El Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Bucaramanga, puso en funcionamiento el primer Centro de Excelencia exclusivo para pacientes con depresión en el oriente colombiano, una unidad especializada que busca ofrecer alternativas terapéuticas de alta complejidad para personas con depresión resistente al tratamiento.La iniciativa, liderada por el Instituto Neurológico del HIC, reúne un equipo interdisciplinario encargado de evaluar de manera individual a cada paciente y definir el tratamiento más adecuado, especialmente en aquellos casos en los que la psicoterapia y los medicamentos convencionales no han dado los resultados esperados.La psiquiatra Ligia Rueda, líder del nuevo centro, explicó que la depresión continúa siendo uno de los principales retos de salud pública en el mundo. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 5% de la población adulta, equivalente a unos 280 millones de personas, padece esta enfermedad. Además, más del 75% de los pacientes que viven en países de ingresos bajos y medios no recibe atención oportuna o un tratamiento adecuado.La especialista recordó que la depresión va mucho más allá de la tristeza. Entre sus síntomas se encuentran la pérdida del interés por actividades cotidianas, sentimientos persistentes de culpa o desesperanza, alteraciones del sueño, dificultades para concentrarse e, incluso, pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio.Para atender los casos más complejos, el nuevo centro ofrece terapias avanzadas como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), la administración de ketamina por vía intravenosa, psicoterapias especializadas y, en situaciones específicas, procedimientos de neurocirugía funcional.Según el HIC, estas alternativas han permitido obtener resultados alentadores en pacientes con depresión resistente, una condición en la que los tratamientos convencionales no logran controlar los síntomas de forma adecuada.Cada caso será analizado por una junta médica integrada por psiquiatras, psicólogos, neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, fisiatras y profesionales especializados en neuromodulación no invasiva y terapias farmacológicas avanzadas. El objetivo es construir un plan de atención personalizado que aumente las probabilidades de recuperación."Lo más valioso del Centro de Excelencia es el trabajo humano y científico. No buscamos aplicar una técnica de forma aislada, sino ofrecer a cada persona una ruta clara y una esperanza real de recuperación cuando los tratamientos tradicionales no han funcionado", señaló la doctora Ligia Rueda.Además del componente asistencial, el HIC destacó que el centro busca contribuir a reducir el estigma que aún rodea a los trastornos mentales. La especialista insistió en que la depresión es una enfermedad médica que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno, por lo que invitó a la comunidad a buscar ayuda profesional ante la aparición de síntomas y a dejar de asociar esta condición con falta de voluntad o debilidad personal.
Las redes sociales están teniendo un impacto cada vez mayor en la salud mental de niños y adolescentes, advirtió Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, quien aseguró que distintas investigaciones y la experiencia de educadores y psicólogos muestran un incremento de problemas emocionales asociados al uso de estas plataformas.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el experto afirmó que las redes están afectando especialmente a los menores por la presión derivada de la exposición constante y la búsqueda de aprobación."Las redes están aumentando la depresión, la ansiedad, la comparación ilimitada, porque entra una niña y sube una foto y puede ver a los 10 minutos, a la hora, a los 2 días, quién dijo, cómo comentó", señaló.De Zubiría advirtió que las niñas son uno de los grupos más vulnerables frente a este fenómeno. "Las niñas particularmente están sufriendo mucho, están deteriorando su autoconcepto", explicó.El profesor también puso el foco en la responsabilidad de los adultos frente al acceso temprano a celulares y tabletas. "Sin duda los mayores responsables son los padres de familia", aseguró.Según indicó, más del 50 % de los menores de 11 años en Estados Unidos ya tienen un teléfono inteligente, lo que les permite acceder sin restricciones a los contenidos de internet y las redes sociales.El director del Instituto Alberto Merani respaldó las iniciativas que buscan regular el uso de estas plataformas entre menores de edad. Entre ellas destacó el proyecto que se discute en Francia."Ningún niño, ninguno, antes de los 6 puede acceder a ninguna pantalla. Eso implica todas las pantallas", afirmó.Sin embargo, aclaró que las prohibiciones no son suficientes si no van acompañadas de procesos educativos tanto en los