Aunque el 20 de diciembre presentó renuncia al cargo de director de Medicina Legal por errores en la investigación por la muerte de Jorge Pizano, el médico forense Carlos Valdés se convertiría en asesor del fiscal general Néstor Humberto Martínez.Vea también: Las preguntas que deja la renuncia de Carlos Valdés En su momento, Valdés, en cabeza de Medicina Legal, aseguró que una mancha en una toalla hallada en la casa de Pizano era sangre del exauditor. Este fue el error que le constó su cargo como director del instituto, que ocupó durante ocho años.Su hoja de vida fue publicada en la página interna de la Fiscalía el 21 de febrero de este año para un cargo de libre nombramiento y remoción como asesor científico del fiscal Martínez.
Esta declaración hecha el pasado 27 de noviembre por el director de Fiscalías Luis González en BLU Radio sobre la investigación por la extraña muerte de Jorge Pizano, el hombre que alertó desde hace al menos tres años a Néstor Humberto Martínez sobre la corrupción en la construcción de la Ruta del Sol Tramo 2, pudo haberle costado el puesto al que durante ocho años fue director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés. Quedan varias preguntas tras este episodio: - ¿A Carlos Valdés le ocultaron información desde su propio instituto? - ¿Carlos Valdés fue presionado para entregar resultados rápidos frente al caso de Pizano debido a que en la historia aparece Néstor Humberto Martínez? - ¿Esa presión llevó a Valdés a cometer un error tan grande como el de la supuesta sangre en la toalla? - ¿Se puede confiar en los peritazgos de Medicina Legal en el caso Pizano, teniendo en cuenta que es una entidad subordinada a la Fiscalía General de la Nación? - ¿Podría el fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, quien se posesionó ayer en privado ante el Presidente Duque, asumir las investigaciones por la muerte de los Pizano?
Desde una rueda de prensa en la Fiscalía, luego de una reunión con Néstor Humberto Martínez, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, anunció su renuncia al cargo.Valdés afirmó que durante su encuentro con el fiscal general le dio todas las explicaciones del caso Pizano.La renuncia se dio después de que se conociera un informe pericial de Medicina Legal que aseguraba que la sangre encontrada en la toalla de la finca de Jorge Enrique Pizano no correspondía a sangre humana, contrario a lo que había dicho esa entidad y la Fiscalía.Ver también: Director de Medicina Legal rinde declaración en la FiscalíaHace algunas semanas, tanto él como quien dirige esa investigación que es Luis González, director de Seguridad Ciudadana, habían asegurado a la opinión pública que se habían hecho exámenes a la toalla y que la sangre que correspondía -supuestamente- a Jorge Enrique, no tenía rastros de cianuro. Hoy el informe dice que no era sangre humana.Las explicacionesValdés asumió toda la responsabilidad y aseguró que fue solo su error, no de los peritos.“Quiero reconocer ante todos que solo conocí el texto del informe hasta hoy (jueves) al mediodía y soy el único responsable de haber afirmado a la opinión pública que la mancha de sangre, de que trata ese informe, era de sangre humana. Soy el único responsable. Mi equivocación obedeció a que por las características iniciales de la mancha asumí que se trataba de sangre y a partir de ese momento cometí el error de nunca preguntar su origen a los laboratorios y solamente me concentré en los resultados forenses de si correspondía a Pizano y de si había o no cianuro”, dijo Valdés.Según él, el laboratorio solo respondió a su solicitud. “El laboratorio nunca responde más de lo que el director le pregunta”, explicó.Por eso, según Valdés, quien lleva ocho años en el instituto, “los resultados obtenidos en el laboratorio no alteran en nada la integridad del instituto, el resultado es veraz, no tiene ninguna modificación y como ustedes saben fueron enviados a la Fiscalía no al director”, agregó.Valdés fue enfático al afirmar que el error fue solo suyo. “Lo cometí yo. He presentado mi renuncia el día de hoy porque mi trabajo de ocho años en el instituto no tiene que verse manchado. A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica”, puntualizó.
