La visita del presidente Gustavo Petro a Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba, ocasionó importantes reclamos por parte de la comunidad, como la ampliación de la sede del Sena allí y la construcción de obras culturales. Sin embargo, fue el jefe de Estado quien le pidió un balance al alcalde sobre algunos aspectos del municipio.El alcalde de Ciénaga de Oro, Alejandro Mejía, estuvo presente durante la visita del presidente y en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, se pronunció sobre ese llamado de atención, que calificó como un “jalón de orejas” y que, según dijo, fue para su propio equipo de trabajo."Fue un reclamo honesto a su equipo de trabajo, ya que el presidente anunció desde hace un año y medio aquí, en plaza pública, en su municipio, y vino a constatar a ver cómo iban esos avances, que están en cabeza de los distintos directores y ministerios. Hablando del tema del Sena, él anunció ese proyecto hace un año y medio y la contratación está a cargo del Sena a nivel nacional", precisó.Explicó se hizo un convenio con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y el procedimiento tiene unos estudios para el diseño y “eso ha demorado”. Recalcó que lleva un año y “no se ha avanzado en la construcción.Uno de los proyectos más esperados es el de la construcción del acueducto, que tiene un impacto no solo en Ciénaga de Oro, sino en otros municipios de la región como San Carlos. Aún con la promesa de recursos, Mejía señaló que los trámites han demorado demasiado."El presidente ha dado la orden y verdaderamente hay mucha tramitología en el sistema que ha atrasado todo. El tema del Sena, hace un año y medio, y todavía ni siquiera se ha contratado. Esa contratación está en cabeza del Sena nacional. Así hay muchas cosas que el presidente ha dado la orden (...) No avanza y yo pienso que cuando hay voluntad y cuando es una orden presidencial que hagan las cosas, pues debe de influir sin tanta tramitología. Eso es lo que está sucediendo", agregó.Además, se mencionó la necesidad de construir la Casa del porro, un lugar emblemático para la cultura local. Sin embargo, el alcalde subrayó que la burocracia ha sido un obstáculo significativo.El presidente Petro, quien nació en esta región, se mostró receptivo a estas inquietudes y vía redes sociales escribió que “buscando la casa del porro en Ciénaga de Oro y hasta ahora poco avance”.
Este jueves el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuelata, convocó un consejo extraordinario de seguridad tras la desaparición del ganadero y empresario Esteban Urueta y sus dos trabajadores, Gerardo de los Santos Marzola Coronado y Fredys Manuel Beleño Acosta.Al encuentro no solo acudieron autoridades locales, sino el subdirector nacional de la Policía, brigadier general Nicolás Zapata.El oficial señaló que en estos momentos un grupo de interinstitucional de la Policía, la Fiscalía y el Gaula Militar se encuentra en la vereda Bellavista, del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, verificando la información que llegó por parte de la ciudadanía, sobre el hallazgo de tres cuerpos.Aunque por redes sociales y el propio presidente ejecutivo de Fedega, José Feliz Lafaurie, afirman que las víctimas serían el ganadero Esteban Urueta, y sus dos trabajadores reportados como desaparecidos desde el pasado martes, la Policía señala que aún no puede confirmar esta información.El general Zapata indica que la Policía dispuso toda la capacidad aérea, con helicópteros y drones y un equipo técnico que llegó de Bogotá, para apoyar en la búsqueda de los cuerpos que habrían sido encontrados en la vereda Bellavista.Desaparición de ganadero en CórdobaLa Policía informó que Esteban Urueta salió a eso de las 5 de la tarde del martes, junto a los trabajadores Gerardo de los Santos Marzola Coronado y Fredys Manuel Beleño Acosta, para revisar su ganado.Según la información de las autoridades, los tres hombres salieron desde la vereda Bellavista, en Ciénaga de Oro, y al parecer estuvieron en una zona del pequeño corregimiento de Rabolargo, en Cereté, donde finalmente se les perdió el rastro, tanto al ganadero como a sus trabajadores.Al día siguiente, las autoridades hallaron abandonada la camioneta en la que se movilizaban los tres hombres. El vehículo, de marca Hilux, apareció la noche del miércoles en el corregimiento de El Viajano, jurisdicción del municipio de Sahagún (Córdoba).Por el caso, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad este jueves.Agregó que sostuvo una conversación telefónica con el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, quien le informó acerca de la llegada del Director del Gaula y de un grupo Élite para apoyar el proceso de investigación y esclarecer los hechos con prontitud.