colegios como en los hogares."La prohibición es totalmente necesaria para cuidar la salud mental y la felicidad, pero no nos resuelve el problema si no formamos jóvenes con más criterio, con más análisis", manifestó.Finalmente, insistió en que los adultos deben dar ejemplo en el uso responsable de la tecnología."En las familias no basta con que yo le prohíba al hijo si al mismo tiempo yo estoy adicto, si al mismo tiempo yo como padre en la mesa del comedor saco el celular", concluyó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Corte Constitucional de Colombia seleccionó para su estudio la tutela interpuesta por Catalina Giraldo, una psicóloga de 30 años que busca acceder al suicidio médicamente asistido. La ciudadana fundamenta su solicitud en el padecimiento de un trastorno depresivo mayor, severo y persistente, que, según relata, le genera un profundo sufrimiento físico y emocional.El alto tribunal decidió revisar el expediente al considerarlo un asunto novedoso que requiere precisar el contenido y alcance de un derecho fundamental. La magistrada Lina Escobar informó que la Sala de Selección admitió el caso bajo este criterio, abriendo así un nuevo debate jurídico sobre la aplicación de la muerte digna en el país.El caso de Giraldo pone de relieve una laguna normativa en el sistema de salud. Aunque la Corte Constitucional despenalizó el suicidio médicamente asistido en 2022, el procedimiento aún carece de una reglamentación técnica y operativa. La EPS de la paciente negó inicialmente el servicio, argumentando la inexistencia de condiciones legales para ejecutarlo, mientras que un juez de instancia rechazó su tutela sugiriendo que la joven podría optar por la eutanasia. Sin embargo, la accionante sostiene que el suicidio asistido, donde es el paciente quien administra el fármaco, constituye una práctica distinta que preserva su autonomía.La defensa de la paciente señaló, a través de un comunicado, que la selección del expediente representa una oportunidad crucial para que la Corte intervenga ante la falta de respuesta institucional. Según los representantes, la omisión del sistema de salud profundiza la vulneración de los derechos fundamentales de Giraldo a la dignidad, la autonomía y la muerte digna.Catalina Giraldo, quien ha intentado diversos tratamientos psiquiátricos sin hallar mejoría, describe su condición como un "infierno" persistente que la ha llevado a buscar una forma segura y acompañada de finalizar su existencia. En declaraciones recogidas por Noticias Caracol, la joven enfatizó que su solicitud es un acto de amor propio y hacia su familia, buscando evitar un desenlace traumático tras años de lucha contra su enfermedad.
El neurocirujano colombiano William Omar Contreras López, experto en neuromodulación, durante una entrevista en el programa Casa Blu de Blu Radio, habló sobre lo que hoy en día es una realidad médica: operar el cerebro para tratar la depresión. Este innovador procedimiento que ya viene transformando la vida de muchos pacientes con cuadros severos.Según el especialista, la depresión no solo está relacionada con sustancias químicas del cerebro, sino también con el mal funcionamiento de sus circuitos. "El paciente que entra en depresión tiene hiperactivado los circuitos de tristeza y de vacío. Por eso ese paciente no siente placer en hacer ninguna actividad, se siente vacío, tiene problemas para planificar precisamente porque hay una desconexión con la corteza prefrontal que es la que nos permite planificar el placer", señaló.En ese contexto, la neuromodulación surge como una alternativa para aquellos casos que no responden a tratamientos tradicionales como medicamentos o terapia psicológica. El procedimiento consiste en estimular zonas específicas del cerebro mediante electrodos, con el fin de restablecer el equilibrio emocional.Contreras aseguró que los resultados han sido prometedores. "Hemos alcanzado una tasa de éxito del 90% en pacientes declarados refractarios, en pacientes que estaban buscando eutanasia, en pacientes que no encontraban solución para su vida y sobre todo años perdidos de vida", afirmó.Pese a que la idea de una cirugía cerebral puede generar temor, el médico explicó que se trata de un procedimiento seguro, con riesgos inferiores al 1%. Además, destacó que hoy la tecnología permite intervenciones mucho más precisas e individualizadas, alejadas de prácticas antiguas como la lobotomía.El especialista también hizo un llamado a identificar a tiempo los síntomas de la depresión. Entre ellos mencionó la tristeza persistente, alteraciones del sueño y la alimentación, falta de motivación y pérdida del placer por actividades cotidianas durante más de dos semanas.Finalmente, insistió en la importancia de buscar ayuda profesional. "Como es una enfermedad que no se ve, la gente se esconde... si tú tienes alguna de esas condiciones por más de dos semanas, tienes una depresión y tienes que buscar ayuda con psicólogos y con psiquiatras", concluyó.Escuche la entrevista completa aquí:
