El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha contratado los servicios del exjuez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EE.UU. que afronta en Cabo Verde, confirmó hoy a Efe el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.Garzón integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental.En concreto, el exjuez, que ejerce como abogado, va a "liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela", explicó Pinto por teléfono a Efe en Praia, la capital caboverdiana.Lea también: ¿Abelardo de la Espriella autorizó pactos con policía que avisó captura a Alex Saab?INDEMNIZACIÓN MILLONARIA POR DAÑOS DE IMAGENGarzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago "un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen" de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.El valor de la indemnización que se planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.Garzón dirige actualmente el bufete Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.Por otro lado, el presunto testaferro, según la misma fuente, no está contento con las condiciones de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación, "bastante diferente de la dieta a la que está habituado".Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.SAAB, UN "AGENTE" DEL GOBIERNO DE VENEZUELATras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos "habeas corpus" (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su "encarcelamiento ilegal", pero ambos fueron desestimados.El abogado Pinto sostiene que el empresario "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde".Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Para Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, el director de WikiLeaks que está siendo extraditado a Estados Unidos, no cabe duda de que las acusaciones en su contra no son más que una persecución política.Vea también: Wikipedia dice que no cederá en sus principios para entrar en China En diálogo con Mañanas BLU, Garzón dijo que la publicación de documentos sensibles, que dan cuenta de la masiva violación de los derechos humanos, es la principal razón para el proceso.“En cuanto al proceso de extradición veremos qué es lo que Estados Unidos argumenta para pedirlo en extradición. Este es un proceso que nos llevará un par de meses para que la defensa estudie la documentación que hayan enviado”, puntualizó.Quien fuera el juez del caso Pinochet expresó que Wikileaks tiene una personería jurídica propia y, por lo tanto, la acusación de ataque a la seguridad nacional se difumina.“La cuestión aquí es si se aplica la Primera Enmienda o no. Estados Unidos está argumentando el cargo de espionaje para no considerarlo como periodista o medio de comunicación”, añadió.Le puede interesar: No haga marrullerías en política: mensaje de Wilson Borja a Petro por caso WikileaksEl ministro del Interior británico, Sajid Javid, afirmó el jueves haber certificado la solicitud de Estados Unidos de extraditar al fundador de WikiLeaksacusado de espionaje, un paso burocrático que abre la vía para una batalla judicial.El departamento de justicia de Estados Unidos confirmó el martes que había presentado una solicitud formal de extradición y el ministro Javid dijo que la firmó el miércoles, certificando su tramitación.Escuche aquí la entrevista completa con Baltasar Garzón en Mañanas BLU:
“Debe ser de cumplimiento imperativo. Para los estados como miembros de Naciones Unidas. Lo que esperamos es que el sistema judicial decrete la libertad”, dijo (Lea también: Assange pide a Londres y Suecia acatar fallo de la ONU y dejarlo en libertad). En ese sentido, el exjuez manifestó que los dos países no pueden faltar al principio de lealtad institucional, desobedeciendo una orden de la ONU. Este viernes Assange dijo que Reino Unido y Suecia deben acatar el dictamen de un comité legal de la ONU que condenó calificó su detención como arbitraria (Lea también: Gobierno británico rechaza dictamen de la ONU sobre Julian Assange). "Corresponde ahora a los Estados de Suecia y el Reino Unido en su conjunto implementar el veredicto", dijo por video, en una rueda de prensa.
