El gobierno de Estados Unidos estaría avanzando en una nueva ofensiva sobre procesos de naturalización que pondría bajo revisión la ciudadanía de cientos de personas nacidas en el extranjero, en medio de un endurecimiento migratorio impulsado desde el Departamento de Justicia. Reportes de medios estadounidenses señalan que al menos 300 casos estarían siendo evaluados para posibles procesos de desnaturalización.La medida ha generado atención porque este tipo de procedimientos han sido históricamente poco frecuentes en Estados Unidos y, según los reportes conocidos hasta ahora, haría parte de un esfuerzo más amplio para aumentar las investigaciones sobre presunto fraude en solicitudes de ciudadanía.¿Qué se sabe sobre la posible revocatoria de ciudadanía en Estados Unidos?Según informó NBC News, citando fuentes familiarizadas con las investigaciones, el Departamento de Justicia tendría en estudio cientos de expedientes de ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero.De acuerdo con ese reporte, funcionarios federales estarían trabajando para aumentar el número de casos remitidos por mes para revisión judicial. La meta, según el medio, sería enviar entre 100 y 200 posibles expedientes mensuales al Departamento de Justicia para evaluar si proceden acciones legales.Un portavoz del Departamento de Justicia citado por NBC News afirmó que la prioridad estaría centrada en detectar supuestos fraudes en procesos de naturalización. Según esa posición oficial, las acciones buscan perseguir casos relacionados con personas que habrían ocultado información o engañado a las autoridades migratorias.El diario The New York Times también reportó sobre la cifra de personas potencialmente involucradas.¿Qué es la desnaturalización y en qué casos se aplica?La desnaturalización es un procedimiento judicial mediante el cual el gobierno puede intentar revocar la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización.Históricamente, estos procesos han estado ligados a casos como:Fraude en la solicitud de ciudadanía.Ocultamiento de antecedentes criminales.Presuntos crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.Engaños relacionados con beneficios estatales, según ejemplos citados por autoridades estadounidenses.Este tipo de procesos no son administrativos automáticos; suelen tramitarse ante tribunales federales.Según datos mencionados en los reportes, durante el primer mandato de Donald Trump se presentaron 102 casos de desnaturalización, una cifra que da contexto a la nueva dimensión que tendrían las investigaciones actuales.¿Por qué se habla de cientos de ciudadanos nacidos en el extranjero?La información conocida apunta a una ampliación de las revisiones dentro del sistema migratorio estadounidense.De acuerdo con NBC News, expertos de U.S. Citizenship and Immigration Services habrían sido reasignados para identificar posibles casos susceptibles de revisión.Ese esfuerzo se enmarca en una agenda migratoria más amplia. Los reportes también señalan acciones paralelas relacionadas con controles migratorios y operativos de cumplimiento en distintas ciudades.Hasta ahora no se ha detallado públicamente por qué habrían sido seleccionados específicamente los cerca de 300 casos mencionados.¿Cuántas personas obtienen ciudadanía estadounidense cada año?Las cifras de Department of Homeland Security citadas en los reportes indican que cerca de 800.000 personas se naturalizan anualmente en Estados Unidos.Ese volumen convierte a la naturalización en una vía relevante para millones de migrantes, razón por la que cualquier revisión masiva o incremento en procesos de desnaturalización suele generar atención jurídica y política.Mientras se conocen más detalles sobre los expedientes en estudio, la información disponible muestra que fiscales federales en distintas oficinas estarían participando en estas investigaciones.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos adelantan indagaciones sobre el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con información publicada por The New York Times, con lo que fiscales federales estarían revisando posibles vínculos del mandatario con narcotraficantes, en un proceso que aún se encuentra en etapa preliminar.Según el reporte, basado en fuentes cercanas al caso, las pesquisas buscan establecer si Petro sostuvo reuniones con personas vinculadas al narcotráfico o si, durante su campaña presidencial, se habrían solicitado o recibido aportes de este origen. El medio señala que las investigaciones están siendo lideradas por fiscales de Manhattan y Brooklyn, con el apoyo de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).