Un dron artesanal de difícil detección cargado con explosivos logró ingresar recientemente al complejo petrolero de Caño Limón, en Arauca, y se estrelló contra una zona de almacenamiento sin que su carga detonara, evitando una emergencia que pudo haber tenido consecuencias de gran magnitud.Fuentes confirmaron a Blu Radio que el hecho mantiene varias hipótesis abiertas y que, por ahora, no está claro cuál era el verdadero objetivo del ataque. Aunque el dron impactó el área del campo petrolero, cerca del lugar existe una unidad militar con presencia permanente de tropas, por lo que las autoridades no descartan que el blanco hubiera sido esa unidad y no la infraestructura de la industria petrolera.Las mismas fuentes indicaron que, tras el hallazgo del artefacto, personal del complejo de Caño Limón solicitó apoyo al Ejército Nacional. Uniformados del Grupo Marte, especializado en el manejo y destrucción de explosivos, realizaron una detonación controlada para neutralizar el riesgo.El dron era de fabricación artesanal y transportaba una carga explosiva que no alcanzó a activarse debido a que el aparato se estrelló antes de cumplir su recorrido. El incidente ocurrió en un sector donde hay un tanque con capacidad para almacenar cerca de 100.000 barriles de petróleo y donde laboran aproximadamente 200 trabajadores, lo que evidencia el alto riesgo que representó la acción.Aunque no se ha atribuido la responsabilidad del hecho, en la zona delinquen estructuras del Frente de Guerra Oriental del ELN, organización criminal que históricamente ha ejecutado ataques contra la infraestructura petrolera y energética en Arauca.Tras lo ocurrido, se reforzaron las medidas de seguridad en las instalaciones estratégicas y continúan las verificaciones para establecer el origen del dron, su ruta de vuelo y el objetivo que perseguía. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas acciones contra infraestructura crítica en la región.
Por primera vez en la historia, una agrupación de joropo tradicional del municipio de Fortul, departamento de Arauca, viajará al Reino Unido para representar a Colombia. La comitiva llevará las expresiones culturales de los Llanos Orientales a escenarios de Londres en el marco de la estrategia de diplomacia cultural del país.La delegación está conformada por ocho jóvenes artistas: Ivonne Valeria Hernández, Juan Sebastián Castro, María Lucía Duarte, Dayler Arley Durán, Yojhan Alexis Lozano, Diego Alejandro Orozco y Lizeth Xelena Guerrero. Junto al maestro Leonardo Martínez, llevarán al continente europeo el sonido del arpa, el cuatro, las maracas y el zapateo llanero.Los jóvenes pertenecen al Grupo de Danzas Cimarroneros de la Casa de la Cultura Elvira Walteros de Fortul. Este proyecto artístico nació hace 15 años como un entorno protector para niños, niñas y adolescentes ante la presencia de grupos armados ilegales y la amenaza constante del reclutamiento forzado en la región.A través de la música y el baile tradicional, la comunidad y las familias de Fortul consolidaron una alternativa de formación, disciplina y desarrollo social para las nuevas generaciones. El acceso continuo al arte ha permitido construir proyectos de vida seguros y fortalecer el tejido comunitario en el territorio araucano.La agenda cultural en los escenarios de LondresDurante una semana de actividades en territorio británico, los artistas participarán en espacios de formación e intercambio de conocimientos con entidades locales.La programación incluye talleres de danza con Rambert+, una de las compañías de danza contemporánea referentes en el Reino Unido, e intercambios artísticos en el teatro Southwark Playhouse. Asimismo, ofrecerán muestras de joropo en vivo en la British Library, Brixton House y en la Residencia de la Embajadora de Colombia, además de realizar una visita técnica a las instalaciones de V&A East.La gira de intercambio fue organizada por la Embajada de Colombia en el Reino Unido, liderada por la embajadora Laura Sarabia.La iniciativa busca proyectar el talento regional y la diversidad del patrimonio colombiano en espacios internacionales, conectando la tradición llanera con nuevos públicos en el exterior.