"Corresponde ahora a los Estados de Suecia y el Reino Unido en su conjunto implementar el veredicto", dijo por video, en una rueda de prensa que ofreció su equipo legal, en el que figura el exjuez español Baltasar Garzón (Lea también: Gobierno británico rechaza dictamen de la ONU sobre Julian Assange). "Hemos logrado una victoria significativa", estimó el fundador de Wikileaks, considerando "insultante" la reacción del ministro de Exteriores británico Philip Hammond, quien tildó de "ridículo" el dictamen del Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU. "No es una victoria moral, es una victoria legal", estimó Garzón. Un comité legal de la ONU pidió este viernes acabar con la "detención" arbitraria de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, alimentando así las esperanzas del australiano de salir después de más de tres años y medio. "Julian Assange fue detenido arbitrariamente", afirmó el grupo de trabajo de la ONU, instando a "las autoridades suecas y británicas" a poner fin a su detención y a respetar su derecho a recibir una compensación. Sin embargo, Londres insistió en que el dictamen "no cambia nada" (Lea también: Detención de Assange es ilegal: ONU). El fundador de Wikileaks, de 44 años, "nunca estuvo detenido arbitrariamente por el Reino Unido (...). De hecho, está evitando voluntariamente una detención legal al elegir permanecer en la embajada ecuatoriana", dijo un portavoz en un comunicado del Foreign Office
Una gran alerta prende la Procuraduría General de la Nación en medio del difícil contexto que se vive en el Tolima y otras zonas del país por los incendios. La entidad pidió a los alcaldes del departamento garantizar de manera continua, eficiente y oportuna el servicio de bomberos para responder ante incendios, rescates y otras emergencias.La preocupación se concentra en siete municipios del Tolima: Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica, donde todavía no estaría formalizado el convenio necesario para garantizar la atención por parte de los bomberos. La situación genera inquietud puesto que, si se presenta una emergencia, la capacidad de respuesta que tendrían hacia estas poblaciones es cuestionable.La Procuraduría advirtió que las actuales condiciones climáticas del Tolima aumentan el riesgo de incendios de cobertura vegetal y forestales, por lo que pidió a las administraciones municipales tomar medidas de manera inmediata.El panorama resulta aún más preocupante al revisar las cifras nacionales. Según el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualmente hay 21 incendios activos en cinco departamentos, mientras que otros dos incendios se encuentran controlados. El Tolima registra la mayor cantidad, con 11 incendios activos.Después del Tolima aparece Nariño, con cinco incendios activos; Valle del Cauca y Cundinamarca reportan dos cada uno, mientras Huila registra uno. Los datos muestran la presión que enfrentan las autoridades para atender las emergencias, especialmente en territorios donde el fuego puede avanzar rápidamente y afectar zonas de vegetación, viviendas o comunidades.Ante este escenario, la Procuraduría pidió a los municipios adoptar medidas administrativas, presupuestales y contractuales para garantizar el servicio bomberil. También solicitó establecer mecanismos de contingencia mientras se formalizan los convenios y anunció que continuará haciendo seguimiento a la situación, con el propósito de proteger a las comunidades y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las emergencias.
Desde la Presidencia de la República aclararon que el padre Rodolfo Londoño De La Espriella no tiene ningún parentesco ni vínculo familiar con el jefe de Estado.El pronunciamiento se da después de que el padre Londoño fuera designado como representante del Gobierno en cinco Consejos Superiores Universitarios.“La coincidencia en uno de sus apellidos no constituye relación de consanguinidad, afinidad o parentesco alguno. Por lo tanto, son falsas las versiones que han pretendido presentar esta designación como un nombramiento de un familiar del jefe de Estado”, señalan desde la Presidencia.Es importante recordar que, desde el Pacto Histórico, habían anunciado que demandarían este nombramiento, pues, según ese sector político, viola el régimen de inhabilidades por conflicto de intereses.“Esta designación no constituye un cargo remunerado. El padre Rodolfo Londoño de la Espriella no recibe salario, honorarios ni remuneración alguna por ejercer esta representación presidencial ante los Consejos Superiores Universitarios para los cuales fue designado”, explican desde el Gobierno.Por último, desde la Presidencia aseguran que este nombramiento responde exclusivamente a criterios de idoneidad y servicio.“La representación del Presidente de la República en estas instancias busca contribuir al fortalecimiento de la educación superior, promover el diálogo institucional y garantizar una interlocución responsable entre el Gobierno nacional y las comunidades universitarias”, señala el comunicado de la Presidencia.