¿Cuáles son los alcances de esta investigación?En medio de este escenario, el exfiscal de Nueva York Abel Arcia explicó en Mañanas Blu 10:30 el alcance real de este tipo de procesos dentro del sistema judicial estadounidense. De entrada, hizo énfasis en que una investigación no equivale a una acusación formal. “Una investigación no significa de que una persona está siendo acusada o que ha hecho algo malo o que ha violado la ley”, afirmó.No obstante, Arcia centró su análisis en un elemento que consideró atípico: la filtración de la información. “Generalmente, cuando hay investigaciones en la Fiscalía Federal, no existe ningún leak, no existe ninguna filtración de información”, señaló, al advertir que este tipo de revelaciones no hacen parte del procedimiento habitual.El exfiscal también llamó la atención sobre el contexto en el que se conoce la noticia, marcado por un escenario electoral en Colombia. “Tenemos que tomar en cuenta el timing, el momento en que viene esto”, dijo, sugiriendo que el entorno político debe ser considerado al analizar el impacto de la información divulgada.En cuanto al tratamiento judicial, explicó que en principio no debería haber diferencias por tratarse de un jefe de Estado. Sin embargo, reiteró que la divulgación anticipada puede afectar el curso del proceso. “El filtrar información en un periodo de investigación le hace daño a que se pueda lograr con éxito un caso”, advirtió.Sobre una eventual injerencia del Ejecutivo estadounidense, Arcia fue enfático en precisar el alcance de lo publicado. “El artículo no dice que la Casa Blanca no influyó; dice que no tiene ninguna prueba de que haya influido”, aclaró, marcando distancia frente a interpretaciones concluyentes.Frente al desarrollo del proceso, detalló que las investigaciones federales suelen avanzar de manera gradual. “Se juntarían todas las evidencias, los testigos, todas las pruebas, poco a poco”, explicó, indicando que solo tras ese análisis podría presentarse una acusación formal ante un gran jurado.Asimismo, señaló que este tipo de indagaciones no se comparten con autoridades extranjeras en sus primeras etapas. “Eso no se comparte hasta que no se ejecuta el arresto de los acusados”, precisó.En términos de tiempo, el exfiscal estimó que, si el caso tuviera fundamento, podrían conocerse avances en el mediano plazo. “Yo esperaría que en los próximos 9 a 12 meses se supiese algo al respecto”, indicó, aunque insistió en que se trata de un escenario incierto.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una serie de acusaciones contundentes que señalan a Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, y a varios de sus colaboradores de alto nivel como los líderes y administradores del Cartel de los Soles, a quien señalan como organización narcoterrorista.Según el el exfiscal General de EE. UU., William P. Barr, el régimen venezolano, liderado por Maduro, está "plagado de criminalidad y corrupción" en un informe del 2020. Las autoridades estadounidenses alegan que, durante más de 20 años, Maduro y sus principales lugartenientes conspiraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína, con el objetivo expreso de "socavar la salud y el bienestar de nuestra nación".Quiénes conforman el Cartel de los SolesEl nombre Cartel de los Soles hace referencia a las insignias solares que adornaban los uniformes de los altos mandos militares venezolanos. La acusación formal sustitutiva, revelada en el Distrito Sur de Nueva York, acusa a los siguientes individuos como líderes y administradores de esta organización, al menos desde 1999:Nicolás Maduro Moros, 57 años, expresidente de Venezuela.Diosdado Cabello Rondón, 56 años, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”, 59 años, exdirector de inteligencia militar.Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58 años, exgeneral de las fuerzas armadas de Venezuela.Además, dos líderes de las Farc, Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte alias “Jesús Santrich”, también fueron acusados por su presunta participación en esta alianza narcoterrorista.Las autoridades estadounidenses detallan que Maduro y los demás acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas del país, incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, el poder legislativo y el judicial. Esta corrupción sistémica, afirman, fue fundamental para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Se alega que el Cartel de los Soles no solo buscaba enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también "inundar Estados Unidos de cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a sus consumidores". En su rol como líder del Cartel, Maduro Moros supuestamente negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc, ordenó el suministro de armas de uso militar a las Farc, coordinó relaciones exteriores para facilitar el tráfico a gran escala y solicitó asistencia de las FARC para entrenar a una milicia no autorizada.Estados Unidos ha calificado al Cartel de los Soles como una organización terrorista, asegurando que está vinculado al gobierno venezolano y proporciona apoyo material a otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Esta designación permite a EE. UU. utilizar "todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio". Ecuador también ha respaldado esta clasificación.Por su parte, el gobierno de Venezuela, a través del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha declarado que "el Cartel de los Soles es un invento" de Estados Unidos, afirmando que es una estrategia para atacar a quienes les "molestan".