Ante el crítico panorama humanitario por cuenta de las lluvias que en las últimas semanas han afectado varios municipios de Chocó, autoridades han solicitado acciones urgentes para hacer frente a la situación que tiene al borde de colapso a municipios como Carmen del Darién y Riosucio.Y es que además de la participación de entidades del orden nacional como la Unidad de Gestión del Riesgo, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, manifestó que una de las intervenciones más urgentes para mitigar la problemática y evitar nuevas emergencias tiene que ver con el dragado del río Trato, especialmente en algunas zonas cuyas bocas confluyen con territorio antioqueño.La mandataria expresó que se requieren acciones continuas en este sentido y no cada 5 años como ha venido ocurriendo."La solución estructural de fondo sí tiene que ser un trabajo importante tanto ahí en las bocas del atrato como en algunos de los afluentes que tienen una colmatación y una y una empalizada muy importante, y lo que está pasando es que no logra vaciar el nivel del agua con suficiente rapidez".Córdoba expresó que vienen adelantando acercamientos con varios ministerios para lograr las obras necesarias para el afluente, pero que también se requiere celeridad por parte de autoridades ambientales, como Corporurabá, para proceder tan pronto cuenten con los recursos."Es muy importante hacerle el llamado a Corpourabá para que, viendo el sufrimiento de la gente, una vez nosotros logremos que el Ministerio de Transporte pueda reasumir el tema del dragado, puedan ser muy celeros, ojalá, muy proactivos en torno a la posibilidad de dar los permisos necesarios y las indicaciones necesarias para que se pueda dar el dragado", dijo.Las fuertes precipitaciones y el desbordamientos de ríos ha generado cuantiosas pérdidas en cultivos de plátano, arroz y maracuyá en los diferentes territorios, pero además la gobernadora alertó sobre una posible crisis epidemiológica en los próximos meses como consecuencia de la permanencia de altos niveles de agua en viviendas y otros entornos cotidianos.
La Alcaldía de El Carmen de Atrato le pide al Gobierno nacional acelerar un nuevo contrato de concesión para la Minera El Roble. Simultáneamente, la Agencia Nacional de Minería y la Minera El Roble S.A., ajustaron el acuerdo de pago que obliga a la empresa a pagar regalías por $119.000 millones, de los cuales ya fueron recaudados $63,483 millones.El futuro del proyecto minero Minera El Roble S.A., ubicado en El Carmen de Atrato, Chocó, ha cobrado un nuevo impulso debido al respaldo institucional y comunitario, sumado a un acuerdo económico clave entre la empresa y la Agencia Nacional de Minería (ANM) que permitirá transferir más de 63.000 millones de pesos al Sistema General de Regalías.En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y al director de la Agencia Nacional Minera, Luis Álvaro Pardo, alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera, solicitó formalmente la suscripción de un nuevo contrato de concesión para la Minera El Roble. Según el mandatario, la continuidad del proyecto es esencial para el bienestar del municipio y para evitar una crisis social y económica en la región, ya que la mina representa el 75% de la economía local y genera más de 1.700 empleos directos.La petición del alcalde no llega sola, pues el respaldo de la comunidad ha sido documentado con miles de firmas recogidas desde 2021. En total, más de 6.000 ciudadanos han solicitado que se otorgue una nueva concesión a la empresa, como garantía de estabilidad económica para la región.Simultáneamente, la Agencia Nacional de Minería anunció que ajustó, junto a la Minera El Roble, un acuerdo de pago derivado de un fallo del Tribunal de Arbitramento. El ajuste implica el pago de regalías por un total de $119.000 millones por la explotación de cobre entre 1994 y 2022, de los cuales ya se han recaudado $63.483 millones. Estos recursos serán transferidos al Sistema General de Regalías, con destino a la Gobernación del Chocó y al propio municipio de El Carmen de Atrato.La Agencia Nacional de Minería expidió una resolución para formalizar el traslado de los recursos, ratificando también los plazos de pago para los años 2025 y 2026, durante los cuales se espera recaudar el monto restante. Mientras esto pasa, la comunidad de El Carmen de Atrato ha solicitado que se respete el debido proceso y que se establezcan reglas claras para fortalecer la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades.
