El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha contratado los servicios del exjuez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EE.UU. que afronta en Cabo Verde, confirmó hoy a Efe el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro.Garzón integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental.En concreto, el exjuez, que ejerce como abogado, va a "liderar un proceso contra EEUU y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela", explicó Pinto por teléfono a Efe en Praia, la capital caboverdiana.Lea también: ¿Abelardo de la Espriella autorizó pactos con policía que avisó captura a Alex Saab?INDEMNIZACIÓN MILLONARIA POR DAÑOS DE IMAGENGarzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago "un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen" de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal.El valor de la indemnización que se planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.Garzón dirige actualmente el bufete Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.Por otro lado, el presunto testaferro, según la misma fuente, no está contento con las condiciones de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación, "bastante diferente de la dieta a la que está habituado".Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU, y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.SAAB, UN "AGENTE" DEL GOBIERNO DE VENEZUELATras la detención del presunto testaferro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos "habeas corpus" (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su "encarcelamiento ilegal", pero ambos fueron desestimados.El abogado Pinto sostiene que el empresario "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde".Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Para Baltasar Garzón, abogado de Julian Assange, el director de WikiLeaks que está siendo extraditado a Estados Unidos, no cabe duda de que las acusaciones en su contra no son más que una persecución política.Vea también: Wikipedia dice que no cederá en sus principios para entrar en China En diálogo con Mañanas BLU, Garzón dijo que la publicación de documentos sensibles, que dan cuenta de la masiva violación de los derechos humanos, es la principal razón para el proceso.“En cuanto al proceso de extradición veremos qué es lo que Estados Unidos argumenta para pedirlo en extradición. Este es un proceso que nos llevará un par de meses para que la defensa estudie la documentación que hayan enviado”, puntualizó.Quien fuera el juez del caso Pinochet expresó que Wikileaks tiene una personería jurídica propia y, por lo tanto, la acusación de ataque a la seguridad nacional se difumina.“La cuestión aquí es si se aplica la Primera Enmienda o no. Estados Unidos está argumentando el cargo de espionaje para no considerarlo como periodista o medio de comunicación”, añadió.Le puede interesar: No haga marrullerías en política: mensaje de Wilson Borja a Petro por caso WikileaksEl ministro del Interior británico, Sajid Javid, afirmó el jueves haber certificado la solicitud de Estados Unidos de extraditar al fundador de WikiLeaksacusado de espionaje, un paso burocrático que abre la vía para una batalla judicial.El departamento de justicia de Estados Unidos confirmó el martes que había presentado una solicitud formal de extradición y el ministro Javid dijo que la firmó el miércoles, certificando su tramitación.Escuche aquí la entrevista completa con Baltasar Garzón en Mañanas BLU:
“Debe ser de cumplimiento imperativo. Para los estados como miembros de Naciones Unidas. Lo que esperamos es que el sistema judicial decrete la libertad”, dijo (Lea también: Assange pide a Londres y Suecia acatar fallo de la ONU y dejarlo en libertad). En ese sentido, el exjuez manifestó que los dos países no pueden faltar al principio de lealtad institucional, desobedeciendo una orden de la ONU. Este viernes Assange dijo que Reino Unido y Suecia deben acatar el dictamen de un comité legal de la ONU que condenó calificó su detención como arbitraria (Lea también: Gobierno británico rechaza dictamen de la ONU sobre Julian Assange). "Corresponde ahora a los Estados de Suecia y el Reino Unido en su conjunto implementar el veredicto", dijo por video, en una rueda de prensa.