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó hoy la incautación del avión Dassault Falcon 900EX valorado en 13 millones de dólares, vinculado a Nicolás Maduro y sus allegados,en una medida que busca hacer cumplir las sanciones y leyes de control de exportaciones impuestas al régimen venezolano.La aeronave, que fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos, había sido utilizada para transportar al mandatario venezolano y a sus representantes en diversas visitas internacionales, según dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.. Así fue la incautación en República DominicanaLa operación, que culminó con la incautación del avión en la República Dominicana, dice la comunicación, fue resultado de una investigación coordinada entre las autoridades estadounidenses y sus homólogos dominicanos. El fiscal general Merrick Garland expresó la importancia de esta acción y subrayó que el Departamento continuará persiguiendo a aquellos que violen nuestras las sanciones y controles de exportación "para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos”.¿Para que era usado el avión de Maduro?De acuerdo con el Departamento de Estado, el avión Dassault Falcon 900EX, con el número de matrícula T7-ESPRT, fue adquirido mediante una compleja red de empresas ficticias, diseñadas para ocultar la implicación directa del régimen de Maduro en la transacción.Según las investigaciones, dice la comunicación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas cercanas a Maduro usaron una compañía con sede en el Caribe para ejecutar la compra del avión de una empresa ubicada en el Distrito Sur de Florida. Posteriormente, la aeronave fue exportada ilegalmente a Venezuela, evadiendo los controles de exportación de Estados Unidos. “Que esta incautación envíe un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar”, afirmó Matthew Axelrod, subsecretario de Cumplimiento de Exportaciones del Departamento de Comercio, al destacar el éxito de la operación. ¿Qué pasará con el avión de Maduro?El caso, ahora en manos de los fiscales federales en el Distrito Sur de Florida, podría sentar un precedente significativo en la lucha contra las redes de corrupción internacional. El fiscal federal Markenzy Lapointe señaló que la operación fue posible gracias a la “planificación, coordinación y ejecución” conjunta entre Estados Unidos y la República Dominicana.¿Por qué incautaron el avión de Maduro?Cabe recordar que, en agosto de 2019, el presidente Donald Trump, entonces presidente de EE.UU., prohibió a personas estadounidenses participar en transacciones con miembros del régimen de Maduro. La idea era restringir las capacidades del Gobierno venezolano de acceder a bienes y servicios que puedan fortalecer su control autoritario. En ese contexto, la incautación del Dassault Falcon 900EX es una manifestación tangible de cómo estas medidas están siendo implementadas de manera efectiva.La incautación no solo representa un golpe financiero al régimen de Maduro, sino que también sirve como un claro aviso a otros actores internacionales involucrados en la violación de sanciones estadounidenses.
El Departamento Médico Forense de Los Ángeles, Estados Unidos, confirmó este viernes que el actor Matthew Perry, conocido por su papel en ‘Friends’, falleció a los 54 años debido a una sobredosis accidental de ketamina.Las autoridades concluyeron que la muerte de Perry fue "accidental" después de llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre el suceso ocurrido en octubre. El actor fue encontrado inconsciente en la piscina de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre.A raíz de esta revelación, se han suscitado preguntas alrededor de la ketamina, un anestésico que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, está vinculado a abusos y riesgos significativos.¿Qué es la ketamina?Según el Departamento de Justicia, la ketamina es un anestésico conocido por sus propiedades alucinógenas. Aunque su uso legítimo es como anestésico veterinario, también se ha aprobado su uso en seres humanos.Desafortunadamente, su abuso se ha vuelto popular debido a sus efectos similares a la PCP. El Departamento de Justicia advierte que también se utiliza de manera inapropiada en agresiones sexuales, donde agresores la emplean para incapacitar a sus víctimas.Apariencia y consumo de la ketaminaLa ketamina se presenta comúnmente como líquido incoloro o polvo blanco. Se consume mezclándola con bebidas, agregándola a sustancias para fumar o inyectándola. Su versatilidad en formas de consumo la hace especialmente riesgosa.La ketamina atrae principalmente a adolescentes y jóvenes adultos. Según estadísticas del Drug Abuse Warning Network, entre el 74 % de las menciones relacionadas con ketamina en salas de emergencia en los Estados Unidos, los jóvenes entre 12 y 25 años representan la mayoría.Riesgos de consumir ketaminaLa ketamina produce distorsiones en la percepción y puede afectar el juicio y la coordinación por hasta 24 horas. Además de problemas físicos, como:Presión