El activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, llegó este jueves a Colombia deportado de Estados Unidos tras permanecer un mes detenido por las autoridades migratorias de ese país y aseguró que continuará su labor política y de denuncia, al tiempo que renunció a solicitar asilo en territorio estadounidense."Primero que todo, la dignidad. He renunciado a cualquier posibilidad de un asilo político en los Estados Unidos", afirmó Coral a su llegada a Bogotá, donde fue recibido por la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, y la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.El activista colombiano explicó que, por ahora, no se referirá a las circunstancias de su detención porque busca garantizar la salida de su familia de Estados Unidos y evitar posibles represalias.En diálogo con Mañanas Blu, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, calificó como un hecho sin precedentes la intervención directa de altos funcionarios de los Estados Unidos en el proceso de deportación del activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral. Según el diplomático, el caso estuvo marcado por una "motivación política electoral" que desvirtuó el carácter migratorio del proceso. Una intervención "insólita" y políticaEl embajador García-Peña fue enfático al señalar la irregularidad del procedimiento. Durante el diálogo, destacó la existencia de un documento que confirmaría la presión política: “Ya la publica totalmente lo que es algo insólito... con este memorando de Rubio se ve claramente que es un evento inspirado electoralmente hablando”.Para el funcionario, que un secretario de Estado emita órdenes para un caso migratorio específico es algo que “hace nunca se ha hecho realmente”, calificándolo además como un “exabrupto” desde el punto de vista legal. García-Peña vinculó estas acciones con la campaña electoral en Colombia, sugiriendo que la detención y posterior deportación de Coral fueron utilizadas como una “cuña publicitaria” para sectores políticos afines al expresidente Trump. “No se trata de un asunto meramente migratorio, sino claramente político electoral”, sentenció el embajador, subrayando que el momento (timing) en que se dieron los hechos hace evidente esta intención.Sobre el estatus legal de Coral, el embajador explicó que el activista contaba con un proceso de asilo legítimo, respaldado por amenazas reales vinculadas al asesinato de su padre en Colombia. Sin embargo, denunció que dicho proceso fue “injustamente abortado por una decisión política desde arriba”.Ante esta situación, y siguiendo el consejo de sus abogados de la ACLU, Coral decidió desistir de su solicitud: “Él decidió desistir de su proceso de asilo y la abogada negoció con el fiscal federal para que le dieran ya la orden final de deportación”El diplomático defendió el trato especial dado por el gobierno de Gustavo Petro al recibirlo, argumentando que “Beto Coral es un caso especial, distinto que demuestra que el trato que se le tuvo que dar correspondió precisamente a esa situación extraordinaria”. Escuche aquí la entrevista:
El robo de carros en Bogotá deja cifras importantes en la capital, pues entre enero y junio se registraron 1.438 hurtos de automóviles, frente a los 1.604 contabilizados en el mismo periodo de 2025, una reducción de 10,3 %. Además, entre el 1 de enero y el 13 de julio fueron reportados 1.424 carros hurtados y 2.068 motocicletas, para un total de 3.492 vehículos afectados.El comportamiento del delito tampoco es uniforme en la ciudad. Hay localidades que concentran una parte importante de los reportes y, dentro de los vehículos afectados, aparecen determinadas referencias que son señaladas con mayor frecuencia en los registros conocidos.¿Cuáles son los carros que más roban en Bogotá?Los reportes diferencian entre camionetas y SUV de mayor valor comercial y automóviles particulares con una alta circulación en las calles de la capital.El orden no dice nada sobre si la frecuencia de robo:Toyota FortunerToyota TXLMazda CX-5Mazda CX-30Kia PicantoChevrolet SparkFord ExplorerKia Sportage LX¿Por qué estos carros son los favoritos de los ladrones?El interés de los delincuentes por determinados vehículos no estaría relacionado únicamente con el precio del automóvil completo. Una de las principales razones está en el valor que pueden alcanzar sus piezas una vez el vehículo es desarmado y comercializado de manera ilegal.La lógica detrás de la selección de los modelos puede estar relacionada con varios factores del mercado de repuestos. Los vehículos con una presencia amplia en las calles tienen una mayor cantidad de propietarios que necesitan piezas para reparaciones, lo que genera una demanda constante.También influye el precio de determinados componentes. En camionetas y SUV, elementos como faros, defensas, parrillas y otras piezas de carrocería pueden tener valores elevados en el mercado formal. Esto puede hacer rentable su comercialización ilegal incluso cuando el vehículo completo no sea uno de los más vendidos.Otro elemento es la presencia de determinados modelos en actividades comerciales. Los vehículos utilizados de manera frecuente para trabajo, transporte o servicios empresariales pueden generar una demanda permanente de repuestos, debido a que deben mantenerse en circulación y requieren reparaciones.A esto se suma la dificultad para identificar individualmente algunas piezas cuando son separadas del vehículo. Una vez desmontados los componentes, su trazabilidad puede resultar más compleja que la del automóvil completo.¿Dónde roban más carros en Bogotá?Kennedy concentra la mayor cantidad de hurtos de automóviles, con 248 casos durante el periodo analizado. Engativá aparece en segundo lugar, con 174 reportes, mientras que Suba registra 123.Las localidades que encabezan los registros son:Kennedy: 248 casos.Engativá: 174.Suba: 123.Puente Aranda: 108.Ciudad Bolívar: 107.En contraste, La Candelaria registra tres casos, Santa Fe suma 20, Chapinero 27, Antonio Nariño 29 y Usme 40.¿Cuántos carros roban cada día en Bogotá?Los datos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 13 de julio permiten establecer un promedio cercano a siete automóviles hurtados diariamente en la capital.La cifra fue utilizada por la concejala Tata Hernández para advertir sobre el impacto que tiene el delito en los propietarios. En total, durante esos poco más de seis meses fueron reportados 1.424 carros y 2.068 motocicletas hurtadas.En el caso de las motos también hubo una reducción frente al año anterior: los registros pasaron de 2.184 a 2.057 casos, equivalente a una disminución de 5,8 %.
