La desnutrición infantil sigue siendo una preocupación en las comunidades indígenas y rurales más apartadas de Colombia. Según una encuesta realizada por Unicef en 2024, el 71 % de los niños menores de cinco años evaluados en Bagadó, Chocó, presentó retraso en talla, una condición asociada a la desnutrición crónica que puede afectar su crecimiento, desarrollo y aprendizaje.En Alto Baudó, Chocó, el porcentaje alcanzó el 61,9 %, mientras que en Uribia, La Guajira, llegó al 41,1 % y en Puerto Carreño, Vichada, al 29,7 %.En diálogo con Blu Radio, Salua Osorio, especialista de Salud y Nutrición de Unicef Colombia, explicó que los estudios nutricionales realizados en estos territorios evidencian graves problemas de crecimiento infantil.“El 70 % de los niños tienen retraso en talla. Esto tiene unas consecuencias gravísimas porque son niños que ya tienen algunas secuelas o consecuencias de este retraso en talla”, señaló Osorio, quien advirtió que esta condición puede generar dificultades de aprendizaje y desarrollo.Enfermedades prevenibles siguen cobrando vidas en zonas apartadasA los problemas de nutrición se suman enfermedades que pueden prevenirse o tratarse oportunamente, como las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas.Según cifras preliminares del 2025 del Instituto Nacional de Salud, presentadas por Unicef, Vaupés registró una tasa de 182,1 muertes por cada 100.000 menores de cinco años por estas enfermedades y desnutrición, frente a un promedio nacional de 11,9. Mientras que en Chocó, la tasa alcanzó 136,9; en Vichada, 72,3; en Guainía, 66,8, y en La Guajira, 54,4.Una de las principales dificultades que enfrentan estas comunidades es el acceso a los servicios médicos. De acuerdo con Unicef, algunas familias deben caminar hasta cuatro horas y posteriormente viajar otras cuatro en lancha para conseguir atención.A estas barreras se suman la falta de agua potable, los costos del transporte y las dificultades de comunicación entre el personal médico y las comunidades que hablan lenguas indígenas.Unicef y MSD anuncian alianza para fortalecer la atención en saludAnte este panorama, Unicef Colombia y la compañía farmacéutica MSD anunciaron la implementación de KATUMARE, un proyecto que busca beneficiar a más de 60.000 personas en La Guajira, Chocó, Vichada y Guainía, mediante la formación de agentes comunitarios, la prevención de enfermedades y la detección temprana de la desnutrición infantil.Johanna Ballesteros, gerente general de MSD para Colombia y Ecuador, confirmó que la compañía destinará 200.000 dólares para apoyar el proyecto en Colombia, como parte de una iniciativa global de salud comunitaria.Una de las herramientas que desarrollaron es una aplicación que permitirá a personas capacitadas de las propias comunidades registrar el peso, la talla y el estado de vacunación de los niños, así como identificar señales de peligro que requieran atención médica.La aplicación está diseñada para funcionar sin conexión permanente a internet y enviar alertas a hospitales y centros de salud cuando recupere la señal. Además, incorpora instrucciones en voz alta y permite registrar la información mediante dictado por voz, facilitando su utilización en zonas apartadas.Con esta estrategia, Unicef busca fortalecer la atención desde las propias comunidades y avanzar hacia un modelo de salud que permita identificar y tratar oportunamente enfermedades que siguen poniendo en riesgo la vida de los niños en los territorios más vulnerables del país.
