país, la Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetrasncarga) volvió a hacer un llamado a través de una carta al Gobierno, en este caso al ministro del Interior, Alfonso Prada, para que intervenga y cese con urgencia en los bloqueos en las carreteras de Colombia.El último hecho que más preocupa es el del paro de mineros en Antioquia: “Ante el cierre total de la vía Caucasia – Medellín, que desde el pasado 2 de marzo interrumpen el tráfico automotor en la troncal de Occidente, en razón de protestas que sectores de mineros adelantan en contra del Gobierno nacional, Fedetranscarga, de nuevo y en menos de dos meses, levanta su voz de alerta y reproche ante las consecuencias de permitirse que esta condición anómala continúe. El fin de semana manifestantes entre Taraza y Cáceres tumbaron al menos cuatro árboles que estando al margen de la carretera bloquearon totalmente el tráfico”, se lee en la carta.Y es que, por esta situación, dice el gremio que los municipios y poblados directamente afectados están entrando en estado de desabastecimiento, así como que los vehículos atrapados en el trancón han empezado a ser saqueados.“Los transportadores de carga por carretera continuamos siendo vulnerados en nuestros derechos fundamentales constitucionales, la seguridad de los conductores, de los equipos y la carga no están siendo garantizados, el libre derecho al tránsito por las carreteras del país hoy solo está en textos, pues la realidad no corresponde a ese deber ser”, añaden.Ese gremio es enfático y crítico con el Ministerio del Interior por permitir los bloqueos por lo que aseguran que la cartera: “En su actuar paquidérmico y siguiendo protocolos elaborados no para evitar este tipo de actos ilegales, sino para favorecerlos, está determinando el aumento desmesurado y sin control de la protesta ilegal y la afectación directa al servicio del transporte de carga que como muchas veces lo hemos puntualizado, desemboca ineludiblemente en aumento de costos de operación, costo de seguros, fletes y por ende acrecentamiento del valor de los productos transportados en detrimento de todos los consumidores, pasando por el incremento de la inseguridad en el país”.Además, FedeTranscarga pidió a la Fiscalía General y a la Procuraduría General que investiguen las conductas de los funcionarios del Gobierno nacional y de las Fuerzas Militares y de Policía que por acción u omisión, están determinando en el país que la protesta social garantizada constitucionalmente, haya mutado al vandalismos.Le puede interesar: 'Noticias del Día'
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.