Después de 33 años de la toma y retoma al Palacio de Justicia, la Fiscalía tomó la decisión de investigar los hechos que denunció en BLU Radio el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, sobre una presunta toma militar para la época de los hechos al instituto. Justamente, la citación, que quedó para el próximo 23 de noviembre, es para que amplíe su testimonio. Valdés aseguró que los médicos legales habrían sido presionados por las autoridades militares para entregar rápidos resultados sobre la identificación de los restos y que, por eso, se cometieron “tantos errores”.Vea también: Conmemoran en Medellín 33 años del holocausto del Palacio de Justicia Errores como los que reveló BLU Radio. Por ejemplo, que cuerpos de hombre fueron entregados como si fueran de mujer y viceversa; como fue el caso de Rosalba Romero de Díaz, magistrada auxiliar del Palacio. “La única explicación hoy, 33 años después, es que sí hubo presiones para la entrega de los cuerpos porque de otra manera no entendería cómo cuerpos o fragmentos calcinados se entregan”, dijo Valdés. Con base a la declaración de Valdés y con el análisis que les hagan a las actas de identificación, el fiscal del caso tomará la decisión sobre si abre esta nueva línea de investigación y busca responsables penales por el caso.
El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reconoció que esa entidad, en más de un siglo de funcionamiento, cometió errores y en la atención al emblemático caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, puesto que se fracasó al no cumplir criterios forenses contemporáneos porque se entregaron restos a familias equivocadas, y esto pudo contribuir a la desaparición de personas en esos hechos.Vea también: Este viernes entregarán nuevos restos de víctima de holocausto de Palacio de Justicia Asimismo, Valdés agregó que este reconocimiento no los exime del compromiso que hay con los familiares de personas que aún siguen desaparecidas y dijo que "no se descansará hasta entregar una respuesta".
Según la denuncia del exjugador de la Selección Colombia, varios hombres abrieron un carro donde tenía mercancía avaluada en 15 millones de pesos para un show room y la hurtaron.Al parecer, se trataría de una banda organizada que estaba siguiendo la pista a uno de sus socios. Vea aquí: Disparan a ciclista profesional en medio del robo de su bicicleta en Bogotá“Ya lo venían siguiendo, parece que lo conocían y sabían dónde trabajaba. Después de haber estacionado el carro dentro de un centro comercial llegan estas personas y abren el carro como si tuvieran la llave o el control de la alarma.Las autoridades ya tienen en su poder la denuncia e iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.
El dictamen de Medicina Legal sobre el estado de salud de la polémica empresaria del chance en la Costa Atlántica Enilce López, conocida como ‘La Gata’, afirma que esta debe continuar pagando su condena de 37 años en un hospital y no en su casa, como lo determinó un juez.El organismo sostiene que, en los últimos 11 años, López, condenada por homicidio, ha estado internada sin ninguna mejoría y no ha podido superar las crisis.Al respecto, Carlos Eduardo Valdés, director del instituto forense, aseguró en Mañanas BLU que se concluyó que la situación de López, que se ha venido tratando desde hace más de 10 años, no ha mejorado con el tratamiento de alto nivel recibido en instituciones clínicas, y mucho menos mejorará desde su vivienda.Explicó que el hecho de que los 11 años de tratamiento médico a ‘La Gata’ no hayan surtido efecto, no corresponde a un fracaso del tratamiento o de la ciencia.Valdés aseguró que dentro de las hipótesis que se manejan como causa de la anorexia y el deterioro del organismo de López es que ella deliberadamente haya causado su enfermedad. “Perfectamente se podría pensar que se encuentran situaciones (enfermedades) donde se han podido llegar a ellas por voluntad propia”, explicó.Le puede interesar: Abogados de ‘La Gata’ anuncian acciones legales en contra de Medicina Legal.Ante esas circunstancias, Medicina Legal manifiesta que ‘La Gata’ debe seguir siendo tratada en un centro hospitalario, hasta tanto no se demuestre científicamente, con soportes documentales válidos, que su estado clínico ha sufrido variación hacia la mejoría.Por su parte, Iván Cancino, uno de los abogados de Enilce López Romero, aseguró que su equipo jurídico utilizará todos los recursos para que la decisión del juez tenga una validez porque es una decisión que se defiende sola y anunció, además, interpondrían acciones legales en contra del director de la entidad forense en Colombia.“Que no venga a decir el doctor Valdés que no cuenta con su concepto, porque Medicina Legal es la que explica que Enilce López tiene una enfermedad grave, incompatible con centro de reclusión formal. Si ahora quieren cambiar el concepto por la presión de alguien, vamos a denunciar también a Medicina Legal por posibles faltas a la ley penal, pero no nos vamos a dejar presionar ni nos vamos a dejar desconocer de una decisión que se dio en derecho”, enfatizó.“La decisión ya quedó ejecutoriada y en el traslado a la Procuraduría nadie dijo nada, Medicina Legal no dijo nada, ni la Fiscalía porque no son parte. Esa decisión ya quedó en firme porque no se ejerció ningún recurso y lo único que puede hacer el instituto forense es decir qué se necesita para que ella sea trasladada a su casa”, finalizó el jurista.
