“Contratista que no termina, contratista que se va”, con esta contundente frase el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, envió un fuerte mensaje a las empresas encargadas de las obras en los hospitales de Málaga, San Gil y San Andrés, en el departamento de Santander.Durante una intervención pública, el jefe de la cartera de Salud expresó su inconformidad por los retrasos que se vienen presentando en estas infraestructuras, fundamentales para el sistema hospitalario regional.“Málaga no termina, contratista que se va. San Andrés no termina, se va. Y todos ya están con Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Desde el principio”, advirtió el ministro, señalando que los entes de control están al tanto de la situación.El funcionario denunció que algunos contratistas están buscando excusas para justificar los incumplimientos, alegando presuntas presiones locales o vínculos regionales.“Ahora fueron a decir que porque son para la zona... que entonces yo, familiares de este... Yo no conocía a esos individuos ni me interesa conocerlos. Además, los demandé”, agregó con firmeza.Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de creciente preocupación por el estado de la infraestructura hospitalaria en Santander, donde varias obras clave presentan retrasos que afectan directamente la prestación de servicios de salud.El ministro hizo un llamado a la eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos públicos, y reiteró que el Gobierno Nacional no tolerará demoras injustificadas ni actuaciones irregulares por parte de los contratistas.“Aquí se vienen a hacer las cosas bien o no se hacen”, concluyó.
Este jueves, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negó a Bogotá la solicitud presentada en septiembre de 2024 para continuar con el actual modelo de disposición de basuras, el cual caduca en febrero de 2026. Según la CRA, la documentación entregada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) no demuestra con suficiente evidencia la necesidad de mantener dicho esquema.Ante esta decisión, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó respeto por la resolución de la CRA, pero aseguró que el Distrito acudirá a instancias superiores para insistir en la aprobación del modelo actual.“En Bogotá, por sus características, es mejor el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE). La ciudad necesita avanzar, y haremos lo necesario para mantener ese sistema. Buscaremos las vías administrativas para presentar los recursos de reposición”, afirmó el mandatario.Galán también aseguró que, independientemente del resultado de esta discusión con la CRA, el servicio de recolección de basuras estará garantizado en la capital una vez finalice la licencia vigente, en febrero de 2026.¿Qué son las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE)?Las ASE son zonas delimitadas en Bogotá en las que solo las empresas adjudicatarias, mediante contrato con el Distrito Capital, pueden ofrecer y prestar el servicio público de aseo por un período de hasta ocho años. Estas compañías están obligadas a ampliar la cobertura para todos los usuarios, incluidos los de menores ingresos, y a cumplir con los niveles de calidad establecidos en los contratos.Actualmente, la ciudad está dividida en cinco ASE, cada una operada por una empresa diferente: Bogotá Limpia, Promoambiental, Ciudad Limpia, Área Limpia y LIME. Además, en el esquema participa un número considerable de recicladores.Críticas al modelo actualUna de las principales críticas al esquema ASE está relacionada con la definición de “áreas limpias” contenida en los contratos. Esta definición, limitada en su alcance, solo obliga a las empresas a garantizar una logística con frecuencias establecidas para recoger los residuos domiciliarios y transportarlos al relleno sanitario Doña Juana.Como consecuencia, al no incluir otros puntos de disposición ni tipos de residuos —como los conocidos como “residuos mixtos” (basura combinada con escombros)—, hay zonas donde los regueros son frecuentes, y su atención queda a cargo del Distrito.Para dimensionar el problema, la ciudad debe destinar cerca de $25.000 millones anuales para limpiar estos regueros.Frente a esto, Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP, indicó que la nueva licitación incluirá servicios adicionales para la recolección de otros residuos, así como la disposición final de muebles y escombros, elementos que actualmente no están contemplados en los contratos vigentes.
La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, en articulación con las autoridades policiales, desplegó un operativo de reacción inmediata con el fin de identificar y ubicar al sujeto que, en la mañana de este jueves, habría abordado a varias menores de edad en las cercanías del colegio Camilo Torres.La denuncia inicial fue atendida con apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes junto a las directivas del plantel educativo y la comunidad educativa, están brindando acompañamiento para que las estudiantes y sus padres interpongan las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.Como parte de la estrategia de respuesta, se hace un llamado urgente a la comunidad del sector para que suministre cualquier tipo de información que facilite la identificación del responsable, incluyendo grabaciones o videos de cámaras de seguridad. Los ciudadanos pueden comunicarse de forma directa y confidencial a la línea 123 de la Policía Nacional.Desde la Secretaría de las Mujeres y la Inclusión Social se reiteró la importancia de construir redes de apoyo comunitarias que velen por la protección de los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, se invita a los adultos responsables a reportar de manera oportuna cualquier conducta sospechosa a los cuadrantes de la Policía Nacional o directamente a la Policía de Infancia y Adolescencia.“No vamos a permitir que este tipo de hechos queden impunes. Nuestro compromiso es claro: proteger a la niñez de Barrancabermeja y actuar con todo el peso institucional ante cualquier amenaza”, afirmó Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad de Barrancabermeja.La Alcaldía de Barrancabermeja reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa y continuará trabajando articuladamente con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia
Controversia generó la proposición añadida al proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado y que establece que los presos que trabajen durante su tiempo en la cárcel podrán reconocer el tiempo trabajado como experiencia laboral previamente certificada y, además, podrán recibir una reducción de dos días de pena por cada tres días trabajados.El senador Gustavo Moreno defendió con firmeza su propuesta. Según explicó en Mañanas Blu, el objetivo no es "sacar presos", sino incentivar el trabajo y la resocialización dentro de los centros penitenciarios del país.Moreno aseguró que la medida hace parte de una política más amplia aprobada recientemente por el Congreso: la ley de cárceles productivas, sancionada hace un mes por el presidente de la República. Esta legislación busca que las prisiones dejen de ser centros de ocio y pasen a convertirse en espacios de formación laboral, producción y reintegración."Hoy, un privado de la libertad se levanta, desayuna y queda libre todo el día dentro del centro carcelario. ¿A qué se dedica? A seguir delinquiendo", afirmó el congresista, quien insiste en que el ocio es una de las principales causas del alto índice de delitos como la extorsión desde las cárceles.Moreno enfatizó que no se trata de una liberación masiva de delincuentes ni de un beneficio excesivo: “Lo que estamos haciendo es aumentar medio día de redención por cada ciclo de tres días de trabajo. No es un mico, ni es un perdón disfrazado”.Si un interno trabajara de manera continua durante todo un año, podría descontar hasta 121 días de su condena, es decir, aproximadamente un tercio del año. Así las cosas, alguien que trabaje cuatro años podría reducir un año completo de prisión.Uno de los puntos clave de la propuesta es que el trabajo carcelario sea certificado como experiencia laboral válida. Para esto, el Ministerio de Trabajo será la entidad encargada de determinar qué tipos de actividades serán válidas para otorgar el beneficio, y de emitir la respectiva certificación, en coordinación con el Inpec y el sistema penitenciario.Entre los oficios contemplados estarían los relacionados con confección, calzado y manufactura básica, actividades que ya han comenzado a implementarse con apoyo de algunas empresas privadas como parte de la ley de cárceles productivas.¿A quiénes aplica y cómo se controla?Frente a las preocupaciones por la aplicabilidad del beneficio a condenados por delitos graves, el senador Moreno evitó dar una respuesta categórica. No mencionó si habría exclusiones por tipo de delito, como ocurre en países como El Salvador, donde personas condenadas por homicidio o secuestro no pueden acceder a este tipo de redenciones.Tampoco detalló quién sería el encargado de verificar que el interno efectivamente esté trabajando de forma constante y real. “No se puede obligar a un preso a trabajar, pero sí se puede incentivar con beneficios reales”, añadió.Moreno sostuvo que su iniciativa se inspira en experiencias internacionales. Mencionó casos de cárceles en Estados Unidos y América Latina donde los internos participan en industrias penitenciarias como la automotriz. También hizo referencia al modelo salvadoreño de “cero ocio”, que busca mantener ocupados a los reclusos para evitar que sigan delinquiendo.
Luego de 48 horas desde que fue reportada su desaparición en el municipio de Sabaneta, la zozobra terminó para la familia de un bebé de 10 meses, tras un operativo del Gaula Metropolitano que logró su ubicación en la capital antioqueña.El menor de edad había sido arrebatado de su madre mediante engaños, según relató esta a las autoridades, cuando una mujer que conoció por redes sociales y le comentaba las publicaciones de su hijo, se ganó su confianza, le pidió conocerlo y le narró que le recordaba a su hijo fallecido. En dos ocasiones más la desconocida salió con bebé sin supervisión, antes de materializar el rapto.Según la Policía Metropolitana, tras adelantar labores de campo e inteligencia el 9 de junio lograron la localización del infante en un hospital del centro de Medellín, donde se encontraba hospitalizado. Esto luego de que el personal de salud evidenciara irregularidades en su registro y alertara a las autoridades, por lo que allí fueron capturados una mujer de 22 años y un hombre de 28 personas, que al parecer se hacían pasar por los padres del menor.El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, narró que esta misma mujer ya registraba un grave antecedente con otro menor, que ahora está bajo el cuidado de las autoridades."En el desarrollo de la investigación, se pudo establecer que la capturada, meses atrás, simuló estar embarazada para engañar a su pareja sentimental, con quien no convivía permanentemente, y logró que una pareja de extranjeros le entregaran un neonato, del cual no pretendían hacerse cargo. Este bebé fue registrado por ella, haciéndose pasar como su verdadera madre. Días después, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le quitó la custodia al menor por las inconsistencias en el procedimiento del registro, el cual fue anulado", detalló el comandante.Castaño explicó que la señalada, para sostener la mentira ante su pareja, decidió secuestrar a este bebé de 10 meses. "A raíz de esta situación, y para poder sostener la mentira ante su pareja, tomó la decisión de secuestrar a otro menor de edad, engañando a su verdadera progenitora", apuntó.Por lo pronto, el menor de edad quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y continúa recibiendo atención médica y acompañamiento especializado en el hospital San Vicente Fundación.Luego de las audiencias preliminares un juez ordenó medida privativa de la libertad para la mujer, por el delito de secuestro simple quien, según la investigación de las autoridades, fue la responsable del hecho.