Una avalancha provocada por la creciente del río Tame destruyó buena parte de la infraestructura de captación y conducción del acueducto municipal, dejando sin servicio de agua potable a cerca de 42.000 habitantes del casco urbano de este municipio de Arauca.La emergencia ocurrió hace aproximadamente una semana, cuando la fuerza del río arrasó cerca de 300 metros de la línea de aducción ubicada entre la bocatoma y los desarenadores. De acuerdo con la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame, Caribabare E.S.P., la creciente destruyó tres tuberías principales.La avalancha también afectó aproximadamente 200 metros de la línea de conducción hacia la planta de tratamiento, cuya tubería principal tiene un diámetro de 20 pulgadas.“Prácticamente la avalancha se llevó toda la línea de aducción. Nunca habíamos enfrentado una emergencia de esta magnitud”, explicó a Blu Radio el gerente de Caribabare, Yuliam Esneider Sierra.Desde el segundo día de la emergencia, la empresa activó un plan de contingencia para llevar agua a los diferentes barrios del casco urbano mediante carrotanques.La distribución se coordina con los presidentes de las juntas de acción comunal y se realiza a través de cronogramas establecidos para atender a las comunidades. Sin embargo, ante la magnitud de la emergencia, algunos habitantes también han tenido que desplazarse hasta fuentes hídricas cercanas para conseguir agua destinada a sus actividades diarias.El gerente de Caribabare aseguró que los trabajos para recuperar el sistema avanzan con el apoyo de diferentes entidades y administraciones municipales y departamentales.Las condiciones climáticas dificultaron durante varios días el ingreso de los equipos y la evaluación de la infraestructura. Según el gerente de la empresa, apenas recientemente fue posible desviar parcialmente el cauce del río para que los ingenieros y especialistas pudieran revisar con mayor precisión el alcance de los daños.Las primeras estimaciones indican que la reconstrucción del sistema de captación y conducción podría costar entre 5.000 y 8.000 millones de pesos. La cifra podría ajustarse cuando finalicen los estudios técnicos.Por ahora, no existe un tiempo definido para la recuperación total del servicio. La Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Tame y Caribabare E.S.P. trabajan en la estructuración del proyecto para gestionar los recursos necesarios y reconstruir la infraestructura afectada.El objetivo de las autoridades es recuperar completamente el sistema de acueducto y restablecer el suministro de agua potable para los cerca de 42.000 habitantes afectados por esta emergencia.
Autoridades confirman que son tres las personas fallecidas por el violento ataque y hostigamiento que el ELN ha adelantado contra la Policía en zona rural de Tame, Arauca, durante la tarde y noche de este martes.El hecho se dio puntualmente contra la estación de Policía del centro poblado de Betoyes, ubicado a unos 20 minutos del casco urbano de Tame, Arauca.Según la información preliminar, el ataque fue perpetrado desde una volqueta cargada de tatucos y explosivos, activada junto a las instalaciones policiales.De los fallecidos, dos son policías, uno de ellos identificado como Arian Stiven Riascos; la otra víctima es una mujer civil que estaba cerca del lugar.El hecho, además, dejó ocho policías y un soldado heridos, y aunque inicialmente se intentó un traslado vía aérea con apoyo de las Fuerzas Militares, este se ha demorado por las malas condiciones climáticas y porque el hostigamiento continúa.Entre tanto, la Policía continúa con la comunicaciones con dicha estación vía radio mientras llegan más refuerzos.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para restablecer la comunicación terrestre en Arauca, Boyacá y Casanare, donde la temporada de lluvias ha provocado graves afectaciones en la infraestructura vial y ha dejado a numerosas comunidades incomunicadas.La entidad advirtió que las crecientes súbitas, avenidas torrenciales, inundaciones y deslizamientos han ocasionado derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes de vías nacionales, departamentales y municipales, dificultando la llegada de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.Según la Defensoría, esta situación ha dejado poblaciones sin comunicación terrestre y con limitaciones en el acceso a servicios esenciales como