El zaguero consideró que el entrenador José Néstor Pékerman marcó un hito en la historia del fútbol colombiano, porque impregnó de espíritu competitivo y sobre todo, de mentalidad, a los jugadores. “Hay algo que nosotros hemos rescatado mucho ahora en este tiempo de Nacional. El colombiano por sus raíces y ADN ha sido muy folclórico. Entonces, siempre cuando estamos cerca de conseguir algo histórico, esa falta de profesionalismo y mentalidad, nos hace fracasar. Y este Nacional ha sido un equipo ganador y que puede tener un equipo titular pero casi que funciona de la misma forma que el equipo alterno y siempre los jugadores dicen que quieren ganar todo”, dijo. Y continuó diciendo que “eso hace parte de un cambio que comenzó hace poco en nuestro país y eso también hay que darle mucho mérito especialmente al profesor Pékerman, esa mentalidad de argentino, de ganar, de no temer, de creer, de alguna forma nos llegó a nosotros”. Por eso, Valdés considera que esa ‘Tricolor’ que clasificó a Brasil 2014, es la mejor de la historia. “Pensamos que ha sido la mejor Eliminatoria que ha hecho Colombia. Cuando ya estábamos cerca siempre pensábamos que había que ir por más. Creo que esa Selección fue especial. Para mí marca un tiempo diferente la Selección de Pékerman”, dijo.
Carlos Valdés, director de Medicina Legal, aseguró en diálogos que en el cuerpo de Luis Orlando Saiz, el joven que murió en medio del paro camionero, no se encontraron trazas de explosivos. “No encontramos ninguna sustancia que estuviera contaminando el cuerpo. No encontramos trazas de explosivos”, dijo al expresar que serán las autoridades las que determinarán quién ocasionó la muerte. Además, dijo que hasta el momento no se ha podido determinar a qué distancia se disparó la granada lacrimógena que terminó con la vida del joven. “No se ha determinado exacta. Los expertos en balística serán los que lo hagan. El señor Luis Orlando muere por unos traumas craneoencefálicos severos, producidos por un impacto de un proyectil de alta velocidad lacrimógeno”, explicó. Agregó que el impacto hizo que la granada quedó alojada en el cráneo del joven y que fue disparada de abajo hacia arriba. Por su parte, el coronel Elías Baquero, comandante de la Policía en Boyacá, lamentó este hecho y dijo que hasta que no haya bloqueos no se presentan actuaciones del Esmad. Además, reveló que ya la Policía tiene identificado al policía que disparó la granda. “Nosotros cumplimos con todos los protocolos establecidos”, puntualizó.
En medio de la tensión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el último jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, los integrantes del último secretariado de esa guerrilla enviaron una carta al próximo mandatario en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, próximo a cumplir diez años.“Es claro y públicamente conocido por la opinión nacional, que nosotros ocupamos una orilla ideológica y política distinta a la suya, algo natural en una democracia, lo cual no implica que no podamos convivir y dialogar civilizadamente a cerca de nuestras diferencias; de eso se trata precisamente la paz”, afirman los firmantes de paz.La carta se conoce después de que De la Espriella arremetiera contra Rodrigo Londoño por su viaje a España, donde asistió a un seminario invitado por la organización política Izquierda Unida. El presidente electo afirmó que el excomandante “merecía estar preso de por vida” y que trabajará para lograrlo. A esto se suma su anuncio de acabar con algunas de las agencias y entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.“Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”, afirman los firmantes.Finalmente, pidieron que el Estado responda a los compromisos adquiridos, “comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política”, concluyeron. La carta está firmada por Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo.