Cuando intentaban disipar el bloqueo que continúa en estos momentos en el kilómetro 18 de la vía Medellín-Quibdó, soldados del Batallón de Infantería N°12 habrían sido víctimas de agresiones en el momento en que dialogaban con miembros del resguardo Embera Katio, según denunciaron los uniformados.Los hechos ocurridos en el municipio de Carmen de Atrato ocurrieron durante la manifestación, organizada por dicho resguardo indígena, al parecer cuando el comandante del pelotón militar intentaba dialogar con el líder comunitario para permitir el paso de una ambulancia.Según la Décima Quinta Brigada del Ejército, en ese momento se registraron agresiones hacia los uniformados con machetes, piedras y palos, además de un intento de desarmar a los soldados. A la par, la Gobernación del Chocó indicó que pese a la disposición de diálogo que han tenido, y a que ya se han cumplido los compromisos pactados con esta comunidad, continúan los bloqueos. El secretario del Interior del departamento, Francisco Vidal Rojas, aseguró que uno de los compromisos cumplidos es la normalización de los pagos en materia de educación, además de las ayudas humanitarias que ya fueron entregadas a las 76 familias que hacen parte de esta comunidad.Otro de los puntos es la casa administrativa que estaba en construcción, que desde el 6 de agosto ya fue objeto de un otro sí para la culminación de la obra, que se encuentra en ejecución sin contratiempos. Y finalmente, aunque había una reunión de articulación que se tenía previsto con algunas instituciones de orden nacional para atender temas asociados a vías, energía eléctrica y conectividad a tierras, esta no se pudo llevar a cabo por el cierre de la vía este jueves.De momento, las autoridades departamentales hacen presencia en la zona para dialogar con los líderes y llegar a un acuerdo para la apertura de la vía. Así quedó el camión en el que se movilizaban las tropas por esta zona:
Blu Radio conoció la historia de Milena Olaya Mayo y su familia, quienes tenían su casa en la vereda Las Toldas, sector el 17 en la vía Medellín-Chocó, y quedaron sepultados luego del derrumbe del pasado.En medio de una fuerte lluvia, decenas de personas se habían resguardado en el hogar de la familia Socorro, y Milena que estaba visitando a sus padres brindaba comida y abrigo a las personas que habían dejado pasar. Así lo hizo saber una amiga cercana a la familia, Piedad Cristina.“Ella era tan querida, tan formal, entonces todo el mundo se fue para esa casa a resguardarse del agua porque estaba lloviendo mucho, igual como iba tanto niño, entonces ella iba a ofrecerles café, a ofrecerles comida, a ofrecerles todo y ellos no dimensionaron que eso iba a pasar", contó.Decenas de personas quedaron atrapadas en cuestión de segundos por las toneladas de tierra que se llevaron la casa de los Olaya.Tras la emergencia, el cuerpo de la madre fue encontrado el sábado, el de Milena el domingo y el de su padre apenas ayer lunes, por lo que los familiares esperan reunir a los tres para despedirlos de manera privada.Le puede interesar:
El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que no hay fecha definida para reprogramar el partido entre Millonarios y Once Caldas, suspendido minutos antes de iniciar en El Campín por el mal estado de la gramilla. En entrevista con Mañanas Blu, el dirigente explicó que la decisión se tomó tras una revisión final con el árbitro, en la que se comprobó que el césped no estaba pegado al suelo, y reconoció que la situación complica el calendario del campeonato.La Dimayor había publicado la noche anterior, en sus redes sociales, videos y fotografías con un mensaje claro: no estaban dadas las condiciones y la gramilla no era apta para el fútbol profesional. Para ese momento, según Zuluaga, había en el estadio más de 20.000 hinchas.Sin fecha para Millonarios vs. Once CaldasConsultado sobre si ya existe una nueva fecha para el encuentro, Zuluaga fue categórico: “No, desafortunadamente no”. El presidente de la Dimayor explicó que esto representa un problema adicional, pues el fútbol colombiano tiene compromisos con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Si no hay campeón antes de la primera semana de diciembre, advirtió: “Se nos complica la situación”.Sobre la posibilidad de que Once Caldas reclame los puntos por no haberse disputado el partido, el