arterial elevadaProblemas respiratoriosDepresiónDelirioAmnesiaTrastornos motoresHa sido asociado a agresores sexuales“El uso de la ketamina se ha visto asociado a problemas graves, tanto físicos como mentales. La ketamina puede causar depresión, delirio, amnesia, trastornos de las funciones motoras, presión arterial elevada, y problemas respiratorios potencialmente mortales. Además de los riesgos asociados con la propia droga, las personas que la usan pueden exponerse al riesgo de agresiones sexuales”, apunta el Departamento de Justicia.Efectos de la ketaminaLos efectos de la ketamina pueden ser graves y duraderos, afectando tanto la salud mental como la física. La depresión, la pérdida de la coordinación, y los problemas respiratorios son solo algunos de los riesgos que los consumidores enfrentan.
A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, aún son varias las preguntas que quedan en el aire sobre este caso.Y es que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Además, según el ex alto ejecutivo de Corficolombiana, no es cierto, como indica el acuerdo, que él hubiese tenido responsabilidad directa en el pago de 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre los años 2014 y 2016.En ese sentido, suscita la pregunta, entre otras relevantes, de por qué en Colombia no ha habido condenas tan importantes como la de las autoridades estadounidenses respecto a estos escándalos relacionados con Odebrecht y, para responder a esto, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño.“Creo que no podemos llegar a decir que es tan blanco o tan negro, lo que ha pasado con Odebrecht y el grupo Sarmiento es tirando a gris porque en Colombia sí ha habido decisiones importantes en relación con Ruta del Sol II”, puntualizó Robledo agregando a su vez la labor y las decisiones que él cuando estaba a la cabeza de la Superintendencia de Industria y ComercioEl exdirectivo de la SIC relató lo que, bajo su cargo, logró la SIC con relación a diferentes investigaciones realizadas al grupo brasileño y señaló al superintendente que lo sucedió, Andrés Barreto, de salvar “a Odebrecht y a Sarmiento de otras millonarias multas”.Asimismo, se refirió sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación en estas investigaciones y aseveró que, según su punto de vista, “avanza en relación con las personas que representan la parte más delgada de la pita”.“La pregunta del millón es, ¿y los Sarmiento?, ¿qué pasó con Luis Carlos Sarmiento Ángulo? No ha pasado absolutamente nada como tampoco ha pasado con otras personas en ese escándalo. La Fiscalía ha hecho, a mí manera de ver, un trabajo a medias, bastante mediocre en el tema de Ruta del Sol”, insistió.En ese sentido, continuó hablando el exdirectivo de la SIC sobre la aparición de una tercera persona de la que se habla en el acuerdo con la justicia estadounidense, quien fue un alto dirigente del Gobierno de Juan Manuel Santos. Al respecto, comentó que es obligación de la Fiscalía “encontrar” quién es esta persona.“La Fiscalía debe enfilarle baterías a ese tema. También creo que es muy fácil porque todo lo que Corficolombiana confesó es porque lo sabe. (…) ¿Ya le preguntó la Fiscalía a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, como controlantes de esa compañía, esa coima que reconocieron en EE. UU. a quien fue que se la dieron?”, puntualizó.Y fue sobre Sarmiento Angulo y su hijo de quienes Robledo cuestionó sus habilidades como administradores, en caso tal de que no supieran ni se dieran cuenta de los desvíos de fondos y las coimas que se estaban pagando durante varios años.“O Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez no tienen que ver y nunca se enteraron y todo fue a sus espaldas, o sí sabían y fueron artificies directos de esos sobornos (…) Si sí sabían, ¿por qué no están presos?, y si no sabían, ¿qué clase de administradores son? (…) Lo que no puede ser es que el país gradúe de honorables y grandes administradores a Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez porque no pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo”, sentenció.Sobre esta noticia, el mismo presidente Gustavo Petro solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Grupo AVAL publicó, a través de la Superfinanciera, un documento de tres puntos en donde aclara que contra este grupo empresarial y financiero no existen acusaciones de corrupción en EE.UU. que involucren a algún funcionario, director o accionista tanto del Grupo Aval como de Corficolombiana en relación con el Proyecto Ruta del Sol Sector II.Asegura el Grupo AVAL que las acusaciones por corrupción solo señalan a un “ex ejecutivo de Corficolombiana” cuyo nombre no menciona en el comunicado pero que todos saben se trata del expresidente de esa corporación financiera, José Elías Melo Acosta.José Elías Melo rechazó el millonario acuerdo por más de 60 millones de dólares alcanzado entre el Grupo AVAL, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país, para que desistiesen de continuar sus investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia.Melo