El aumento del 12 % en el salario mínimo para el 2024, aunque no fue por acuerdo, puede “alivianar un poco un poco las diferentes dificultades que se están presentando el tema económico” en el país, según dijo en Mañanas Blu el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), John Jairo Caicedo, quien, además, aseguró que este incremento estuvo “acorde” a la situación actual que se atraviesa.“Nosotros, como central, estuvimos con presencia en la mesa, creímos siempre en una concertación y esperábamos llegar a un acuerdo. Sin embargo, creo que estuvimos relativamente muy cerca, pese a los esfuerzos que hay que reconocer hizo la ministra en su momento de la negociación; sin embargo, pues no se pudo. Creemos que el incremento va a estar acorde con todo lo que está viviendo el país. También hay que reconocer que la canasta familiar, supremamente cara, los altos costos de vida en todas las regiones del país, dificultades de empleabilidad, dificultad en el sector agrario, agropecuario, campesino”, señaló.Sobre el acuerdo que no se alcanzó a concretar, Caicedo mencionó que, en parte, fue por el poco tiempo que se destinó para la mesa de diálogo. Por eso, añadió, con un más espacio se hubiera llegado a una concertación entre las partes.A los cuestionamientos por las posibles consecuencias que esto tenga, dijo que solo les queda esperar cómo se va desarrollando a lo largo del año, pero, insistió, esperan que sea algo positivos para los trabajadores, empresarios y centrales. Esto, en respuesta a que, por los gastos de más que ahora se tendrán que asumir, habría recortes.“Creemos y somos unos convencidos desde CTC que, al final del día, si un trabajador tiene poder adquisitivo, si puede ir a la tienda, si puede ir al almacén, si puede ir al supermercado, eso va a ayudar a la movilidad, al tema económico, también en nuestro país”, precisó.El presidente de la CTC hizo un reconocimiento a al sector empresarial, de acuerdo con él, “hacen parte fundamental del esquema económico” del país y operar sin ellos sería complicado y, más ahora, con un año que recién empieza con un nuevo aumento.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El presidente Gustavo Petro aseguró este miércoles, 31 de mayo, que marchará "al lado del pueblo trabajador" durante una movilización convocada el 7 de junio por las centrales obreras en apoyo a las reformas sociales de su Gobierno."Esta vez no estaré en el balcón, marcharé al lado del pueblo trabajador y espero que quienes votaron para realizar un cambio en Colombia me acompañen ahora en todos los municipios del país", afirmó el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.Agregó: "Estaré este día recorriendo las calles con la marcha. Invito a quienes votaron por el cambio y a quienes desean justicia en Colombia a marchar en todos los municipios. No solo por las reformas sino por una gran marcha nacional contra la impunidad. !Que haya Justicia en Colombia!".La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP) convocaron a la "Toma de Bogotá por las reformas sociales" el 7 de junio."Cada vez es más crítico el debate sobre las tres reformas sociales del Gobierno (...) Por una parte, por la campaña mediática de los poderes económicos y políticos del establecimiento neoliberal y de la extrema derecha en su contra, así como por el estrecho margen de tiempo que va quedando para aprobarlos, gracias a la dilación de diferentes fuerzas económicas, políticas y mediáticas”, aseguró Francisco Maltés, presidente de la CUT.Petro ha defendido la necesidad de que las reformas laboral, de pensiones y la de salud, que hacen trámite en el Congreso, sean discutidas y aprobadas porque traerán bienestar a los colombianos.Para ello el mandatario ha realizado dos balconazos en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en los que ha defendido estas reformas ante multitudes que han llegado hasta allí.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
Este viernes podría lograrse un acuerdo entre empresarios, Gobierno y trabajadores sobre el salario mínimo de 2023, en medio de un cambio a la forma en que se manejará la sesión de presentación de ofertas. Tradicionalmente empresarios y trabajadores llegan a la sesión cada uno con una cifra para que comience la puja. Esta vez será distinto.“Hemos definido que los trabajadores van a presentar el viernes su propuesta, luego de unas deliberaciones internas que ellos tienen y los empleadores. Luego de ella, haremos nuestra oferta. Lo vamos a estimar para el lunes, luego de que lo hagan los trabajadores”, dijo el vicepresidente de asuntos jurídicos y sociales de la Andi, Alberto Echevarría.Esto implica que los empresarios podrían simplemente adherirse a la petición de los trabajadores, si les parece razonable y lograr un acuerdo de forma anticipada.Los trabajadores se reunirán mañana en el marco del Comité Unitario de Paro pero, a diferencia de otros años, no divulgarán su petición antes de llegar a la mesa.