Una vía que antes era completamente transitable puede convertirse en un tramo de riesgo después de un terremoto, debido a las grietas, barro, escombros, vehículos de emergencia y maquinaria pesada que, por ejemplo, un motociclista puede encontrar durante las labores de atención y recuperación.Por eso, quienes deban desplazarse por zonas afectadas deben verificar primero que la carretera esté habilitada y modificar su forma de conducción cuando las condiciones cambien.Precauciones para conducir moto después de un terremotoEl principal riesgo no está únicamente en los daños visibles de la carretera. Un terreno aparentemente transitable puede esconder desniveles, superficies inestables o elementos que dificulten el control de la motocicleta.Desde Movemos Colombia se plantearon varias medidas para los desplazamientos en este tipo de escenarios:Bajar la velocidad y aumentar la distancia con otros vehículos para disponer de mayor tiempo de reacción.Evitar frenadas y maniobras bruscas, especialmente al pasar por terrenos irregulares.No atravesar grietas, escombros o acumulaciones de agua cuando no sea posible determinar qué hay debajo o qué tan estable es el terreno.Mantenerse alejado de maquinaria y vehículos de emergencia y seguir las instrucciones del personal que controle la circulación.Consultar previamente el estado de la carretera y detenerse en un sitio seguro si durante el recorrido aparece un tramo bloqueado o peligroso.El equipo de protección también adquiere especial importancia. El motociclista debe utilizar casco certificado y correctamente ajustado, además de prendas que cubran brazos y piernas, calzado que proteja los tobillos y, cuando sea posible, guantes.¿Por qué las motos pueden ser importantes en una zona afectada?La motocicleta tiene una característica que puede resultar especialmente útil durante una emergencia: su capacidad para desplazarse por corredores donde otros vehículos pueden tener mayores dificultades, siempre que la vía esté habilitada y las autoridades permitan el paso.Esa función ya se ha evidenciado en municipios afectados por el terremoto. En San José, Caldas, entre 30 y 40 motociclistas participaron en una jornada de apoyo en la que llevaron mercados, agua y frazadas. También hicieron aportes económicos y promovieron el consumo en establecimientos locales.En Quibdó, jóvenes del grupo Los Bárbaros utilizaron sus motocicletas y su tiempo para colaborar con la recepción y descarga de vehículos que transportaban ayuda humanitaria.Para Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, estos vehículos pueden contribuir a mantener conectadas a las comunidades durante una emergencia, aunque el desplazamiento debe hacerse bajo condiciones seguras.“Ayudar también implica hacerlo de manera segura”, señaló García.¿Qué pasa si una vía cambia durante el recorrido?Las condiciones de una carretera pueden modificarse mientras avanzan las labores de recuperación. Por ello, encontrar un tramo que permita el paso no significa que el siguiente también esté habilitado.Si aparecen grietas, escombros, barro, personal de emergencia o maquinaria trabajando, la recomendación es reducir la velocidad y evaluar la situación antes de continuar.En caso de encontrar un sector cerrado o que represente un riesgo, no se deben utilizar caminos improvisados ni ingresar a zonas restringidas.