energía, agua potable, internet, gas, salud y educación. Además, alertó sobre el riesgo de inseguridad alimentaria y el impacto que la emergencia tiene sobre las actividades productivas de estas regiones.En Arauca, por ejemplo, las principales afectaciones se registran en corredores estratégicos como la vía La Soberanía, donde colapsó el puente metálico sobre el Caño Negro, entre Saravena y Cubará. También se reportan daños en el puente sobre el río Tame, en la Ruta Los Libertadores, y afectaciones en el puente sobre el río Tigre, en la Vía Marginal de la Selva, a la altura del municipio de Fortul.En Boyacá, la emergencia afecta al menos a 15 municipios con puentes colapsados o en riesgo de colapso. Entre las poblaciones más impactadas se encuentran Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Campohermoso, Chiscas, San Mateo, Miraflores, Páez, El Cocuy y San Luis de Gaceno. Además, permanecen cerrados corredores como Güicán-Panqueba, Pisba-Labranzagrande y El Cocuy-Güicán.La entidad también informó que cientos de familias han tenido que ser evacuadas o perdieron sus viviendas. Solo en Panqueba se reportan 239 familias afectadas y tres casas destruidas, mientras que en Guacamayas fueron evacuadas 15 familias y, en Chita, ya se han censado 101 hogares afectados.En Casanare, las lluvias han generado daños en varias vías por derrumbes, pérdidas de banca y taponamientos. A esto se suma la inundación del 90 % del casco urbano de San Luis de Palenque por el desbordamiento del río Pauto. La magnitud de la emergencia llevó a declarar la calamidad pública en el departamento, donde hasta el momento se contabilizan 6.755 familias afectadas en 19 municipios.La Defensoría señaló que ha acompañado las acciones de coordinación y respuesta junto con las autoridades locales y destacó que ya se han realizado evacuaciones aéreas en municipios como Tame, Saravena y Hato Corozal. Sin embargo, insistió en que es necesario acelerar las intervenciones para garantizar el acceso de la ayuda humanitaria, especialmente a las comunidades que permanecen atrapadas o enfrentan riesgo de desplazamiento.
La emergencia por la temporada de lluvias en Casanare sigue agravándose. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó este domingo el balance de afectaciones y confirmó que 13 municipios permanecen en emergencia, con 3.632 familias damnificadas y 51 vías bloqueadas o destruidas.Ante la magnitud de la situación, el Ejército Nacional mantiene desplegadas sus capacidades de atención y prevención de desastres en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad, donde soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de rescate, evacuación y asistencia humanitaria.Dos pelotones especializados trabajan en cinco frentes de atención junto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, autoridades locales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.En San Luis de Palenque, las tropas han evacuado y rescatado a 15 personas que se encontraban en riesgo por el aumento del nivel de las aguas. En Trinidad, las labores se concentran en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad, donde fueron rescatadas tres personas y se brindó asistencia directa a 80 habitantes afectados.Como parte de la respuesta institucional, el Ejército también apoyó el embarque y distribución de ayudas humanitarias para cerca de 450 personas, además de la entrega de 15.000 litros de agua potable. Las autoridades priorizan la atención de unas 800 familias, mientras continúan evaluando las necesidades en las zonas inundadas.La emergencia no solo afecta a Casanare. Las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos mantienen impactos en otras regiones de los Llanos Orientales y la frontera con Venezuela. En Arauca, el balance supera las 9.000 familias afectadas, mientras que en Boyacá también se reportan daños en varios municipios. Del lado venezolano, la población de La Victoria, en el estado Apure, continúa inundada tras la ruptura de un dique y el incremento del caudal del río Arauca, pese a que el nivel del agua ha comenzado a descender paulatinamente.