En Colombia, el 11,8 % de los niños menores de cinco años se encuentra en condición de vulnerabilidad alimentaria alta o muy alta, según el Índice de Vulnerabilidad Alimentaria Infantil (IVAI) de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO). Frente a este panorama, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) anunció una nueva edición de Pollo Shares, un programa que busca fortalecer la alimentación de la primera infancia mediante la entrega permanente de proteína de pollo.La iniciativa proyecta distribuir este año 373.600 raciones de pollo entre más de 2.300 niños de entre 0 y 5 años de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira, Santa Marta y La Guajira. Con esta nueva etapa, el programa superará los 2,6 millones de raciones entregadas desde su creación en 2019.El presidente ejecutivo de Fenavi, Gonzalo Moreno, explicó que la estrategia está enfocada en niños de la primera infancia porque intervenir en esa etapa puede evitar consecuencias permanentes en su desarrollo. "Si nosotros logramos sacar a estos niños de la desnutrición cuando están en los primeros años de vida, vamos a poder tener personas en un futuro con más capacidades", aseguró.Por su parte, el director del programa Pollo de Fenavi, Luis Rodolfo Álvarez, dijo que la meta es garantizar a los niños la entrega continua de proteína durante el año, de manera que su consumo tenga un impacto real en su crecimiento y desarrollo cognitivo. "Nosotros debemos entregar este pollo continuamente durante el año. Esa es nuestra promesa: al menos cumplirles tres platos con pollo a la semana para que realmente haya un impacto en su desarrollo cognitivo", afirmó.Álvarez explicó que uno de los principales retos del programa es mantener la cadena de frío durante todo el proceso de distribución. Para ello, Fenavi trabaja con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ÁBACO), que se encarga del almacenamiento y la entrega del producto, con el fin de garantizar su inocuidad antes de llegar a los niños.
En lo corrido de este año, en esta región del país, las muertes en niños menores de 5 años a causa de la desnutrición se han visto disminuidas en un gran porcentaje, según lo reveló Isabel Cristina Londoño Gómez, Gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, que aseguró que esto representa una reducción significativa comparada con el año inmediatamente anterior en el que perdieron la vida 14 niños menores de 5 años por falta de ingesta de alimentos.Para continuar bajando la cifra a cero muertes, la gobernación de Andrés Julián Rendón, activó treinta y cinco programas dirigidos principalmente a ellos, que van desde la primera infancia hasta la adolescencia, así lo confirmó la gerente Londoño."Hemos llegado a más de veintiocho mil participantes, entre niños y niñas menores de cinco años, donde a través un acompañamiento interdisciplinario, realizamos encuentros educativos y visitas en el hogar, además de la entrega de un paquete alimentario mensual, prevenimos la desnutrición infantil", señaló, en medio de la rendición de cuentas de la entidad. La gobernación de Antioquia ha impactado a más de 28.000 personas, entre niños y madres gestantes, a través de un acompañamiento interdisciplinario con nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, artistas y educadores especiales se han realizado encuentros educativos y visitas en el hogar de las familias más vulnerables en los municipios, además; se han creado alianzas educativas logrando que más de 275 instituciones educativas tengan jornada extendida para que las madres gestantes y cabezas de hogar puedan estudiar.
En lo corrido de 2025, en Santander se han registrado 353 casos de desnutrición en menores de cinco años, de los cuales 151 corresponden al área metropolitana de Bucaramanga. Un reciente convenio entre el Hospital Universitario de Santander (HUS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca prevenir y atender la desnutrición en el departamento.El programa, denominado Servicio integral para la atención y prevención de la desnutrición en Santander, beneficiará a 1.200 niños menores de cinco años en riesgo de desnutrición y a madres gestantes con bajo peso o sobrepeso en 27 municipios.La estrategia incluye valoración nutricional, acompañamiento psicosocial, controles de salud, vacunación y la entrega mensual de mercados y bienestarina a las familias.“En cada municipio tendremos un gestor comunitario que contactará a los beneficiarios, verificará que no hagan parte de otros programas del ICBF y los remitirá para la respectiva valoración”, explicó José Mauricio Cáceres Arismendi, apoyo de supervisión del convenio.Los municipios priorizados incluyen Bucaramanga y su área metropolitana, Rionegro, El Playón, Lebrija, Barbosa, Vélez, Landázuri, La Paz, Bolívar, El Peñón, La Belleza, Málaga, Cerrito, Concepción, San Andrés, Santa Helena del Opón, entre otros.El convenio comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre con el propósito de llegar a las familias más vulnerables y reducir los índices de desnutrición en Santander.