El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, deja hasta ahora 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas, de acuerdo con el nuevo balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.El reporte, con corte a las 6:30 de la mañana de este 18 de agosto, señala que 356 personas han sido rescatadas desde que ocurrió el movimiento telúrico, que provocó afectaciones en amplias zonas del país.La emergencia ya se extiende a 15 departamentos y 472 municipios, donde se contabilizan 123.789 familias afectadas, equivalentes a 292.043 personas. Uno de los impactos más fuertes se concentra en la infraestructura habitacional. Según el consolidado, 134.342 viviendas presentan algún tipo de avería, mientras que 29.554 quedaron destruidas. Además, se reportan daños en 5.808 edificios, de los cuales 267 colapsaron.El terremoto también golpeó de manera significativa la prestación de servicios esenciales. La UNGRD reporta 303 centros de salud afectados, mientras que 3.443 centros educativos presentan daños. A esta cifra se suman 3.905 centros comunitarios afectados, fundamentales para la atención y organización de las comunidades durante la emergencia.Las dificultades también se trasladaron a la infraestructura vial y de servicios públicos. En total, 413 vías resultaron afectadas, al igual que 86 acueductos. También se registran daños en 49 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos.El impacto de la emergencia también alcanza a los animales. El reporte oficial contabiliza 1.323 animales afectados y 496 rescatados durante las labores adelantadas en las zonas damnificadas. Mientras continúan las labores de recuperación, las autoridades mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica posterior al terremoto. Con corte a la 1:30 de la tarde del 17 de agosto, se habían registrado 332 sismos posteriores al evento principal, 21 de ellos con magnitud superior a 3,0 y dos por encima de 4,0.El movimiento más fuerte de esta secuencia alcanzó una magnitud de 4,8, mientras que las profundidades de los sismos han llegado hasta los 118,4 kilómetros.La UNGRD señala que las cifras son preliminares y continúan en proceso de consolidación con la información suministrada por los entes territoriales y las entidades operativas. Entretanto, la atención se concentra en las familias damnificadas y en la recuperación de viviendas, hospitales, colegios, vías y servicios básicos que resultaron afectados por el terremoto.
La Procuraduría abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de la Secretaría de Educación de Girón, Santander, y de la Institución Educativa Miguel Sánchez Hinestroza incurrieron en posibles irregularidades durante el proceso de recaudo, inscripción y pago de los derechos correspondientes a las Pruebas Saber 11.La actuación busca determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad el trámite de inscripción de los estudiantes y por qué el procedimiento no se habría completado dentro de los plazos establecidos. La situación habría provocado que más de 38 alumnos del plantel tuvieran que presentar el examen de Estado de manera extemporánea.De acuerdo con la información conocida por el Ministerio Público, los estudiantes estaban previstos para presentar las pruebas el 26 de julio de 2026. Sin embargo, las presuntas fallas en el proceso administrativo habrían obligado al rector de la institución a realizar gestiones ante el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) con el propósito de garantizar que los alumnos pudieran presentar la evaluación. La indagación fue iniciada de oficio luego de que la Procuraduría conociera una publicación periodística que alertó sobre la situación registrada en la institución educativa, ubicada en la vereda Acapulco, en jurisdicción de Girón.Ahora, el objetivo de la investigación preliminar es establecer qué ocurrió durante el proceso, identificar a los funcionarios que participaron en cada una de las etapas y determinar si existió alguna omisión o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el recaudo y la inscripción de los estudiantes.Para esclarecer los hechos, el Ministerio Público ordenó recopilar diferentes documentos y soportes. Entre las pruebas solicitadas se encuentran registros de inscripción, información financiera, comprobantes de pago, informes administrativos y documentación relacionada con las actuaciones adelantadas tanto por la institución educativa como por las autoridades responsables del proceso.La indagación se encuentra en una etapa preliminar, por lo que aún no se han establecido responsabilidades individuales ni se ha determinado la existencia de una falta disciplinaria. La Procuraduría deberá analizar la documentación y demás elementos de prueba para establecer qué sucedió y si hay funcionarios que deban responder por las presuntas irregularidades.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto sin recurrir a un aumento de impuestos, pese a la presión que enfrenta el país por los daños ocasionados por la emergencia, aseguró Julián Buitrago, nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en entrevista con Mañanas Blu.El funcionario explicó que existen diferentes mecanismos para conseguir recursos adicionales y acelerar la ejecución de los que ya están disponibles. Entre las alternativas mencionó combatir la evasión, mejorar la eficiencia del gasto público y destrabar recursos de regalías que actualmente permanecen sin ejecutar.Buitrago sostuvo que la emergencia obliga a buscar mecanismos distintos para conseguir los recursos necesarios.