El caso de Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, comenzó forma desde su adolescencia, cuando, según relató, empezaron los primeros síntomas de depresión que con el tiempo se volvió permanente. La mujer aseguró en entrevista con Caracol Televisión que durante años experimentó una sensación constante de vacío que, según describió, también se manifestaba físicamente. “Todo el tiempo es como una sensación de vacío con la vida. Ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele”, explicó. Con el paso de los años, indicó que ese sentimiento se convirtió en un sufrimiento cotidiano que la acompañaba incluso en momentos de descanso.De acuerdo con su testimonio, esa situación marcó gran parte de su vida adulta y se reflejó en distintas formas de afrontar el dolor emocional. Catalina explicó que los tatuajes que lleva en sus brazos hacen parte de esa historia personal, pues fueron una manera de resignificar las cicatrices que quedaron tras episodios de autolesión. “Fue una forma de decirle a mi cuerpo que no es de la ansiedad ni de la depresión… es mi cuerpo”, afirmó. También señaló que decidió plasmar en su piel parte de su historia: “En mi antebrazo está mi historia… yo decía que era un poco como embellecer las paredes de mi hogar”.Durante el reportaje también se mostraron algunos dibujos y una nota aparentemente de Catalina: “El peso innegable de esta tristeza cargada por años me ha consumido por dentro. Me ha arrebatado mi humanidad y ahora no soy más que un saco de huesos recubiertos por piel”, decía el mensaje.Según contó, la tristeza persistió durante años pese a los distintos intentos de tratamiento. La mujer sostuvo que la sensación de angustia se mantenía la mayor parte del tiempo y que incluso la acompañaba durante la noche. “La mayor parte del día eso está contigo, a todas partes a donde vayas… inclusive a dormir se va conmigo, no me deja descansar”, dijo. En ese contexto, explicó que comenzó a cuestionarse si existía una manera de poner fin a su vida sin recurrir a decisiones impulsivas o a procedimientos clandestinos.Fue en ese escenario que, en 2025, Catalina decidió solicitar formalmente al sistema de salud el acceso al suicidio médicamente asistido. Según explicó, su decisión buscaba evitar un desenlace violento y permitir que su familia pudiera acompañarla en el proceso. “He intentado acabar con mi vida y lo he hecho de maneras impulsivas, pero tampoco quiero lastimar a mi familia”, señaló. Por eso, afirmó que su petición estaba orientada a encontrar una alternativa segura: “Si hay una forma segura de hacer esto, una forma en la que no tenga que hacerlo a escondidas, eso es lo que estoy pidiendo”.
Tras años de tratamientos psiquiátricos, hospitalizaciones y múltiples intentos terapéuticos sin mejoría, Catalina Giraldo, de 30 años, decidió solicitar al sistema de salud el suicidio asistido. Sin embargo, según contó en Noticias Caracol, mientras su solicitud avanza en medio de un proceso judicial, uno de los momentos más difíciles fue cuando tuvo que contarle su decisión a las personas más cercanas: su mamá y su hermana.Según relató, el momento de contarle a su madre y a su hermana fue uno de los más difíciles, pero también uno de los más sinceros. “Al principio fue muy difícil, pero yo intenté explicarles que estaba sufriendo, intenté explicarles mi dolor”, recordó. Entre lágrimas, les dijo que sentía que ya no podía seguir viviendo de esa manera: “Intenté explicarles que esto no es una vida para mí”.De acuerdo con su testimonio, la conversación terminó en un abrazo. Catalina asegura que su familia entendió la dimensión de su sufrimiento, aunque aceptar su decisión no fue sencillo. “Lloramos y nos abrazamos, y mi mamá y mi hermana me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar”, relató. Para ella, la posibilidad de hablarlo abiertamente con quienes más ama representa una forma distinta de enfrentar una decisión que muchas personas toman en silencio.Su madre, María Ángela Silva, también recordó en Noticias Caracol el momento en que su hija le expresó esa decisión. Aunque reconoce que fue devastador, asegura que con el tiempo comprendió la profundidad del sufrimiento que vive Catalina. “Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy, eso no es vida para ella”, afirmó. Y agregó con dolor: “¿Cómo no voy a acompañar a mi hija a partir cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento?”. Pese a su apoyo, la madre confiesa que aún guarda una esperanza: “Estoy tomando la decisión de acompañarla, pero eso no quiere decir que no quiera que pase un milagro”.
