Investigadores de la Policía en Atlántico tienen en sus manos desde la madrugada de este viernes la responsabilidad de esclarecer la muerte de una mujer en el municipio de Baranoa, Atlántico, luego de que su cuerpo fuese abandonado en una trocha conocida como La Parcela, cerca del barrio Villa Carolina.La víctima fatal, según la información dada a conocer por las autoridades, fue identificada como Linda Margarita Natera González, de 34 años de edad, quien registra varios impactos de bala, uno de ellos a la altura de su ojo izquierdo.Habitantes del barrio relataron que pasada la medianoche escucharon varias detonaciones de arma de fuego, que alteraron la tranquilidad que normalmente se vive en el sector.Un equipo conformado por unidades de vigilancia, Policía Judicial (SIJIN) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta las labores investigativas que permitan esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.Asimismo, la Policía hizo un llamado a la comunidad para suministrar información que ayude a dar con los autores del hecho.Este 2026 han sido asesinadas 36 mujeres en el departamento del Atlántico, lo que mantiene en alerta a las autoridades por la preocupante cifra.
En medio del recrudecimiento de la violencia en el Atlántico, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, llegó junto a la cúpula militar al municipio de Baranoa para liderar un consejo de seguridad ante el aumento de homicidios y extorsiones en el departamento.El jefe de la cartera advirtió que la situación responde a disputas entre estructuras criminales, un fenómeno que, según dijo, se repite en otras regiones del país como Casanare y Guaviare. “Son luchas entre grupos criminales por economías ilegales, y eso es lo que está ocurriendo aquí en el Atlántico”, afirmó.El ministro señaló que en la zona delinquen principalmente bandas como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, mientras que también se ha detectado el interés de expansión del Clan del Golfo. Explicó que estas organizaciones se disputan rentas ilegales asociadas al narcotráfico, con rutas que conectan cocaína desde el Catatumbo y marihuana proveniente del Cauca.Sánchez alertó que en algunos sectores los homicidios se han duplicado, con un incremento del sicariato cercano al 33 %. Además, indicó que muchas de las víctimas son jóvenes vinculados a estas estructuras. “Quien se involucra en estos grupos criminales, la probabilidad de llegar a viejo es casi nula”, advirtió.Otro de los puntos críticos expuestos fue la extorsión, que calificó como un “dolor de cabeza”, señalando que en muchos casos se origina desde centros carcelarios y se ejecuta en territorio.Ante este panorama, anunció acciones conjuntas con el Ministerio de Justicia y el Inpec, así como el despliegue del Gaula militar y policial, con el objetivo de coordinar medidas que permitan frenar la ola de homicidios y extorsiones que marca el inicio de este año en el departamento.
Día a día se van apagando los fogones en el sector 20 de Julio del municipio de Baranoa, uno de los principales corredores gastronómicos del Atlántico, ubicado sobre la vía La Cordialidad, entre Barranquilla y Cartagena, donde más de un comerciante ha tenido que bajar indefinidamente las esteras de su negocio por temor a que algún trabajador o comensal sea atacado a tiros por el no pago de una extorsión.Los restaurantes tradicionales, desde los más grandes hasta los más pequeños, están siendo extorsionados por las bandas criminales que a diario llaman, envían mensajes de WhatsApp o visitan, con arma en mano, los negocios para exigir el pago de ‘vacunas’, a cambio de dejarles trabajar y no atentar contra la vida de sus propietarios, sus familias y empleados.Una de las víctimas, a quien le reservamos su identidad por temas de seguridad, contó que el miedo aumenta ante la poca protección que sienten por parte de las autoridades.“Si nosotros, los hacedores de chicharrón, cerramos nuestros negocios por miedo, se acaba el turismo y el sostén de cientos de familias. No queremos más reuniones, queremos patrullaje, investigaciones con respuestas claras, precisas y protección real en el sector, desde el inicio y hasta el cierre del último negocio, o un CAI móvil”.La preocupación aumenta toda vez que la semana anterior más de 20 personas fueron asesinadas en municipios del Atlántico, y dos de las víctimas son mujeres que fueron atacadas a tiros, al parecer, por parte de extorsionistas.Tal es el caso de Maribis Escobar, quien se ganaba la vida como costurera y vendiendo hielo en Baranoa, hasta que sicarios llegaron a su casa, la llamaron haciéndole creer que le comprarían una cubeta y le dispararon en la sala. Días antes, ella había sido extorsionada, contó el concejal del municipio, Wilmer Barandica.“Era una señora costurera que no tiene ningún tipo de antecedente, vivía con su familia de escasos recursos y fue asesinada sin ninguna explicación. La única que había eran unos mensajes extorsivos junto con el esposo unos días antes. Esa es la gran preocupación que hay en la familia hoy, cómo, sin escrúpulos, la asesinan. Muchos sienten que si hoy hicieron eso con ella, mañana lo seguirán haciendo con otra persona”, declaró a Blu Radio.Las víctimas, a su vez, extendieron su llamado al Ministerio del Interior y a la Dirección Nacional del Gaula para que les brinden garantías y no permitan que el miedo siga apagando los fogones de este importante corredor turístico y gastronómico.