Tras la atención de 484 madres y niños en medio de un encuentro educativo en el corregimiento La Blanquita Murrí, en el municipio de Frontino, las autoridades de salud identificaron y trasladaron a centros hospitalarios a dos menores de 23 meses de edad con desnutrición aguda.Cristina Londoño Gómez, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación de Antioquia, informó que uno de los menores fue trasladado al hospital del municipio, mientras que la otra niña recibe atención médica en el Hospital San Vicente de Medellín. Ambos continúan hospitalizados bajo monitoreo médico y nutricional, y con acompañamiento del Programa Arrullos."En una de las jornadas de atención que realizamos desde el programa, identificamos varios niños y niñas que no estaban siendo atendidos por los programas de primera infancia del gobierno nacional. Y además logramos activar la ruta de atención inmediata a dos niños y niñas menores de 23 meses que tenían desnutrición aguda", indicó Gómez. Durante la intervención también se identificó una madre con bajo peso, quien fue trasladada al puesto de salud del corregimiento con monitoreo prioritario.Según destacó el ente departamental, en dicha jornada también se realizaron otras acciones en articulación con el equipo de salud del municipio como la vacunación de 60 niños y niñas para completar su esquema, 32 controles de crecimiento y desarrollo y 11 controles prenatales.Además, allí las autoridades identificaron 33 niños y niñas menores de 5 años y cuatro madres gestantes que no recibían atención por parte de los programas de ICBF, quienes ahora ingresaron al Programa Arrullos para recibir seguimiento nutricional, un paquete de alimentos mensual, formación en salud emocional y crianza amorosa, y actividades de promoción de literatura, juego y arte, subrayó la Gobernación.
La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre la atención integral a la primera infancia indígena, especialmente en los pueblos en riesgo de extinción.Aunque en 2024 aumentó el número de niños y niñas indígenas atendidos —pasando de 198 mil a más de 218 mil— la cobertura de la Ruta de Atención Integral disminuyó en 8 de los 10 servicios que la conforman. Menos de la mitad recibió valoración en salud, apenas el 38% tuvo valoración nutricional y sólo el 29% accedió a formación familiar.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que concentra más del 80% de la oferta, redujo su inversión en la modalidad propia e intercultural en un 31% respecto al 2023, pese a ampliar su cobertura a más municipios.“Aunque la modalidad propia del ICBF opera en zonas con altas Necesidades Básicas Insatisfechas, 419 municipios con alta población indígena y NBI superior al promedio nacional no cuentan con esta atención. Departamentos como Quindío, Atlántico, Norte de Santander y Santander no tienen cobertura con esta modalidad”, indicó la Contraloría.La situación también es crítica para las madres gestantes: solo una de cada cuatro recibió control prenatal y menos de un tercio tuvo apoyo nutricional, lo que se refleja en el aumento de la mortalidad materna indígena.“Aunque hubo una reducción del 47% en muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años indígenas, municipios como Uribia, Maicao, Riohacha, Cumaribo y Pueblo Rico siguen con cifras críticas. La falta de datos actualizados sobre la población de 0 a 5 años indígenas impide una planificación y focalización adecuadas”, se lee en el comunicado del ente de control.Por esto, la Contraloría, en el marco del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena, hizo un llamado al Estado para que, en diálogo con los pueblos indígenas, se traduzca la protección constitucional reforzada de esta población en acciones efectivas y culturalmente pertinentes, que realmente contribuyan a garantizar los derechos de la niñez y a disminuir las brechas históricas.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha respondido afirmativamente a la directriz del presidente Gustavo Petro de intervenir el sistema de salud del departamento, revelando un plan detallado para rescatar la red pública de una entidad "muerta viviente" y abordar la alarmante crisis de mortalidad materna y desnutrición que azota a la región. La intervención, anunciada por el presidente Petro, busca transformar un sistema de salud que ha sido descrito por la gobernadora como gravemente afectado por la privatización y una deuda histórica."Sorpresa no tengo porque es algo de lo que venimos hablando en el marco de lo que está pasando en el departamento de Chocó," declaró la gobernadora Córdoba al ser consultada sobre la petición presidencial. Este pronunciamiento subraya la magnitud de los desafíos de salud pública en el departamento, donde lamentablemente, "el Chocó lidera las tasas de morbimortalidad materna y desnutrición en el país. Son indicadores de salud pública muy graves y por los que tenemos que estar preocupados