Claudia Espinoza, concejal de Turbaco, indicó en diálogo con Blu Radio que durante esta festividad ocurren actos. “Esto dejó varios heridos, pero no solo por los toros sino por grupos vandálicos”. (Lea además: Rechazo a violenta muerte de toro en corralejas de Turbaco) Espinoza fue enfática en expresar su desacuerdo con esta celebración y desaprobó la acción del Estado al respecto, pues “solo cuando suceden este tipo de cosas se retoma este tema, hace un año mataron a un animal en plena corraleja y los medios se pronunciaron solo durante los días de la corraleja”. “A este alcalde que se posesionó el 1 de enero le quedaba muy difícil hacer algo por esta fiesta, ya se había sacado un decreto que decía que se iban a dar de nuevo las corralejas”, señaló. La razón por la que este año se llevó a cabo esta festividad, según la concejal, fue falta de tiempo para que la nueva administración actuara. “No había dónde hacer la corraleja y en menos de 3 días montaron todo para hacer una fiesta. Pienso que ya hay una ley sobre el maltrato animal y hay que tomar medidas, pero como esta es una fiesta cultural de nuestro municipio el pueblo se opone a que acaben con la fiesta, amenazaron al alcalde que si las fiestas se acababan quemaban la alcaldía”. Criticó también que “la responsabilidad de llevar a cabo o no estas fiestas no solamente es del municipio sino del departamento, de la nación, pues los permisos los da el departamento para indicar cómo se deben construir las corralejas, ellos son los que sacan el certificado”. Además, aclaró que la administración del municipio no organiza las corralejas sino que está a cargo de un empresario privado.
El Movimiento Político Soy Porque Somos anunció su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta que se realizará el próximo 21 de junio.El movimiento creado el 21 de julio de 2021 por la vicepresidenta Francia Marquez, asegura ser una coalición nacida de las luchas de los pueblos negros, indígenas, campesinos, de las mujeres, las juventudes, población LGBTIQ+ y los territorios históricamente excluidos.Desde la coalición señalan que este es un momento decisivo para la democracia y el futuro del país, por lo que es necesario actuar con responsabilidad, unidad y esperanza.El movimiento Soy Porque Somos reconoció los avances alcanzados en los últimos años por parte del Gobierno en temas de justicia social, igualdad, equidad, justicia étnico racial, focalización territorial del presupuesto, así como los desafíos actuales para alcanzar transformaciones de fondo.Señalaron también que el país no debe retroceder hacia escenarios de violencia, sino por el contrario debe avanzar en una política para la vida.“En este contexto, Colombia debe reafirmarse en una política para la vida, Colombia no puede retroceder hacia escenarios de violencia, miedo y exclusión. En coherencia con el Ubuntu, el principio colectivo de movilizarnos como Pueblos, recordamos que el cuidado de la casa grande está en nuestras manos; por esto invitamos a todas, todes y todos los colombianos a votar este 21 de junio por Iván Cepeda y Aída Quilcué”, señaló el movimiento en su comunicado.Desde Soy Porque Somos, reafirmaron su compromiso con la defensa de la vida, la democracia y la dignidad en Colombia, por lo que aseguran que está decisión corresponde a esos principios.
