El gobierno de Estados Unidos estaría avanzando en una nueva ofensiva sobre procesos de naturalización que pondría bajo revisión la ciudadanía de cientos de personas nacidas en el extranjero, en medio de un endurecimiento migratorio impulsado desde el Departamento de Justicia. Reportes de medios estadounidenses señalan que al menos 300 casos estarían siendo evaluados para posibles procesos de desnaturalización.La medida ha generado atención porque este tipo de procedimientos han sido históricamente poco frecuentes en Estados Unidos y, según los reportes conocidos hasta ahora, haría parte de un esfuerzo más amplio para aumentar las investigaciones sobre presunto fraude en solicitudes de ciudadanía.¿Qué se sabe sobre la posible revocatoria de ciudadanía en Estados Unidos?Según informó NBC News, citando fuentes familiarizadas con las investigaciones, el Departamento de Justicia tendría en estudio cientos de expedientes de ciudadanos naturalizados nacidos en el extranjero.De acuerdo con ese reporte, funcionarios federales estarían trabajando para aumentar el número de casos remitidos por mes para revisión judicial. La meta, según el medio, sería enviar entre 100 y 200 posibles expedientes mensuales al Departamento de Justicia para evaluar si proceden acciones legales.Un portavoz del Departamento de Justicia citado por NBC News afirmó que la prioridad estaría centrada en detectar supuestos fraudes en procesos de naturalización. Según esa posición oficial, las acciones buscan perseguir casos relacionados con personas que habrían ocultado información o engañado a las autoridades migratorias.El diario The New York Times también reportó sobre la cifra de personas potencialmente involucradas.¿Qué es la desnaturalización y en qué casos se aplica?La desnaturalización es un procedimiento judicial mediante el cual el gobierno puede intentar revocar la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización.Históricamente, estos procesos han estado ligados a casos como:Fraude en la solicitud de ciudadanía.Ocultamiento de antecedentes criminales.Presuntos crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos.Engaños relacionados con beneficios estatales, según ejemplos citados por autoridades estadounidenses.Este tipo de procesos no son administrativos automáticos; suelen tramitarse ante tribunales federales.Según datos mencionados en los reportes, durante el primer mandato de Donald Trump se presentaron 102 casos de desnaturalización, una cifra que da contexto a la nueva dimensión que tendrían las investigaciones actuales.¿Por qué se habla de cientos de ciudadanos nacidos en el extranjero?La información conocida apunta a una ampliación de las revisiones dentro del sistema migratorio estadounidense.De acuerdo con NBC News, expertos de U.S. Citizenship and Immigration Services habrían sido reasignados para identificar posibles casos susceptibles de revisión.Ese esfuerzo se enmarca en una agenda migratoria más amplia. Los reportes también señalan acciones paralelas relacionadas con controles migratorios y operativos de cumplimiento en distintas ciudades.Hasta ahora no se ha detallado públicamente por qué habrían sido seleccionados específicamente los cerca de 300 casos mencionados.¿Cuántas personas obtienen ciudadanía estadounidense cada año?Las cifras de Department of Homeland Security citadas en los reportes indican que cerca de 800.000 personas se naturalizan anualmente en Estados Unidos.Ese volumen convierte a la naturalización en una vía relevante para millones de migrantes, razón por la que cualquier revisión masiva o incremento en procesos de desnaturalización suele generar atención jurídica y política.Mientras se conocen más detalles sobre los expedientes en estudio, la información disponible muestra que fiscales federales en distintas oficinas estarían participando en estas investigaciones.