Sicarios en motocicleta acabaron a tiros con la vida del joven periodista Luis Gabriel Pereira, quien a sus 25 años se había dado a conocer en el departamento de Córdoba por su trabajo periodístico en el portal Notiorense, en el que reseñaba información de orden público y otros asuntos relacionados principalmente con el municipio de Ciénaga de Oro, donde se produjo su muerte.Por el asesinato, el coronel Yasid Montaño, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Montería, anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen."Frente a lo sucedido, la Policía Metropolitana de Montería desplegó un grupo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para lograr la identificación y captura de los responsables de este crimen que enluta al pueblo orense", dijo el oficial."Invitamos a la comunidad a que suministre información que pueda ayudar al esclarecimiento de este caso a la línea 123 o al número del cuadrante más cercano. ¡Absoluta reserva!", añadió.En esta población cordobesa, tierra que vio nacer el presidente Gustavo Petro, no salen del asombro por el asesinato del periodista, pues ni siquiera se conocían amenazas ni hostigamientos en su contra.Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa pidió a la Fiscalía investigar con celeridad el crimen y tener en cuenta su ejercicio periodístico como una de las hipótesis en torno al asesinato.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
A dos semanas de concluir el periodo constitucional del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) presentó una nueva propuesta de reforma tributaria que busca un recaudo de 22 billones de pesos. La iniciativa, que representa el cuarto intento del Ejecutivo por ajustar los ingresos del Estado, plantea modificaciones en impuestos como el IVA a los combustibles, ajustes al tributo sobre el patrimonio y cambios en las exoneraciones parafiscales de los empleadores.En entrevista con Mañanas Blu, el director de la Dian, Carlos Betancourt, explicó las razones del Ejecutivo para radicar el proyecto de ley a pocos días del cambio de mando y detalló las principales medidas que contempla la propuesta fiscal.Razones de PEtro y debate sobre la responsabilidad fiscalAnte los cuestionamientos por presentar un proyecto de ley al término del mandato, el director de la Dian justificó la medida bajo tres argumentos principales referentes a la administración de las finanzas públicas y el ordenamiento constitucional."Hay 3 aspectos que tener en cuenta. El primero es que pues todo gobierno tiene la responsabilidad fiscal y las autoridades fiscales tienen la responsabilidad de presentar alternativas para el ajuste de las finanzas públicas, incluso hasta el último momento", dijo Carlos Betancourt.Según el funcionario, el manejo de las finanzas públicas recae en tres componentes: el recaudo tributario, la gestión del gasto y el endeudamiento. Betancourt afirmó que el actual Gobierno ya realizó un recorte superior a los 30 billones de pesos en el gasto público y que el 93 % de este es inflexible, destacando que el 85 % de la nómina estatal corresponde a personal de la fuerza pública, salud y la rama judicial.Asimismo, indicó que la Constitución prevé que el Congreso saliente debe tramitar iniciativas hasta el final de la legislatura y que la propuesta busca abrir la discusión sobre el ajuste fiscal que deberá afrontar la próxima administración.Modificaciones al IVA en combustibles e impacto en la canasta familiarUno de los puntos clave del proyecto es el incremento en la tarifa del IVA para la gasolina y el diésel, que pasaría del 5 % actual al 19 %. Sobre la relación entre esta medida y el costo de vida, el director de la Dian afirmó que la iniciativa no afecta directamente los productos alimenticios ni los servicios básicos."Nosotros no tocamos nada de lo que tenga que ver con la comida, con todos los pagos de los servicios, etcétera, que son los componentes fundamentales de la canasta familiar", dijo.Al ser consultado sobre el efecto del transporte de carga en los precios de los alimentos, Betancourt sostuvo que el incremento en el precio del galón de combustible no superará los 450 pesos y que se contempla una aplicación progresiva entre los años 2027 y 2028. Añadió que la medida se alinea con recomendaciones internacionales orientadas a la reducción de subsidios a los combustibles fósiles y al fomento de la transición energética.Cambios en el impuesto al patrimonioRespecto a la tributación sobre el capital, la propuesta establece cobros para las personas naturales con patrimonios líquidos superiores a 2.100 millones de pesos, descontando el valor del inmueble de vivienda hasta por determinado tope, fijando el umbral efectivo de tributación alrededor de los 2.700 a 2.800 millones de pesos.Betancourt precisó el número de contribuyentes que estarían alcanzados por este gravamen según los rangos de patrimonio:Entre 2.100 y 3.700 millones de pesos: 76.