como chocuanos y la nación también," enfatizó.La preocupación Presidencial, según la gobernadora, se centra en la "privatización que existe en el departamento del Chocó de cara precisamente a la red pública, a la red primaria de atención en salud, que bajo el modelo que se está implementando hoy para bajar esos indicadores de salud pública, pues tiene que ser pública,". La gobernadora Córdoba está convencida de que "al departamento del Chocó le serviría que sea pública," y tiene una propuesta lista para el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ha recibido la instrucción directa del presidente.Cifras "Infortunadamente, el Chocó lidera las tasas de morbimortalidad materna y desnutrición en el país. Son indicadores de salud pública muy graves y por que tenemos que estar preocupados como chocuanos y la nación también", aseguró con preocupación. Sobre la importancia de los equipos básicos de atención en salud y su impacto en la prevención aseguró que, "si los equipos básicos de atención en salud que hoy se están implementando en el departamento logran que un médico, una enfermera jefe pueda llegar hasta una comunidad rural, se identifica que, por ejemplo, la mujer tiene eclampsia o preeclampsia o que sus niveles de presión arterial están demasiado altos para el momento de gestación y la remite en ese momento, pues pudiéramos evitar no solamente complicaciones en el parto propiamente dicho, sino por ejemplo accidentes cerebrovasculares que van a terminar en que la mujer se muera infortunadamente o presionen el feto que vayan a determinar también una remisión para la madre."La propuesta de la GobernaciónFrente a esta compleja situación, la Gobernación del Chocó ha estructurado una propuesta que busca sanear esta deuda histórica y liberar los activos para construir una red de salud pública digna y resolutiva. La gobernadora afirmó: "la Gobernación del Chocó tiene lista la propuesta para que podamos salir de este problema".El plan se basa en la convicción de que "la red pública le sirve al departamento del Chocó," y ya han presentado un documento de red al Ministerio de Salud, que fue aprobado la semana anterior. Este documento permitirá la creación de "una red subregional y una red también primaria de hospitales verdaderamente resolutivos en los municipios".El punto de partida de la propuesta es el pago de la deuda. La deuda total asciende a unos 50.000 millones de pesos, una suma que representa los recursos de funcionamiento de un año completo para el departamento y que es inmanejable para el Chocó. Sin embargo, la gobernadora precisó que "la liquidación se cerraría con 34.000 millones, que son justamente el pasivo prestacional, lo que se le debe a esos señores y señoras que hacen una protesta cada 3 meses en la gobernación del Chocó por sus recursos y por sus acreencias de 20 años y que hoy todavía están esperando que se les pague".Escuche aquí la entrevista:
La Sala Especial de la Corte Constitucional, que le hace seguimiento a la sentencia T-302, que busca garantizar la vida de la población wayúu de La Guajira, le hizo reparos por bajo cumplimento a las acciones del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la niñez guajira."Muy pero muy corto, no han cumplido, esa es la palabra, no ha cumplido el Gobierno nacional, no ha solucionado el tema alimentario de fondo, los niños se siguen muriendo por desnutrición y el abandono sigue, es decir, le ha quedado corto al Estado esta problemática de la sentencia T-302", dijo Eudes Romero, líder social de la comunidad Villa Fátima, ubicada en zona rural de Riohacha.Lo que dice la CorteSegún la Corte Constitucional, hay desequilibrio entre las acciones del Gobierno nacional y los municipios para garantizar la seguridad alimentaria. No hay un plan para superar el asistencialismo y las inversiones hasta ahora reportadas no han garantizado la seguridad alimentaria de los niños."No es mentira que nuestros niños cada día se mueren de hambre y sed por el abandono estatal, no es mentira cuando la Corte Constitucional determina que estamos en una crisis humanitaria", explicó José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos 'Nación Wayúu'.El gobernador de La Guajira creó el fondo de seguridad alimentaria con el que han entregado más 400 toneladas de alimentos en la alta Guajira, pero dice que necesita más apoyo del Gobierno nacional."El llamado es clave, es avanzar en temas estructurales, la importancia de las vías y fortalecer el fondo de seguridad alimentaria que el año pasado logramos constituir en el departamento, los esfuerzos son necesarios para atender en el menor tiempo posible las necesidades de nuestra gente", dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.La Sala de la Corte calificó de "inadmisible" que, tras siete años de notificada la sentencia, todavía la cifras de niños con desnutrición y de mortalidad infantil no hayan cedido considerablemente.
