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Ya son 11 decretos en total que la Corte Constitucional tumbó alrededor de la emergencia económica en La Guajira. La última norma que se quedó sin piso jurídico era la que creaba una transferencia no condicionada para atender a las familias con niños y niñas en primera infancia, y madres gestantes que estén en estado de desnutrición o en riesgo inminente en el departamento de La Guajira.
El fallo del alto tribunal señaló que el decreto es inconstitucional “con efectos retroactivos, salvo en lo que toca con las transferencias no condicionadas que se hayan efectivamente entregado a la fecha de la presente sentencia”.
La Sala Plena también consideró que ese decreto tenía absoluta ausencia de conexidad entre el decreto matriz de la Emergencia Económica y la norma como tal, “en cuanto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua, que, de haberse comprobado, habría dado lugar al diferimiento de sus efectos siempre y cuando cumpliera con todos los demás requisitos materiales”.
Con este nuevo golpe para el Gobierno ya son 11 los decretos que la Corte Constitucional ha tumbado de la emergencia económica en ese departamento. La primera decisión que tomó el tribunal dejó sin piso jurídico el decreto madre que declaró la situación; tiempo después se cayó el que pretendía recuperar las Salinas Marítimas de Manaure.
Así mismo, la Corte tumbó los decretos que modificaban permisos para el uso del espectro radioeléctrico, el que protegía la riqueza cultural Wayúu, el que creaba una institución de educación superior indígena Wayúu, qué pretendía adelantar la reforma a la salud en ese departamento y el que buscaba adelantar esta reforma del Gobierno de Gustavo Petro en La Guajira.
La Corte Constitucional también dejó sin efectos el decreto que estableció un aporte de 1000 pesos a la factura de energía para estratos 4, 5 y 6 declarado en la emergencia económica en La Guajira. La decisión dio un plazo de seis meses para que los recursos recaudados por los contribuyentes sean devueltos por medio de dicha factura y decidió declarar inexequible el decreto de acceso a agua y saneamiento básico con efectos diferidos a un año, también decretados en dicho estado de emergencia.
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