“No se trata fundamentalmente de, digamos, una cifra o un porcentaje en lo que se acuerde incrementar o ajustar el salario mínimo. Se trata de una política que garantice que cualquiera que sea el acuerdo haya garantía de no perder ese poder adquisitivo por la vía de los impactos que generan tarifas, servicios públicos y algunos productos. Hay que presentar una propuesta integral que incluya una cifra y unas medidas que protejan el poder adquisitivo de los salarios”, dijo el presidente de la CGT, Percy Oyola.Un punto para tener en cuenta es que la mayoría de las peticiones para controlar la inflación vienen a ser un asunto para que lo resuelva el gobierno, no los empleadores. De hecho tanto los comerciantes de Fenalco como la CUT están pidiendo en la mesa una compromiso del gobierno para revisar la tasa de usura en los bancos.Carrera del Gobierno contra la inflaciónEl Gobierno tiene en la cabeza desvincular el salario mínimo de otros incrementos en la economía. El Ministerio de Hacienda tiene identificados unos 204 cobros que deberían actualizarse con un parámetro distinto al salario mínimo y, esta mañana, el Gobierno emitió una circular que obliga a que cada ministerio reporte qué otros cobros se pueden desligar del salario mínimo y cómo hacerlo.El Gobierno, sin embargo, está hablando de la necesidad de tomar una decisión sensata que tome en cuenta el hecho de que la inflación será menor el año entrante y que tenemos una desaceleración económica a la vista.“Se debe tener en consideración el contexto macroeconómico. Entre esos por ejemplo están los pasos que tienen los ajustes del salario mínimo en inflación en un momento de inflación relativamente alta. También tener en cuenta que con el dinamismo que hemos tenido en la economía en 2022 va a venir una desaceleración en 2023 y por último hay consideraciones de impacto fiscal. Todo eso se tiene que tener en cuenta”, dijo el viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández.Según el Ministerio del Trabajo, actualmente hay 9.4 millones de personas que se ganan menos de un salario mínimo al mes, esto es más del 43% de los trabajadores. Mientras tanto, 3.4 millones de colombianos se ganan un salario mínimo.
John Jairo Caicedo de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), habló en Mañanas Blu con Camilia Zuluaga acerca de las conversaciones de sindicatos, gremios económicos y Gobierno para establecer el aumento del salario mínimo de los colombianos para el año 2023. "El lunes iniciamos oficialmente las mesas de negociación. Las centrales sindicales queremos llegar unificadas bajo unas condiciones difíciles, complicadas con una inflación supremamente alta, la peor en las últimas dos décadas y proyectadas a que 2023 sea peor y pronunciado por la recesión económica. El tema no va a estar fácil", dijo el sindicalista. De acuerdo con Caicedo, los análisis que plantean un marco del 15% al 20% en el aumento son interesantes y deberían tenerse en cuenta. "Fedesarrollo plantea un 13.55%, he expresado que me parece respetable, no comparto esa posición, pero la idea es concertarlo", sostuvo Caicedo. "La propuesta oficial se hará el 9 de diciembre. Desde la CTC, decimos que el salario mínimo debe ser concertado, no decretado como se ha hecho anteriormente, sino ajustado de acuerdo a unas variables económicas del poder adquisitivo de los colombianos", declaró el vocero de CTC. Caicedo aseguró que el movimiento ha sido muy responsable y ha trabajado sobre bases que se pueden palpar. "El pan para hoy, no puede ser hambre del mañana", concluyó el sindicalista. Así sería la pujaAnalistas proyectan que el salario mínimo para el próximo año puede subir entre 15 % y 20 %, debido a la alta inflación y los niveles de desempleo. También se tendrán presente otros factores como lo es la desaceleración de la economía en el país y en el mundo.Hace unos días la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó el cronograma y envió un mensaje de tranquilidad para gremios y centrales obreras que participan en la mesa de concertación, para que a la negociación del salario mínimo lleguen sin inconvenientes.Desde otras centrales obreras distintas a la CTC se ha pedido tener en cuenta todas las variables para llegar con una propuesta. “Evidentemente se debe tener presente las cifras de inflación y desempleo del mes de noviembre los cuales consideramos muy importantes para poder establecer ese monto y tradicionalmente como se trabaja en la mesa estos temas se deben conocer el 6 de diciembre”, expresó Fabio Arias dirigente de la CUTSi las partes no se ponen de acuerdo para el aumento del salario mínimo, el Gobierno nacional expediría un decreto para definir el salario mínimo a más tardar el 30 de diciembre.
