La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para restablecer la comunicación terrestre en Arauca, Boyacá y Casanare, donde la temporada de lluvias ha provocado graves afectaciones en la infraestructura vial y ha dejado a numerosas comunidades incomunicadas.La entidad advirtió que las crecientes súbitas, avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos han ocasionado derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes de vías nacionales, departamentales y municipales, dificultando la llegada de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.Según la Defensoría, esta situación ha dejado poblaciones sin comunicación terrestre y con limitaciones en el acceso a servicios esenciales como energía, agua potable, internet, gas, salud y educación. Además, alertó sobre el riesgo de inseguridad alimentaria y el impacto que la emergencia tiene sobre las actividades productivas de estas regiones.En Arauca, por ejemplo, las principales afectaciones se registran en corredores estratégicos como la vía La Soberanía, donde colapsó el puente metálico sobre el Caño Negro, entre Saravena y Cubará. También se reportan daños en el puente sobre el río Tame, en la Ruta Los Libertadores, y afectaciones en el puente sobre el río Tigre, en la Vía Marginal de la Selva, a la altura del municipio de Fortul.En Boyacá, la emergencia afecta al menos a 15 municipios con puentes colapsados o en riesgo de colapso. Entre las poblaciones más impactadas se encuentran Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Campohermoso, Chiscas, San Mateo, Miraflores, Páez, El Cocuy y San Luis de Gaceno. Además, permanecen cerrados corredores como Güicán-Panqueba, Pisba-Labranzagrande y El Cocuy-Güicán.La entidad también informó que cientos de familias han tenido que ser evacuadas o perdieron sus viviendas. Solo en Panqueba se reportan 239 familias afectadas y tres casas destruidas, mientras que en Guacamayas fueron evacuadas 15 familias y, en Chita, ya se han censado 101 hogares afectados.En Casanare, las lluvias han generado daños en varias vías por derrumbes, pérdidas de banca y taponamientos. A esto se suma la inundación del 90 % del casco urbano de San Luis de Palenque por el desbordamiento del río Pauto. La magnitud de la emergencia llevó a declarar la calamidad pública en el departamento, donde hasta el momento se contabilizan 6.755 familias afectadas en 19 municipios.La Defensoría señaló que ha acompañado las acciones de coordinación y respuesta junto con las autoridades locales y destacó que ya se han realizado evacuaciones aéreas en municipios como Tame, Saravena y Hato Corozal. Sin embargo, insistió en que es necesario acelerar las intervenciones para garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, especialmente a las comunidades que permanecen atrapadas o enfrentan riesgo de desplazamiento.
La emergencia por la temporada de lluvias en Casanare sigue agravándose. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó este domingo el balance de afectaciones y confirmó que 13 municipios permanecen en emergencia, con 3.632 familias damnificadas y 51 vías bloqueadas o destruidas.Ante la magnitud de la situación, el Ejército Nacional mantiene desplegadas sus capacidades de atención y prevención de desastres en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, donde soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de rescate, evacuación y asistencia humanitaria.Dos pelotones especializados trabajan en cinco frentes de atención junto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, autoridades locales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.En San Luis de Palenque, las tropas han evacuado y rescatado a 15 personas que se encontraban en riesgo por el aumento del nivel de las aguas. En Trinidad, las labores se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad, donde fueron rescatadas tres personas y se brindó asistencia directa a 80 habitantes afectados.Como parte de la respuesta institucional, el Ejército también apoyó el embarque y distribución de ayudas humanitarias para cerca de 450 personas, además de la entrega de 15.000 litros de agua potable. Las autoridades priorizan la atención de unas 800 familias, mientras continúan evaluando las necesidades en las zonas inundadas.La emergencia no solo afecta a Casanare. Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos mantienen impactos en otras regiones de los Llanos Orientales y la frontera con Venezuela. En Arauca, el balance supera las 9.000 familias afectadas, mientras que en Boyacá también se reportan daños en varios municipios. Del lado venezolano, la población de La Victoria, en el estado Apure, continúa inundada tras la ruptura de un dique y el incremento del caudal del río Arauca, pese a que el nivel del agua ha comenzado a descender paulatinamente.