Las autoridades judiciales de Estados Unidos adelantan indagaciones sobre el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con información publicada por The New York Times, con lo que fiscales federales estarían revisando posibles vínculos del mandatario con narcotraficantes, en un proceso que aún se encuentra en etapa preliminar.Según el reporte, basado en fuentes cercanas al caso, las pesquisas buscan establecer si Petro sostuvo reuniones con personas vinculadas al narcotráfico o si, durante su campaña presidencial, se habrían solicitado o recibido aportes de este origen. El medio señala que las investigaciones están siendo lideradas por fiscales de Manhattan y Brooklyn, con el apoyo de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).¿Cuáles son los alcances de esta investigación?En medio de este escenario, el exfiscal de Nueva York Abel Arcia explicó en Mañanas Blu 10:30 el alcance real de este tipo de procesos dentro del sistema judicial estadounidense. De entrada, hizo énfasis en que una investigación no equivale a una acusación formal. “Una investigación no significa de que una persona está siendo acusada o que ha hecho algo malo o que ha violado la ley”, afirmó.No obstante, Arcia centró su análisis en un elemento que consideró atípico: la filtración de la información. “Generalmente, cuando hay investigaciones en la Fiscalía Federal, no existe ningún leak, no existe ninguna filtración de información”, señaló, al advertir que este tipo de revelaciones no hacen parte del procedimiento habitual.El exfiscal también llamó la atención sobre el contexto en el que se conoce la noticia, marcado por un escenario electoral en Colombia. “Tenemos que tomar en cuenta el timing, el momento en que viene esto”, dijo, sugiriendo que el entorno político debe ser considerado al analizar el impacto de la información divulgada.En cuanto al tratamiento judicial, explicó que en principio no debería haber diferencias por tratarse de un jefe de Estado. Sin embargo, reiteró que la divulgación anticipada puede afectar el curso del proceso. “El filtrar información en un periodo de investigación le hace daño a que se pueda lograr con éxito un caso”, advirtió.Sobre una eventual injerencia del Ejecutivo estadounidense, Arcia fue enfático en precisar el alcance de lo publicado. “El artículo no dice que la Casa Blanca no influyó; dice que no tiene ninguna prueba de que haya influido”, aclaró, marcando distancia frente a interpretaciones concluyentes.Frente al desarrollo del proceso, detalló que las investigaciones federales suelen avanzar de manera gradual. “Se juntarían todas las evidencias, los testigos, todas las pruebas, poco a poco”, explicó, indicando que solo tras ese análisis podría presentarse una acusación formal ante un gran jurado.Asimismo, señaló que este tipo de indagaciones no se comparten con autoridades extranjeras en sus primeras etapas. “Eso no se comparte hasta que no se ejecuta el arresto de los acusados”, precisó.En términos de tiempo, el exfiscal estimó que, si el caso tuviera fundamento, podrían conocerse avances en el mediano plazo. “Yo esperaría que en los próximos 9 a 12 meses se supiese algo al respecto”, indicó, aunque insistió en que se trata de un escenario incierto.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene una serie de acusaciones contundentes que señalan a Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, y a varios de sus colaboradores de alto nivel como los líderes y administradores del Cartel de los Soles, a quien señalan como organización narcoterrorista.Según el el exfiscal General de EE. UU., William P. Barr, el régimen venezolano, liderado por Maduro, está "plagado de criminalidad y corrupción" en un informe del 2020. Las autoridades estadounidenses alegan que, durante más de 20 años, Maduro y sus principales lugartenientes conspiraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para inundar Estados Unidos con toneladas de cocaína, con el objetivo expreso de "socavar la salud y el bienestar de nuestra nación".Quiénes conforman el Cartel de los SolesEl nombre Cartel de los Soles hace referencia a las insignias solares que adornaban los uniformes de los altos mandos militares venezolanos. La acusación formal sustitutiva, revelada en el Distrito Sur de Nueva York, acusa a los siguientes individuos como líderes y administradores de esta organización, al menos desde 1999:Nicolás Maduro Moros, 57 años, expresidente de Venezuela.Diosdado Cabello Rondón, 56 años, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”, 59 años, exdirector de inteligencia militar.Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58 años, exgeneral de las fuerzas armadas de Venezuela.Además, dos líderes de las Farc, Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez” y Seuxis Paucis Hernández Solarte alias “Jesús Santrich”, también fueron acusados por su presunta participación en esta alianza narcoterrorista.Las autoridades estadounidenses detallan que Maduro y los demás acusados abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas del país, incluyendo partes del ejército, el aparato de inteligencia, el poder legislativo y el judicial. Esta corrupción sistémica, afirman, fue fundamental para facilitar la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Se alega que el Cartel de los Soles no solo buscaba enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también "inundar Estados Unidos de cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a sus consumidores". En su rol como líder del Cartel, Maduro Moros supuestamente negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las Farc, ordenó el suministro de armas de uso militar a las Farc, coordinó relaciones exteriores para facilitar el tráfico a gran escala y solicitó asistencia de las FARC para entrenar a una milicia no autorizada.Estados Unidos ha calificado al Cartel de los Soles como una organización terrorista, asegurando que está vinculado al gobierno venezolano y proporciona apoyo material a otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa. Esta designación permite a EE. UU. utilizar "todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio". Ecuador también ha respaldado esta clasificación.Por su parte, el gobierno de Venezuela, a través del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha declarado que "el Cartel de los Soles es un invento" de Estados Unidos, afirmando que es una estrategia para atacar a quienes les "molestan".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó hoy la incautación del avión Dassault Falcon 900EX valorado en 13 millones de dólares, vinculado a Nicolás Maduro y sus allegados,en una medida que busca hacer cumplir las sanciones y leyes de control de exportaciones impuestas al régimen venezolano.La aeronave, que fue exportada ilegalmente desde Estados Unidos, había sido utilizada para transportar al mandatario venezolano y a sus representantes en diversas visitas internacionales, según dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.. Así fue la incautación en República DominicanaLa operación, que culminó con la incautación del avión en la República Dominicana, dice la comunicación, fue resultado de una investigación coordinada entre las autoridades estadounidenses y sus homólogos dominicanos. El fiscal general Merrick Garland expresó la importancia de esta acción y subrayó que el Departamento continuará persiguiendo a aquellos que violen nuestras las sanciones y controles de exportación "para evitar que utilicen recursos estadounidenses para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos”.¿Para que era usado el avión de Maduro?De acuerdo con el Departamento de Estado, el avión Dassault Falcon 900EX, con el número de matrícula T7-ESPRT, fue adquirido mediante una compleja red de empresas ficticias, diseñadas para ocultar la implicación directa del régimen de Maduro en la transacción.Según las investigaciones, dice la comunicación, a finales de 2022 y principios de 2023, personas cercanas a Maduro usaron una compañía con sede en el Caribe para ejecutar la compra del avión de una empresa ubicada en el Distrito Sur de Florida. Posteriormente, la aeronave fue exportada ilegalmente a Venezuela, evadiendo los controles de exportación de Estados Unidos. “Que esta incautación envíe un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar”, afirmó Matthew Axelrod, subsecretario de Cumplimiento de Exportaciones del Departamento de Comercio, al destacar el éxito de la operación. ¿Qué pasará con el avión de Maduro?El caso, ahora en manos de los fiscales federales en el Distrito Sur de Florida, podría sentar un precedente significativo en la lucha contra las redes de corrupción internacional. El fiscal federal Markenzy Lapointe señaló que la operación fue posible gracias a la “planificación, coordinación y ejecución” conjunta entre Estados Unidos y la República Dominicana.¿Por qué incautaron el avión de Maduro?Cabe recordar que, en agosto de 2019, el presidente Donald Trump, entonces presidente de EE.UU., prohibió a personas estadounidenses participar en transacciones con miembros del régimen de Maduro. La idea era restringir las capacidades del Gobierno venezolano de acceder a bienes y servicios que puedan fortalecer su control autoritario. En ese contexto, la incautación del Dassault Falcon 900EX es una manifestación tangible de cómo estas medidas están siendo implementadas de manera efectiva.La incautación no solo representa un golpe financiero al régimen de Maduro, sino que también sirve como un claro aviso a otros actores internacionales involucrados en la violación de sanciones estadounidenses.