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 0.2 %.Entre 3.600 y 6.500 millones de pesos: 17.000 contribuyentes.Entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: 8.000 contribuyentes, con una tarifa efectiva del 1.3 %.Patrimonios superiores a 13.000 millones de pesos: 2.900 contribuyentes, con tarifa efectiva del 2.8 %.Patrimonios superiores a 151.000 millones de pesos: 66 contribuyentes.En total, la entidad calcula que cerca de 104.000 personas estarían cobijadas por el impuesto al patrimonio.Modificación en exoneración de aportes parafiscalesEl proyecto de ley incluye una modificación al artículo 114 del Estatuto Tributario, que regula la exoneración del pago de aportes a salud, SENA e ICBF por parte de los empleadores. Actualmente, las empresas están exentas de estos pagos por los trabajadores que devengan hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La propuesta reduce dicho tope, aplicando la exoneración únicamente para los empleados que perciban hasta 3 salarios mínimos.Al respecto, el director de la Dian señaló: "El artículo 114 del Estatuto Tributario establece una exoneración para los empresarios que tengan sus empleados con hasta 10 salarios mínimos. Entonces la idea es pasar a exoneración hasta apenas 3 salarios mínimos"El funcionario sostuvo que la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas mantienen trabajadores con salarios inferiores a los 3 SMMLV, por lo que la afectación se concentraría en ciertos segmentos empresariales dentro de la meta de ajuste fiscal.Ejecución presupuestal y gasto socialDurante la entrevista se mencionaron informes sobre la contratación estatal y el volumen del gasto público en el transcurso del periodo presidencial. Frente a las cifras presentadas por organizaciones como Transparencia por Colombia sobre la firma de contratos de prestación de servicios, Betancourt manifestó no contar con los datos específicos de dicho informe al momento de la entrevista.El director de la Dian argumentó que el incremento histórico del gasto responde al diseño constitucional de 1991, el cual asigna responsabilidades en gasto social mientras limita las fuentes directas de financiamiento monetario. Detalló que las partidas presupuestales del Gobierno saliente se destinaron principalmente a programas sociales, la compra y formalización de cerca de dos millones de hectáreas para la reforma agraria, subsidios monetarios directos y el fortalecimiento salarial y logístico de la fuerza pública.
Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado en cámaras de seguridad en la localidad de Engativá, en Bogotá. Una mujer fue víctima de un intento de atraco cuando esperaba frente a la entrada de una vivienda, pero decidió resistirse al robo y enfrentó al delincuente, quien la intimidó con un arma de fuego al parecer falsa.En las imágenes se observa el momento en que el ladrón, que vestía una chaqueta roja, gorra negra y llevaba una maleta, se acerca a la víctima. El hombre, que llegó al lugar en una bicicleta, desenfundó un arma falsa para amenazarla e intentar obligarla a entregar sus pertenencias.La mujer, visiblemente angustiada, le hacía gestos de negación y le suplicaba que no la robara. Sin embargo, el delincuente insistió y comenzó un fuerte forcejeo para arrebatarle el bolso y los objetos de valor que llevaba. Durante varios segundos ambos lucharon en plena vía pública hasta que terminaron cayendo al suelo. A pesar de la violencia del ataque, la víctima no soltó sus pertenencias.En el video se ve cuando el ladrón se percata de que varios vecinos se disponían a salir para auxiliar a la mujer. Ante esa situación, decidió abandonar el intento de hurto, se levantó rápidamente, tomó su bicicleta y escapó del lugar sin lograr su objetivo. Como consecuencia del forcejeo, la mujer sufrió lesiones, aunque evitó que el delincuente le quitara sus pertenencias.Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de inseguridad ocurrido en plena vía pública de Bogotá ni se conoce información sobre la identificación o captura del responsable.