La historia de Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, solicitó en 2025 a su EPS Sanitas acceder al suicidio asistido, que consiste en que un médico entregue el medicamento para terminar la vida, pero sea el propio paciente quien lo administre. La petición fue negada porque el procedimiento aún no cuenta con una reglamentación en Colombia, lo que llevó a la mujer a iniciar una batalla jurídica para que se reconozca su solicitud.Catalina aseguró en una investigación de Noticias Caracol que su decisión llega después de años de tratamientos fallidos. Según relató, ha pasado por nueve hospitalizaciones psiquiátricas, tres ciclos de terapia electroconvulsiva y más de 40 esquemas farmacológicos sin resultados. “Yo siento que es un infierno… me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso”, afirmó. En octubre de 2025 presentó formalmente la solicitud ante su EPS, argumentando que el procedimiento sería una forma de evitar intentos impulsivos y dolorosos. “Yo he intentado acabar con mi vida… pero tampoco quiero lastimar a mi familia. Me pregunté si había una forma segura de hacer esto”, explicó.Sin embargo, uno de los testimonios que más ha impactado es el de su madre, María Ángela Silva, quien ha acompañado el proceso de su hija durante años. La mujer asegura que ha visto el deterioro de Catalina desde la adolescencia y hoy comprende la decisión que ha tomado. “Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy. Eso no es vida para ella, ella no está viviendo dignamente”, afirmó. Aunque reconoce el dolor que implica aceptar esa posibilidad, sostiene que su prioridad es evitar que su hija siga sufriendo. “¿Cómo no voy a acompañar a mi hija a partir cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento, cuando yo la ayudé a llegar a este planeta?”, dijo."Yo no puedo vivir feliz viendo sufrir a una hija, porque está haciendo todo lo posible para que yo sea feliz y ella está sufriendo", añadió.Pese a su apoyo, la madre admite que no pierde la esperanza de que algo cambie. “Yo estoy tomando una decisión de acompañar a mi hija, pero eso no quiere decir que no quiera que pase un milagro”, señaló. Mientras la familia espera que la Corte Constitucional revise el caso tras la negativa de un juez de tutela, María Ángela asegura que estará con su hija hasta el final si la justicia autoriza el procedimiento. “Si me lo permiten, yo le sostendré una mano y con la otra ella tendrá que tomar su decisión”, expresó.
La salud mental de los adolescentes atraviesa un momento crítico. Así lo advirtió la Dra. Mejive Majjul, neuróloga y vocera de Heel Colombia, durante una entrevista en la que presentó cifras preocupantes sobre el deterioro emocional en esta población.De acuerdo con datos internacionales citados por la especialista, entre 2016 y 2023 —periodo que incluye los años de pandemia— los diagnósticos de alteraciones en salud mental en jóvenes entre 10 y 21 años aumentaron en un 35 %.“Estamos ante una generación mucho más frágil y vulnerable”, señaló la neuróloga, al explicar que la depresión y la ansiedad son hoy los trastornos más frecuentes.Reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que los trastornos emocionales en adolescentes han crecido entre un 4 % y 5 % en los últimos años a nivel global. Asimismo, las alteraciones del comportamiento en menores entre 2 y 17 años presentan prevalencias cercanas al 45 %, según cifras internacionales.La ansiedad, explicó Majjul, es uno de los diagnósticos que más se ha incrementado. Muchos casos, advirtió, se confunden con conductas propias de la edad, lo que retrasa la intervención oportuna. “No todo es rebeldía. Hay señales claras que debemos aprender a identificar”, enfatizó.Aislamiento y redes sociales, factores claveLa especialista aseguró que el fenómeno es multifactorial. El entorno familiar, el ambiente escolar y la presión sociocultural influyen directamente en el bienestar emocional de los jóvenes. Sin embargo, destacó el impacto del aislamiento social y el uso intensivo de redes digitales.Según explicó, los adolescentes pasan cada vez más tiempo encerrados en sus habitaciones, interactuando virtualmente y reduciendo el contacto físico con sus pares. Este aislamiento, sumado a la exposición constante a contenidos digitales y a la presión social, ha profundizado los cuadros de ansiedad y depresión.Entre las señales de alerta mencionó: cambios bruscos de ánimo, irritabilidad constante, bajo rendimiento académico, abandono de actividades que antes disfrutaban, aislamiento prolongado y alteraciones en el sueño.Un llamado a la familiaMajjul subrayó que el cerebro adolescente aún está en proceso de maduración, especialmente la corteza prefrontal, responsable del control de impulsos y la toma de decisiones. Esto los hace más susceptibles a conductas de riesgo, presión social y consumo de sustancias.La neuróloga insistió en la importancia del acompañamiento familiar, la observación constante y la creación de espacios de diálogo. “Escucharlos puede marcar la diferencia”, concluyó.Las cifras muestran una tendencia creciente que, según la experta, debe encender las alarmas en Colombia y posicionar la salud mental juvenil como una prioridad en la agenda pública.