El Departamento Médico Forense de Los Ángeles, Estados Unidos, confirmó este viernes que el actor Matthew Perry, conocido por su papel en ‘Friends’, falleció a los 54 años debido a una sobredosis accidental de ketamina.Las autoridades concluyeron que la muerte de Perry fue "accidental" después de llevar a cabo una exhaustiva investigación sobre el suceso ocurrido en octubre. El actor fue encontrado inconsciente en la piscina de su casa en Los Ángeles el 28 de octubre.A raíz de esta revelación, se han suscitado preguntas alrededor de la ketamina, un anestésico que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, está vinculado a abusos y riesgos significativos.¿Qué es la ketamina?Según el Departamento de Justicia, la ketamina es un anestésico conocido por sus propiedades alucinógenas. Aunque su uso legítimo es como anestésico veterinario, también se ha aprobado su uso en seres humanos.Desafortunadamente, su abuso se ha vuelto popular debido a sus efectos similares a la PCP. El Departamento de Justicia advierte que también se utiliza de manera inapropiada en agresiones sexuales, donde agresores la emplean para incapacitar a sus víctimas.Apariencia y consumo de la ketaminaLa ketamina se presenta comúnmente como líquido incoloro o polvo blanco. Se consume mezclándola con bebidas, agregándola a sustancias para fumar o inyectándola. Su versatilidad en formas de consumo la hace especialmente riesgosa.La ketamina atrae principalmente a adolescentes y jóvenes adultos. Según estadísticas del Drug Abuse Warning Network, entre el 74 % de las menciones relacionadas con ketamina en salas de emergencia en los Estados Unidos, los jóvenes entre 12 y 25 años representan la mayoría.Riesgos de consumir ketaminaLa ketamina produce distorsiones en la percepción y puede afectar el juicio y la coordinación por hasta 24 horas. Además de problemas físicos, como:Presión arterial elevadaProblemas respiratoriosDepresiónDelirioAmnesiaTrastornos motoresHa sido asociado a agresores sexuales“El uso de la ketamina se ha visto asociado a problemas graves, tanto físicos como mentales. La ketamina puede causar depresión, delirio, amnesia, trastornos de las funciones motoras, presión arterial elevada, y problemas respiratorios potencialmente mortales. Además de los riesgos asociados con la propia droga, las personas que la usan pueden exponerse al riesgo de agresiones sexuales”, apunta el Departamento de Justicia.Efectos de la ketaminaLos efectos de la ketamina pueden ser graves y duraderos, afectando tanto la salud mental como la física. La depresión, la pérdida de la coordinación, y los problemas respiratorios son solo algunos de los riesgos que los consumidores enfrentan.
A propósito del acuerdo al que llegaron el Grupo Aval y Corficolombiana con la justicia estadounidense sobre un pago de más de 60 millones de dólares tras reconocer y aceptar su responsabilidad por las acciones del exdirectivo José Elías Melo en el pago de millonarios sobornos para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, aún son varias las preguntas que quedan en el aire sobre este caso.Y es que el mismo Grupo Aval ha afirmado que sobre ellos no recaen las acusaciones de corrupción en Estados Unidos, sino que señalan es a un “exejecutivo de Corficolombiana”, sin decir nombres, pero que es de conocimiento público que se trata del expresidente de esa corporación financiera José Elías Melo Acosta.Además, según el ex alto ejecutivo de Corficolombiana, no es cierto, como indica el acuerdo, que él hubiese tenido responsabilidad directa en el pago de 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre los años 2014 y 2016.En ese sentido, suscita la pregunta, entre otras relevantes, de por qué en Colombia no ha habido condenas tan importantes como la de las autoridades estadounidenses respecto a estos escándalos relacionados con Odebrecht y, para responder a esto, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de la SIC y quien también tuvo a su cargo algunas investigaciones relacionadas con el grupo brasileño.“Creo que no podemos llegar a decir que es tan blanco o tan negro, lo que ha pasado con Odebrecht y el grupo Sarmiento es tirando a gris porque en Colombia sí ha habido decisiones importantes en relación con Ruta del Sol II”, puntualizó Robledo agregando a su vez la labor y las decisiones que él cuando estaba a la cabeza de la Superintendencia de Industria y ComercioEl exdirectivo de la SIC relató lo que, bajo su cargo, logró la SIC con relación a diferentes investigaciones realizadas al grupo brasileño y señaló al superintendente que lo sucedió, Andrés Barreto, de salvar “a Odebrecht y a Sarmiento de otras millonarias multas”.Asimismo, se refirió sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación en estas investigaciones y aseveró que, según su punto de vista, “avanza en relación con las personas que representan la parte más delgada de la pita”.