En la sala de su casa cayó muerta Maribis del Socorro Escobar González luego de que hombres armados llegaron, llamaron su atención y le dispararon a quemarropa en varias ocasiones, antes de huir en una motocicleta con rumbo desconocido.Testigos contaron que los asesinos llegaron a la vivienda, ubicada en la urbanización La Paz del municipio de Baranoa (Atlántico), tocaron la puerta y le dijeron a la víctima que estaban interesados en comprar una de las cubetas de hielo que ella solía vender.La mujer, de 56 años, creyó en las palabras de los sicarios y quiso atenderlos: fue a la nevera, sacó el hielo y cuando se acercó a despacharles, le dispararon hasta verla muerta.El caso apenas es materia de investigación; sin embargo, no se descarta una posible extorsión entre las hipótesis de este crimen, el cual ocurre a menos de 24 horas del asesinato de una trabajadora al interior de una miscelánea del municipio de Sabanagrande.Con ambos casos se eleva a 25 el número de mujeres asesinadas este año en el Atlántico.
Lo que para muchos fue un fin de semana de celebración, para Liceth Barrios Monterrosa, de 32 años, terminó en una tragedia que hoy la mantiene luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Reina Catalina, de Baranoa.La mujer, madre de dos hijas de 13 y 4 años, fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja sentimental quien la atacó con puños y patadas causándole graves daños internos, al punto que médicos debieron extraerle el bazo para salvarla, después de haberla sometido a dos cirugías.El lamentable caso ocurrió la noche del sábado 6 de diciembre, en el barrio Santa Elena de Baranoa. Los gritos de la mujer se perdieron entre el alto volúmen de la música que escuchaban habitantes del sector. Solo horas después cuando el señalado agresor, identificado como Carlos De La Cruz Silvera, se quedó dormido, la mujer pudo salir con sus hijas a buscar ayuda.El caso ya está en manos de la fiscalía, sin embargo aún no existe una orden de detención en contra del presunto agresor, por lo que la diputada Alejandra Moreno hizo un llamado para que se agilicen los trámites y este hombre responda por el delito de tentativa de feminicidio."Esta pareja venía presentando ya violencia de género desde hace bastante tiempo, pero las rutas de atención están débiles. La policía había ido allí, pero no había resuelto en la situación. Hoy Elizabeth Barrios se encuentra bastante grave y todavía no le da orden de captura al agresor. Por eso yo le estoy pidiendo a las autoridades que generen los cargos por tentativa de feminicidio por la gravedad de los hechos", pidió la diputada. Lizeth venía siendo víctima de violencia intrafamiliar desde hace mucho tiempo. Incluso las violentas peleas con su pareja fueron motivo en más de una oportunidad de llamados a la Policía por parte sus vecinos, sin embargo, al no interponerse una denuncia oficial, no se dio una atención a la víctima.