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lanzó una alerta por la emergencia causada por las inundaciones en Arauca, donde 10.598 personas han resultado afectadas en seis de los siete municipios del departamento. El organismo advirtió que la magnitud de la situación ya supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.De acuerdo con el reporte, las lluvias que se registran desde finales de abril han provocado el desbordamiento de ríos y afluentes, así como procesos de socavación que han afectado viviendas, cultivos, vías terciarias, puentes y sistemas de acueducto. En total son 3.426 familias afectadas, en los municipios de Fortul, Tame, Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Cravo Norte.Las lluvias también están afectando el acceso a la educación. Al menos 23 instituciones educativas presentan daños en su infraestructura y, en algunos casos, las clases permanecieron suspendidas durante cerca de un mes. Además, OCHA alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores, por lo que pidió reforzar la atención en salud y la vigilancia epidemiológica.El informe también advierte sobre necesidades urgentes en alimentación, agua potable, saneamiento, alojamiento temporal y recuperación de los medios de vida de las comunidades afectadas. También advierte que los daños en la infraestructura vial dificultan el acceso a varias zonas rurales, lo que retrasa la entrega de ayuda humanitaria.Justamente en la madrugada de este viernes 10 de julio se derrumbó un puente ubicado entre los municipios de Cubará, Boyacá, y Saravena, Arauca, lo que provocó el cierre total de la vía de La Soberanía. La emergencia dejó desconectado al departamento de Arauca de Santander, Norte de Santander y Boyacá.Ante este panorama, OCHA hizo un llamado a fortalecer la respuesta con apoyo de autoridades, organismos internacionales y organizaciones humanitarias para ampliar la cobertura de la asistencia y atender a las comunidades que continúan aisladas por la emergencia.
La fuerte temporada de lluvias sigue causando graves estragos en Arauca. El departamento quedó incomunicado por vía terrestre con Norte de Santander y Santander debido a la pérdida del puente ubicado en el sector de Caño Negro, en el corredor vial que comunica a Saravena con Cubará (Boyacá), mientras las inundaciones y desbordamientos continúan afectando a comunidades rurales del Piedemonte Araucano.De acuerdo con los reportes conocidos en la mañana de este viernes, el paso por la denominada Vía de la Soberanía permanece totalmente suspendido, luego de que la estructura del puente en Caño Negro colapsara tras las intensas lluvias que han golpeado la región durante los últimos días.La emergencia interrumpió la conexión terrestre entre Arauca y los Santanderes, afectando el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros por uno de los corredores más importantes para el abastecimiento y la movilidad del departamento.Mientras las autoridades adelantan la evaluación de los daños y analizan las acciones necesarias para restablecer la conexión vial, se mantiene la recomendación a los viajeros de consultar únicamente la información oficial sobre el estado de las carreteras y evitar desplazamientos por este sector.Inundaciones agravan la crisisA la par del cierre vial, las lluvias continuaron generando emergencias en el Piedemonte Araucano. Antes del amanecer de este viernes, habitantes de diferentes municipios reportaron el desbordamiento de ríos y quebradas, cuyas crecientes súbitas inundaron predios rurales y ocasionaron pérdidas económicas para numerosas familias campesinas.Según los reportes de la comunidad, la fuerza de las corrientes arrastró varios animales y dejó extensas áreas de fincas y potreros bajo el agua, aumentando la preocupación entre los productores agropecuarios que temen nuevas crecientes por la continuidad de las precipitaciones.Las afectaciones se suman a los derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes registrados durante los últimos días en diferentes sectores del departamento, lo que ha complicado la movilidad y el abastecimiento de varias poblaciones.Los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales mantienen el monitoreo permanente sobre el comportamiento de los principales afluentes e hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación que represente riesgo para la vida o los bienes.La emergencia invernal continúa evolucionando en Arauca, mientras las comunidades afectadas solicitan una pronta intervención para atender las pérdidas ocasionadas por las inundaciones y recuperar la conectividad vial del departamento.
El colapso del puente sobre el caño Bojabá, ubicado en la vereda Caño Negro, provocó el cierre total de la vía de La Soberanía y dejó a Arauca sin conexión terrestre con los departamentos de Santander, Norte de Santander y el municipio de Cubará, en Boyacá.La emergencia se presentó en uno de los corredores viales más importantes del oriente colombiano, utilizado para comunicar a Arauca con el centro del país. Como consecuencia del daño en la estructura, fue suspendido el tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga, lo que impacta la movilidad de viajeros y el abastecimiento de mercancías.De acuerdo con la información preliminar, las autoridades adelantan inspecciones técnicas para establecer las causas del colapso y definir las obras necesarias para recuperar la conectividad en este tramo de la carretera.Hasta el momento no se reportan personas heridas como consecuencia del incidente. Sin embargo, las autoridades mantienen restringido el paso por el sector mientras avanzan las evaluaciones de seguridad.Los organismos encargados de la atención de la emergencia hicieron un llamado a los conductores para que no intenten transitar por la zona afectada y consulten únicamente los reportes oficiales sobre el estado de la vía antes de emprender cualquier viaje.El cierre de este corredor representa una afectación para el transporte de pasajeros y carga entre Arauca y el resto del país, debido a que la vía de La Soberanía es considerada una de las principales rutas de acceso al departamento.
