Este miércoles se llevó a cabo el certamen de la belleza Miss Venezuela, el cual ganó la caraqueña Diana Silva, de 25 años. En el concurso, resultó virreina la modelo Andrea Rubio, quien ganó hace tres años el concurso La Agencia de Caracol Televisión.Rubio, quien representó al estado de La Portuguesa, estuvo en el reality con Mara Cifuentes, fue galardonada con el Miss Venezuela Internacional, en un certamen que intentó recobrar la majestuosidad perdida en la última década debido a la recesión económica.Andrea Rubio nació en Caracas, pero a los 17 años se mudó a Bogotá en búsqueda de oportunidades. “Empecé a tocar puertas en el mundo del modelaje desde el primer año que pisé Colombia. Muchas agencias me ignoraron los correos, o me rechazaron. Un día, después de mucha práctica y esfuerzo, una agencia me abrió sus puertas y me brindó la oportunidad de formar parte de su portafolio de modelos”, cuenta en su biografía.El reinado recobró vidaEl popular concurso de belleza, del que han salido siete ganadoras del Miss Universo y seis del Miss Mundo, volvió, después de nueve años, al mayor aforo techado del país, el Poliedro de Caracas.Los organizadores del show televisivo, el más visto de Venezuela, pusieron a la venta 7.000 boletos para esta gala que llenó poco más de la mitad del aforo y que duró cerca de cinco horas en las que hubo varios números musicales y tres desfiles de las 24 aspirantes.La recesión económica que sufrió Venezuela entre 2014 y 2021 aminoró la majestuosidad del concurso, que ha roto récords en número de ganadoras de competencias internacionales y es el termómetro social por excelencia de la situación del país.
Colombia enfrenta un complejo panorama fiscal de cara a 2027, con un faltante cercano a los $200 billones entre los ingresos proyectados y los gastos previstos por el Gobierno nacional. En medio de este escenario, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, iniciaría conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para explorar alternativas de financiación que permitan atender las necesidades presupuestales del país.En entrevista con Mañanas Blu, Daniel Wills, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), explicó las implicaciones económicas de este eventual acercamiento, las posibles condiciones que podría establecer el organismo multilateral y los desafíos estructurales que enfrenta Colombia para equilibrar sus finanzas públicas.El funcionario señaló que, de acuerdo con las cifras fiscales expuestas durante la entrevista, para 2027 el país proyecta gastos por $530 billones, mientras que sus ingresos alcanzarían aproximadamente $330 billones. Esta diferencia representa un déficit de alrededor de $200 billones, que el Gobierno deberá financiar mediante distintas fuentes de recursos.«Planeamos gastarnos 530 billones de pesos y esperamos que ingresen 330. Entonces hay un faltante de 200 billones de pesos. Ese es el problema que tiene en este momento Colombia», explicó Wills.FMI: créditos con tasas de interés más bajas, pero con posibles compromisos fiscalesUno de los aspectos centrales del eventual acercamiento de Colombia al Fondo Monetario Internacional es la posibilidad de acceder a recursos de financiación en condiciones distintas a las que ofrecen los mercados financieros tradicionales.Según Wills, la principal diferencia entre acudir al FMI y solicitar préstamos a bancos u otros inversionistas radica en que el organismo multilateral puede ofrecer tasas de interés más bajas, aunque dependiendo del programa de crédito, podría exigir compromisos económicos y fiscales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.«El fondo suele poner condiciones y cobrar intereses más bajos. Te presto a unas tasas más bajas, pero te comprometes a hacer ciertas medidas que resuelvan el problema de fondo», indicó el director técnico del CARF. El funcionario aclaró que todavía no se conocen las condiciones específicas que podría solicitar el FMI, pues estas dependerán de las conversaciones que adelante el Gobierno nacional. Sin embargo, explicó que, en este tipo de acuerdos, suelen contemplarse medidas orientadas a reducir el gasto público y fortalecer la institucionalidad fiscal.En ese sentido, Wills enfatizó que el desafío de Colombia no consiste únicamente en conseguir recursos para cubrir el déficit presupuestal, sino en corregir el desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos del Estado.«El problema es que estamos gastando más de lo que nos ingresa, y el problema inmediato es quién nos presta la plata. Pero el problema de fondo es que no podemos gastar más de lo que nos ingresa de manera permanente, año tras año», sostuvo.