“La pregunta del millón es, ¿y los Sarmiento?, ¿qué pasó con Luis Carlos Sarmiento Ángulo? No ha pasado absolutamente nada como tampoco ha pasado con otras personas en ese escándalo. La Fiscalía ha hecho, a mí manera de ver, un trabajo a medias, bastante mediocre en el tema de Ruta del Sol”, insistió.En ese sentido, continuó hablando el exdirectivo de la SIC sobre la aparición de una tercera persona de la que se habla en el acuerdo con la justicia estadounidense, quien fue un alto dirigente del Gobierno de Juan Manuel Santos. Al respecto, comentó que es obligación de la Fiscalía “encontrar” quién es esta persona.“La Fiscalía debe enfilarle baterías a ese tema. También creo que es muy fácil porque todo lo que Corficolombiana confesó es porque lo sabe. (…) ¿Ya le preguntó la Fiscalía a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, como controlantes de esa compañía, esa coima que reconocieron en EE. UU. a quien fue que se la dieron?”, puntualizó.Y fue sobre Sarmiento Angulo y su hijo de quienes Robledo cuestionó sus habilidades como administradores, en caso tal de que no supieran ni se dieran cuenta de los desvíos de fondos y las coimas que se estaban pagando durante varios años.“O Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez no tienen que ver y nunca se enteraron y todo fue a sus espaldas, o sí sabían y fueron artificies directos de esos sobornos (…) Si sí sabían, ¿por qué no están presos?, y si no sabían, ¿qué clase de administradores son? (…) Lo que no puede ser es que el país gradúe de honorables y grandes administradores a Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez porque no pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo”, sentenció.Sobre esta noticia, el mismo presidente Gustavo Petro solicitó utilizar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer mecanismos de reparación al Estado Colombiano, así como revisar todos los contratos de Corficolombiana con el Gobierno.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El Grupo AVAL publicó, a través de la Superfinanciera, un documento de tres puntos en donde aclara que contra este grupo empresarial y financiero no existen acusaciones de corrupción en EE.UU. que involucren a algún funcionario, director o accionista tanto del Grupo Aval como de Corficolombiana en relación con el Proyecto Ruta del Sol Sector II.Asegura el Grupo AVAL que las acusaciones por corrupción solo señalan a un “ex ejecutivo de Corficolombiana” cuyo nombre no menciona en el comunicado pero que todos saben se trata del expresidente de esa corporación financiera, José Elías Melo Acosta.José Elías Melo rechazó el millonario acuerdo por más de 60 millones de dólares alcanzado entre el Grupo AVAL, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Valores de ese país, para que desistiesen de continuar sus investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht en Colombia.Melo Acosta lamenta que para ese acuerdo no lo hayan tenido en cuenta pues, según él, ejecutivos de Odebrecht y del Grupo Aval están detrás de los hechos de corrupción que derivaron en millonarios sobornos por casi 28 millones de dólares para arreglar a favor de la multinacional brasilera la adición presupuestal para el proyecto Gamarra-Ocaña.Recordemos que Melo Acosta fue condenado a 11 años de cárcel en Colombia por los delitos de cohecho e interés indebido en celebración de contratos. Esa sentencia está bajo revisión en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Un exagente del FBI en Nueva York se declaró este martes culpable de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.El exagente, Charles McGonigal, había estado encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI, y acordó recabar información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de pagos ilícitos, utilizando empresas fantasma para enviar y recibir el dinero, según un comunicado del Departamento de Justicia.Se enfrenta a un cargo por conspirar para violar la ley de sanciones estadounidense y a otro de conspirar para incurrir en lavado de dinero, ambos castigados con hasta cinco años de prisión."La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que los oligarcas rusos utilizan para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones", dijo en el escrito el vicefiscal general Matthew Olsen, de la división de Seguridad Nacional.Deripaska fue sancionado por el Tesoro en 2018 como parte de la respuesta estadounidense a la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, según el periódico The Wall Street Journal.También fue incluido en la lista de siete oligarcas que fueron sancionados por el Reino Unido en marzo de 2022 como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, junto a nombres como Roman Abramovich o Andréi Kostin, todos vinculados al Kremlin.