dirigente la descartó. Aseguró que existe un acuerdo de “fair play” con los clubes, que entienden que hubo una fuerza mayor.El concesionario, en el centro de la polémicaZuluaga insistió en que la Dimayor no administra el estadio y que la firma responsable, Sencia, aseguró hasta el último momento que se podía jugar. Según explicó, el concesionario lo sostuvo en videos, por escrito y con técnicos a bordo, y la Dimayor acompañó durante los últimos tres días la instalación de la gramilla. Aunque la entidad tenía una postura contraria, el tratamiento final consistía en cubrir totalmente el césped por la lluvia, y estuvo tapado todo el día.Cuando fue destapado, y durante la revisión con el árbitro, se constató que no se podía jugar. “No habían pegado sobre todo todos los pliegues”, relató el dirigente, quien reconoció que lo que había sobre el terreno era, en la práctica, un tapete que no estaba adherido al piso.Zuluaga contó que, tras la inspección con el árbitro, el concesionario sostuvo que el partido podía jugarse, “que fue lo peor”, en sus palabras, y que incluso intentó atribuir el problema a la Dimayor. El presidente de la entidad aseguró que las pruebas fueron expuestas públicamente para evitar que se dijera que el ente rector no quería jugar en El Campín. Según indicó, en el recorrido por la cancha estuvieron presentes los 12 clubes, los árbitros y los veedores oficiales.Durante la entrevista, los periodistas recordaron que Sencia ha señalado que el único factor por encima de lo permitido era la humedad, que superaba el 50 % y llegaba al 53 %. Zuluaga no se refirió a esa cifra, pero sostuvo que perdieron la confianza en el concesionario.El riesgo de lesionesAl ser consultado sobre los peligros de jugar en esas condiciones, el presidente fue claro: existía la posibilidad de una lesión grave. Explicó que los futbolistas dependen de sus pies, tobillos y rodillas, y que en cualquier momento uno de ellos podía lesionarse.Zuluaga ofreció disculpas a los hinchas de Millonarios y de Once Caldas que acudieron al estadio en un día de lluvia.¿Se juega Santa Fe vs. Jaguares?Otra incógnita es el partido entre Santa Fe y Jaguares, previsto para el día siguiente en El Campín. El presidente de la Dimayor admitió que nadie puede asegurar que la cancha estará en condiciones. Anunció que se realizaría una inspección en la mañana y una reunión con Esencia, además de conversaciones con los dos clubes involucrados.Conciertos y estadios: “una total desventaja”El dirigente aprovechó para cuestionar el uso de los escenarios deportivos en Colombia. Afirmó que se privilegian los conciertos y que el fútbol enfrenta condiciones estrictas, como la prohibición de vender cerveza sin alcohol en el estadio, mientras que en los conciertos, según dijo, se distribuyen droga y licor y asisten menores de edad. “Hay muertos y no pasa nada”, afirmó, y concluyó que el fútbol está en una “total desventaja”.Zuluaga sostuvo que esta no es la primera vez que se daña la cancha de El Campín, pues, según dijo, se ha destruido en más de una ocasión en los últimos dos años por el uso que se le ha dado. Explicó que, a diferencia de otros países, en Colombia los estadios no cuentan con canchas retráctiles ni con las condiciones mínimas para compaginar conciertos y partidos. Añadió que la familia Camacho donó los terrenos con una finalidad específica, que hubiera fútbol, atletismo y tenis, y afirmó que esa misionalidad fue cambiada.Respecto a la posibilidad de frenar conciertos por vía judicial, recordó que se impidió uno en el estadio de Techo mediante una tutela. Sobre El Campín, dijo que se han intentado muchas cosas, pero que hay un negocio de por medio. Los periodistas mencionaron que en los próximos dos meses se esperan siete conciertos más en el estadio.Medidas y consecuencias para los clubesZuluaga adelantó que la Dimayor se pondrá más estricta: no se jugará fútbol en las ciudades que no tengan un escenario dispuesto para ello, y los equipos tendrán que acudir a estadios pequeños, con el consiguiente sacrificio económico. Señaló que los clubes atraviesan una situación financiera difícil y que esto los perjudicaría aún más.Además de El Campín, indicó que la problemática se presenta también en Medellín y en otras ciudades del país. “Nadie se ha preguntado cuánto costó lo de ayer y quién cubre esos costos”, afirmó.