Tal como previsto, desde este miércoles quedó en firme el proceso de reversión del corredor de carga Cartagena - Barranquilla, con el cual el Invías asumió oficialmente la operación de esta carretera de 249,16 km y el manejo de los seis peajes que se hallan en este tramo entre Atlántico y Bolívar, una transición que se ha visto alterada por protestas de la comunidad.Este corredor estaba a cargo de la Concesión Autopistas del Caribe, pero esta solicitó su liquidación anticipada tras no lograr su cierre financiero, entre otras, por las constantes protestas en la vía que impedían el recaudo en sus peajes.Ahora, la comunidad sigue protestando y hasta levantó las talanqueras en el peaje de Sabanagrande este miércoles, permitiendo el paso libre por la vía Oriental, pues dice que el Invías no les garantiza que continuará el cobro de una tarifa diferencial para los habitantes de la zona, quienes venían pagando a la Concesión 2.800 pesos y no los 12.700 de la tarifa plena.Rubén Llanos, líder del Comité no al Peaje, afirma que en manos del Invías debería regir una tarifa cero para ellos, pues tampoco se están haciendo las obras prometidas."Nosotros en el documento de objeciones a la resolución le pedimos que se suspendan el cobro de las casetas de peaje mientras no se tenga el estudio técnico y las socializaciones con las comunidades", afirmó Llanos.Los manifestantes dicen que mantendrán arriba las talanqueras del peaje de Sabanagrande en señal de protesta, hasta que hagan presencia funcionarios del Invías y del Ministerio de Transporte.Esta manifestación también podría extenderse hacia el peaje de Galapa, sobre La Cordialidad, donde la comunidad reclama la misma exención del cobro de la caseta.
En una iniciativa legislativa que busca transformar la interacción de los menores de edad con el mundo digital, el representante a la Cámara Jesús Lorduy, junto al senador Enrique Cabrales, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales sin una regulación estricta. La propuesta se inspira en modelos internacionales recientes, como el de Francia, y busca mitigar los riesgos asociados al uso temprano de estas plataformas.Un marco de protección y corresponsabilidadEl objetivo principal de la norma es establecer un sistema robusto que salvaguarde la integridad de la infancia en el entorno virtual. Según explicó el representante Lorduy en entrevista, “lo que buscamos es crear un marco integral de protección reforzada para los niños, niñas y adolescentes frente al riesgo derivado del acceso temprano y no regulado de redes sociales”.El parlamentario enfatizó que la seguridad digital no debe recaer únicamente en los menores, sino que es un asunto de "corresponsabilidad" que involucra al Estado, la sociedad, las instituciones educativas, las familias y, de manera crucial, a los proveedores de servicios. En este sentido, las empresas tecnológicas de redes sociales son señaladas como las principales responsables de implementar los mecanismos de control necesarios. Sanciones millonarias para las plataformasUno de los puntos más polémicos y contundentes del proyecto son las sanciones económicas para las empresas que no cumplan con la verificación de edad. Lorduy detalló que las multas están contempladas en el artículo 10 del articulado: “En caso de incumplimiento podrán ser multados hasta por 5000 salarios mínimos legales vigentes. Eso un monto de alrededor de 8.500 millones de pesos”.Estas multas estarían dirigidas a los prestadores del servicio que no establezcan requisitos claros para identificar si el usuario es menor de edad.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sería el órgano encargado de inspeccionar, vigilar y ejercer el control sobre estos contenidos y el cumplimiento de la ley. Métodos de verificación y control parentalPara asegurar que los usuarios cumplan con el requisito de edad, el proyecto propone diversas herramientas tecnológicas. Entre ellas se encuentran el uso del documento de identidad, el consentimiento y vinculación de padres o tutores, y tecnologías avanzadas de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial.“Esa verificación debe tener varios puntos, incluido pues el número de identificación... pero no nos basta solo con esto, sino también con un reconocimiento facial y hoy con la IA y con muchas herramientas que tenemos se puede identificar si esa persona es menor de 16 años o no”, explicó el representante.Además, la ley busca que las plataformas ofrezcan experiencias diferenciadas: “Es crear prácticamente de manera paralela dos tipos de contenidos. Los contenidos que son para menores de 16 años y los contenidos para personas adultas mayores a 17 años”.De esta forma, si un menor logra acceder, solo tendría disponible material apto para su edad, similar a como operan los controles parentales en plataformas de streaming como Netflix. El preocupante panorama de los menores en la redLa urgencia del proyecto se sustenta en cifras alarmantes sobre el consumo digital en el país. Lorduy advirtió que “los niños y niñas en Colombia pasan en promedio al día entre 8 y 9 horas en una pantalla o en un celular”.A esto se suma que el 62% de los menores de 16 años en el país no cuentan con ningún tipo de control parental sobre lo que consumen en redes sociales. Con aproximadamente 8 millones de niños menores de 15 años en Colombia, la mayoría con acceso potencial a estas redes, el debate sobre su protección se vuelve prioritario en la agenda legislativa. Escuche aquí la entrevista:
Lo que comenzó como una aparente ayuda por una llanta pinchada terminó en un violento secuestro y atraco en los accesos a Bogotá. Tres ciudadanos venezolanos fueron capturados en las últimas horas, señalados de integrar una peligrosa banda que interceptaba conductores en la vía entre Chipaque y Bogotá para despojarlos de sus pertenencias y de sus vehículos.El caso se conoció luego de que varias personas pidieran ayuda tras sufrir el pinchazo de una llanta cuando transitaban por el municipio de Chipaque, en límites entre Cundinamarca y Bogotá. Según la investigación, tres hombres que se movilizaban en motocicletas aprovecharon la situación para abordarlos y, mediante intimidaciones y agresiones físicas, obligarlos a permanecer dentro de la camioneta en la que se movilizaban.Las víctimas denunciaron que fueron golpeadas, mantenidas en contra de su voluntad y trasladadas por distintos sectores mientras los delincuentes les robaban sus pertenencias, entre ellas los teléfonos celulares. Con esos mismos dispositivos, los criminales contactaron a familiares de las víctimas para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación, en un intento por obtener una segunda ganancia del crimen.Mientras se desarrollaban patrullajes en los sectores de Los Soches y El Boquerón, en la localidad de Usme, policías detectaron una camioneta y dos motocicletas cuyos ocupantes reaccionaron de manera sospechosa al notar la presencia policial. Paralelamente, la Central de Radio alertó sobre el secuestro y el hurto denunciados horas antes, lo que permitió relacionar ambos hechos y desplegar un operativo de búsqueda.Las labores de rastreo llevaron al rescate de las víctimas, quienes fueron encontradas abandonadas en el sector de El Boquerón. Allí relataron que habían sido retenidas contra su voluntad, amenazadas, agredidas físicamente y despojadas tanto de sus pertenencias como de la camioneta en la que viajaban.Poco después, las víctimas reconocieron a los tres hombres que ya habían sido interceptados por los policías como los presuntos responsables del secuestro y del robo, por lo que fueron capturados en el lugar.Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la camioneta robada e inmovilizaron las dos motocicletas que, al parecer, eran utilizadas para ejecutar los asaltos. Los tres capturados quedaron a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos de secuestro y hurto.Las autoridades investigan si esta estructura estaría relacionada con otros casos ocurridos en los corredores de ingreso a Bogotá, bajo la modalidad de pinchar llantas para obligar a los conductores a detenerse y convertirlos en víctimas de robos o secuestros exprés.