Un juez administrativo ordenó suspender de manera provisional los bombardeos contra estructuras de grupos armados ilegales en el departamento de Arauca hasta que las Fuerzas Militares revisen y ajusten los protocolos de planeación y ejecución de este tipo de operaciones, con el propósito de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en esas zonas de conflicto.La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, dentro de una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, quien solicitó fortalecer las medidas de protección para los menores de edad que han sido reclutados por organizaciones armadas ilegales. Tras conocerse el fallo, la defensora del Pueblo explicó que la decisión busca equilibrar la protección de la población civil con la obligación del Estado de salvaguardar los derechos de los menores vinculados al conflicto. “Nuestro mensaje es que aquí hay una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general, a través de unos bombardeos que afectan eventualmente derechos de menores de edad. El hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar”, afirmó.La funcionaria agregó que “siempre nuestro llamado ha sido a que el Gobierno nacional, el presidente de la República y el ministro de Defensa deben tomar todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización”.La Defensoría también alertó sobre el número de menores fallecidos en operaciones militares durante el actual gobierno, al indicar que se han registrado más de 60 menores abatidos en medio del conflicto armado. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, lamentó la muerte de menores reclutados por organizaciones ilegales y aseguró que las Fuerzas Militares han buscado evitar este tipo de situaciones antes de autorizar bombardeos. “Es lamentable que tengan que morir menores, muchos de los cuales son víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos ilegales. El ministro de Defensa ha anunciado en varias oportunidades que han agotado todas las medidas de inteligencia preventivas y de disuasión para que no haya bombardeos con presencia de menores”, señaló.El ministro indicó que será necesario analizar el alcance del fallo judicial. “Habrá que esperar entonces el fallo en concreto, que debe ser revisado por el Ministerio de Defensa, para ver si los bombardeos, donde haya evidencia de presencia de menores, no se hagan”. No obstante, precisó que las operaciones militares continuarían en otros escenarios cuando exista certeza de que no hay menores de edad en los campamentos. “Con otros grupos armados en otras zonas siguen los bombardeos por parte del Ministerio de Defensa cuando se tiene una mediana certeza de que no hay presencia de menores”, concluyó.
Un operativo del Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, dejó como resultado dos presuntos integrantes del ELN muertos en combate, seis personas capturadas y un menor de edad que, según las autoridades, había sido vinculado al grupo armado y fue rescatado durante la operación.La acción militar se llevó a cabo en la vereda Alto San Joaquín, donde tropas de la Décima Octava Brigada se enfrentaron a integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, perteneciente al frente Domingo Laín Sáenz del ELN.Tras el operativo, el menor fue entregado a las autoridades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.De acuerdo con información de inteligencia militar, los capturados harían parte de una estructura señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortul y Saravena. Además, las autoridades aseguran que el grupo estaría detrás de acciones para alterar el orden público antes y después de los recientes comicios electorales en la región.Durante la operación también fueron incautados cinco fusiles, tres armas cortas, más de 900 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, material de campaña y documentos que serán analizados por los organismos de inteligencia.Las Fuerzas Militares señalaron que este resultado hace parte de las operaciones que adelantan para reducir la capacidad de los grupos armados ilegales que operan en Arauca y reiteraron que continuarán las acciones de control y seguridad en el departamento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó que exista una relación directa entre la presencia de grupos armados ilegales y los resultados electorales en Arauca, luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunciara supuestas presiones del ELN para obligar a comunidades campesinas a votar por un candidato presidencial.Sánchez aseguró que los resultados de la primera vuelta contradicen esas afirmaciones, al señalar que en Arauca triunfó un candidato distinto al mencionado en las denuncias.Además, sostuvo que situaciones similares fueron advertidas en departamentos como Meta, Caquetá, Huila y Tolima, donde, según dijo, tampoco se reflejó en las urnas el supuesto constreñimiento denunciado.El ministro hizo un llamado a “no criminalizar el voto” y afirmó que los ciudadanos están ejerciendo su derecho de manera libre. Asimismo, indicó que la fuerza pública tiene la instrucción de actuar con contundencia contra cualquier grupo armado que intente intimidar a los electores, mediante operaciones orientadas a su captura, desmovilización o neutralización dentro del marco legal.