Esta nueva medida se trata de un proceso en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por siglas en inglés) y el Departamento del Trabajo trabajan en conjunto para garantizar la igualdad de derechos a los trabajadores que teman denunciar algo relativo a su empleo debido a su estatus legal, según indicó Hochul en un comunicado.El pasado enero el DHS publicó una guía sobre este nuevo proceso para que trabajadores inmigrantes obtengan protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo si están involucrados en una disputa laboral, tras evaluar cada caso individualmente.Esa protección es una "acción diferida", que estará vigente por dos años en los que la agencia de Seguridad Nacional se compromete a no solicitar la deportación del trabajador involucrado en la investigación, y el permiso puede renovarse si la investigación se prolonga."Esta importante asociación con el Departamento de Seguridad Nacional no solo ayudará a proteger la integridad de nuestras investigaciones laborales, sino también la seguridad de los trabajadores vulnerables", señaló la gobernadora."Continuaremos trabajando con nuestros socios locales, estatales y federales para garantizar que todos los trabajadores disfruten de su derecho a la equidad y la seguridad en el lugar de trabajo, independientemente de su estado migratorio", afirmó.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFUna vez que se abra una investigación, los trabajadores, su portavoz o abogado deben presentar una solicitud al Departamento del Trabajo para que respalde se le otorgue la acción diferida y hacer también el reclamo a Seguridad Nacional.El Departamento del Trabajo tiene que informar al DHS de que está investigando el conflicto y que necesita que el o los trabajadores estén protegidos contra la deportación para que puedan así colaborar con el proceso."El miedo a las represalias paraliza a cualquier trabajador, pero es especialmente terrible para los inmigrantes. En el Departamento de Trabajo investigamos todas las denuncias, independientemente del estado migratorio", recordó en el comunicado conjunto Roberta Reardon, comisionada del Departamento del Trabajo del estado.Le puede interesar: "Bienvenidos uribistas, anti uribistas, quinteristas o arrepentidos”: Federico Gutiérrez
Este jueves a primera hora será el encuentro entre el vicefiscal general de Estados Unidos, Kenneth Polite, y el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, en una cita que será en el búnker de la Fiscalía, y posteriormente se reunirá el funcionario estadounidense con el ministro de Justicia, Néstor Osuna.El vicefiscal llegó a Colombia para reunirse con varias autoridades nacionales como las altas cortes, el fiscal general, el ministro de Justicia y el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, para tratar temas de cooperación judicial entre los dos países, y estrategias de fortalecimiento binacional para la lucha contra el crimen organizado.La agenda en Colombia del alto funcionario estadounidense inició el martes 20 de junio, y este miércoles se reunió con los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para discutir la articulación de la justicia colombiana y estadounidense en materia de extradiciones."Resalto el trabajo que ustedes hacen, que estén en las prioridades de la Corte la defensa del Estado de derecho, que ustedes hacen, es fundamental para el trabajo del Departamento de Justicia y así ha sido siempre, pero mucho más en esta ocasión, por lo que quiero agradecer al tribunal su enorme trabajo en favor de nuestros procesos de extradición”, señaló Kenneth Polite.De manera reservada se llevó a cabo este encuentro entre los magistrados de la Corte Suprema y el vicefiscal estadounidense antes de iniciar la sesión plena de la sala penal. Con las demás autoridades, el funcionario americano se reunirá este jueves 22 de junio.
La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la representante a la Cámara Karen Manrique con la que buscaba un permiso para ser trasladada, bajo custodia, al Capitolio Nacional el próximo 20 de julio y posesionarse para el periodo constitucional 2026-2030.Manrique, quien permanece privada de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, había solicitado una autorización temporal para asistir a la ceremonia de posesión alegando que debe prevalecer su presunción de inocencia y sus derechos políticos, al no existir una sentencia condenatoria en su contra.Sin embargo, la Corte respondió que debe prevalecer el cumplimiento de la medida de aseguramiento vigente pues, cuando esta se impuso, se consideró que la libertad de la congresista representaba un riesgo para la comunidad, para la integridad de la investigación y para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas.Además, le recordó a Manrique su rol como congresista está relacionado con las razones que motivaron la medida de aseguramiento y por ello, autorizar su traslado para asumir nuevamente una curul podría resultar contraproducente.“Así las cosas, aunque el pedimento se circunscribe a una autorización temporal de salida del centro de reclusión para asistir al acto de posesión, las circunstancias derivadas de la medida de aseguramiento a la que se encuentra sometida la aforada permiten advertir que dicha autorización podría comprometer los fines constitucionales que justifican la limitación de su libertad ambulatoria, los cuales han de prevalecer sobre el interés de la procesada de tomar posesión del cargo para el cual fue elegida, argumentó la Corte.En la decisión, la Corte explicó además que la legislación penitenciaria solo contempla permisos excepcionales de salida para casos específicos, como diligencias judiciales, atención médica o situaciones graves relacionadas con familiares cercanos.Con esta decisión, Karen Astrith Manrique Olarte no podrá asistir a la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio para tomar posesión como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca.