La llegada de la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, coincide con uno de los momentos más desafiantes para el sistema eléctrico colombiano. La posible llegada del Fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de una menor disponibilidad de agua para generar energía en las hidroeléctricas, por lo que el país dependerá en mayor medida de las plantas termoeléctricas. Ante este panorama, el principal reto será garantizar que el sistema tenga la capacidad suficiente para responder sin afectar el servicio de los colombianos.Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, consideran que el nombramiento llega en un momento clave. Su presidente, Camilo Sánchez Ortega, destacó que la nueva ministra conoce el funcionamiento del sector y el trabajo que realiza XM, operador encargado de monitorear el sistema eléctrico y emitir alertas cuando existen riesgos para el suministro de energía. Según el dirigente gremial, esa experiencia permitirá una mejor coordinación con el Gobierno para tomar decisiones oportunas.Uno de los problemas que más preocupa al sector es la situación financiera de las termoeléctricas. Aunque estas plantas solo funcionan con mayor intensidad cuando disminuye la generación de las hidroeléctricas, hoy representan cerca del 55 % de la energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo que garantiza el suministro cuando las condiciones climáticas son adversas. Sin embargo, Andesco advierte que estas empresas enfrentan dificultades porque les adeudan más de 1,7 billones de pesos, recursos que necesitan para comprar combustibles y gas y mantener su operación.A esto se suma que el consumo de energía ha crecido más rápido que la capacidad de generación disponible. Según el gremio, esa situación ha obligado al país a depender cada vez más del gas importado para producir electricidad, un combustible que resulta más costoso. De mantenerse esta tendencia durante el Fenómeno de El Niño, los costos de generación podrían aumentar y ejercer una mayor presión sobre todo el sistema eléctrico.Otro de los retos será resolver la situación de Air-e, empresa que presta el servicio de energía en varios departamentos de la región Caribe. Andesco advirtió que la compañía atraviesa una crisis financiera porque no ha recibido los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, especialmente con las termoeléctricas. Para el gremio, si no se encuentra una solución de fondo, esta situación podría seguir afectando la estabilidad del sector energético.Además de garantizar recursos para las empresas, el gremio considera necesario que el Gobierno pague los subsidios pendientes, los compromisos relacionados con la opción tarifaria y asegure el dinero necesario para la compra de combustibles y gas. También plantea fortalecer la producción nacional de hidrocarburos, aumentar las reservas de gas y petróleo y recuperar la capacidad del país para depender menos de combustibles importados.Frente al futuro de la matriz energética, Andesco sostiene que el país necesita acelerar los proyectos de energía solar y eólica, pero sin dejar de fortalecer las plantas térmicas y las demás fuentes que hoy respaldan el sistema. El objetivo, según el gremio, es que Colombia cuente con una oferta de energía superior a la demanda, evitando que cualquier evento climático ponga en riesgo el suministro para hogares, empresas e industrias."Necesitamos disminuir la demanda, en este momento crítico, por lo menos entre un 5 % y un 7 % para que no tengamos esos apagones", afirmó Camilo Sánchez Ortega. El presidente de Andesco explicó que el ahorro de energía será una de las herramientas más importantes durante los meses de mayor riesgo y recordó que cada hogar puede contribuir reduciendo el consumo para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional.Finalmente, Andesco reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con la nueva ministra y las demás entidades del Gobierno. El gremio confía en que las decisiones técnicas, la estabilidad en las reglas del sector y una respuesta rápida frente a los problemas financieros permitirán enfrentar el Fenómeno de El Niño, disminuir el riesgo de racionamientos y garantizar un servicio de energía confiable para los colombianos.
Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió dar un nuevo golpe a las redes del narcotráfico con la captura y notificación con fines de extradición de dos presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en Antioquia y tenía conexiones internacionales.Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la Operación Primavera, donde las autoridades hicieron efectiva la captura de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias ‘Mono’, y notificaron con fines de extradición a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘Menor’, identificado como uno de los principales cabecillas del Grupo Delincuencial Común Organizado "Los Chivos".Ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, para responder por cargos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.Según las investigaciones, alias ‘Menor’ ejercía el liderazgo de la estructura criminal, mientras que alias ‘Mono’ era señalado de administrar las finanzas derivadas del narcotráfico y de desempeñar un papel determinante en la consolidación financiera de la organización.El alcalde Federico Gutiérrez indicó que el grupo mantenía alianzas con otras estructuras ilegales que delinquen en el Valle de Aburrá, incluido el Clan del Golfo, con el propósito de fortalecer la producción, el almacenamiento y el transporte de cocaína."Esa lucha en contra de esas estructuras criminales la vamos a seguir dando. Pero acá hay un dato muy relevante. Alias 'Menor' hacía parte de esa estructura criminal de toda la vida, de Los Chivos, que ha liderado inclusive directamente su papá, donde inclusive su hermano, alias 'Chatán', fue capturado en la administración anterior nuestra entre 2016 - 2019, cuando fungía como máxima cabecilla de Los Chivos", dijo.El expediente también señala que la organización había establecido contactos con redes criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, conformando un entramado transnacional para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.Según las autoridades, la producción y procesamiento del estupefaciente que era traficado se concentraban en sectores de Belén y Altavista desde donde presuntamente funcionaban laboratorios urbanos.Posteriormente, la cocaína era movilizada por corredores terrestres hacia La Guajira para facilitar su salida hacia Centroamérica y Estados Unidos.
La organización Human Rights Watch pidió este martes que se realice una investigación "oportuna, transparente y exhaustiva" de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en Maine."Esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE", indicó en un comunicado Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW.La hija de 3 años y la pareja de Durán Guerrero, de 26 años, le acompañaban cuando le dispararon.El ICE confirmó que el colombiano no era el motivo del operativo que sus agentes realizaban en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine, en busca de un inmigrante con orden de deportación.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que los agentes dispararon por seguridad pública. Según explicaron, el auto de Guerrero salía en la misma dirección de la persona que buscaban, por lo que al "intentar huir" procedieron a disparar.La organización de derechos civiles LatinoJustice catalogó como una "atrocidad contra los derechos humanos" la muerte y pidió una investigación "transparente" de lo ocurrido.La muerte del colombiano, con permiso de trabajo en EE.UU. y Seguro Social, se registró una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado también muriera a manos del ICE en Texas cuando se dirigía a trabajar en su auto con sus hermanos.Estas dos muertes elevan a 11 el total de tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual Administración, cinco de ellos dentro de vehículos, según la organización de abogados."Asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos", indicó Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice.Además, afirmó que el Gobierno de Trump ha actuado con impunidad ante las violaciones cometidas contra numerosas personas que viven en EE.UU. en nombre del control migratorio.Según Chen, tener apariencia latina se ha convertido en una excusa para "atropellar, herir, disparar y matar personas".Se estima que en el estado de Maine viven unos 30.000 latinos, lo que representa aproximadamente el 2 % de la población estatal, señaló LatinoJustice.
Quince homicidios se registraron durante el fin de semana en Cali. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los casos fue cometido con arma blanca y los otros 14 con armas de fuego, lo que mantiene la preocupación por los altos índices de violencia en la capital vallecaucana.Entre las víctimas se encuentra Ciro David Paz Banguero, abogado de 31 años, hijo del exalcalde de Guachené, Francisco José Paz Zapata, y funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. El hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba en una fiesta en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de la ciudad.Frente a esta situación, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, calificó como alarmante el panorama de violencia y aseguró que los jóvenes continúan siendo la población más afectada por estos hechos."Es alarmante y condenable la cifra de homicidios que se está presentando en Cali. Una vez más se comprueba que la juventud está siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencias. Cali está viviendo los efectos colaterales de las economías ilegales y la criminalidad continúa instrumentalizando a nuestros jóvenes", manifestó el funcionario.Ante el incremento de los homicidios, desde distintos sectores políticos se ha expresado respaldo a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, con el propósito de fortalecer la lucha contra las estructuras criminales.El concejal Roberto Ortiz aseguró que la ciudad requiere una mayor inversión en seguridad para frenar la escalada de violencia."Cali necesita más inversión en seguridad. Ya superamos los 560 homicidios este año y, de mantenerse esta tendencia, podríamos cerrar nuevamente con más de mil casos. La seguridad debe ser una prioridad para garantizar la tranquilidad de todos los caleños", señaló.Sobre los 15 homicidios ocurridos durante el fin de semana, las autoridades indicaron que la mayoría estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales por el control del microtráfico y ajustes de cuentas.Finalmente, las autoridades informaron que con corte al 14 de julio, Cali acumula 561 homicidios en lo corrido de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos de control frente al comportamiento de la violencia en la ciudad.