¿De dónde saldrían los recursos para la reconstrucción?Buitrago señaló que una de las fuentes que el Gobierno busca aprovechar son los recursos del sistema general de regalías. Según explicó, actualmente existen $16 billones congelados, por lo que una de sus prioridades será revisar cómo agilizar la aprobación de proyectos para permitir que ese dinero llegue a las regiones.“Tenemos congeladas en regalías 16 billones de pesos”, afirmó el nuevo director del DNP durante la entrevista.El funcionario aseguró que conoce el funcionamiento de estos procesos porque anteriormente estuvo vinculado al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), instancia relacionada con la aprobación de proyectos financiados con regalías.Buitrago cuestionó que existan recursos disponibles mientras los trámites para ejecutar proyectos pueden tardar y planteó que se debe hacer más eficiente ese procedimiento. “Si tenemos recursos congelados, están ahí en las cuentas de las fiducias, pues no tiene ningún sentido que apretemos más a los colombianos”.¿Qué otras medidas plantea el Gobierno para conseguir recursos?El director de Planeación Nacional también mencionó la necesidad de combatir la evasión y hacer más eficiente el gasto público como mecanismos para aumentar la disponibilidad de recursos sin crear nuevos impuestos.A esto se suma la posibilidad de utilizar herramientas que permitan atraer inversión privada y extranjera. Buitrago explicó que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo deberá contemplar mecanismos para que los recursos públicos disponibles puedan servir para apalancar proyectos de reconstrucción.El funcionario señaló que el Gobierno estudia herramientas como beneficios tributarios para inversionistas extranjeros, con el objetivo de incentivar la llegada de capital destinado a proyectos de inversión.¿Por qué la reconstrucción enfrenta dificultades de financiación?Buitrago reconoció que el panorama fiscal del país representa uno de los principales retos para la reconstrucción. Según explicó, el Gobierno recibió un margen de endeudamiento que, de acuerdo con sus cálculos, es mucho menor al que normalmente tendría una administración al comenzar su periodo.Además, advirtió que la emergencia también afecta las finanzas de los municipios. Puso como ejemplo a Pereira, donde los ingresos propios dependen principalmente del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio, tributos que podrían disminuir como consecuencia de la tragedia.El problema, según explicó, se amplía al considerar los municipios afectados por el terremoto, por lo que el Gobierno deberá buscar mecanismos para realizar inversiones incluso con recursos fiscales limitados.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Los colombianos afectados por el terremoto que sacudió al país el pasado lunes podrían retirar parcialmente sus cesantías si las destinan a la reparación de su vivienda o a la compra de una vivienda nueva, indicó el Ministerio del Trabajo en una circular dirigida a las empresas del país.La posibilidad de retirar las cesantías para realizar mejoras a la viviendas ya está contemplada por ley, por lo que la circular no está creando una nueva causal de retiro y las empresas continúan obligadas a verificar con soportes que las cesantías han sido utilizadas para el propósito con el cual fueron retiradas.El gobierno también le recomendó a las compañías ser más flexibles con sus empleados por estos días. Por ejemplo, considerar no ser tan estrictos a la hora de sancionar retardos y ausencias así como evaluar opciones en materia de flexibilidad que incluyen el teletrabajo, el horario flexible e incluso el otorgamiento de licencias no remuneradas cuando finalice la licencia obligatoria por calamidad doméstica. Otra de las opciones que los empleadores pueden considerar, y que no es obligatoria, es negociar con sus equipos, el adelanto de vacaciones y de la prima de navidad. También se invitó a las compañías a entregar auxilios extraordinarios ¿Cómo muestra la solidaridad empresarial en áreas como la alimentación, el alojamiento, la reparación de vivienda, hola entregada de préstamos blandos.Las compañías no están obligadas a incluir esta clase de auxilios extralegales dentro de las prestaciones salariales a las que tienen derecho los trabajadores.Las compañías también están invitadas, dice el gobierno, a formar parte de las redes de solidaridad y voluntariado que se han creado en todo el país para ayudar a las víctimas del terremoto.Finalmente, el Ministerio del Trabajo le recordó a las compañías que la ocurrencia del terremoto no autoriza por sí misma terminar los contratos de trabajo, debe existir una valoración concreta del caso de una empresa en el que quede demostrado si existe una imposibilidad material de seguir operando. El llamado es también a atender las indicaciones de las autoridades y no fomentar que los trabajadores entren a instalaciones que no sean seguras para ellos.