¿Qué condiciones podría exigir el Fondo Monetario Internacional?Durante la entrevista, Wills explicó que existen diferentes programas y líneas de crédito del FMI, cada uno con características y requisitos particulares. Por esta razón, todavía no es posible determinar si un eventual acuerdo con Colombia implicaría una reforma tributaria integral, recortes presupuestales u otras medidas de ajuste fiscal. Como antecedente, recordó que Colombia contaba con una línea de crédito flexible del organismo, a la cual renunció, que no exigía condiciones específicas para acceder a los recursos. No obstante, existen otros mecanismos de financiación que sí contemplan compromisos por parte de los países beneficiarios.Entre las medidas que podrían considerarse en una negociación, el director técnico del CARF mencionó el fortalecimiento de los ingresos tributarios, la lucha contra la evasión y eventuales reformas fiscales. También señaló que podrían contemplarse ajustes al gasto público, modificaciones legales y restricciones al crecimiento de determinadas partidas presupuestales.«Puede ser aumentar los ingresos, y aumentar los ingresos puede ser compromisos de lucha contra la evasión, puede ser una reforma tributaria, puede ser otro tipo de medidas que aumenten los ingresos. O pueden ser medidas que apunten a recortar los gastos», explicó. No obstante, insistió en que anticipar medidas concretas sería especulativo mientras no se conozcan los términos de las conversaciones entre el Gobierno y el organismo internacional.Colombia y Venezuela: dos panoramas económicos diferentesAnte las inquietudes sobre si Colombia atraviesa una situación similar a la de Venezuela, país que ha recurrido al financiamiento internacional en medio de prolongadas dificultades económicas, Wills aclaró que existen diferencias importantes entre ambas economías.El director técnico del CARF explicó que Venezuela experimentó durante varios años un deterioro generalizado de su economía, con una reducción considerable de su producto interno bruto (PIB) frente a los niveles alcanzados décadas atrás. En contraste, señaló que Colombia mantiene una dinámica económica relativamente favorable, con crecimiento de la actividad productiva y disminución del desempleo, aunque presenta dificultades significativas en las finanzas del Gobierno.«La economía está marchando relativamente bien. La economía está creciendo, el desempleo está bajando. Donde hay un problema focalizado, pero importante, es en las finanzas del Gobierno», afirmó Wills. De esta manera, el funcionario diferenció la situación fiscal colombiana de una crisis económica generalizada como la experimentada por Venezuela, sin desconocer los desafíos que enfrenta el país para garantizar la sostenibilidad de sus cuentas públicas.El ajuste fiscal y una posible reforma tributariaOtro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que las eventuales recomendaciones del FMI se incorporen a la ley de ajuste fiscal anunciada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa que, según lo planteado por los entrevistadores, buscaría implementar recortes del gasto público.Wills consideró que las condiciones que eventualmente se acuerden con el organismo multilateral podrían traducirse en proyectos de ley o medidas gubernamentales, dependiendo de los resultados de las negociaciones. «Típicamente, dependiendo de cómo se den las conversaciones entre el fondo y el Gobierno, luego esas condiciones se tendrán que plasmar en leyes o en medidas que tome el Gobierno», explicó.Este escenario abriría la posibilidad de que las recomendaciones del FMI formen parte de las decisiones económicas y presupuestales que adopte el Ejecutivo, especialmente en materia de ingresos, gastos y sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el director técnico del CARF reiteró que todavía no existe información suficiente para establecer cuáles serían los compromisos específicos que asumiría Colombia en caso de concretarse un acuerdo de financiación.El reto fiscal de Colombia: equilibrar ingresos y gastosMás allá de la posibilidad de acudir al Fondo Monetario Internacional, Wills insistió en que la prioridad debe ser corregir el desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Desde la perspectiva del CARF, conseguir nuevos préstamos permitiría atender las necesidades inmediatas de financiación, pero no resolvería por sí solo el problema de fondo.El funcionario señaló que Colombia deberá encontrar un equilibrio entre sus ingresos y gastos, ya sea mediante el fortalecimiento de los recursos públicos o a través de una reducción de las obligaciones presupuestales. En ese contexto, el eventual acercamiento al FMI representa una alternativa que el Gobierno podría explorar para obtener financiación, aunque sus implicaciones dependerán de las condiciones pactadas y de las medidas que se adopten para garantizar la sostenibilidad fiscal.Wills reiteró que corresponde al Gobierno nacional determinar las fuentes de financiación más convenientes, mientras que el papel del Comité Autónomo de la Regla Fiscal consiste en advertir sobre la magnitud del déficit y la necesidad de adoptar soluciones estructurales.Así, la discusión sobre un posible préstamo del FMI trasciende la búsqueda de recursos para cubrir el presupuesto de 2027 y pone sobre la mesa el desafío de ajustar las finanzas públicas colombianas en el mediano y largo plazo.