La Alcaldía de Barrancabermeja, a través de la Secretaría de Salud, realiza un estricto seguimiento médico y nutricional a dos menores de un año que fueron ingresados de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio con síntomas respiratorios y signos de desnutrición severa. El monitoreo está a cargo del equipo de pediatría y nutricionistas del ente territorial, como parte de las acciones para garantizar la recuperación de los pacientes.El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva, explicó que los menores están bajo atención médica constante y que la administración ha intensificado la vigilancia para asegurar su evolución favorable.“Hemos hecho con todos los prestadores de Barrancabermeja el monitoreo y seguimiento de los casos con nuestro equipo de nutricionistas y pediatras. Analizamos la evolución de estos menores, que son por supuesto pacientes activos hasta que superen el episodio. Por fortuna, en Barrancabermeja no tenemos casos de mortalidad por desnutrición en lo que va del año”, indicó Manosalva.Los casos fueron reportados el pasado 30 de julio por el Hospital Regional, lo que encendió una nueva alerta en el municipio sobre la persistencia de condiciones críticas de salud en la primera infancia. Ambos niños permanecen hospitalizados en el área de pediatría, con una evolución estable, aunque los médicos advierten que ingresaron en estado crítico.Desde el centro asistencial, el agente especial interventor, Luis Torres Castro, hizo un llamado urgente a las instituciones del sistema de salud y protección social para atender de manera coordinada estos casos y prevenir nuevos episodios de desnutrición infantil.“La desnutrición no puede seguir siendo una cifra; detrás de cada caso hay una vida en riesgo”, afirmó Torres.La Alcaldía anunció que continuará fortaleciendo sus programas de atención nutricional y vigilancia epidemiológica, especialmente en las comunidades más vulnerables del distrito.
Una nueva alerta por desnutrición infantil en Barrancabermeja ha sido emitida por el Hospital Regional del Magdalena Medio, tras el ingreso por urgencias de dos menores de 5 años con síntomas respiratorios y un estado nutricional severamente deteriorado. El hecho pone en evidencia una crisis silenciosa que sigue cobrando vidas vulnerables y que, según el mismo centro asistencial, requiere una respuesta institucional urgente y coordinada.Ambos menores, originarios del distrito de Barrancabermeja, permanecen hospitalizados en el área de pediatría donde reciben tratamiento médico y nutricional. Aunque su evolución es estable, los médicos advierten que llegaron en condiciones críticas, reflejo de una falla estructural en los mecanismos de protección y atención primaria.“La desnutrición no puede seguir siendo una cifra; detrás de cada caso hay una vida en riesgo”, advirtió Luis Torres Castro, agente especial interventor del hospital, quien hizo un llamado directo a los actores del sistema de salud, protección social y entes gubernamentales a no permanecer indiferentes.El mismo boletín del centro asistencial cita cifras del Instituto Nacional de Salud, que evidencian un incremento alarmante en los casos de desnutrición infantil en Santander, siendo Barrancabermeja el municipio con mayores índices en el último año. Esta situación ha encendido las alarmas no solo en el personal médico, sino también en sectores sociales que exigen una política pública clara para enfrentar el problema.Pese a la gravedad de los hechos, el secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva, no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, calificado de alto impacto social. Desde el Hospital Regional del Magdalena medio se ha reiterado el compromiso de seguir brindando atención integral a los menores afectados, pero también se ha insistido en que los centros hospitalarios no pueden seguir siendo el último eslabón de una cadena de atención fallida. Se requiere, advierten, un trabajo conjunto entre el sector salud, el bienestar familiar, las alcaldías locales y las organizaciones comunitarias para garantizar el derecho a la salud y la alimentación adecuada de los niños y niñas del Magdalena Medio.Mientras tanto, el boletín del hospital cierra con una frase que refleja tanto esperanza como frustración: “Seguimos creciendo y seguimos mejorando”, pero lo hace contrastando con el silencio institucional de las autoridades locales, cuya ausencia deja un vacío profundo en la atención de una de las crisis humanitarias más sensibles y dolorosas del territorio".