Jhon Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), se refirió en Mañanas Blu a la posición de las agremiaciones sindicales en la mesa de concertación que definirá el salario mínimo de 2023. "Hemos sido citados a la comisión permanente de políticas salariales con el objetivo de presentarnos el calendario del salario mínimo. Este lunes se instala oficialmente. Hasta en horas tendremos las fechas, cuando se instale. Tenemos mucha expectativa desde el movimiento sindical", sostuvo Caicedo. Según Caicedo, la propuesta del incremento del salario mínimo desde los sindicatos será concertada y debe tener en cuenta varios factores, como la inflación y el crecimiento de la productividad. "Desde el movimiento sindical, especialmente de la CTC estamos en pie, no solamente por el tema de inflación, sino por el del crecimiento de la productividad. Adicionalmente, de todos los ingredientes económicos que hemos visto en los últimos meses. La concertación debe ser tripartita y lo debemos consolidar en la mesa. En las centrales obreras nos damos a la tarea de unificar una propuesta, de la cual nos falta por definir algunos temas. No quisiera ser irresponsable al dar alguna cifra", sostuvo. Caicedo dijo que las centrales obreras actuarán con responsabilidad al formular la cifra de propuesta de incremento del mínimo en la mesa de concertación, pero manifestó su queja por el progresivo decrecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. "Todo ha subido, para nadie es un secreto que no solo la canasta familiar, sino todo está supremamente costoso. Observamos que ya la plata no alcanza para absolutamente nada. Eso obviamente nos hace llevar a reflexionar en muchas cosas", declaró el sindicalista. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que las mesas de concertación para discutir las reformas pensional, laboral y salario mínimo para el 2023. “Vamos a ponernos de acuerdo para crear unas subcomisiones para empezar a trabajar la reforma laboral, otra subcomisión para la pensional, la mesa de concertación para la activación de las cinco comisiones. También trabajaremos la subcomisión de reglamentación y decretos”, dijo la funcionaria.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.
Viajar desde Colombia hasta Japón puede costar menos de lo que muchos viajeros imaginan, con un cálculo hecho para febrero de 2027 en el que se encuentran tiquetes desde Bogotá hacia Tokio por alrededor de $5 millones ida y vuelta. A esto se suma un factor que está reduciendo el costo del destino para los colombianos: la cotización del yen frente al peso.Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la combinación de una moneda japonesa debilitada y un peso colombiano relativamente fuerte hace que el gasto en Japón sea menor para quienes llevan pesos.“Cuando se juntan una de las monedas más débiles del mundo (el yen) con una de las más fuertes (el peso colombiano), Japón se pone en promoción”, señaló el economista.¿Por qué viajar a Japón está más barato para los colombianos?El comportamiento del yen frente al peso permite dimensionar el cambio. Según Campos, a comienzos de 2023, 100 yenes costaban aproximadamente $3.700, mientras que actualmente esa misma cantidad representa unos $2.026.Con esa diferencia, el economista calcula que Japón resulta cerca de 45 % más barato para un colombiano al comparar el valor de la moneda japonesa en esos dos momentos.El efecto se refleja principalmente en los gastos que se realizan directamente en yenes, como alojamiento, alimentación, transporte y entradas a diferentes atracciones.¿Cuánto puede costar un viaje de 15 días?Una estimación compartida por un influencer de viajes plantea que el presupuesto para 15 días en Japón puede estar alrededor de $4 millones, sin incluir los tiquetes internacionales.El cálculo contempla alojamiento en Tokio, Kioto y Osaka desde unos $100.000 por noche por persona, principalmente en hostales. En hoteles, el valor puede subir a $200.000 o más.Para alimentación, la referencia utilizada es de unos $100.000 diarios. Entre las opciones mencionadas están las tiendas de conveniencia y cadenas de restaurantes, mientras que un ramen en Ichiran puede costar alrededor de $25.000.El transporte urbano también puede mantenerse dentro de ese presupuesto: los trayectos en metro se estiman en unos $6.000.