La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requirió al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia información sobre las decisiones relacionadas con el retiro, traslado o modificación de piezas y contenidos museográficos asociados con el conflicto armado, la desaparición forzada y la memoria de las víctimas.La decisión quedó consignada en el Auto SAR AT 864 de 2026, emitido por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, bajo la sustentación del magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez.La JEP busca establecer si la modificación o supresión de la exhibición pública de estos elementos pudo comprometer los derechos a la verdad, la memoria, la reparación simbólica y las garantías de no repetición de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares.La decisión establece dos requerimientos con plazos distintos. El primero es un informe ejecutivo preliminar, que deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del auto.Este documento debe incluir un número provisional de las piezas, objetos, reproducciones, paneles y textos que fueron retirados, sustituidos, ocultados o reubicados; las fechas y salas afectadas; las personas y dependencias que autorizaron o ejecutaron las intervenciones, y la ubicación y custodia actual de los elementos.El segundo informe deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión, y cada entidad tendrá que responder de manera individual, completa y verificable a los requerimientos de la JEP.Entre otros aspectos, deberá aportar la relación de cada pieza intervenida, los registros de inventario y movimiento, las fotografías anteriores y posteriores, los conceptos técnicos y jurídicos, las comunicaciones institucionales y los documentos que sustenten las decisiones.También deberá identificar los elementos que incluyan nombres, fotografías, testimonios, objetos personales o relatos de personas desaparecidas, sus familiares y organizaciones de víctimas.Además, tendrá que informar si hubo diálogo previo con las comunidades y los aportantes de las piezas, así como las condiciones actuales de conservación y las alternativas de acceso o reincorporación que se hayan evaluado.En el auto, la Sección señala que las decisiones museográficas pueden responder a criterios legítimos de conservación, investigación y curaduría. Sin embargo, advierte que, cuando involucran testimonios y objetos de víctimas, deben estar respaldadas por documentación suficiente, criterios verificables y garantías para la protección de sus derechos.Por eso, el tribunal busca determinar si los cambios obedecieron a razones técnicas debidamente sustentadas o si pudieron afectar el deber de memoria del Estado y la prohibición constitucional de censura.Cabe destacar que el auto emitido por el tribunal se adelanta sin modificar ni revisar las medidas provisionales que, según el documento, había adoptado el Juzgado 24 de Familia de Bogotá el 19 de octubre para preservar las piezas retiradas y sus registros asociados.
Crece la polémica a nivel nacional tras el retiro de varias imágenes del Museo Nacional, en Bogotá, por petición del Ministerio de Cultura, entre esas, las de Carlos Pizarro y varios objetos personales que posaban en este recinto tras un mandato directo del presidente Abelardo De La Espriella porque “promovía el terrorismo”.“A mí me parece que la apología al terrorismo es cuando ves en campaña a Abelardo De La Espriella diciendo que él sí habría sido un paramilitar de verdad. Eso es apología al terrorismo, no reivindicar a quienes firmaron la paz y a quienes le abrieron una opción de paz a Colombia (…) La persona que había allanado ese camino, que en ese momento era Carlos Pizarro, fue asesinado 48 días después de firmar la paz, sí, siendo candidato presidencial”, criticó María José Pizarro, en diálogo con Recap de Blu Radio, cuestionando la expresión a “la historia del país”.Según explicó, el sombrero de Carlos Pizarro fue utilizado como símbolo de paz y hace parte de la memoria de un proceso político que transformó la historia contemporánea colombiana. Pizarro expresó preocupación por su seguridad y la de sus familiares, al recordar el asesinato de su padre, antiguo comandante del M-19 y candidato presidencial, ocurrido en 1990, después de la firma de un acuerdo de paz.“Vuelvo y repito, ¿qué es lo que van a seguir haciendo? Porque es que, vuelvo y te repito, para mí apología al terrorismo es caminar entre los cadáveres. (…) Mira, yo me fui al exilio muchos años, regresé hace 16 años a este país y con el compromiso de contribuir a la democracia, a la construcción de paz y a la reconciliación de Colombia. Voy, ¿puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre? Por defender mis ideas, por defender mis principios, por defender la memoria de mi padre”, puntualizó.Pizarro anunció su participación en un plantón frente al Museo Nacional para rechazar las decisiones relacionadas con la exposición. Además, afirmó que la imagen de su padre continuará circulando en las calles y en las redes sociales. También insistió en que Colombia necesita fortalecer sus espacios de memoria y avanzar en el esclarecimiento del asesinato de su padre.“Porque es a mí a la que le han dado la orden de desaparecer junto a la memoria y a la figura de mi padre. ¿Quiénes son los que tienen que— quiénes son los terroristas? ¿Los miles de personas que salieron a la calle a movilizarse el pasado miércoles? ¿Esos son los terroristas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué viene justo después de la decisión que ha tomado?”, añadió.