Acosta lamenta que para ese acuerdo no lo hayan tenido en cuenta pues, según él, ejecutivos de Odebrecht y del Grupo Aval están detrás de los hechos de corrupción que derivaron en millonarios sobornos por casi 28 millones de dólares para arreglar a favor de la multinacional brasilera la adición presupuestal para el proyecto Gamarra-Ocaña.Recordemos que Melo Acosta fue condenado a 11 años de cárcel en Colombia por los delitos de cohecho e interés indebido en celebración de contratos. Esa sentencia está bajo revisión en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Un exagente del FBI en Nueva York se declaró este martes culpable de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.El exagente, Charles McGonigal, había estado encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI, y acordó recabar información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de pagos ilícitos, utilizando empresas fantasma para enviar y recibir el dinero, según un comunicado del Departamento de Justicia.Se enfrenta a un cargo por conspirar para violar la ley de sanciones estadounidense y a otro de conspirar para incurrir en lavado de dinero, ambos castigados con hasta cinco años de prisión."La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que los oligarcas rusos utilizan para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones", dijo en el escrito el vicefiscal general Matthew Olsen, de la división de Seguridad Nacional.Deripaska fue sancionado por el Tesoro en 2018 como parte de la respuesta estadounidense a la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, según el periódico The Wall Street Journal.También fue incluido en la lista de siete oligarcas que fueron sancionados por el Reino Unido en marzo de 2022 como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, junto a nombres como Roman Abramovich o Andréi Kostin, todos vinculados al Kremlin.
Esta nueva medida se trata de un proceso en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo trabajan en conjunto para garantizar la igualdad de derechos a los trabajadores que teman denunciar algo relativo a su empleo debido a su estatus legal, según indicó Hochul en un comunicado.El pasado enero el DHS publicó una guía sobre este nuevo proceso para que trabajadores inmigrantes obtengan protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo si están involucrados en una disputa laboral, tras evaluar cada caso individualmente.Esa protección es una "acción diferida", que estará vigente por dos años en los que la agencia de Seguridad Nacional se compromete a no solicitar la deportación del trabajador involucrado en la investigación, y el permiso puede renovarse si la investigación se prolonga."Esta importante asociación con el Departamento de Seguridad Nacional no solo ayudará a proteger la integridad de nuestras investigaciones laborales, sino también la seguridad de los trabajadores vulnerables", señaló la gobernadora."Continuaremos trabajando con nuestros socios locales, estatales y federales para garantizar que todos los trabajadores disfruten de su derecho a la equidad y la seguridad en el lugar de trabajo, independientemente de su estado migratorio", afirmó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFUna vez que se abra una investigación, los trabajadores, su portavoz o abogado deben presentar una solicitud al Departamento del Trabajo para que respalde se le otorgue la acción diferida y hacer también el reclamo a Seguridad Nacional.El Departamento del Trabajo tiene que informar al DHS de que está investigando el conflicto y que necesita que el o los trabajadores estén protegidos contra la deportación para que puedan así colaborar con el proceso."El miedo a las represalias paraliza a cualquier trabajador, pero es especialmente terrible para los inmigrantes. En el Departamento de Trabajo investigamos todas las denuncias, independientemente del estado migratorio", recordó en el comunicado conjunto Roberta Reardon, comisionada del Departamento del Trabajo del estado.Le puede interesar: "Bienvenidos uribistas, anti uribistas, quinteristas o arrepentidos”: Federico Gutiérrez
Este jueves a primera hora será el encuentro entre el vicefiscal general de Estados Unidos, Kenneth Polite, y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una cita que será en el búnker de la Fiscalía, y posteriormente se reunirá el funcionario estadounidense con el ministro de Justicia, Néstor Osuna.El vicefiscal llegó a Colombia para reunirse con varias autoridades nacionales como las altas cortes, el fiscal general, el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, para tratar temas de cooperación judicial entre los dos países, y estrategias de fortalecimiento binacional para la lucha contra el crimen organizado.La agenda en Colombia del alto funcionario estadounidense inició el martes 20 de junio, y este miércoles se reunió con los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para discutir la articulación de la justicia colombiana y estadounidense en materia de extradiciones."Resalto el trabajo que ustedes hacen, que estén en las prioridades de la Corte la defensa del Estado de derecho, que ustedes hacen, es fundamental para el trabajo del Departamento de Justicia y así ha sido siempre, pero mucho más en esta ocasión, por lo que quiero agradecer al tribunal su enorme trabajo en favor de nuestros procesos de extradición”, señaló Kenneth Polite.De manera reservada se llevó a cabo este encuentro entre los magistrados de la Corte Suprema y el vicefiscal estadounidense antes de iniciar la sesión plena de la sala penal. Con las demás autoridades, el funcionario americano se reunirá este jueves 22 de junio.