Luego de que este 9 de junio comenzaran la recuperación del espacio público de 4.000 metros cuadrados bajo el puente de la Av. Villavicencio y la Autopista Sur, en la noche se comenzaron a registrar fuertes manifestaciones por personas informes por el operativo de la Alcaldía de Bogotá.A través de redes sociales, se han conocido una serie de videos en donde 20 vendedores informales y 10 motociclistas bloqueando la Autopista Sur con Villavicencio, pero además utilizando botellas de vidrio y encendiendo fuego en hogueras de basura. A la zona han llegado autoridades para controlar la situación y recuperar el control en la zona ante estos desmanes que se han comenzado a producir en la noche de este martes. "Este sector presenta problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana: consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, venta informal e ilegal de bebidas alcohólicas, disposición inadecuada de residuos, uso inadecuado para necesidades fisiológicas y otras actividades que deterioran el entorno urbano", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá sobre las razones para llevar a cabo este operativo.Hecho que ha causado esta indignación de las personas que, normalmente, se encuentran en esta zona y se encuentran en contra de la decisión del Distrito."Como resultado de estas jornadas, se evidenció una percepción ampliamente favorable del proyecto y a los usos propuestos para el espacio público. Tanto residentes como comerciantes y transeúntes manifestaron su respaldo a la intervención, destacando los beneficios que generará en términos de recuperación, activación y apropiación del espacio", añadieron.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió una resolución mediante la cual rechazó la propuesta de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada denominada “IP Conexión Centro”, presentada por Odinsa Vías S.A.S. para operar y desarrollar nuevas obras en los corredores Armenia–Pereira–Manizales y Calarcá–La Paila.La decisión quedó consignada en la resolución 20267020005975 del 25 de mayo de 2026, luego de más de seis años de estudios, evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras adelantadas por la entidad.Según la ANI, el proyecto no se ajusta a los intereses ni a las políticas públicas definidas por el Gobierno nacional para la atención futura de este corredor vial, actualmente operado por Autopistas del Café.La entidad explicó que el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) avanzan en la estructuración de un esquema de intervención pública para asumir la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura una vez concluya la actual concesión.La resolución señala que, aunque la iniciativa privada fue sometida a procesos de evaluación y socialización en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la propuesta resulta incompatible con la estrategia institucional que contempla una mayor participación estatal en la administración del corredor y la reducción gradual de peajes.La ANI precisó que la decisión no se fundamentó en la viabilidad técnica del proyecto, sino en un análisis de conveniencia frente a las políticas públicas vigentes y los lineamientos sectoriales definidos por el Gobierno Nacional.Con esta determinación, la entidad ordenó archivar el expediente de la iniciativa privada. Sin embargo, Odinsa Vías S.A.S. podrá interponer recurso de reposición dentro de los términos establecidos por la ley.Por otra parte, el Gobierno nacional mantiene en revisión hasta el próximo 20 de junio el borrador de decreto que establece la tarifa diferencial en los peajes de Autopistas del Café, así lo informó a través de sus redes sociales el congresista Santiago Osorio, uno de los principales promotores de las protestas en Caldas contra el cobro de estos peajes. El documento ya se encuentra publicado para observaciones y ajustes antes de la expedición del decreto definitivo.
Con fotografías, documentos y la esperanza de obtener respuestas, cinco familias de Santander y Norte de Santander, viajan a Bogotá para pedir la intervención del Gobierno nacional este miércoles, ante la desaparición de varios colombianos que viajaron a la guerra entre Rusia y Ucrania y de quienes no tienen noticias desde hace meses.Las familias se reunirán en el Congreso de la República a las 10:00 de la mañana para solicitar apoyo de las autoridades colombianas y de la comunidad internacional, asegurando que han agotado las vías institucionales sin obtener información sobre el paradero de sus esposos, hijos, hermanos y demás familiares.Entre quienes lideran esta iniciativa está Lorena del Pilar Gómez Rangel, residente en Girón, Santander, quien completa cinco meses sin conocer el destino de su esposo, un hombre de 37 años que viajó al conflicto armado atraído por ofertas