El presidente Abelardo De La Espriella visitó este jueves en la mañana los ministerios de cultura, hacienda e interior. Durante su visita al ministerio de cultura dio algunas instrucciones a la ministra, Paola Holguín.“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro, y demás terroristas, sean desaparecidos de todos los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que vinimos a enfrentar, no acepto la apología al terrorismo”, dijo De La Espriella.En el gobierno anterior el expresidente Gustavo Petro tuvo un tiempo en la Casa de Nariño el sombrero de Carlos Pizarro, exlider del M-19.En el mismo sentido señaló que esa cartera debe volver a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es importante recordar que durante el gobierno anterior esa cartera cambió su nombre al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes.“Quiero ser claro en esto, vamos a acometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar y la identidad nacional. Por eso es tan importante que este ministerio se llame como debe ser: Cultura y Patrimonio”, agregó De La Espriella.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, y lo vinculó como presunto coautor del asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990.La Fiscalía le atribuye, en calidad de presunto coautor, el delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir, dentro de la investigación por el crimen del excomandante del M-19 y candidato presidencial. De acuerdo con el ente investigador, la actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos y una eventual articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares comandadas por Carlos y Fidel Castaño.Según la Fiscalía, estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado perpetrado el 26 de abril de 1990 y el posterior encubrimiento de quienes serían los responsables del asesinato en un avión que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla.No obstante, pese a resolver la situación jurídica del exdirector del DAS, la Fiscalía determinó no imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad.La decisión obedeció a que, se tuvieron en cuenta la avanzada edad de Maza Márquez y su estado de salud.
El reciente asesinato del senador Miguel Uribe ha conmocionado al país, generando una ola de condena y preocupación. Entre las voces que se alzan para denunciar este magnicidio se encuentran las de María del Mar Pizarro y Juan Manuel Galán, hijos de líderes políticos también asesinados en Colombia, quienes, desde su propia experiencia con la violencia, han hecho un llamado urgente a la reflexión y a la acción para detener el ciclo de agresiones políticas que ha marcado la historia nacional.María del Mar Pizarro, hija del excomandante del M-19 y candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, asesinado en 1990, expresó su profunda tristeza por lo ocurrido. Describió el día como "muy negro para la historia de Colombia" y compartió su conmoción por la situación de la familia de Uribe, reviviendo el dolor que marcó a la suya. Pizarro, quien tuvo la oportunidad de trabajar con Miguel Uribe, destacó su profesionalismo y talante de "caballero" a pesar de las diferencias políticas.La representante Pizarro encontró "muchas similaridades" en el modus operandi del asesinato de Miguel Uribe con los magnicidios de los años 90, refiriéndose específicamente al de Bernardo Jaramillo Ossa, que también involucró a un sicario muy joven. Subrayó que el uso de un "niño" de 15 o 16 años como "carne de cañón" es exactamente el mismo modus operandi. Además, criticó la aparente falta de protección y la agresión al sicario, que era el principal testigo.Para Pizarro, la raíz del problema es "estructural" y busca "desestabilizar el país" para beneficiar el mercado de la cocaína. Insistió en la necesidad de atacar las "causas estructurales del conflicto armado", como el narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal de oro. Propuso una conversación "sincera" sobre la "legalización de la exportación de la cocaína", argumentando que la lucha contra las drogas ha sido un "fracaso". Lamentó también la impunidad que ha caracterizado casos como el de su padre, donde en más de 30 años no ha habido avances claros en la justicia, y exigió una reforma judicial para garantizar la investigación de los miles de crímenes anónimos en el país.Por su parte, Juan Manuel