La ofensiva judicial contra los presuntos responsables de incendios forestales en el Tolima dejó una de sus primeras decisiones contundentes. Dos hombres fueron enviados a prisión, señalados de provocar un incendio que causó daños en cerca de seis hectáreas de vegetación y afectó la fauna silvestre en zona rural del municipio de Dolores.Se trata de Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes fueron presentados por la Fiscalía General de la Nación ante un juez penal de control de garantías, que les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto en la vereda La Guacamaya, hasta donde llegaron unidades de la Policía Nacional, luego de recibir información de la comunidad sobre un incendio que se registraba en el sector.De acuerdo con la investigación, al llegar al predio, los uniformados encontraron a los dos hombres en medio de quemas que, presuntamente, no contaban con autorización. Las autoridades establecieron que estarían avivando el fuego, mientras se realizaban actividades que habrían ocasionado daños sobre el suelo y la cobertura vegetal.La emergencia obligó a solicitar el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Dolores, cuyos integrantes lograron controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia otras zonas.La verificación realizada posteriormente permitió establecer que la conflagración afectó un área cercana a seis hectáreas de vegetación, además de generar consecuencias sobre la fauna silvestre presente en el sector.Ya habían sido requeridos por un caso similarUno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue que, según el material recopilado durante la investigación, no sería la primera vez que los dos hombres eran requeridos por una situación de este tipo.El 24 de julio, las autoridades ya los habían intervenido por una conducta similar y, en ese momento, les habían advertido sobre la prohibición de continuar realizando quemas que pudieran poner en riesgo los recursos naturales.El coronel Jhon Anderson Vargas Izao, comandante de la Policía del Tolima, había explicado que la captura fue posible gracias a la alerta entregada oportunamente por la comunidad. El oficial señaló que los uniformados llegaron al lugar junto con los organismos de atención de emergencias y encontraron a los dos hombres en medio del incendio.Durante el procedimiento también fue incautada una motosierra que, según las autoridades, habría sido utilizada en actividades de tala en el sector.Posteriormente, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de incendio y deforestación. Los procesados no aceptaron los cargos, pero el juez determinó que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.La decisión se conoce en medio de la grave emergencia que han provocado los incendios forestales en el Tolima y mientras las autoridades mantienen abiertas varias investigaciones para establecer si algunos de los focos registrados en diferentes municipios del departamento habrían sido provocados de manera intencional.El caso de Dolores se convierte así en una de las actuaciones judiciales más relevantes dentro de la respuesta institucional frente a la crisis ambiental que ha dejado miles de hectáreas afectadas en el departamento.
La objeción presidencial al proyecto de ley que busca defender el estándar de mérito en la administración pública ha desatado una fuerte controversia en el ámbito político. El senador Hernán Cadavid, del partido Centro Democrático, expresó su desconcierto y profunda sorpresa frente a los argumentos presentados por la oficina jurídica de la Presidencia para rechazar la iniciativa. Según el congresista, las objeciones del Gobierno parten de premisas distorsionadas que no corresponden al espíritu ni a la redacción final de la norma aprobada por el Congreso.El origen de la iniciativa y el rechazo a las objecionesEl proyecto, que lleva más de dos años de trabajo legislativo, nació con el propósito de poner freno a una "práctica sistemática de disminuir arbitrariamente los requisitos para acceder a cargos de alta responsabilidad". Cadavid recordó casos polémicos como el nombramiento de Ángela María Robledo en la junta de Ecopetrol o la disminución discrecional de requisitos para embajadores. Frente a los señalamientos de la secretaría jurídica de la Presidencia, el senador fue enfático en desmentir que la ley impida flexibilizar perfiles: "El secretario jurídico utilizó la palabra prohibir. No, aquí no prohibimos, aquí estamos incorporando un control para que la base de ese mérito no se vea disminuida".Explicó que si un gobierno decide reducir los requisitos de un cargo, simplemente "tiene que tener una motivación y una justificación técnica específica en esa decisión".Asimismo, Cadavid desestimó la afirmación de que el proyecto elimine la capacidad consultiva del Consejo de Estado, asegurando que "la facultad de la de consulta del Consejo de Estado, donde sus conceptos son no vinculantes, se preserva, te queda tal cual como hoy funciona".Del mismo modo, calificó de inaceptable la idea de que la norma restrinja el empleo para mujeres y jóvenes en las regiones, aclarando que el texto no tiene relación alguna con esa posibilidad.El congresista admitió que esperaba un trato diferente por parte del Gobierno Nacional dada su condición de aliados legislativos: "Yo si hubiese esperado que el trato en la comunicación frente a la objeción de un proyecto que a todas luces no interfiere el propósito de un gobierno y que es atemporal y que tiene como propósito la preservación del mérito, pues si hubiese comunicado de manera diferente".Escuche aquí la entrevista:
