Hay avances para la renovación y puesta en marcha del complejo hospitalario San Juan de Dios, que en este momento se encuentra en reconstrucción en Bogotá. El Instituto Nacional de Salud confirmó que el Instituto Nacional de Cancerología logró la modificación del plan especial de manejo y protección para fortalecer la atención de pacientes oncológicos en Colombia. A través de un comunicado aseguraron que esto se dio después de un análisis técnico de concertación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Cultura.“La formalización de la propiedad de los predios del parqueadero del Instituto Materno Infantil que habían sido comprados por el Instituto hace más de 20 años, así como el PEMP vigente, había limitado durante años las posibilidades de expansión física del INC. Estas situaciones representaban un obstáculo para la construcción de infraestructura de un edificio ambulatorio al moderna que respondiera a las necesidades de los pacientes", concluye el documento.Y es que dentro de los acuerdos que se llegaron para esta actualización, se destaca en que se debe mantener el patrimonio histórico del país, así como lo es complejo hospitalario Juan de Dios, pero asimismo, se logró el acuerdo de desarrollar nuevas áreas de atención médica, aumento en la capacidad de tratamiento Y diagnóstico oncológico, fortalecer los programas de investigación y prevención contra el cáncer y desarrollar un programa con el que se brinde una mejor experiencia a los pacientes que acuden a este complejo hospitalario.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Corte Suprema de Justicia tomó las primeras decisiones tras las denuncias del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien aseguró que un grupo de 26 congresistas habrían intentado incidir en nombramientos dentro de la entidad, mientras estuvo en el cargo.En un auto, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, resolvió finalmente inhibirse de abrir investigación formal contra los 26 congresistas y excongresistas mencionados en el expediente, al concluir que, tras la práctica de pruebas, no se configuraban los elementos del delito de tráfico de influencias.Según el alto tribunal, aunque varios de los parlamentarios presentaron hojas de vida o recomendaron personas para cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no se acreditó que hubieran utilizado indebidamente su investidura para obtener un beneficio personal o ilícito. La Corte subrayó que el simple acto de trasladar una recomendación no constituye, por sí mismo, un delito, si no va acompañado de un abuso real y probado del poder derivado del cargo.Sin embargo, el panorama es distinto para Roy Barreras, el senador Jairo Castellanos y la representante Gloria Arizabaleta, teniendo en cuenta que frente a su caso, la Corte decidió continuar la investigación para establecer si existió o no un uso indebido de influencias derivadas del ejercicio de sus cargos en el Congreso de la República.En el caso concreto de Roy Barreras, la Corte Suprema examinó declaraciones, registros de comunicaciones y listados internos elaborados durante la dirección de Reyes en la Dian, en los que se documentaban recomendaciones de aspirantes a cargos. Con esto, el alto tribunal busca determinar si, más allá de la sugerencia de nombres, hubo presión o instrumentalización de la función pública.La Corte Suprema también resolvió compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro y a Gilberto Rondón, teniendo en cuenta que en estos dos casos no tiene competencia para pronunciarse de fondo.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
Las autoridades en Antioquia propinaron un duro golpe al microtráfico tras la incautación de un abundante cargamento de marihuana que posiblemente sería comercializado en la ciudad de Medellín.Se trata de 5.2 toneladas de esta sustancia psicoactiva que fue identificada por agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en vías del Suroeste del departamento, en jurisdicción del municipio de La Pintada.Según reveló el general William Rincón, director general de la Policía Nacional, los paquetes de marihuana eran transportados en un furgón con placas falsas que había sido reportado como robado desde el año 2016 en el municipio de Miranda, Cauca. Las indagaciones permitieron determinar que el vehículo había iniciado su ruta desde este mismo departamento.“Este resultado operacional evita que miles de dosis lleguen a las calles, debilitando las economías ilícitas que financian el crimen organizado”, destacó en su cuenta de X el uniformado.Mientras que las autoridades investigan sobre la procedencia y pertenencia del material incautado, los ocupantes del vehículo quedaron a disposición de las entidades judiciales.