Galán, hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, expresó su solidaridad con la familia de Miguel Uribe y abogó por que esta vida no se haya perdido "en vano". Manifestó que "el gran reto" es la "no repetición" de la trágica historia de violencia en Colombia. Galán, al igual que Pizarro, señaló la repetición de la historia en la familia Uribe Turbay y en el país, atribuyéndola a las mismas causas: "el narcotráfico detrás de todo este proceso violento" y la "ausencia del estado en muchas partes del territorio".Galán enfatizó la urgencia de "superar el discurso de polarización, de división, de agresión, de violencia verbal permanente", donde la confrontación se vuelve personal en lugar de centrarse en ideas y soluciones. Hizo un llamado a "desescalar el lenguaje" y atribuyó la principal responsabilidad de moderar el discurso al Presidente de la República, como la figura institucional más poderosa. Advirtió que en Colombia, el "discurso político se traduce en hechos violentos" cuando es agresivo y descalificador.Refiriéndose al caso de su propio padre, Galán explicó el arduo camino de su familia en la búsqueda de justicia, que llevó a identificar la participación de los carteles de Cali y Medellín, paramilitares del Magdalena Medio, políticos liberales financiados por el narcotráfico (como Alberto Santofiño Botero, ya condenado), y altos mandos de seguridad del Estado, incluyendo al jefe de inteligencia del DAS y seis generales de la policía. Destacó cómo su perseverancia ha abierto el camino para otras víctimas, demostrando que la justicia, aunque "larga, difícil y llena de obstáculos, es el único camino".Escuche las entrevistas aquí:
En una sesión del Congreso destinada a honrar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, la presencia de Jorge Tovar —hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'— como presidente accidental de la plenaria desató una oleada de polémicas y confrontaciones entre congresistas. La senadora María José Pizarro, una de las voces más críticas, calificó la situación como “una falta de respeto hacia las víctimas presentes”.El evento, que debía ser un espacio de memoria, se convirtió en un escenario de debate sobre la legitimidad moral y política de quienes ocupan cargos de representación en nombre de las víctimas. La polémica estalló cuando, por ausencia del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, Tovar —quien ocupa una curul de víctimas— asumió la presidencia junto con el senador Efraín Cepeda.“No es en términos de formas lo más oportuno que el hijo de un exparamilitar presida una sesión tan simbólica”, sostuvo Pizarro en entrevista con Blu Radio, recalcando que se trata de un momento de alto valor simbólico para quienes han sufrido directamente los horrores del conflicto.El choque con Katherine Miranda y el debate sobre los “delitos de sangre”Las tensiones se intensificaron cuando la representante Katherine Miranda acusó a Pizarro de hipocresía, haciendo referencia al pasado de su padre, el excomandante del M-19, Carlos Pizarro. “Si vamos a juzgar a Tovar por su padre, entonces usted tampoco debería estar sentada aquí”, espetó Miranda, desatando una respuesta firme por parte de Pizarro, quien se negó a convertir el episodio en un enfrentamiento personal, pero insistió en la importancia del tacto político.“Yo nunca he pretendido presidir una sesión como la del 9 de abril porque considero que se superponen distintas verdades”, explicó. Para la senadora, el Congreso refleja una realidad nacional compleja, donde las víctimas no son un bloque homogéneo y los recuerdos del conflicto aún duelen desde múltiples ángulos.A pesar de la controversia, el representante de la curul de paz William Aljure propuso un acto de reconciliación simbólica entre Jorge Tovar, María José Pizarro y miembros del partido Comunes, gesto que fue recibido con aplausos. Sin embargo, el trasfondo del debate dejó al descubierto las heridas aún abiertas de un país que no ha logrado cerrar el capítulo del conflicto armado.“Estamos en un país que no ha podido generar espacios reales de reconciliación. La verdad ha sido negada en muchos casos y seguimos arrastrando resentimientos”, lamentó Pizarro, quien además recordó que muchos congresistas actuales también son víctimas del conflicto, incluidos miembros de su bancada como Aída Avella, sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica.¿Quién puede hablar por las víctimas?La discusión también trajo al centro el cuestionamiento sobre quién puede, o debe, representar a las víctimas. Aunque Jorge Tovar no tiene ninguna acusación penal en su contra, su papel como hijo de 'Jorge 40' genera resistencia entre quienes consideran que su presencia puede reabrir heridas. No obstante, Pizarro reconoció la legitimidad democrática de su elección: “Seguramente el señor Tovar ha pasado también por episodios de victimización y tiene la legitimidad de estar en el Congreso”.Con esta afirmación, la senadora introdujo un matiz importante al debate: la legitimidad de las curules de víctimas no puede depender exclusivamente de los antecedentes familiares. Pero sí subrayó la necesidad de que la Mesa Directiva del Congreso tenga más sensibilidad al momento de asignar roles simbólicos en fechas conmemorativas.La senadora María José Pizarro cerró su intervención llamando a una comprensión más profunda de la verdad y la justicia para las víctimas: “Ojalá le podamos entregar a las futuras generaciones un escenario distinto, con mayor justicia social y mayor respeto entre los colombianos”.
Durante varias horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia pública por los 34 años del magnicidio del entonces candidato presidencial, y antiguo guerrillero del M - 19, Carlos Pizarro.Allí, al término del encuentro, el Estado colombiano asumió su responsabilidad internacional por el sufrimiento causado a los familiares de Pizarro tras su asesinato. De acuerdo con uno de los voceros, el Gobierno responde a causa de las actuaciones y omisiones de las autoridades en la investigación del magnicidio del entonces candidato presidencial.Asimismo, los representantes del Estado aseguraron que ya fueron vinculados varios miembros del antiguo DAS en el proceso investigativo de Pizarro. "Hoy contamos con avances sustanciales en la determinación de responsables individuales, que involucran desde el personal de seguridad hasta el personal directivo del antiguo DAS", dijo el vocero del Estado.Tras afirmar lo anterior, desde el Gobierno colombiano afirmaron que, con el reconocimiento de responsabilidad, esperan contribuir a las víctimas. “Colombia reafirma su inequívoca voluntad de proceder con la reparación integral de las violaciones a derechos humanos, por lo que expresa su total disposición para concertar las medidas de reparación en este caso, ya sea en el marco de una solución amistosa o en el ámbito de un informe proferido por esta corporación”, continuó el vocero del Estado.De igual forma, quien espera que haya un avance sustancial es la congresista del Pacto Histórico e hija del entonces candidato, María José Pizarro. Según la funcionaria, el caso de su padre hoy se encuentra en una etapa inicial “Hemos perdido testigos clave; el fiscal no ha tenido el cuerpo técnico para poder avanzar en las investigaciones, pruebas o herramientas que se le otorgan a otros fiscales, a este se las niegan. El caso no avanza y, mientras tanto, mueren personas que tendrían información; quienes podrían ser investigados, juzgados y condenados, por el asesinato de mi padre, ya están demasiado viejos para que puedan asumir cualquier responsabilidad. A mí me tocó hacer lo que la justicia no hizo en 34 años", aseguró Pizarro.Con lo recién mencionado, tanto las víctimas como el Estado colombiano esperan avanzar en una reparación necesaria por un hecho histórico que marcó la violencia en el país.
Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada cuando fue miembro del secretariado de las Farc, pidió perdón a Gustavo Sastoque, el agente del CTI condenado por el crimen de Hernando Pizarro, hermano de Carlos Pizarro, y reconoció que él dio la orden de ejecutarlo. Lo hizo después de 30 años ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.Ante la Corte Suprema, Carlos Lozada, Pastor Alape y Pablo Catatumbo declararon y aceptaron su responsabilidad en la muerte de Hernando Pizarro, asesinado en el año 1995.Gallo narró ante la Corte Suprema: Por ese crimen pagó cárcel una persona inocente, Gustavo Sastoque, agente del CTI, por lo que Gallo pidió perdón en la audiencia.“Señor Sastoque, usted es una víctima más del conflicto. El daño causado en usted como persona en su familia y en su honor es irreparable. Nosotros nos comprometimos a dar plena verdad de los hechos y usted es una víctima nuestra”, dijo en la Corte.