En un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Barranquilla definió el plan operativo que custodiará las calles de la ciudad este miércoles, durante la manifestación que, para el caso de la capital del Atlántico, ha sido convocada a partir de las 3:30 de la tarde.El punto de concentración de maestros y centrales obreras será el parque Esthercita Forero, en el norte de la ciudad. Desde allí bajarán marchando por la carrera 44 y luego tomarán la calle 50 hasta llegar a la Plaza de la Paz, donde cerrarán con un plantón y muestras culturales.El recorrido será monitoreado desde un Puesto de Mando Unificado, y del operativo de seguridad harán parte 950 policías y 300 militares, que estarán desplegados por toda la ciudad, antes, durante y después de la marcha.Por la manifestación, los colegios públicos solo dictarán clases en media jornada, informó José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla."La jornada de la mañana será hasta las 10:30 de la mañana y la jornada de la tarde, hasta las 3:00 de la tarde, ya que la jornada de movilización es a partir de las 3:30 de la concentración. Estaremos saliendo tipo 4:00 de la tarde a marchar", indicó Jiménez.Para vigilar la jornada, también habrá sobrevuelos con drones de la Policía y aeronaves de la Fuerza Aérea; además, se ha dispuesto personal de antidisturbios y dos tanquetas para responder ante cualquier acto vandálico, así como presencia permanente del Ejército en edificios institucionales, entradas y salidas de la ciudad e infraestructura crítica."Respetamos la manifestación pública en la ciudad de Barranquilla y estaremos atentos y vigilantes a tomar las decisiones a las que haya lugar dentro del puesto de mando unificado", dijo el secretario de Gobierno del Distrito, Angelo Cianci.
El cuerpo sin vida de Ayelén Sofía Páez, una adolescente de 16 años que había sido reportada como desaparecida en Bogotá el 9 de agosto de 2025, fue encontrado en Sopó, Cundinamarca. Medicina Legal confirmó su identidad, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar quiénes estarían detrás del caso.La noticia fue confirmada por la representación de víctimas de la familia, que durante más de un año mantuvo la búsqueda de la menor. Aunque el hallazgo pone fin a esa etapa para sus seres queridos, todavía quedan interrogantes sobre lo que ocurrió con la adolescente y las circunstancias que rodearon su muerte.“Nos han informado el día de hoy que hallaron el cuerpo sin vida y sigue en proceso de investigación”, señaló un familiar de Ayelén, al referirse a la noticia que recibió la familia.Por su parte, el abogado Jimmy Erazo, representante judicial de las víctimas, explicó que la identificación del cuerpo fue corroborada por Medicina Legal y que las autoridades continúan adelantando actos investigativos para reconstruir los hechos.¿Qué se sabe de la desaparición de Ayelén Sofía Páez?Ayelén fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025, cuando compartió parte del día con su madre. De acuerdo con el testimonio entregado por la mujer durante el proceso, ambas estuvieron juntas durante la mañana y parte de la tarde, hasta que ella salió de la vivienda para hacer unas compras. Cuando regresó, la adolescente ya no estaba.La joven se preparaba para presentar un examen académico de admisión a la universidad y, según lo relatado por su madre, antes de desaparecer no había manifestado preocupaciones ni conflictos personales que permitieran anticipar lo ocurrido.Durante la búsqueda, las cámaras de seguridad se convirtieron en una herramienta clave para reconstruir sus últimos movimientos. Según la información conocida, el 10 de agosto de 2025, en horas de la madrugada, Ayelén fue captada caminando sola por el sur de Bogotá, con la misma ropa que llevaba cuando salió de su casa.Otro registro la ubicó en el barrio Rubí, en la localidad de Kennedy. Las grabaciones permitieron establecer parte de su recorrido, aunque posteriormente se perdió su rastro. Ahora, tras el hallazgo del cuerpo en Sopó, las autoridades buscan determinar qué sucedió durante el tiempo en que permaneció desaparecida.¿Cuáles son las hipótesis?El proceso judicial avanza por dos líneas de investigación: una relacionada con la desaparición forzada y otra por el presunto homicidio de la adolescente. Según explicó Erazo, la investigación por homicidio está a cargo de la Fiscalía en Zipaquirá, Cundinamarca.El representante de las víctimas indicó que la familia está solicitando que las investigaciones se articulen para que las diligencias adelantadas durante el último año se desarrollen de manera coordinada con las actuaciones relacionadas con la muerte de Ayelén.“Ambas fiscalías están trabajando en cooperación en aras de ejercer actos de investigación para poder determinar qué pasó con Sofía, para poder determinar los hechos que rodearon estas circunstancias”, afirmó el abogado.La familia también agradeció el acompañamiento recibido durante la búsqueda y señaló que, tras el hallazgo del cuerpo, espera las indicaciones de las autoridades sobre los procedimientos que siguen.Mientras avanzan las diligencias judiciales, los investigadores deberán establecer las circunstancias de la muerte de Ayelén Sofía Páez y determinar quiénes serían los posibles responsables. Sus familiares insisten en que se esclarezcan los hechos y que el caso avance hasta que haya justicia y verdad.