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, rechazó los señalamientos sobre una supuesta alianza con el Pacto Histórico para lograr la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado. En entrevista con Recap Blu, el dirigente aseguró que su partido únicamente busca ejercer el derecho que, según afirmó, le otorgan la tradición del Congreso, el llamado código de honor y la Ley Quinta para aspirar a esa dignidad.Vallejo sostuvo que la colectividad no está buscando acuerdos con el oficialismo y, por el contrario, cuestionó las gestiones que, según dijo, estaría adelantando el Gobierno con otras bancadas.“El partido Centro Democrático no está buscando al Pacto Histórico para el tema de la Presidencia del Senado (...) No es cierto que el Centro Democrático se esté aliando con el Pacto Histórico para lograr y buscar la Presidencia del Senado”, afirmó.Cuestionamientos al Gobierno por la elección del SenadoDurante la entrevista, el director del Centro Democrático manifestó que le preocupa una eventual intervención del Gobierno en la elección de la mesa directiva del Senado y aseguró que esa decisión debe recaer exclusivamente en el Congreso.“Sería muy grave para el precedente de la democracia colombiana que el presidente del Congreso lo elija el presidente de la República (...) Yo creo que eso le hace daño a la democracia”, expresó.Vallejo insistió en que la aspiración de Honorio Enríquez responde a un “derecho legítimo” del partido y no a un interés personal o político. Además, aseguró que, según él, otras colectividades han reconocido esa posibilidad.“El Centro Democrático no está pidiendo nada extraordinario (...) Estamos ejerciendo un derecho legítimo que entre otras cosas lo reconocen todos los partidos”, señaló.Ratifican respaldo al Gobierno de Abelardo de la EspriellaPese a las diferencias alrededor de la Presidencia del Senado, Vallejo afirmó que el respaldo del Centro Democrático al gobierno de Abelardo de la Espriella no está condicionado al resultado de la elección del próximo 20 de julio.“Nosotros vamos a acompañar y apoyar al doctor Abelardo de la Espriella, independientemente del resultado de lo que ocurra el 20 de julio”, sostuvo.Asimismo, reiteró que la colectividad no ha buscado la Presidencia de la Cámara de Representantes y que su única aspiración ha sido la del Senado, en línea con lo que, según explicó, establece la tradición del Congreso.Finalmente, el dirigente señaló que las conversaciones con el Gobierno y las demás bancadas continúan, por lo que evitó anticipar un resultado sobre la elección de la Presidencia del Senado. Explicó que en política los acuerdos pueden cambiar en cuestión de horas y aseguró que el Centro Democrático seguirá defendiendo su aspiración hasta la votación prevista para el 20 de julio. No obstante, afirmó que, cualquiera que sea el desenlace, la colectividad respetará la decisión del Congreso y mantendrá su respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella.“Si esto es a voto limpio, pues a voto limpio. Y si salimos derrotados, salimos derrotados (...) este partido está ejerciendo un derecho legítimo”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Este jueves se adelantó una nueva diligencia en el caso Lili Pink, en la que la Fiscalía imputa cargos contra ocho personas que harían parte de una red de contrabando y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal expuso cómo, según la investigación, habrían sido creadas empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.Allí se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. La Fiscalía sostuvo que durante años habría funcionado una estructura con empresas en Colombia y Panamá que realizaban operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.“Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo la fiscal.Uno de los puntos que llamó la atención de la fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido formalmente como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.Detalló, por ejemplo, el caso del conductor de Max Abadi, quien habría figurado como representante legal de una de las sociedades.“Realizaron, además, reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades”, agregó la fiscal.Según la fiscalía, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad y, posteriormente, habría sido comercializada, mientras los recursos obtenidos habrían sido enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.La audiencia se retomará este martes a las 9:00 a.m.