El reciente reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la nación ha generado una controversia y un desacuerdo público dentro del Ministerio de Cultura. El ministro Juan David Correa expresó su desacuerdo con un comunicado emitido por su propio ministerio, calificándolo de "irrespetuoso" y "no autorizado".Correa, en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó que el sombrero de Carlos Pizarro fue reconocido como patrimonio cultural de la Nación mediante una resolución expedida el 18 de junio. Este acto administrativo, según Correa, es válido y no requería ninguna aclaración adicional.“El reconocimiento como patrimonio cultural de la nación está en la ficha técnica que tiene la urna donde está el sombrero y está en mi resolución expedida el día lunes 18 de junio,” afirmó el ministro en Mañanas Blu.Desacuerdo con el comunicado de su ministerioEl conflicto surgió cuando el Ministerio de Cultura emitió un comunicado, sin el conocimiento del ministro, que intentaba aclarar que el sombrero no había sido declarado como bien de interés cultural, sino reconocido como patrimonio cultural. Correa criticó esta acción, calificándola de innecesaria y mal gestionada.“Se trató de aclarar un tecnicismo que no era necesario. Mi acto administrativo tenía toda la validez y no necesitaba una aclaración,” dijo.Correa enfatizó que la emisión del comunicado fue una decisión tomada sin su consentimiento mientras él estaba en una reunión del Consejo de Ministros.“La resolución que yo expedí es suficiente y amplia y no necesitaba ningún tipo de aclaración”, declaró.Además, Correa desautorizó públicamente el comunicado y expresó que ya había tomado medidas al respecto, reuniéndose con las personas responsables de la emisión del comunicado. “Ayer ya me reuní con las personas que tuvieron esta iniciativa inconsulta, absolutamente irrespetuosa,” afirmó el ministro, quien indicó que habrá consecuencias para los implicados.Diferencia entre reconocimiento y declaratoriaEl ministro también explicó la diferencia entre reconocimiento y declaratoria en el contexto del patrimonio cultural. El reconocimiento es un acto administrativo que puede realizar el Ministerio de Cultura para proteger y resguardar un bien cultural. La declaratoria de bien de interés cultural, por otro lado, debe pasar por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que involucra una evaluación y discusión más exhaustiva.“El reconocimiento es una medida que yo puedo tomar administrativamente. La declaración del bien de interés cultural se tiene que hacer a través del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural”, detalló Correa.La decisión de reconocer el sombrero de Pizarro se fundamenta en su valor simbólico como un emblema de paz en Colombia. “Para nosotros se trata de un incontestable símbolo de paz,” sostuvo el ministro, quien recordó la relevancia histórica del sombrero durante los procesos de paz y la vida de Pizarro, un excandidato presidencial y firmante de paz asesinado.Correa también abordó las sensibilidades y controversias que genera la inclusión de símbolos históricos como el sombrero de Pizarro en el patrimonio cultural, destacando la importancia de recordar y honrar los símbolos de paz en un país marcado por el conflicto.“El pasado es un asunto inacabado, es un asunto por explorar, es un asunto por discutir y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer”, reflexionó.El ministro mencionó que están considerando otros símbolos de paz para ser declarados patrimonio cultural, como el monumento a Puerto Resistencia y un contramonumento con las madres de Soacha. Estos esfuerzos reflejan el compromiso del Ministerio de Cultura de honrar y preservar la memoria histórica del país.Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace:
En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Cultura, Juan David Correa, dijo que otros símbolos de la “paz” podrían ser considerados para ser declarados patrimonio cultural. Entre ellos, destacó el monumento a Puerto Resistencia, en Cali, y un contramonumento que se está construyendo con las madres de Soacha para honrar a las víctimas de los falsos positivos.“Muchos otros. El monumento a Puerto Resistencia, por ejemplo, lo queremos declarar patrimonio cultural de la nación. Vamos a hacer un contramonumento que queremos declarar patrimonio con las madres de Soacha, lo estamos construyendo, llevamos un año y medio trabajando con ellas para construirlo, para honrar a estas madres que perdieron 6402 muchachos en medio de los falsos positivos”, dijo.Asimismo, el poncho de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, emblemático líder de las FARC, también fue mencionado como un posible objeto de discusión."Podríamos analizarlo," comentó Correa, refiriéndose a la propuesta hecha hace 22 años por la entonces ministra Elvira Cuervo.