José Antonio Pérez Herrera, de 20 años, solo llevaba tres meses trabajando en el estadero Cerdo Sabroson, en el municipio de Baranoa, cuando sicarios le dispararon en un ataque que habría sido con fines extorsivos.Desde entonces, no solo no ha podido volver a trabajar, sino tampoco a caminar, pues uno de los tres disparos que recibió se alojó en su médula espinal, lo que le causó una lesión que le impide mover sus piernas. A su drama se suman las pocas respuestas por parte de la EPS Salud Total, la cual no le entrega los insumos necesarios para la curación de sus heridas. Le puede interesar: Policía alerta por delincuentes que se hacen pasar por el ELN para extorsionar en Santander"Él necesita más bien para las heridas de las escaras. Son como parches, apósitos, los esparadrapos, las gasas. Además de pañales, pañitos húmedos, guantes, que todo eso lo que se está solicitando para hacerle las curaciones a él, ya que los enfermeros son los que se la hacen, pero no tenemos recursos para comprarlas”, indicó la madre del joven, Martha Herrera.Como si fuera poco, delincuentes contactaron a la madre del joven y bajo el pretexto de entregarle ayudas por parte de la oficina de gestión humana de una empresa, le robaron un dinero que tenía en su cuenta de Nequi destinado para los cuidados de su hijo.Martha lucha al mismo tiempo contra un cáncer de ovario, enfermedad que también le demanda otra lucha con la EPS para conseguir medicamentos.Mientras tanto, autoridades siguen sin dar con el paradero de los responsables de este ataque en el que también perdió la vida un hombre que había llegado a comprar unos chicharrones.El teléfono de contacto para quienes quieran ayudar a este joven es 3247473769.
Atemorizados siguen los habitantes del municipio de Baranoa, Atlántico, donde las balas no dejan de sonar hiriendo esta vez a otra menor de edad que hoy recibe atención médica en la clínica Reina Catalina, lo que se une a una ola de violencia que ya suma cuatro homicidios, incluyendo el de la niña Ariana Sofía Lozada.Según las autoridades, tres jóvenes manipulaban un arma que se les terminó disparando por equivocación, impactando a la menor en la parte baja de la costilla derecha. Por estos hechos, fue incautada la pistola y capturado uno de los responsables.Sin embargo, la misma percepción de peligro motivó a un consejo de seguridad extraordinario en el que el alcalde Edison Palma confirmó el aumento de pie de fuerza y el incremento en la recompensa por el caso de la pequeña Ariana que ahora pasa de 20 a 40 millones de pesos.“La Policía Nacional también ha creado un grupo especializado denominado Unipol conformado por 15 expertos en temas investigativos dedicado a todos estos casos de homicidios que han ocurrido en nuestro municipio y principalmente el de Ariana Sofía Lozada. De igual forma, queremos anunciar que se van a tomar controles en las entradas y en las salidas de nuestro municipio”, aseguró a los medios de comunicación.Los miedos también pasan por un supuesto panfleto difundido por las redes sociales en el que la banda 'Los Costeños' le atribuye dicho homicidio al Clan del Golfo, estructura de la que dicen que ya saben que ingresó a este territorio y tomarán venganza a toda costa.Así las cosas, el alcalde Palma prometió incrementar los patrullajes con presencia del Ejército, el acompañamiento a los comerciantes y la instalación de más de 18 cámaras de seguridad por la Gobernación del Atlántico.
Fueron varias las personas que se reunieron en las últimas horas en la cancha múltiple Primavera de Baranoa, Atlántico, para con camisas blancas, velas y hasta flores rendir un homenaje hacia la pequeña deportista Arianna Lozada Ruiz, por quien pidieron justicia tras su muerte derivada de un ataque que no iba para ella.El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del departamento de Policía Atlántico, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para aquellos que den información que permita encontrar a los responsables de este episodio.Desde la Gobernación hasta diferentes entes como el hospital municipal de Juan de Acosta, donde trabaja la madre de esta menor, lamentaron lo sucedido. “Los invitamos a encontrar consuelo en la unión y el apoyo mutuo. Rechazamos todo tipo de violencia y promovemos la empatía, el amor y la paz como pilares para superar la adversidad”, se escribió desde la Secretaría de Educación del Atlántico.De hecho, Melissa Oñoro, de la Colectiva Feminista de Baranoa, pidió medidas que garanticen la vida de la niñez.“Arianna perdió la vida de una manera totalmente injusta y como comunidad no podemos seguir normalizando que nuestras niñas, niños, sigan estando expuestos a la violencia. Nos duele como mujeres, nos duele como madres, como hermanas, como ciudadanos y este hecho no es aislado, es el reflejo de un municipio que lleva años enfrentando un aumento de la inseguridad y que necesita respuestas serias”, mencionó a Blu Radio.“Esta muerte es un límite que no podíamos cruzar como sociedad. Hay que actuar con celeridad en estas investigaciones y pedimos que se implementen acciones reales que puedan proteger la vida de la niñez, que devuelvan la confianza y la tranquilidad en la comunidad. Se trata de garantizar condiciones de vida digna. Abrazamos a la familia afectada en su dolor”, agregó.A la espera de saber las decisiones que se tomarán en el consejo de seguridad extraordinario convocado por el alcalde Edinson Palma, hasta el momento ya son varios los eventos de amor y amistad que se han cancelado debido a este caso que se suma a toda una ola de violencia en el municipio.Esto dijo al respecto el concejal y líder social, Wilmer Barandica: “El pueblo está triste, Baranoa está sufriendo un golpe de la delincuencia. Arianna era una buena niña, deportista, y su asesinato aumentó la preocupación por la ola de violencia que nos aborda. Hemos exigido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales mayor acción”.Arianna Lozada Ruiz era muy conocida en la población por sus habilidades tanto para la natación como para el voleibol, y cursaba sexto grado de bachillerato.