La Dirección General Marítima (DIMAR) emitió una alerta por el aumento significativo del nivel del mar que se prevé en el Pacífico colombiano entre el martes 11 y el miércoles 19 de agosto de 2026. El fenómeno podría generar condiciones de riesgo en varios sectores costeros.De acuerdo con el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP), el comportamiento del mar está relacionado con la fase de luna nueva, que produce el fenómeno conocido como marea de sizigia o ‘puja’.Este fenómeno se caracteriza por un mayor ascenso y descenso del nivel del mar, situación que, sumada al incremento en la intensidad de las corrientes marinas, podría ocasionar inundaciones en algunos sectores del litoral Pacífico.Entre las zonas que podrían presentar mayores afectaciones se encuentran Bahía Solano, en Chocó; Guapi, en Cauca; Juanchaco, en Buenaventura, Valle del Cauca; y Tumaco, en Nariño.¿Cuándo se registrarán los niveles más altos del mar?Según DIMAR, el sábado 15 de agosto será el día de mayor incidencia del fenómeno, cuando se esperan los registros más elevados del nivel del mar en diferentes puntos del Pacífico colombiano.En Tumaco se prevé un nivel de hasta 3,98 metros en alta mar, con el máximo estimado hacia las 5:32 de la mañana. En Bahía Solano, el nivel podría alcanzar los 4,06 metros alrededor de las 5:20 de la mañana.Por su parte, Buenaventura tendría uno de los registros más altos, con un nivel del mar de hasta 4,91 metros en alta mar, previsto aproximadamente para las 5:57 de la mañana del sábado 15 de agosto.DIMAR también advirtió que durante la marea descendente o vaciante podrían presentarse condiciones de riesgo para embarcaciones menores, pescadores artesanales y personas que desarrollen actividades turísticas en las playas.Ante esta situación, la autoridad marítima recomendó a las comunidades costeras, pescadores, comerciantes y turistas extremar las medidas de seguridad y atender las instrucciones de las autoridades locales y competentes.La recomendación también está dirigida al gremio marítimo, las marinas y las sociedades portuarias, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad y la vida humana en el mar.La Dirección General Marítima informó que continuará realizando un monitoreo permanente del comportamiento del fenómeno en el Pacífico colombiano y entregará nuevas actualizaciones en caso de que se presenten cambios significativos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto que sacudió hoy al país."Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York.Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado al país esta mañana. El epicentro del sismo se situó en el oeste de Colombia -en el municipio de San José del Palmar del departamento de Chocó. El portavoz destacó además que la conectividad en las zonas rurales se ha visto limitada y que el organismo ha recibido informes de daños estructurales, que incluye el derrumbe de viviendas, en varias localidades.El presidente Abelardo De La Espriella, informó que hasta el momento, el terremoto ha dejado 111 personas fallecidas, 87 heridas, "1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, y 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados".Agencias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), han mostrado su solidaridad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también han mostrado su apoyo a Colombia.En su perfil de X, el PMA se comprometió a reforzar su capacidad para responder a los efectos del sismo "con asistencia humanitaria en apoyo a las acciones del Gobierno nacional y de las autoridades de emergencias".Mientras, la ACNUR dijo estar "monitoreando de cerca" la situación y "evaluando su impacto", y dijo estar listo "para brindar apoyo según sea necesario".Por su parte, la direcora de la OIM, Amy Pope, escribió -en su perfil de X- que su agencia también está siguiendo de cerca el terremoto "y está lista para apoyar" al país: "Nuestros pensamientos están con el pueblo colombiano".