"Corresponde ahora a los Estados de Suecia y el Reino Unido en su conjunto implementar el veredicto", dijo por video, en una rueda de prensa que ofreció su equipo legal, en el que figura el exjuez español Baltasar Garzón (Lea también: Gobierno británico rechaza dictamen de la ONU sobre Julian Assange). "Hemos logrado una victoria significativa", estimó el fundador de Wikileaks, considerando "insultante" la reacción del ministro de Exteriores británico Philip Hammond, quien tildó de "ridículo" el dictamen del Grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la ONU. "No es una victoria moral, es una victoria legal", estimó Garzón. Un comité legal de la ONU pidió este viernes acabar con la "detención" arbitraria de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, alimentando así las esperanzas del australiano de salir después de más de tres años y medio. "Julian Assange fue detenido arbitrariamente", afirmó el grupo de trabajo de la ONU, instando a "las autoridades suecas y británicas" a poner fin a su detención y a respetar su derecho a recibir una compensación. Sin embargo, Londres insistió en que el dictamen "no cambia nada" (Lea también: Detención de Assange es ilegal: ONU). El fundador de Wikileaks, de 44 años, "nunca estuvo detenido arbitrariamente por el Reino Unido (...). De hecho, está evitando voluntariamente una detención legal al elegir permanecer en la embajada ecuatoriana", dijo un portavoz en un comunicado del Foreign Office
En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos centró su mensaje en el poder de la fe como fundamento para enfrentar las dificultades de la vida, especialmente la enfermedad. Bajo el título "Atrévete a creer", afirmó que la fe nace del conocimiento de la Palabra de Dios y animó a los oyentes a fortalecerla mediante la lectura de la Biblia. Como ejemplo, compartió el testimonio de una pareja de médicos en Ecuador que, pese a un diagnóstico prenatal desfavorable, perseveró en la oración y aseguró haber visto el nacimiento de una hija completamente sana. "La fe solo puede venir a través de una forma: por el oír, y el oír de la palabra de Dios", expresó.Durante la enseñanza, Castellanos sostuvo que la voluntad de Dios es la sanidad y señaló que la fe debe prevalecer por encima de los pronósticos médicos, sin desestimar la importancia de acudir a los profesionales de la salud. Basándose en diversos pasajes bíblicos, como la sanidad del leproso y de la mujer encorvada, afirmó que "la sangre de Cristo tiene el poder de sanar, de limpiar y de restaurar" y recordó las palabras de Jesús al hombre con lepra: "Quiero, sé limpio", como una muestra de la disposición divina para obrar en favor de quienes creen.El pastor concluyó invitando a los oyentes a perseverar en la fe y a confiar en que Dios puede transformar cualquier circunstancia. "Conforme a tu fe suceda contigo", recordó, citando las palabras de Jesús, e insistió en que la confianza en Dios permite afrontar la enfermedad, el dolor y las adversidades con esperanza.Escuche la reflexión completa aquí:
Una fuerte conflagración alarmó a los habitantes en el municipio de Galapa, concretamente en la Zona Franca Zofía.Sobre el hecho, el cuerpo de Bomberos de Barranquilla informó que logró controlar un incendio que se presentó dentro de una empresa dedicada a la fabricación de productos plásticos en ese municipio del Atlántico. El hecho solo dejó pérdidas económicas, expresaron los funcionarios.Precisamente Oben Group es la empresa ubicada en la Zona Franca Zofia, donde se presentó la conflagración al final de la tarde de este sábado, confirmó el teniente Edwin Pacheco, del cuerpo de Bomberos de Barranquilla.Dijo Pacheco que el incendió se logró controlar hacia las 9:15 de la noche gracias al trabajo mancomunado de los bomberos de Galapa, en conjunto con los de Barranquilla.“Fuimos alertados de la situación por los bomberos de Galapa, por lo que dispusimos tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Nos concentramos en salvaguardar la vida de las personas que estaban allí. A las 9:15 de la noche ya la situación estaba totalmente controlada”.Autoridades de Galapa informaron que algunos empleados de la empresa fueron trasladados a centros asistenciales por la inhalación de humo, pero por fortuna no hubo víctimas fatales que lamentar. Igualmente, las causas exactas que originaron el incendio están siendo investigadas por Bomberos Barranquilla.La empresa Oben Group se dedica a la producción de películas de polipropileno, poliéster y nylon utilizados como materia prima para diferentes sectores industriales.