Desde las 8:00 de la mañana aproximadamente de este sábado 28 de junio se adelanta una protesta en los alrededores de una caseta de cobros en Baranoa, Atlántico, donde miembros del Comité No Más Peaje piden su desmonte y la presencia urgente del Ministerio de Transporte, alegando que sus peticiones han sido ignoradas por la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.Pese a que en el sitio hay presencia de las autoridades policiales, Daniel Consuegra, uno de los líderes de la manifestación, le dijo a Blu Radio que están dispuestos a levantar las talanqueras de manera indefinida pues este peaje no trae beneficios al municipio.“Baranoa nunca se ha beneficiado de este peaje en nada. No tenemos buenas obras, espacios de calidad, no hay nada. La caseta ha impedido el desarrollo del municipio porque, a pesar de estar en una vía estratégica como la Cordialidad, ninguna empresa quiere invertir o abrir una sucursal. Dicen que los cobros pueden incrementar los costos hasta en 50 millones de pesos mensuales”, dijo inicialmente.Consuegra sostuvo que llevan cinco meses teniendo mesas técnicas con representantes de la ANI, en las que solo presentaron 10 principales peticiones para llegar a un acuerdo. Sobre eso, dice que al momento solo se pudo implementar hasta hoy la tarifa diferencial para los residentes, de la que describe que le faltan algunos ajustes.“Entre esas 10 solicitudes queríamos establecer una tarifa diferencial para turistas con la intención de que la gente vea como un atractivo visitarnos sin pagar el peaje, atraerlos a la gastronomía de nuestro municipio, no ha sido posible”, declaró.“Este fin de semana es el Festival del Pastel en Pital de Megua, una festividad muy conocida donde mucha gente de todas partes quieren venir, y esto es un atraso para ellos. De eso depende la situación económica de varias matronas, porque acá no hay empleo. Lo que queremos es resultados y esta propuesta no la levantamos hasta que haga presencia por lo menos el Ministerio de Transporte”, agregó.La protesta inició con una marcha pacífica desde la entrada del municipio de Baranoa hasta las instalaciones de este peaje vigilado por la concesionaria Autopistas del Caribe.
El fin de semana ha sido movido en las carreteras del departamento del Atlántico debido al plan éxodo de numerosos visitantes. Sin embargo, en las últimas horas se registró una emergencia a la altura del municipio de Baranoa, donde se celebra el Festival de la Ciruela.En el kilómetro 99 de la vía Cordialidad, José Gabriel Escorcia Insignares, de 33 años, detuvo su automóvil Renault, de placas REH-593, mientras se dirigía a Barranquilla, luego de que uno de sus pasajeros comenzara a sentirse mareado.Al descender del vehículo para atenderlo, alrededor de las 4:30 de la madrugada de este domingo 23 de marzo, fue embestido por un camión NPR blanco, cuyo conductor se dio a la fuga de inmediato, dejando su cuerpo sin vida a 30 metros de su vehículo.Los acompañantes de la víctima no sufrieron heridas de gravedad, aunque el automóvil sí registró daños materiales."Los móviles del hecho son materia de investigación por parte de personal de la Sjín y Sipol, quienes están recopilando información", informaron las autoridades, confirmando que se encuentran en la búsqueda del responsable.Cabe recordar que, debido a este puente festivo, más de 140.000 vehículos se espera que transiten por las vías del Atlántico.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.