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta, como responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por las irregularidades en la contratación de la primera etapa de construcción de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca.Está condena esta relacionada con un contrato suscrito durante su administración por más de $7.026 millones para la ampliación y construcción de la nueva torre del centro asistencial. Según el alto tribunal, el contrato fue celebrado sin verificar requisitos legales esenciales y con deficiencias que vulneraron los principios de planeación y economía de la contratación estatal.Sobre las irregularidades en los contratos se estableció que el proyecto original fue fragmentado sin una justificación técnica suficiente, pese a que había sido concebido como una obra integral. Además, se omitieron componentes fundamentales para el funcionamiento hospitalario, como los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica contemplados inicialmente en el proyecto.Incluso la Corte Suprema de Justicia también encontró acreditado que el contrato fue celebrado sin que estuviera garantizado el suministro de energía eléctrica para la infraestructura y sin que se hubiera cumplido materialmente el requisito de contar con el concepto técnico definitivo exigido por el entonces Ministerio de la Protección Social.El exgobernador de Arauca si bien fue condenado a 4 años y 3 meses de cárcel, el alto tribunal le concedió el beneficio de prisión domiciliaria. Este fallo es en primera instancia, lo que significa que la Sala Penal del mismo alto tribunal lo revisará.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por su presunta participación en un esquema de irregularidades relacionado con la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), cuyo valor superó los 91.542 millones de pesos.De acuerdo con el ente acusador, la exmandataria deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple.La investigación está relacionada con tres proyectos que contemplaban la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas de Arauca y la construcción de las celdas dos y tres del relleno sanitario del municipio de Tame.Según la Fiscalía, durante la administración de Barrios Guarnizo se habría designado como entidad ejecutora de las iniciativas a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (AREMCA), junto con los respectivos contratos de interventoría, pese a que dicha organización no cumplía las condiciones exigidas para administrar recursos provenientes de regalías. Actualmente, hay nueve imputados de AREMCA por presuntas irregularidades.La entidad investigadora señaló que AREMCA “no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías, ni estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales”, requisito necesario para asumir este tipo de funciones.Dentro de las evidencias recopiladas también se estableció que los proyectos objeto de investigación no hacían parte de la planeación oficial del departamento. La Fiscalía precisó que “los proyectos viabilizados no estaban en el plan de desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de datos del Fondo Nacional de Regalías”.Las indagaciones apuntan, además, a presuntas irregularidades en las etapas previas a la contratación. De acuerdo con el material probatorio presentado por el ente acusador, la entonces gobernadora habría intervenido en las fases de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, avalando documentos técnicos que carecían de los soportes requeridos.La Fiscalía sostiene que las evidencias indican que Barrios Guarnizo habría actuado “de manera consciente y voluntaria” durante la fase precontractual y en distintos momentos del trámite de los proyectos, permitiendo que avanzaran iniciativas que, presuntamente, no cumplían los requisitos establecidos por la normatividad vigente.
La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó la muerte del ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, y anunció que solicitó información oficial al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para esclarecer las circunstancias de los hechos.A través de un comunicado, la representación diplomática informó que ya presta acompañamiento consular a los familiares de la víctima y que hará seguimiento a la investigación.En el pronunciamiento, la Embajada señaló “La Embajada de Colombia en los Estados Unidos lamenta profundamente el fallecimiento de un ciudadano colombiano en Biddeford, Maine, y está brindando la asistencia consular necesaria a su familia.”Asimismo, indicó que, por medio de su Sección Consular, mantiene contacto permanente con los allegados del ciudadano fallecido y con las autoridades competentes en Estados Unidos. “A través de su Sección Consular, la Embajada se mantiene en estrecho contacto con la familia y las autoridades estadounidenses pertinentes para facilitar los trámites correspondientes”, precisa el comunicado.La misión diplomática también confirmó que elevó una solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos para conocer los detalles del procedimiento en el que perdió la vida el colombiano. “La Embajada ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento y continuará siguiendo de cerca el caso a medida que avance la investigación”, agregó. La víctima fue identificada como Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, oriundo de Bucaramanga, quien, según la información conocida hasta el momento, había viajado a Estados Unidos para trabajar.El caso ha generado reacciones tanto en Colombia como en Estados Unidos debido a las circunstancias en las que ocurrió el operativo migratorio. De acuerdo con la información disponible, el incidente se habría presentado en presencia de la hija de tres años del ciudadano colombiano.Por su parte, la oficina del fiscal general del estado de Maine explicó que el procedimiento se desarrollaba en cumplimiento de una orden definitiva de expulsión del país. Según esa autoridad, un agente del ICE “estaba llevando a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido”.