A casi un mes del hallazgo del cuerpo de Ana Lucía, la menor de 9 años encontrada dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, la investigación judicial por su crimen presenta avances fundamentales que confirman la gravedad de los hechos. Según los resultados forenses dados a conocer por Medicina Legal y confirmados por el abogado representante de víctimas, Daniel Solarte, la niña fue víctima de delitos de índole sexual antes de ser asesinada. La menor había sido sacada de su residencia, ubicada en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, por parte de José Rojas Lares, quien era la pareja sentimental de su hermana y actualmente se encuentra procesado como el responsable de este crimen.Hallazgos forenses y solicitud de ampliación de cargosLos recientes dictámenes técnico-científicos de Medicina Legal confirmaron la hipótesis planteada por las autoridades en relación con las agresiones sexuales padecidas por la víctima antes de su muerte.Con base en estos nuevos elementos, la representación legal de la familia solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que se realice una ampliación en la imputación de cargos contra el procesado. El abogado Daniel Solarte explicó que esta adición no solo busca que se juzgue a Rojas Lares por los delitos sexuales cometidos, sino que también permitirá extender el término de privación preventiva de la libertad y elevar la eventual condena en su contra.Exclusión de segundos participantes en el crimenEn el desarrollo de las indagaciones judiciales, el ente fiscal logró avanzar en el esclarecimiento de la mecánica del delito. De acuerdo con el reporte oficial sobre el caso, las autoridades descartaron de manera definitiva la participación de una segunda persona en la ejecución de los hechos. Las evidencias acumuladas indican que el imputado habría actuado en soledad durante la sustracción de la menor en Cundinamarca, la agresión y la posterior ocultación del cadáver en el sistema de alcantarillado en el sur de la capital. Denuncia por presiones e intimidaciones desde la cárcel de CómbitaEn medio de las diligencias, la defensa de la familia elevó una denuncia pública por presuntas presiones ejercidas desde el centro carcelario donde permanece recluido el sospechoso. Según detalló Solarte, José Rojas Lares se habría comunicado telefónicamente desde la centro penitenciario de Cómbita con la hermana de la menor para presionarla e inducirla a modificar su testimonio en el proceso. Ante esta situación de amedrentamiento, los familiares exigieron la adopción urgente de medidas de protección para garantizar la seguridad de la afectada, mientras la Fiscalía define los siguientes pasos procesales para lograr el esclarecimiento total de la violencia ejercida contra la niña y avanzar hacia la sanción penal correspondiente. Escuche aquí la entrevista:
Una barrera mecánica permanente para contener hidrocarburos y aceites será instalada en la bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja, con el propósito de proteger la fuente de captación de agua del acueducto ante posibles derrames y evitar afectaciones en el suministro para los habitantes del distrito.La medida hace parte del plan de acción para la protección del complejo cenagoso San Silvestre y El Llanito, impulsado por la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja tras la muerte de cuatro manatíes en Caño San Silvestre, un corredor biológico fundamental para esta especie amenazada.Leonardo Granados, secretario de Ambiente del distrito, explicó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria para activar acciones concretas de protección y conservación de los cuerpos de agua.Como parte de este proceso, se realizó una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente de Santander, la Corporación Autónoma Regional, Ecopetrol, Cenit, la Procuraduría y asociaciones de pescadores, con el fin de definir estrategias para atender los riesgos ambientales de la zona.Según explicó Granados, la decisión también responde a la emergencia registrada en 2025, cuando una falla operacional de Cenit, filial de Ecopetrol, provocó el derrame de más de 400 barriles de gasolina, que contaminaron un sector y pusieron en riesgo la captación de agua para el acueducto.El funcionario señaló que, además de instalar la barrera, se exigirá a la industria petrolera el monitoreo de las líneas de transporte de hidrocarburos cercanas a las ciénagas San Silvestre y El Llanito, así como a Caño San Silvestre, para identificar posibles fallas y reducir el riesgo de nuevos incidentes.El plan también contempla acciones de biorremediación en los cuerpos de agua que presenten contaminación o riesgos asociados a la actividad industrial. Entre los sectores que requieren atención está Caño El Rosario, identificado por la Secretaría de Ambiente como una zona que genera presiones ambientales sobre Caño San Silvestre.Granados indicó que se busca aplicar tecnologías especializadas para avanzar en la recuperación de las fuentes hídricas y atender los pasivos ambientales relacionados con la industria petrolera.A estos factores se suman otras actividades que pueden afectar los ecosistemas, como los cultivos de palma africana, la ganadería, la presencia de búfalos y los vertimientos de aguas residuales, que representan riesgos para la calidad del agua y la supervivencia de la fauna.