¿Qué ruta se puede hacer por Japón?Para un viaje de 15 días, el itinerario propuesto comienza en Tokio y pasa por Yokohama, Kanazawa, Takayama, Kioto, Osaka, Hakone y Kawaguchiko, antes de regresar a Tokio.El recorrido permite combinar grandes ciudades con destinos turísticos ubicados fuera de los principales centros urbanos. Entre ellos está Kawaguchiko, una zona recomendada para observar el monte Fuji y situada aproximadamente a una hora y media de Tokio.El desplazamiento entre Tokio y Osaka también puede hacerse en Shinkansen, el tren bala japonés. El cálculo se estima en unos $700.000 el trayecto de ida y vuelta, incluyendo la conexión con Kioto.¿Cómo comprar tiquetes baratos desde Colombia a Japón?Para viajar entre el 3 y el 18 de febrero de 2027 se encontraron vuelos desde Bogotá a Tokio por unos $5 millones ida y vuelta.El itinerario encontrado se trata de tiquetes comprados por separado, que permiten armar el recorrido entre Bogotá, Madrid y Tokio por unos $5,2 millones en total. Así quedaría el recorrido desde Bogotá:Bogotá-Madrid ida y vuelta por aproximadamente $2,5 millones en Avianca, sin escalas.Madrid-Tokio ida y vuelta ronda los $2,7 millones, por Qatar Airways haciendo una escala.A ese presupuesto se pueden sumar otros gastos, como entradas a atracciones. Por ejemplo, Tokyo Disneyland se encuentra entre los parques Disney con entradas más económicas, con un valor cercano a $190.000.Cabe también aclarar que los costos presentados son una estimación, y el valor final dependerá únicamente del recorrido, la experiencia y los lugares que desee visitar cada uno, por lo que fácilmente ese precio podría subir si se decide estar en hoteles 5 estrellas y comer siempre en restaurantes lujosos.
Colombia debe hacer una evaluación de los efectos sobre la salud, la seguridad alimentaria y el medioambiente antes de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos, especialmente por su posible impacto sobre comunidades afrocolombianas, dijo este jueves un mecanismo de expertos de la ONU.En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, el Mecanismo de Expertos Independientes de la ONU para Promover la Justicia y la Igualdad Raciales en la Aplicación de la Ley menciona algunas de las medidas anunciadas como parte de la lucha contra los grupos armados y el narcotráfico por parte del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.Como una cuestión prioritaria, los expertos piden que se preste atención a que esas medidas no refuercen el racismo sistémico en el país.Recordaron que las comunidades afrocolombianas se han visto afectadas de forma desproporcionada por políticas predominantemente punitivas y militarizadas, particularmente en territorios afectados por la violencia armada, las economías ilícitas y una limitada presencia del Estado.Por ello, pidieron que las políticas de seguridad y drogas que se implementen incorporen una perspectiva étnico-racial, respeten los derechos humanos y garanticen la participación de las comunidades afectadas.Asimismo, los expertos señalan que los estereotipos que asocian a las personas de ascendencia africana, especialmente a los jóvenes, con la criminalidad y la peligrosidad siguen influyendo en los controles policiales, las sanciones y el acceso a la justicia.Los expertos dijeron haber documentado situaciones de controles y registros policiales considerados injustificados y un uso excesivo - en ocasiones letal - de la fuerza, además de una aplicación discriminatoria de los llamados comparendos, multas cuyo impago afecta especialmente a jóvenes afrocolombianos y a personas en situación socioeconómica desfavorecida.A ese respecto, el Mecanismo de la ONU pidió una revisión integral del impacto de los comparendos y recomendó una moratoria sobre estas multas y la cancelación de las pendientes.