A partir de este viernes 17 de julio, varios hospitales públicos de Antioquia suspenderán la prestación de servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud, debido a las deudas acumuladas de la entidad que a la fecha asciende a los 290.000 millones de pesos y a la falta de firma de los contratos de prestación de servicios correspondientes a la vigencia 2026.Así lo anunció el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, Luis Hernán Sánchez, quien explicó que las instituciones hospitalarias llevan varios meses sin recibir los pagos por parte de la EPS, situación que, según indicó, hace inviable continuar prestando la atención bajo las actuales condiciones.La situación es crítica pues afecta a más de 400.000 usuarios en todo el departamento que dependen de la red pública para acceder a consultas, controles y otros servicios ambulatorios, siendo las subregiones del Bajo Cauca y Urabá las que mayor cantidad de afiliados a esa entidad tienen."Hacemos un llamado a la EPS Coosalud para que se ponga al día con las deudas pendientes con estos hospitales y se pueda normalizar la atención en salud de los usuarios en los 44 municipios de Antioquia, donde hace presencia", señaló Sánchez.Uno de los casos lo expuso en una carta el gerente Freddy Armando Longa, quien aseguró que al centro asistencial que representa no han llegado pagos desde el mes de febrero: “El giro directo de Coosalud EPS representa aproximadamente el 80% de los ingresos totales de La ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen de El Bagre. La ausencia prolongada de estos recursos compromete severamente la capacidad operativa de la institución, impidiéndonos cumplir con el pago de nómina, proveedores, insumos médicos y demás obligaciones necesarias para garantizar una atención en salud de calidad”, se lee en el documento.Hasta el momento dentro del listado oficial de los hospitales que suspenderán la atención están las instituciones de municipios como Tarazá, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, así como también el Hospital San Juan de Dios de Valdivia y el Hospital La Merced de Ciudad Bolívar.
Karolina Rojas, esposa de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven colombiano asesinado en medio de un operativo de la agencia de migración ICE en Maine, Estados Unidos, habló este jueves sobre lo que vive su familia tras lo ocurrido."Tengo el alma rota. Él era todo para mí. Nunca dejaba que me preocupara por nada", dijo durante una rueda de prensa.Durán, de 26 años, falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un operativo realizado el pasado 14 de julio en Biddeford. Mientras las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para establecer lo ocurrido, su familia enfrenta el dolor de una pérdida que cambió su vida para siempre.Para ella, Joan Sebastián era un hombre juicioso, trabajador y completamente entregado a su hogar. Siempre soñaba en grande y trabajaba para ofrecerles un mejor futuro. "Contagiaba a todos con su alegría", recuerda. Su vida giraba alrededor de su esposa y de la hija de ambos, a quienes dedicaba cada esfuerzo y cada momento libre.Los días previos a su muerte estuvieron marcados por escenas que hoy adquieren un significado especial para su familia. Había comprado ropa y juguetes para su hija porque disfrutaba verla feliz. Un día antes del operativo la llevó al parque y compartieron una tarde juntos, sin imaginar que sería la última vez que padre e hija estarían juntos.“Se suponía que ese lunes en la tarde sería día de estar con papá, pero nunca llegó. Ahora mi hija pregunta por papá y no tengo la fuerza para decirle que papá no vendrá, y ya no lo podrá abrazar ni decirle, papi, te amo. Cada noche pregunta por él, siempre dormía junto a él, y ahora no lo puede hacer”, relató Rojas entre lágrimas.La muerte de Joan Sebastián ocurrió durante un operativo adelantado por agentes de ICE. De acuerdo con la información entregada por las autoridades estadounidenses, el colombiano no era la persona que buscaban los oficiales cuando se produjo la intervención. Sin embargo, un agente le disparó y las circunstancias en las que ocurrió el uso de la fuerza son objeto de una investigación que adelantan las autoridades competentes.“Quisiera salir corriendo y que él me dijera, tranquila, mi flaca, acá estoy. Te amo, mi amor. Siempre serás el amor de mi vida hasta que mi corazón deje latir”, concluyó Rojas.