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que los operadores seleccionados para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Antioquia han manifestado su disposición de contratar a las madres comunitarias. El anuncio se conoció en medio de la controversia que generó por la suspensión de servicios en varios hogares infantiles, que ha dejado a cerca de 3.000 niños y niñas sin atención, punto que fue resuelto en las últimas horas.A través de un comunicado, la directora del ICBF, Carolina Restrepo, aseguró que existe la posibilidad de continuidad laboral para las madres comunitarias e insistió en que deben conocer directamente las condiciones de contratación y las garantías de sus derechos laborales.Sin embargo, manifestó su preocupación por reportes según los cuales desde organizaciones sindicales se estaría pidiendo a las trabajadoras que no acepten esas vinculaciones. Por eso, invitó a la dirigencia sindical a explicar públicamente esa situación. También aclaró que la selección de los operadores es competencia del Instituto y no puede ser condicionada por las organizaciones de madres comunitarias.La directora del ICBF agregó que la entidad verifica reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones e invitó a denunciar estos hechos.El Instituto anunció que mantendrá diálogos directos con las madres comunitarias y exigirá a los nuevos operadores el cumplimiento de sus obligaciones.Así fueron las afectacionesEn Medellín, uno de los casos que evidenció las dificultades es el del Hogar Infantil Capullos, en el barrio Calasanz, donde 110 niños, entre los 18 meses y los cinco años, quedaron sin atención tras la suspensión del servicio el pasado 31 de octubre, por la falta de renovación del contrato. La situación también dejó sin vinculación laboral a 15 trabajadoras y colaboradoras, como lo dijo la directora del centro, Aidé González."Prestamos un servicio de tiempo completo. La verdad no sabemos, no hay una fecha probable de inicio. Eh, ya se montaron pues como a la carpeta del ICBF. Sería aproximadamente de unos 70 millones de pesos contando pues liquidaciones y todos los pagos pues que se le que se realizan a la institución", manifestó González cuando se presentaron las afectaciones.
A menos de una semana, en las últimas horas se conocieron nuevos avances en las investigaciones por el crimen del patrullero de la Policía Nacional Jamilton Andrés Santa en medio de un cruce de disparos en el barrio Estación Villa en el centro de Medellín.Un juez de control de garantías de la capital antioqueña decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelarios solo contra uno de los dos capturados como posibles responsables del hecho durante diligencias realizadas en Medellín e Itagüí.Alias ‘Costeño’ deberá ir a la cárcel, mientras que alias ‘Ratón’, permanecerá en libertad, aunque vinculado a las etapas posteriores del proceso judicial en el que fueron imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.Según el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana, los ahora judicializados lograron ser capturados tras una extensa labor investigativa por cuatro días con análisis de más de 600 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistas y reconocimientos fotográficos."En tan solo cuatro días, nuestros investigadores lograron resultados decisivos. Un trabajo que fue más allá de los procedimientos técnicos y que estuvo marcado por el compromiso y la determinación de hombres y mujeres que asumieron este caso como un asunto de honor institucional", indicpo Fajardo.Quien también reaccionó a la captura de los responsables fue el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien recalcó que el caso no quedará en la impunidad.“Quien levante un arma contra un colombiano o contra un integrante de nuestra Fuerza Pública tendrá todo el peso de la ley sobre sus hombros”, expresó en su cuenta de X.Sobre la muerte del integrante de la fuerza pública, hasta ahora se conoce que ocurrió en medio de posibles confrontaciones relacionadas con disputas por el control de plazas de vicio en esa zona de la ciudad. El intercambio de disparos dejó otras dos víctimas mortales identificadas como Edinson Rafael Itriago Briseño, de 24 años, y Lauris Rafael Lugo Ferrozo, de 39.
Una explosión en una planta siderúrgica, que trata el hierro, cerca de la ciudad portuaria de Izmir, en el oeste de Turquía, dejó este lunes al menos 17 muertos, informó el gobierno.La potente explosión se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, hora local, en la planta Habas Demir Celik, en Aliaga, a unos 60 kilómetros al norte de Izmir, luego de que una grúa se desplomara sobre un horno industrial.El presidente Recep Tayyip Erdogan prometió esclarecer las circunstancias del accidente."Se determinarán las circunstancias de este trágico incidente (...), en particular las razones por las que ocurrió, la posible existencia de negligencia y la identidad de los responsables", declaró el presidente en televisión, en medio de la profunda conmoción que provocó el suceso.Inicialmente se informó de 16 fallecidos, pero luego el ministro de Salud, Kemal Memisoglu, elevó a 17 la cifra, debido a que uno de los heridos críticos falleció."Durante una operación de reemplazo de una caldera (...), el puente grúa cayó y los materiales que se desprendieron terminaron dentro del horno de arco eléctrico, lo que provocó una explosión en la acería situada detrás", explicó el gobernador de Izmir, Suleyman Elban.Las imágenes de la agencia DHA mostraban una densa columna de humo elevándose hacia el cielo azul, mientras las llamas parecían envolver una estructura de gran altura dentro de la planta.Deniz Ulker, testigo del accidente, describió unas vibraciones similares a las de un terremoto."El suelo se movía bajo nuestros pies y creí que era un terremoto. Cuando miré hacia la fábrica del otro lado de la calle, salía de ella una densa humareda negra. Se había desatado un incendio a la altura de la chimenea", relató a la agencia estatal de noticias Anadolu.Según el alcalde de Izmir, Cemil Tugay, los equipos de rescate trabajaban para "despejar la plataforma que se derrumbó". Todas las víctimas eran trabajadores de la planta.El ministro de Trabajo, Vedat Isıkhan, y el de Energía, Alparslan Bayraktar, se trasladaron al lugar a última hora de la tarde, confirmó el presidente Erdogan."Las causas de la explosión, cualquier negligencia y cualquier falla en la supervisión deben esclarecerse con total transparencia, y ningún responsable debe quedar impune", exigió el partido opositor DEM, tercera fuerza política del país.