Empresas Públicas de Medellín (EPM) entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de su infraestructura tras el fuerte terremoto registrado en Colombia y desmintió las versiones que señalaban supuestas afectaciones o un posible colapso de alguna de sus represas, entre ellas Hidroituango. La compañía aseguró que, luego de las inspecciones realizadas por sus equipos técnicos, las 13 grandes presas que administra se encuentran en condiciones de normalidad.De acuerdo con EPM, las revisiones incluyeron la infraestructura relacionada con generación de energía, acueducto y alcantarillado, distribución de gas, así como transmisión y distribución de energía. Los equipos especializados verificaron las condiciones de las instalaciones y no encontraron afectaciones que comprometan su funcionamiento.Entre las estructuras inspeccionadas estuvieron las centrales y pequeñas centrales de generación de energía, incluyendo Hidroituango. Las labores de revisión abarcaron puntos considerados clave para la operación de las instalaciones, como torres de captación, subestaciones, casas de máquinas y vertederos. Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM, confirmó que las condiciones de la presa se mantienen dentro de la normalidad.“En EPM tenemos 13 grandes presas, entre ellas Ituango. Podemos reportar normalidad en las condiciones de todas las presas”, aseguró Mejía. El funcionario agregó que Hidroituango cuenta con un monitoreo permanente, las 24 horas del día, como parte de los protocolos establecidos para verificar su estado.El reporte también contempla a las empresas del Grupo EPM que operan en diferentes regiones del país, entre ellas CHEC, en Caldas, y EDEQ, en Quindío. Si bien la infraestructura presenta un buen estado general, se han registrado afectaciones en el servicio de energía en algunos sectores de Caldas y Risaralda, situaciones que están siendo atendidas por los equipos técnicos de CHEC.EPM señaló que continuará monitoreando el estado de sus instalaciones y que informará oportunamente cualquier novedad relacionada con la prestación de los servicios públicos. La compañía, además, hizo un llamado a la ciudadanía para consultar únicamente información proveniente de las autoridades oficiales encargadas de la geociencia y la gestión del riesgo y pidió no replicar mensajes sobre supuestas réplicas, debido a que estos fenómenos no pueden ser predichos.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto gran parte del territorio colombiano deja, de manera preliminar, 111 personas fallecidas y 87 heridas, de acuerdo con el balance entregado por el presidente Abelardo De La Espriella.El mandatario presentó el primer reporte nacional sobre la emergencia durante una declaración pública en Bogotá, varias horas después del movimiento telúrico, y anunció la declaratoria de desastre nacional debido a la magnitud de las afectaciones registradas en diferentes regiones del país.Según las cifras entregadas por el Gobierno a las 12:30 de la tarde, además de las víctimas mortales y los heridos, el terremoto dejó 1.575 viviendas averiadas y otras 37 completamente destruidas. También se reportó el colapso de 61 edificios.La emergencia afecta principalmente a departamentos del occidente y centro del país, donde organismos de socorro adelantan labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.Terremoto hoy en Colombia en vivoTerremoto en Colombia deja daños en viviendas y edificiosEl balance preliminar presentado por el presidente da cuenta de una afectación considerable en la infraestructura. Además de las viviendas y edificaciones colapsadas, 18 centros de salud y 52 instituciones educativas presentan daños como consecuencia del movimiento telúrico.Las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia para establecer el alcance real de las afectaciones, especialmente en las zonas donde se han presentado reportes de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas."Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad", aseguró De La Espriella al explicar las acciones que adelanta el Gobierno después del terremoto.La búsqueda de sobrevivientes concentra los esfuerzos de los organismos de primera respuesta, mientras continúan las evaluaciones estructurales y la recopilación de información proveniente de los departamentos afectados.Siete aeropuertos permanecen cerradosEl terremoto también provocó afectaciones en la infraestructura aeroportuaria. De acuerdo con el balance entregado por el Gobierno, siete aeropuertos presentan daños y permanecen cerrados para la operación de vuelos comerciales.Los terminales afectados son los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura. Las autoridades deberán determinar las condiciones de seguridad de cada infraestructura antes de permitir el regreso de las operaciones comerciales. El cierre de estos aeropuertos representa una de las principales consecuencias del terremoto sobre la movilidad entre las regiones afectadas.A las afectaciones aeroportuarias se suman 18 carreteras, que presentan daños derivados del movimiento telúrico. Las autoridades realizan verificaciones para establecer cuáles vías pueden continuar habilitadas y cuáles requieren intervención.Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremotoEl epicentro del terremoto estuvo localizado en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de San José del Palmar, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 82 kilómetros. La intensidad del sismo permitió que fuera sentido en diferentes departamentos del centro y occidente del país, incluida Bogotá y otras ciudades importantes.Ante la magnitud de la emergencia, el presidente anunció que viajará durante la tarde a Quibdó, capital del Chocó, para supervisar personalmente la atención de la emergencia.Otros integrantes del Gobierno nacional serán enviados a Valle del Cauca y el Eje Cafetero, regiones que también registraron importantes afectaciones.La presencia de funcionarios en las zonas más golpeadas busca facilitar la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales y municipales y los organismos encargados de la atención de desastres.Gobierno declara desastre nacionalLa declaratoria de desastre nacional permitirá al Gobierno concentrar esfuerzos y recursos para atender las consecuencias del terremoto y coordinar las acciones necesarias en las regiones afectadas.El presidente De la Espriella, quien asumió el cargo el pasado viernes 7 de agosto, afronta así su primera gran emergencia nacional apenas tres días después de comenzar su mandato.Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades continúan recopilando información para actualizar el número de víctimas, heridos y daños materiales.El balance entregado durante el mediodía es preliminar y podría aumentar a medida que los equipos de emergencia ingresen a las zonas afectadas y se completen las inspecciones de viviendas, edificios e infraestructura pública.La prioridad, según el Gobierno, continúa siendo localizar y rescatar a las personas que puedan permanecer atrapadas, atender a los heridos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas por el terremoto.Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia y coordinan las labores de respuesta en los departamentos donde se han reportado daños.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó este lunes que el terremoto deja, hasta el momento, 15 personas fallecidas y 380 lesionadas en la capital del Valle del Cauca. Los organismos de socorro continúan con las labores de búsqueda y rescate.“Al momento desde Cali podemos reportar que hay 380 personas lesionadas (...) que han sido atendidas en nuestros hospitales”, aseguró Éder, quien además confirmó con tristeza el fallecimiento de 15 caleños durante la emergencia.El mandatario explicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan para determinar si existen más víctimas mortales tras el terremoto. Las autoridades mantienen activo el protocolo de atención mientras avanzan las labores en las zonas afectadas.Ante la alta demanda de atención médica, la Alcaldía de Cali decretó la alerta roja hospitalaria, debido a que la red de salud se encuentra al 100 % de su capacidad. La medida busca priorizar la atención de las personas afectadas por el sismo.Por esta razón, fueron canceladas y reprogramadas temporalmente las cirugías, consultas externas y consultas prioritarias que no sean de absoluta urgencia. El alcalde pidió a los ciudadanos comprensión y colaboración para facilitar la atención de los casos más graves.La emergencia también provocó daños en cuatro instituciones hospitalarias, que tuvieron que ser evacuadas como medida preventiva. Se trata de la Clínica Nuestra, la Clínica DESA, la Clínica Colombia y el Hospital Universitario del Valle (HUV).Éder indicó además que la línea 106 permanece habilitada para brindar apoyo psicosocial a los ciudadanos afectados por el terremoto. La Alcaldía de Cali también mantiene coordinación permanente con el CRUE Valle y el Ministerio de Salud y Protección Social.En las próximas horas se espera la llegada de 120 rescatistas provenientes de diferentes ciudades del país, quienes se sumarán a los equipos que trabajan en Cali. El alcalde agradeció el apoyo enviado desde Bogotá, Buga, Popayán y otras ciudades.Respecto a los servicios públicos, el alcalde informó que el suministro de agua potable funciona con normalidad en Cali, salvo en algunas edificaciones que resultaron afectadas durante el sismo. En cuanto a la energía eléctrica, permanece una interrupción preventiva en diferentes sectores.“Vamos recuperando la red con mucha cautela, en algunos casos, no solo barrio por barrio, sino edificio por edificio”, explicó Éder al referirse a los trabajos para restablecer progresivamente el servicio de energía en las zonas afectadas.El alcalde también pidió a los caleños mantener despejadas las vías para facilitar el desplazamiento de ambulancias y equipos de emergencia. Aunque no hay pico y placa, Éder solicitó evitar desplazamientos innecesarios durante las labores de búsqueda y rescate.“Por favor mantengamos las vías libres para que puedan circular los equipos de búsqueda y de rescate”, señaló el mandatario, quien agradeció nuevamente el trabajo de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y demás organismos que participan en la atención de la emergencia.Finalmente, Éder aseguró que las autoridades concentrarán sus esfuerzos durante las primeras 48 horas en rescatar a las personas que puedan permanecer atrapadas y atender a quienes resultaron afectados. También anticipó que se anunciarán medidas para las personas que no puedan regresar a sus hogares esta noche.