Un fallo clave profirió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a un hombre que presentó una tutela contra Colpensiones que le había negado el reconocimiento de la prestación.Todo comenzó en 2016 cuando el hombre fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 63,60 %, estructurada desde el 15 de septiembre de 2012, como consecuencia de un trastorno mixto de ansiedad y depresión severa, catalogado como enfermedad crónica.Colpensiones rechazó inicialmente la solicitud de pensión argumentando que el afiliado no cumplía con el requisito de haber cotizado al menos 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, pues solo acreditaba 36,43 semanas.La Corte Suprema de Justicia estableció que ese análisis fue incompleto. Los magistrados advirtieron que, a pesar de que médicamente la invalidez se fijó en 2012, el trabajador continuó laborando y cotizando hasta enero de 2013, lo que demostraba que conservaba una “capacidad laboral residual”.Tras revisar la historia laboral y los dictámenes médicos, la Sala Laboral concluyó que el hombre sí cumplió con el mínimo de semanas exigidas, si se toman en cuenta los aportes realizados hasta enero de 2013.La Corte Suprema de Justicia hizo un ajuste a la decisión y declaró prescritas las mesadas causadas antes del 9 de febrero de 2014, debido a que el afiliado solo presentó su reclamación formal en 2017.
Laura, quien "hoy es mujer. Hoy es lo que siempre fue una mujer", como dice su abogado, se encuentra en el centro de una controversia legal y médica que destapa fallas en el diagnóstico y la intervención de menores con dudas de género en Colombia. Pedro Daniel Contreras, abogado de Laura y su familia, reveló en Mañanas Blu cómo la joven fue transicionada con hormonas y sometida a una cirugía de masculinización, a pesar de las graves comorbilidades psicológicas subyacentes y la ausencia de consentimiento informado por parte de sus padres.Abuso y diagnóstico erróneoLa historia de Laura no comenzó con la disforia, sino con el abuso. Entre los 6 y 8 años, Laura fue abusada por la empleada de servicio de su casa. Ella guardó silencio sobre este trauma hasta los 15 años. Contreras explicó que este episodio se convirtió en el "motivador de la decisión de cambio de género". Laura desarrolló "miedo a convertirse en una mujer, con miedo a ver cómo se desarrollaba su cuerpo femenino".Esta ansiedad se manifestó en episodios de depresión, ansiedad, autolesiones, y problemas con la alimentación. También consumió contenidos en redes sociales, específicamente en YouTube, donde "activistas trans" le sugerían que su cuerpo era incorrecto y debía cambiárselo.Cuando los padres de Laura buscaron ayuda para el abuso y los síntomas, fueron remitidos a un equipo médico en la Clínica Valle de Lili. Este equipo, con el afán de establecer una futura clínica de género para niños, según denuncia el abogado, la diagnosticó con disforia en la primera consulta. El abogado critica que se ignoró el abuso, la depresión, la ansiedad y las autolesiones. Además, el diagnóstico fue apresurado, ya que los médicos deben confirmar que la inconformidad con el cuerpo es "permanente en el tiempo," algo que no se verificó. El equipo médico decidió que "Lo que ella necesita es que le cambien de sexo".Intervención prematura y falta de consentimiento informadoLa intervención fue catalogada como "irresponsable". Laura fue intervenida con testosterona antes de la edad permitida por protocolos médicos. En ese momento, la clínica de género no estaba aprobada, ni el equipo capacitado para transicionar niños.Una de las revelaciones más sorprendentes es la ausencia del consentimiento informado. El abogado Contreras insistió que los padres le aseguraron: "Nosotros nunca firmamos un consentimiento informado. No nos lo dieron". A pesar de la alta reputación de la clínica, la defensa de Laura solicitó el documento tres veces sin éxito. El abogado enfatiza que para un procedimiento tan serio y con efectos "irreversibles," se requiere un consentimiento cualificado, escrito, que detalle los riesgos y los efectos adversos.Consecuencias irreversibles Durante el proceso, la salud mental de Laura nunca mejoró. Si bien ella llegó a Valle de Lili a los 15 años, a los 16 ya mostraba dudas sobre el diagnóstico, manifestando: "yo quiero tener hijos, quiero poder amamantarlos". El equipo médico, ante estas dudas, incluso llegó a usar bloqueadores de pubertad de manera no recomendada.La cirugía de masculinización pectoral (extirpación de los senos) fue realizada cuando Laura ya era mayor de edad (18 años), por fuera de Valle de Lili, pero con una "orden de los médicos". La familia pagó por la cirugía.El arrepentimiento de Laura llegó "después de la cirugía" y nuevamente tuvieron que pagar la reconstrucción del mismo.La transición dejó daños irreversibles. La masculinización pectoral, aunque fue reconstruida estéticamente, no es funcional. Además, el uso de testosterona causó vello facial, requiriendo tratamiento láser, y cambios en la voz y la cara.Escuche aquí la entrevista:
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.