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lanzó una alerta por la emergencia causada por las inundaciones en Arauca, donde 10.598 personas han resultado afectadas en seis de los siete municipios del departamento. El organismo advirtió que la magnitud de la situación ya supera la capacidad de respuesta de las autoridades locales.De acuerdo con el reporte, las lluvias que se registran desde finales de abril han provocado el desbordamiento de ríos y afluentes, así como procesos de socavación que han afectado viviendas, cultivos, vías terciarias, puentes y sistemas de acueducto. En total son 3.426 familias afectadas, en los municipios de Fortul, Tame, Arauquita, Puerto Rondón, Saravena y Cravo Norte.Las lluvias también están afectando el acceso a la educación. Al menos 23 instituciones educativas presentan daños en su infraestructura y, en algunos casos, las clases permanecieron suspendidas durante cerca de un mes. Además, OCHA alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades respiratorias, diarreicas y transmitidas por vectores, por lo que pidió reforzar la atención en salud y la vigilancia epidemiológica.El informe también advierte sobre necesidades urgentes en alimentación, agua potable, saneamiento, alojamiento temporal y recuperación de los medios de vida de las comunidades afectadas. También advierte que los daños en la infraestructura vial dificultan el acceso a varias zonas rurales, lo que retrasa la entrega de ayuda humanitaria.Justamente en la madrugada de este viernes 10 de julio se derrumbó un puente ubicado entre los municipios de Cubará, Boyacá, y Saravena, Arauca, lo que provocó el cierre total de la vía de La Soberanía. La emergencia dejó desconectado al departamento de Arauca de Santander, Norte de Santander y Boyacá.Ante este panorama, OCHA hizo un llamado a fortalecer la respuesta con apoyo de autoridades, organismos internacionales y organizaciones humanitarias para ampliar la cobertura de la asistencia y atender a las comunidades que continúan aisladas por la emergencia.
La fuerte temporada de lluvias sigue causando graves estragos en Arauca. El departamento quedó incomunicado por vía terrestre con Norte de Santander y Santander debido a la pérdida del puente ubicado en el sector de Caño Negro, en el corredor vial que comunica a Saravena con Cubará (Boyacá), mientras las inundaciones y desbordamientos continúan afectando a comunidades rurales del Piedemonte Araucano.De acuerdo con los reportes conocidos en la mañana de este viernes, el paso por la denominada Vía de la Soberanía permanece totalmente suspendido, luego de que la estructura del puente en Caño Negro colapsara tras las intensas lluvias que han golpeado la región durante los últimos días.La emergencia interrumpió la conexión terrestre entre Arauca y los Santanderes, afectando el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros por uno de los corredores más importantes para el abastecimiento y la movilidad del departamento.Mientras las autoridades adelantan la evaluación de los daños y analizan las acciones necesarias para restablecer la conexión vial, se mantiene la recomendación a los viajeros de consultar únicamente la información oficial sobre el estado de las carreteras y evitar desplazamientos por este sector.Inundaciones agravan la crisisA la par del cierre vial, las lluvias continuaron generando emergencias en el Piedemonte Araucano. Antes del amanecer de este viernes, habitantes de diferentes municipios reportaron el desbordamiento de ríos y quebradas, cuyas crecientes súbitas inundaron predios rurales y ocasionaron pérdidas económicas para numerosas familias campesinas.Según los reportes de la comunidad, la fuerza de las corrientes arrastró varios animales y dejó extensas áreas de fincas y potreros bajo el agua, aumentando la preocupación entre los productores agropecuarios que temen nuevas crecientes por la continuidad de las precipitaciones.Las afectaciones se suman a los derrumbes, pérdidas de banca y daños en puentes registrados durante los últimos días en diferentes sectores del departamento, lo que ha complicado la movilidad y el abastecimiento de varias poblaciones.Los organismos de gestión del riesgo y las autoridades locales mantienen el monitoreo permanente sobre el comportamiento de los principales afluentes e hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier situación que represente riesgo para la vida o los bienes.La emergencia invernal continúa evolucionando en Arauca, mientras las comunidades afectadas solicitan una pronta intervención para atender las pérdidas ocasionadas por las inundaciones y recuperar la conectividad vial del departamento.