“Podríamos analizarlo. Ya lo propuso Elvira Cuervo como ministra hace 22 años, justo cuando estábamos en el proceso con las Farc para que ingresara al Museo Nacional y hubo un debate sobre aquel trapo amarillo, este poncho que usaba tiro fijo Manuel Marulanda Vélez”, indicó el ministro.La controversia del sombrero de PizarroEl ministro abordó la controversia surgida en torno al sombrero de Carlos Pizarro, emblemático líder del M-19, y su reconocimiento como patrimonio cultural de la nación.El sombrero de Carlos Pizarro, que cobró notoriedad tras el acto en la Casa de Nariño, ha sido el epicentro de un debate intenso. La resolución del Ministerio de Cultura, expedida el 18 de junio, reconoce formalmente el sombrero como patrimonio cultural. Sin embargo, un comunicado posterior del mismo ministerio, emitido sin el consentimiento del ministro Correa, generó confusión al aclarar un tecnicismo sobre el estatus del sombrero."Mi acto administrativo tenía toda la validez y no necesitaba una aclaración. El comunicado que se emitió mientras yo estaba en el Consejo de Ministros fue innecesario y no contó con mi autorización", dijo Correa.Diferencia entre reconocimiento y declaraciónUno de los puntos de confusión ha sido la diferencia entre el reconocimiento como patrimonio cultural y la declaración como bien de interés cultural. El ministro Correa aclaró que la declaración de un bien de interés cultural requiere un proceso más extenso y la aprobación del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural."El reconocimiento es una medida administrativa que puedo tomar directamente, mientras que la declaratoria implica una discusión y aprobación por parte del Consejo," explicó .El sombrero de Pizarro es visto por muchos como un símbolo de paz y reconciliación. "Es un incontestable símbolo de paz," afirmó Correa. "Nosotros decidimos emitir esta resolución para protegerlo y resguardarlo, y para que fuera incorporado a la colección del Museo Nacional" .Esta decisión, según Correa, es parte de un esfuerzo más amplio por reconocer y honrar símbolos que representan momentos cruciales en la historia de Colombia.El Debate sobre el comunicadoLa emisión del comunicado que desmentía la declaratoria del sombrero de Pizarro como patrimonio cultural generó una serie de interrogantes. Correa afirmó que el comunicado fue emitido sin su conocimiento ni autorización, y calificó la acción como "irrespetuosa e inconsulta.“Ya me reuní con las personas que tuvieron esta iniciativa y serán retiradas del ministerio," concluyó.Escuche la entrevista completa en el siguiente enlace:
Viajar en TransMilenio implica cumplir varias reglas de convivencia para evitar molestias a los demás pasajeros. Una de las recomendaciones que ha dejado el sistema es que sus usuarios utilicen audífonos al escuchar música o consumir contenido desde el celular, pues reproducir sonidos a alto volumen puede perturbar la tranquilidad de quienes viajan en el bus.Aunque esta indicación aparece entre las restricciones y recomendaciones para los usuarios, el comportamiento también está contemplado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De esa manera, el artículo 146 establece medidas frente a las conductas que afectan la tranquilidad de otras personas en los sistemas de transporte público.Así pueden multar a los pasajeros bullososEn sus recomendaciones, TransMilenio ha sido enfático en evitar el volumen alto de los dispositivos electrónicos y utilizar audífonos para escuchar música. La medida busca que los usuarios puedan realizar sus desplazamientos sin tener que escuchar el contenido que reproducen los demás.La situación se puede presentar cuando una persona utiliza el parlante de su celular, una bocina o un bafle para escuchar música o ver videos al interior del sistema de transporte masivo y en las estaciones.Debido a ello, el artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla medidas frente a comportamientos que afectan la tranquilidad de los demás pasajeros en los sistemas de transporte masivo.Esta es la fuerte multa que le cobraríanLa conducta de perturbar la tranquilidad de los demás pasajeros por medio de actos molestos puede dar lugar a una multa general tipo uno, correspondiente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, $233.454.La aplicación de esta sanción depende de las circunstancias del comportamiento y de la valoración de la autoridad competente. Por eso, escuchar música sin audífonos no debe entenderse automáticamente como motivo de una multa: debe establecerse si la conducta constituye una perturbación de la convivencia.Además de esta restricción, TransMilenio contempla otras conductas que afectan el servicio y a sus usuarios, como las riñas, el hurto, la evasión del pago del pasaje y las ventas dentro del sistema.La recomendación para quienes utilizan el transporte público es respetar las indicaciones de convivencia y mantener el volumen de sus dispositivos en un nivel que no afecte a los demás.