El inusual retiro del mar en las playas de Coveñas despertó inquietud entre turistas y habitantes del Golfo de Morrosquillo. Las imágenes de una extensa franja de arena al descubierto rápidamente se viralizaron en redes sociales y dieron paso a múltiples especulaciones sobre las causas del fenómeno.Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) descartó que se trate de una situación de riesgo y explicó que este comportamiento corresponde a un proceso natural asociado al ciclo de las mareas. La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar difundir información sin confirmar y atender únicamente los reportes oficiales.¿Por qué se fue el mar en Coveñas? Dimar explicó el fenómenoLa preocupación comenzó el domingo 12 de julio, cuando el nivel del mar descendió de manera visible en las playas de Coveñas, dejando al descubierto una amplia zona de arena.Ante las dudas de la comunidad, la gobernadora de Sucre, Lucy García, solicitó a la Dirección General Marítima un concepto técnico para establecer qué estaba ocurriendo en el Golfo de Morrosquillo.A través de su cuenta de X, la mandataria explicó que el objetivo era brindar información basada en datos oficiales y mantener un seguimiento permanente de la situación junto con las autoridades locales.La respuesta llegó desde la Capitanía de Puerto de Coveñas, que confirmó que el retiro temporal de la línea de costa corresponde a una variación natural del nivel del mar, relacionada principalmente con el comportamiento de las mareas y con las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la región.Dimar descarta riesgo por el descenso del nivel del marLa autoridad marítima fue enfática en señalar que este fenómeno hace parte de la dinámica habitual del litoral colombiano y no representa una condición extraordinaria.Según el reporte oficial, durante los días 11 y 12 de julio la marea registró su punto más bajo entre la 1:00 p. m. y las 2:00 p. m., alcanzando aproximadamente seis centímetros por debajo del nivel de referencia.Para la Dimar, ese descenso corresponde al comportamiento normal de la temporada y no genera riesgos para los habitantes, los turistas ni las embarcaciones que transitan por el Golfo de Morrosquillo.La entidad agregó que mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones del mar y confirmó que, por ahora, no existe ninguna alerta relacionada con este fenómeno.Autoridades piden consultar solo información oficial sobre CoveñasTras la difusión de videos y versiones en redes sociales, la Dimar reiteró que las condiciones oceanoatmosféricas permanecen dentro de los parámetros normales.Además, anunció que continuará realizando seguimiento técnico a las condiciones oceanográficas de la zona para detectar oportunamente cualquier cambio que pudiera representar algún riesgo.Finalmente, la autoridad marítima invitó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar compartir información no verificada. También recomendó consultar únicamente los reportes emitidos por la Capitanía de Puerto de Coveñas y la Autoridad Marítima Colombiana, con el fin de prevenir desinformación frente a un fenómeno que, según los expertos, hace parte del comportamiento natural del mar.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó que la capital del Atlántico se consolidará formalmente como la sede alterna del gobierno nacional bajo la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella.Char detalló que este movimiento no es solo simbólico, sino que implica una descentralización real del poder ejecutivo hacia las regiones.La Aduana: el nuevo epicentro del poder regionalEl alcalde confirmó que el emblemático Edificio de la Aduana está siendo evaluado para albergar el despacho presidencial en la ciudad. Según Char, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso firme que se oficializará en los próximos días: "Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió".Esta nueva dinámica ya se siente en la ciudad, donde ministros y funcionarios han comenzado a despachar de manera recurrente. De hecho, el alcalde bromeó sobre la relevancia que está cobrando la capital del Atlántico frente a la capital del país: "Yo diría un poquito sarcásticamente que la sede alterna va a ser Bogotá".Seguridad: El "Bloque de Defensa" contra el crimenUno de los temas centrales de las reuniones entre Char y De La Espriella ha sido la crisis de inseguridad. El alcalde expresó su frustración ante el poder de las bandas criminales, confesando que le manifestó al presidente su sentimiento de vulnerabilidad: "Presidente, me siento impotente. Me siento impotente porque me están matando a los pelados en las calles". En respuesta, el nuevo gobierno implementará un "bloque de seguridad" con un fuerte componente tecnológico y de inteligencia.Char destacó la disposición del