El colapso del puente sobre el caño Bojabá, ubicado en la vereda Caño Negro, provocó el cierre total de la vía de La Soberanía y dejó a Arauca sin conexión terrestre con los departamentos de Santander, Norte de Santander y el municipio de Cubará, en Boyacá.La emergencia se presentó en uno de los corredores viales más importantes del oriente colombiano, utilizado para comunicar a Arauca con el centro del país. Como consecuencia del daño en la estructura, fue suspendido el tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga, lo que impacta la movilidad de viajeros y el abastecimiento de mercancías.De acuerdo con la información preliminar, las autoridades adelantan inspecciones técnicas para establecer las causas del colapso y definir las obras necesarias para recuperar la conectividad en este tramo de la carretera.Hasta el momento no se reportan personas heridas como consecuencia del incidente. Sin embargo, las autoridades mantienen restringido el paso por el sector mientras avanzan las evaluaciones de seguridad.Los organismos encargados de la atención de la emergencia hicieron un llamado a los conductores para que no intenten transitar por la zona afectada y consulten únicamente los reportes oficiales sobre el estado de la vía antes de emprender cualquier viaje.El cierre de este corredor representa una afectación para el transporte de pasajeros y carga entre Arauca y el resto del país, debido a que la vía de La Soberanía es considerada una de las principales rutas de acceso al departamento.
Un juez administrativo ordenó suspender de manera provisional los bombardeos contra estructuras de grupos armados ilegales en el departamento de Arauca hasta que las Fuerzas Militares revisen y ajusten los protocolos de planeación y ejecución de este tipo de operaciones, con el propósito de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en esas zonas de conflicto.La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, dentro de una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, quien solicitó fortalecer las medidas de protección para los menores de edad que han sido reclutados por organizaciones armadas ilegales. Tras conocerse el fallo, la defensora del Pueblo explicó que la decisión busca equilibrar la protección de la población civil con la obligación del Estado de salvaguardar los derechos de los menores vinculados al conflicto. “Nuestro mensaje es que aquí hay una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general, a través de unos bombardeos que afectan eventualmente derechos de menores de edad. El hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar”, afirmó.La funcionaria agregó que “siempre nuestro llamado ha sido a que el Gobierno nacional, el presidente de la República y el ministro de Defensa deben tomar todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización”.La Defensoría también alertó sobre el número de menores fallecidos en operaciones militares durante el actual gobierno, al indicar que se han registrado más de 60 menores abatidos en medio del conflicto armado. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, lamentó la muerte de menores reclutados por organizaciones ilegales y aseguró que las Fuerzas Militares han buscado evitar este tipo de situaciones antes de autorizar bombardeos. “Es lamentable que tengan que morir menores, muchos de los cuales son víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos ilegales. El ministro de Defensa ha anunciado en varias oportunidades que han agotado todas las medidas de inteligencia preventivas y de disuasión para que no haya bombardeos con presencia de menores”, señaló.El ministro indicó que será necesario analizar el alcance del fallo judicial. “Habrá que esperar entonces el fallo en concreto, que debe ser revisado por el Ministerio de Defensa, para ver si los bombardeos, donde haya evidencia de presencia de menores, no se hagan”. No obstante, precisó que las operaciones militares continuarían en otros escenarios cuando exista certeza de que no hay menores de edad en los campamentos. “Con otros grupos armados en otras zonas siguen los bombardeos por parte del Ministerio de Defensa cuando se tiene una mediana certeza de que no hay presencia de menores”, concluyó.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.