laborales y promesas de mejores ingresos."Mi hijo me pregunta por su papá y no sé qué responderle. He enviado derechos de petición, radicados y correos a la Cancillería, pero nadie nos da información", afirmó.Según denuncian las familias, muchas de las personas que viajaron al extranjero fueron contactadas por intermediarios que les ofrecieron altos salarios y trabajos que supuestamente no implicaban participar directamente en combates. Sin embargo, aseguran que varios terminaron en zonas de confrontación y desde entonces perdieron toda comunicación con sus seres queridos.Denuncian red de reclutamiento Las esposas y madres de los desaparecidos sostienen que, detrás de estos casos, podría existir una red de reclutamiento que opera mediante falsas promesas laborales. Aseguran que algunos hombres fueron convencidos de viajar para desempeñar labores de apoyo logístico, atención de heridos o cocina, pero presuntamente terminaron enviados al frente de batalla."Los llevan engañados. Les prometen millones de pesos, pero muchas familias nunca volvieron a recibir noticias de ellos. Hay madres campesinas que no saben dónde pedir ayuda y sienten que han sido abandonadas por las instituciones", manifestó Gómez.Las familias afirman que, a nivel nacional, más de 160 hogares atraviesan situaciones similares y que existen casos de personas desaparecidas desde hace más de un año.María Isabel Leal Meza, esposa de otro colombiano desaparecido, aseguró que el miedo ha llevado a muchas familias a guardar silencio."La gente por miedo no habla. Nosotros nos hemos unido en un grupo con familias de Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga y otras regiones para apoyarnos y buscar respuestas", explicó.Durante la jornada en el Congreso, los familiares solicitarán al Gobierno Nacional, a la Cancillería colombiana y a representantes diplomáticos de Rusia, información sobre el estado y ubicación de los colombianos desaparecidos.Las familias esperan que su llamado permita abrir una investigación más amplia sobre los mecanismos de reclutamiento utilizados para llevar ciudadanos colombianos al conflicto europeo y, sobre todo, obtener alguna noticia sobre sus seres queridos.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó efectivos y helicópteros artillados este martes en zonas con enormes reservas minerales en el sur de Venezuela para desalojar a líderes de bandas armadas que operan en la región, informó la ONG SOS Orinoco y una fuente local a EFE.El operativo, del que hasta ahora no hay información oficial, ocurre dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas, hasta ahora ampliamente controladas por militares y organizaciones criminales."Reportes verificados indican un operativo de la FANB con helicópteros artillados en Las Brisas y áreas cercanas contra líderes armados de la minería (presuntamente alias 'Juancho')", indicó en un mensaje en X SOS Orinoco.Una fuente de la zona, que pidió el anonimato por razones de seguridad, dijo a EFE que desde tempranas horas los helicópteros llegaron al yacimiento de oro Las Brisas, al poblado de Las Claritas y el Kilómetro 88 del estado Bolívar (sur) y que se escucharon disparos, que causaron zozobra e incertidumbre a la población.La misma fuente explicó que alias el Juancho es "uno de los jefes del sindicato minero (grupo armado) que domina parte de Las Claritas y el kilómetro 88".En Las Brisas y Las Claritas hay "enormes reservas minerales" y son regiones con "antecedentes" de disputas legales internacionales, precisó SOS Orinoco.Para la ONG el operativo "evidencia que existen fuertes presiones políticas para reconfigurar el control del territorio", también advirtió sobre los riesgos que representa un operativo de este tipo."El principal riesgo: una intervención centrada únicamente en la fuerza militar, sin un enfoque integral" que puede "desencadenar de inmediato" en "desplazamientos masivos de población", "agudización de la crisis humanitaria" y "violencia contra civiles inocentes", sostuvo la organización.En redes sociales además circulan varios vídeos en los que se escuchan disparos o se observa a gente corriendo.También se ven helicópteros, pero SOS Orinoco advirtió que muchos de ellos "no corresponden a hoy"."La evidencia acumulada muestra que la minería en Bolívar es un fenómeno complejo que requiere: ordenamiento territorial estricto; formalización y atención social; restablecimiento institucional y ambiental. La fuerza bruta sola no soluciona el problema", apuntó.En ese sentido, exigió transparencia absoluta sobre el operativo, protección para la población civil y una estrategia basada en derechos humanos."Es imposible estabilizar el sur del Orinoco sin desmontar el modelo mafioso que permitió la expansión de economías extractivas ilegales y estructuras armadas", concluyó la ONG.