mandatario electo: "Me dijo: 'Estate tranquilo, alcalde, que llegué para esto, llegué para acompañar a la comunidad, llegué para traerle seguridad a los municipios'".Gabinete Caribe y proyectos de infraestructuraLa designación de figuras cercanas a la región, como Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte, ha generado grandes expectativas. Char aclaró que, aunque Noguera es una amiga cercana, su elección fue por méritos propios: "Abelardo la escogió por sus propios méritos. Ella acompañó la campaña de Abelardo".Entre las prioridades conjuntas se encuentran la recuperación del aeropuerto Ernesto Cortissoz, la mejora de las redes eléctricas y la conectividad vial entre Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.El alcalde enfatizó la importancia de este nuevo enfoque regionalista: "Este presidente está dispuesto, así lo dijo, a abrir trocha en el Caribe, en el Pacífico, a traer el desarrollo a estas regiones".Escuche aquí la entrevista:
Federico Gutiérrez aseguró que tiene un pabellón reservado para las personas vinculadas a presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la nueva cárcel de sindicados que tendrá Medellín. A la fecha se han presentado cuatro principios de oportunidadA la par de que avanza el proceso de presunta corrupción de Aguas Vivas y que involucra a Daniel Quintero, y mientras se espera la audiencia de imputación contra Miguel Quintero por el caso del Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, las autoridades en Medellín se volvieron a referir a los hermanos paisas.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que en la nueva cárcel de sindicados que se está construyendo en la ciudad y que estaría abierta en abril del próximo año habría un pabellón en donde, según el mandatario, podrían estar recluidas las personas vinculadas a casos de presunta corrupción.“Yo no entiendo por qué esa gente no está en la cárcel. Díganme pues quién en el país no tiene claro que esos tipos son unos criminales, unos delincuentes y se robaron a Medellín. Nosotros estamos construyendo una cárcel, ya tengo listo el pabellón Q para esos bandidos, porque no van a caber, no van a caber el pabellón Q”, aseguró el mandatario local.El mandatario fue enfático al recordar que a la fecha se han aprobado cuatro principios de oportunidad para personas que están colaborando con la justicia y que, incluso, ya empezaron a indemnizar al Área Metropolitana debido a los supuestos delitos cometidos entre 2020 y 2023.Solo por el caso de Miguel Quintero hay que mencionar que la citación para la imputación de cargos es para el próximo lunes 3 de agosto a las 2:10 de la tarde, ante el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Allí al hermano del exalcalde y tres personas más se le formulará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Los elementos probatorios recaudados por el ente acusador indicarían que estas personas participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los cuales suman 17.654 millones de pesos y se presume una apropiación irregular de 2.481 millones.
El Papa León XIV nombró al padre Diego Luis Rendón como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó. El hasta ahora rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte sucederá en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño.La Conferencia Episcopal de Colombia informó que el papa León XIV designó al padre Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó.El nombramiento llegó en una fecha especial para la Iglesia antioqueña, pues coincidió con la celebración del centenario de la muerte del Beato Padre Marianito en la Diócesis de Santa Rosa de Osos. Desde allí, precisamente, proviene el nuevo obispo electo, quien hasta ahora se desempeñaba como rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte, cargo que asumió a partir de 2015.Monseñor Rendón Urrea nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y cursó Filosofía y Teología en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.Su trayectoria combina experiencia pastoral, educativa y administrativa. Ha sido vicario parroquial, vicario de Educación Católica, promotor vocacional, delegado de Pastoral Social, vicario de Pastoral, capellán del SENA y párroco en el municipio de Gómez Plata.Además de su labor eclesial, Rendón cuenta con especializaciones en Gestión Educativa y Pedagogía de la Virtualidad, y adelanta estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.Con la designación, el nuevo obispo tendrá la misión de suceder en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño, quien lo ocupó por 13 años y renunció tras el cumplimiento de la edad canónica. Durante su labor monseñor Londoño defendió los intereses ambientales del Suroeste antioqueño y se opuso abiertamente a proyectos extractivistas.