Una operación de la Fuerza Pública permitió afectar un complejo minero dedicado a la extracción ilícita de oro en río Nechí, esto en jurisdicción de El Bagre. La información fue entregada por el presidente Abelardo De La Espriella que vinculó al Clan del Golfo con el accionar criminal.Según el mandatario, el procedimiento permitió la destrucción de tres dragones brasileños, dos excavadoras, cuatro dragas tipo buzo y 13 motores industriales.La información entregada por las autoridades deja en evidencia que en el punto intervenido se extraían aproximadamente 26,5 kilogramos de oro al mes, producción que tendría un valor cercano a 11.130 millones de pesos en el mercado informal.El presidente Abelardo De La Espriella insistió que la operación también permitió afectar las finanzas de la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo, señalada de cobrar una extorsión equivalente al 15 % de la producción obtenida en la zona.Las estimaciones indican que cada mes el Clan del Golfo podía cobrar hasta 1.669 millones de pesos, por lo que se calcula que las afectaciones en el Bajo Cauca antioqueño son de más de 6.000 millones de pesos.Hay que recordar que hace unos días se habían intervenido siete unidades productoras mineras en la vereda El Real de El Bagre, y en la vereda Tosnovan en Zaragoza, maquinaria con capacidad de producir 11.100 gramos de oro mensuales.Este volumen de mineral estaría avaluado en cerca de 5.000 millones de pesos y, presuntamente, los recursos obtenidos serían destinados al Clan del Golfo.
Los usuarios del sistema de salud en Santander radicaron 69.231 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y agosto de 2026, la cifra más alta para este mismo periodo en los últimos diez años, según un análisis realizado por expertos de la Universidad Manuela Beltrán con información de la Supersalud.El registro representa un aumento del 5,3% frente a 2025, cuando se habían contabilizado 65.728 reclamaciones. La diferencia es mucho más marcada al comparar con 2017, cuando se reportaron 17.275 casos durante los primeros ocho meses del año.En promedio, 285 reclamos fueron presentados cada día en Santander durante este periodo.Negación de medicamentos, principal motivoLa principal causa de las reclamaciones está relacionada con la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados, categoría que reúne 17.253 casos.Allí se incluyen dificultades para acceder a medicamentos, dispositivos médicos, soporte nutricional, pañales y otros elementos necesarios para la atención de los pacientes.El segundo motivo más frecuente fue la negación en la asignación de citas o consultas, con 13.731 casos. Le siguen la falta de oportunidad en citas y consultas, con 7.529 reclamos; las demoras en otros servicios de salud, con 5.751, y la negación de atención en otros servicios, con 5.419.Para Carolina Amado Calderón, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, estas barreras pueden tener consecuencias especialmente graves para pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños y mujeres gestantes.La especialista advirtió que las demoras en medicamentos, consultas, exámenes o procedimientos pueden provocar interrupciones de tratamientos, descompensaciones y diagnósticos tardíos.Nueva EPS concentra la mayor cantidad de reclamosPor EPS, Nueva EPS acumula 27.056 reclamos, seguida de Salud Total, con 14.924, y Sanitas, con 12.366. También aparecen Coosalud, con 6.521; Sura, con 3.528; Famisanar, con 3.062, y SaludMia, con 1.722.Sin embargo, el número absoluto de reclamaciones debe relacionarse con la cantidad de afiliados de cada entidad. Al analizar la tasa por cada 10.000 afiliados, Salud Total registra 521,51 reclamos, seguida de Sanitas, con 320,24; Famisanar, con 297,82; Nueva EPS, con 297,28; Sura, con 224,45; SaludMia, con 210,41, y Coosalud, con 188,45.Mayo fue el mes con más reclamacionesDe los ocho meses analizados, mayo fue el periodo con mayor número de reclamos, con 9.288 casos.Le siguieron marzo, con 8.787; julio, con 9.254; abril, con 9.236; febrero, con 8.545; junio, con 8.296; enero, con 7.969, y agosto, con 7.856.A nivel nacional, la Supersalud reportó 1.365.073 reclamos contra las EPS entre enero y agosto de 2026.Ante una barrera en la atención, la recomendación de la experta es iniciar la reclamación directamente ante la EPS. Si no se obtiene una solución, el usuario puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, presentar un derecho de petición o solicitar acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Cuando exista un riesgo inminente para la salud, también puede recurrir a una acción de tutela.