Más de 408.000 afiliados de Colsubsidio tendrán una nueva alternativa para recibir y utilizar la cuota monetaria: podrán transferir el dinero directamente a una cuenta financiera de su titularidad mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.La opción es resultado de una alianza entre Colsubsidio y Redeban y estará disponible desde la aplicación Mi Colsubsidio. Una vez se valide la titularidad de la llave registrada, los recursos se abonarán de forma inmediata en la cuenta asociada.La iniciativa busca facilitar el acceso a este beneficio económico y ampliar las posibilidades para que los trabajadores lo utilicen en gastos cotidianos, como alimentación, educación y cuidado de sus familias.¿Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio por Bre-B?Para utilizar esta alternativa, los afiliados deben tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre, vinculada a la cuenta financiera en la que desean recibir el dinero.El procedimiento consiste en ingresar a la aplicación y seleccionar la opción 'Retirar saldo'. Después, deben elegir Bre-B como método de retiro e ingresar la llave correspondiente.Una vez comprobada la titularidad, Redeban procesa la operación y el dinero llega de manera inmediata a la cuenta financiera asociada. De esta forma, los usuarios pueden disponer de los recursos junto con otros ingresos y utilizarlos para hacer pagos o transferencias.¿Cuántas personas podrán recibir el beneficio por este medio?De acuerdo con las cifras entregadas por Colsubsidio, a septiembre de 2026 la caja de compensación tenía 408.603 afiliados con derecho a cuota monetaria. Durante ese periodo asignó 5.616.059 cuotas, con una inversión superior a $405.047 millones.La nueva opción también permite que los recursos hagan parte del movimiento habitual de una cuenta financiera. Ese registro de transacciones podría ser tenido en cuenta por las entidades bancarias al evaluar el perfil crediticio de sus clientes, dependiendo de los criterios de cada institución.Ana María Tobar, gerente de Tecnología de Colsubsidio, señaló que la alianza busca simplificar procesos y ampliar las alternativas digitales para los trabajadores y sus familias.Por su parte, Redeban aporta la infraestructura tecnológica que permite conectar a Colsubsidio con las entidades participantes de Bre-B y procesar las transferencias.