Un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una menor de edad, deja el grave accidente de tránsito registrado en la vía Buga–Buenaventura, a la altura del sector de El Naranjo. De acuerdo con el más reciente reporte de la emergencia, algunas de las víctimas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Dagua; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, fallecieron posteriormente. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Luis Felipe Domínguez, conductor del bus de servicio público, quien murió en el lugar de los hechos.Por otra parte, cerca de siete pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales de Dagua y Buenaventura. El estado de salud de los heridos es reservado. El siniestro involucró un bus de servicio público que había salido de Buenaventura con destino a Cali y una niñera que se movilizaba en sentido contrario, hacia el puerto. La fuerza del impacto fue tal que el bus terminó prácticamente destruido.Tras el accidente, las autoridades ordenaron el cierre total de la carretera mientras se adelantaban las labores de atención de la emergencia y el levantamiento de los procedimientos correspondientes. Posteriormente, se habilitó el paso por uno de los carriles; sin embargo, a esta hora se presenta congestión vehicular en el sector.Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que recibió la entidad con sus sistemas hackeados y advirtió que las alertas sobre los problemas informáticos se conocían desde enero, pero no se les habría dado la importancia necesaria durante el gobierno anterior. Según explicó, esta situación terminó convirtiéndose en un problema de mucha gravedad que todavía persiste y que ya fue denunciado ante la Fiscalía.“Había unas advertencias que venían desde principio del año, desde enero y que por no darle la trascendencia y la importancia llegamos a tener un problema muy serio que además todavía persiste”, afirmó Cancino.El funcionario señaló que, cuando llegó al Ministerio, encontró que no había acceso a muchas de las herramientas y servicios de la entidad. Además, aclaró que las advertencias sobre lo que estaba ocurriendo no correspondían solamente a unos días antes del ataque, sino que venían desde comienzos de año.Entre las afectaciones mencionó la Dirección de Política de Drogas, donde se expiden licencias para empresas que necesitan determinadas sustancias para sus actividades, así como los trámites de licencias de cannabis. También se presentaron dificultades en algunas líneas de comunicación con las comisarías de familia.Ante los problemas de conectividad, el Ministerio tuvo que recurrir a alternativas manuales y al trabajo desde casa para mantener sus actividades. El jefe de cartera aseguró que, pese a las dificultades, la labor de la entidad continuó y no se paralizó el funcionamiento del Ministerio.Sobre las posibles responsabilidades, el ministro indicó que los hechos podrían tener connotaciones delictivas y que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Según explicó, ya se recopiló toda la evidencia y se espera que en los próximos días entregue resultados sobre lo ocurrido.Hay que recordar que un ciberataque se conoció públicamente el 3 de agosto, durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro. En ese momento, el Ministerio confirmó que había sido víctima de un ataque mediante un virus tipo ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y afectó la disponibilidad de varios servicios digitales.Sin embargo, ahora Cancino puso sobre la mesa un antecedente que no se había conocido inicialmente: las advertencias sobre posibles accesos no autorizados a los sistemas vendrían desde enero.Ahora, el ministro aseguró que ya se tomaron medidas y se ha contado con la colaboración necesaria para atender la situación, aunque reconoció que el problema todavía no está completamente superado y que será la investigación de la Fiscalía la que permita esclarecer qué pasó.