Antes de vestir el uniforme de la Policía y alcanzar el grado de teniente, Álvaro José Medina Peña, asesinado en el departamento del Cauca, pasó buena parte de su vida entre piscinas, entrenamientos y competencias. Desde niño se dedicó a la natación y llegó a representar a Santander en diferentes competencias regionales y nacionales.El uniformado, oriundo de Piedecuesta, hizo parte del club Neptuno Santander y de la Selección Santander de Natación, donde se destacó por sus resultados deportivos y consiguió medallas en competencias nacionales.Juan Sebastián Guerra Ruiz, quien fue su entrenador desde las categorías infantiles, recuerda a Medina Peña como un deportista disciplinado y comprometido con la natación, una actividad que, según cuenta, mantuvo durante buena parte de su vida.“Álvaro José Medina era un muchacho increíble, un gran nadador. Desde las categorías infantiles hizo parte del proceso conmigo como entrenador. Prácticamente nadó toda su vida”, recordó Guerra Ruiz.Su vínculo con el deporte continuó incluso después de ingresar a la Policía. Ya como integrante de la institución, siguió practicando natación y representó a la Policía en diferentes competencias nacionales.Para su entrenador, la historia deportiva de Álvaro José también estuvo marcada por el acompañamiento de su familia. Recuerda especialmente a su padre, quien lo llevaba a los entrenamientos en horas de la madrugada o durante la noche, demostrando el compromiso que tenían con el proceso deportivo del joven.“Era un deportista maravilloso. Tuvo medallas a nivel nacional y prácticamente siguió nadando como formación de vida, que era lo que siempre buscábamos hacer como entrenadores: que siguieran nadando toda la vida”, señaló.Con los años, Medina Peña cambió las piscinas por el servicio policial, pero mantuvo el deporte como parte de su vida. Para Guerra Ruiz, además de sus logros como nadador, será recordado por sus cualidades personales y por la familia que lo acompañó durante su formación.Álvaro José Medina Peña era el subcomandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca. El uniformado se desplazaba hacia El Bordo para apoyar actividades relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad cuando fue obligado a bajar del bus en el que viajaba. Posteriormente fue encontrado muerto.
Una emergencia se reportó en zona rural de Ituango, en donde Luis Andrés García y Yevinson Andrés Correa murieron y otra persona quedó herida, luego del colapso de uno de los muros de una caseta comunal de la vereda Pascuitá.De acuerdo con el reporte entregado por organismos de socorro, varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando, de manera repentina, una de las paredes de la estructura se cayó sobre los presentes.La situación generó momentos de angustia entre los habitantes de la vereda, por lo que, tras el desplome la propia comunidad inició las labores para retirar los escombros y facilitar el rescate de las personas atrapadas.Según se conoció inicialmente, fueron tres las personas que quedaron bajo los restos de la estructura, dos de ellas fueron encontradas con vida y una murió en el lugar, debido al fuerte impacto sobre su humanidad.No obstante, minutos después del desplome uno de los heridos falleció mientras esperaba ser trasladado, debido a la distancia entre la vereda y el casco urbano del municipio. La tercera persona fue llevada al hospital local y, al parecer, sus lesiones no son de gravedad.Una de las posibles causas del accidente estaría relacionada con un plástico que había sido instalado para cubrir una parte de la estructura, mismo que habría acumulado agua debido a las lluvias, generando presión sobre el muro hasta provocar su caída.