En la UCI del Hospital Universitario de Santander se encuentran varios de los soldados atacados en la base militar de Santa Rosa, sur de Bolívar. Todos llegaron en helicoptero hasta la Segunda División del Ejército en Bucaramanga, y en ambulancia fueron remitidos al centro asistencial.Varios de los soldados presentaban heridas de gravedad por el ataquesufrido con drones que cargaban explosivos, 8 son los uniformados que están siendo atendidos.Uno de ellos ingresó de gravedad a cirugía y permanecen en la unidad de cuidados intensivos, mientras que varios tienen pronóstico reservado.Sandra Milena González, quien se encontraba en el hospital acompañando a un familiar, narró: "Tenemos a mi suegra interna y vimos llegar varias ambulancias y ver cómo los médicos y las enfermeras corrían tratando de salvar una vida, es maravilloso, que Dios los bendiga por esa labor de atender, de preocuparse por salvarlos".Afirmó que ese es el mensaje para las familias que anhelan que realmente lleguen con vida a sus hogares: "Para los médicos y las enfermeras todos son importantes, arreglaron camas, todo rápido por la urgencia".Por ahora, el hospital ni el Ejército han informado nombres de los militares que se encuentran en Santander, luego de sufrir este ataque armado.El gobernador del departamento, Juvenal Díaz, rechazó el ataque a la base militar en Santa Rosa del Sur y expresó su solidaridad con las familias de los uniformados.Fue enfático al señalar que "no podemos normalizar el terrorismo, ni permitir que los grupos armados ilegales sigan sembrando miedo, asesinando y desafiando al Estado. A estos grupos se les enfrenta con autoridad, inteligencia, contundencia y toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".Posteriormente, envió un mensaje de solidaridad a las familias y los soldados: "¡El uniforme de la patria se respeta!".
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) alcanzó acuerdos con instituciones públicas y privadas de Antioquia para avanzar en la formalización de los vínculos contractuales y mejorar la prestación de los servicios de salud a los docentes y sus familias.Según se ha podido conocer, los compromisos se concretaron durante una semana de mesas de trabajo presenciales realizadas en el departamento en donde se abordó la revisión de cartera, los acuerdos de pago, la homologación de tarifas, las glosas y los anexos técnicos.La información entregada por el Fomag deja en evidencia que los encuentros permitieron avanzar en la suscripción y legalización de acuerdos mediante actas de conciliación, como explicó Fernando Blanco, coordinador comercial del Hospital Alma Máter."Se logró tener un acercamiento para poder dejar finiquitado el pasado con la cartera del pasado y poder plantear una nueva negociación que sea muy beneficiosa para ambas partes, para que tanto todos los funcionarios del Magisterio Colombiano tengan una atención muy adecuada aquí en Antioquia", indicó.Uno de los avances más importantes es que se restableció la prestación de los servicios de cancerología para pacientes adultos y pediátricos, problemática que tenía en el limbo a decenas de personas que imploraban por este acuerdo.Hay que mencionar que la estrategia continuará en el Valle del Cauca, donde se realizarán nuevas mesas de trabajo con prestadores públicos y privados, y posteriormente, se proyecta una jornada en Bogotá con instituciones de diferentes departamentos.Vale la pena mencionar que hace tan solo una semana el Ministerio de Educación anunció el fin del contrato de la Fiduprevisora con el FOMAG, tras 36 años de manejar los recursos de salud de esta población.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona de montaña obligaron a Emcali a suspender temporalmente la captación y potabilización de agua en la Planta Río Cali, debido a los altos niveles de turbiedad y al arrastre de material vegetal en la cuenca. La situación impactará el suministro de agua en 24 barrios de la capital vallecaucana.De acuerdo con la empresa de servicios públicos, las condiciones del río hicieron necesario detener preventivamente las operaciones de la planta, con el propósito de proteger la infraestructura y garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.Entre los sectores que podrían presentar bajas presiones, intermitencia o suspensión temporal del servicio se encuentran Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado, Aguacatal, Centenario, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte y Chipichape, entre otros.Los equipos técnicos y operativos de Emcali permanecen en la zona realizando monitoreo de las condiciones de la cuenca. Según la entidad, una vez disminuyan los niveles de turbiedad y mejoren las condiciones climáticas, se reanudará progresivamente la operación de la planta para avanzar en la normalización del servicio.Mientras tanto, la empresa hizo un llamado a los usuarios de los sectores afectados para que hagan un uso racional y moderado del agua almacenada en sus tanques y reservas residenciales, mientras culminan las labores necesarias para restablecer la producción de agua potable.Otra situacion similar ocurre en Yumbo, V alle, debido a un daño en una tubería de gran dimensión, este municipio está siendo afectado por suspensión en el servicio de acueducto o bjas presiones. Emcali y sus grupos operativos trabajan a toda marcha para reparar el daño y normalizar el servicio, por lo que se dispondrá de carrotanques para el abastecimiento de agua en los sectores afectados.