Las autoridades de la capital de Antioquia refuerzan el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención durante la actual temporada de verano por la llegada del fenómeno de ‘El Niño’, luego de que en las últimas semanas se registraron varios incendios que pusieron en riesgo la cobertura vegetal, los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad de la ciudad. "Estamos experimentando una condición climática caracterizada por la reducción prolongada de las lluvias y el aumento de la temperatura en la ciudad. Es fundamental que entre todos prevengamos la ocurrencia de incendios dentro de nuestras áreas naturales y, en general, en la ciudad", señaló Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.Para reducir el riesgo de conflagraciones, el Distrito recomienda evitar la quema de basura, hojas, escombros o residuos vegetales; no hacer fogatas en zonas verdes, bosques o áreas rurales; no arrojar colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos inflamables; evitar la liberación de globos y no abandonar botellas, plásticos o vidrios en espacios naturales."No generar fogatas ni dejar colillas o elementos que puedan iniciar un incendio. Por las temperaturas y por la resequedad que tenemos, por la falta de lluvia, se pueden propagar fácilmente", indicó la funcionaria.El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) con el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín tienen previsto un plan de contingencia para abordar el fenómeno de los incendios forestales. También, las nueve estaciones de bomberos con que cuenta la ciudad monitorean e inspeccionan zonas boscosas y de ladera.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 10 presuntos integrantes de una organización narcotraficante señalada de instrumentalizar a mujeres en condición de vulnerabilidad para transportar cocaína y marihuana hacia varios destinos internacionales.De acuerdo con la investigación, la estructura criminal tenía injerencia en Medellín y en el departamento de San Andrés, desde donde coordinaba el envío de estupefacientes ocultos en el cuerpo de jóvenes reclutadas para viajar a países como España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana.Además, las pesquisas permitieron establecer que parte de la droga también era ingresada a centros penitenciarios del país y que, incluso, causando la muerte de una de las víctimas.Entre los judicializados se encuentran Carlos Gary Ruiz Taborda, conocido con el alias de 'El Mago', señalado como el presunto cabecilla de la organización; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias 'El Negro'; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias 'Margara'; María Salomé González, alias 'Salo'; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias 'Mochita'.Las autoridades establecieron que alias 'Margara' sería la encargada de ubicar y convencer a las mujeres para participar en la actividad ilícita, mientras que alias 'Salo' y alias 'Mochita' presuntamente transportaban pequeñas cantidades de droga a establecimientos carcelarios. Por su parte, alias 'El Negro' habría coordinado la adquisición de los estupefacientes y los envíos desde San Andrés hacia el exterior.Según las autoridades, permitió documentar hechos ocurridos entre 2022 y junio de 2026, y por ello un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los procesados, quienes fueron imputados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
A 24 años de la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo afirmó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado y las excusas públicas representan un paso importante para las víctimas, pero advirtió que aún persisten deudas en materia de verdad, justicia y garantías de no repetición.Durante el acto realizado en el antiguo Bellavista, en Bojayá (Chocó), la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó que el Estado no respondió de manera oportuna para proteger a la población civil en mayo de 2002, cuando era previsible el enfrentamiento entre grupos armados ilegales.Señaló también que las advertencias sobre el riesgo habían sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y otras entidades, pero las medidas adoptadas fueron tardías e insuficientes.La masacre, ocurrida en medio de los combates entre las extintas Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó más de cien víctimas mortales y provocó el desplazamiento forzado de cerca de 10.000 personas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves del conflicto armado colombiano.La Defensoría reconoció que en los últimos años se han desarrollado procesos de reparación individual y colectiva, ejercicios de memoria histórica y acciones para fortalecer las instituciones y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que todavía existen rezagos importantes para garantizar plenamente los derechos de las víctimas, especialmente en el esclarecimiento de la verdad, el acceso a la justicia y la implementación de medidas que eviten que hechos similares vuelvan a ocurrir.La entidad también alertó que las comunidades afrocolombianas e indígenas de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan enfrentando riesgos por la persistencia y transformación del conflicto armado. Según explicó, las nuevas dinámicas de violencia no solo afectan a las personas de manera individual, sino que también ponen en riesgo la vida comunitaria, los procesos organizativos y las formas de gobierno propio de estos territorios.En ese contexto, la Defensoría hizo un llamado especial tanto al Gobierno saliente como al entrante para fortalecer las oportunidades dirigidas a la niñez y la juventud. También solicitó a las alcaldías, las gobernaciones de Chocó y Antioquia y al Ministerio del Deporte trabajar de manera conjunta en planes estratégicos que contribuyan a ofrecer alternativas y prevenir riesgos como el reclutamiento de menores por grupos armados.El acto de reconocimiento contó con la participación de representantes de los ministerios de Defensa, del Interior y del Deporte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), integrantes de las Fuerzas Militares, autoridades locales, organismos internacionales y representantes diplomáticos.
