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Gobierno asegura tener avances frente a sentencia que ordena protección a niños de La Guajira

Desde la Consejería Presidencial para la Regiones informan que frente al incidente de desacato el Gobierno nacional ya respondió a la Corte Constitucional.

26076_BLU Radio. La Guajira. Foto: BLU Radio
BLU Radio. La Guajira. Foto: BLU Radio

La encargada de responder a los requerimientos del alto tribunal fue Sandra Ortiz, Consejera Presidencial para la Regiones, quien indicó que el Gobiernoestá trabajando para mejorar las condiciones de vida de los niños wayúu (en La Guajira) como lo ordena la Sentencia T-302 de 2017.

Recordemos que la Sala Especial de Seguimiento inició un proceso de desacato contra funcionarios del Gobierno, señalando una falta de cumplimiento en las medidas ordenadas para la protección de la niñez en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

Por eso, la consejera Ortiz aclaró que hay avances importantes como la destinación de tres billones de pesos para atender las necesidades urgentes en La Guajira.

“Estuvimos más de una semana en gobierno con el pueblo, el presupuesto aumentó en un 76%, aumentó casi a 3 billones de pesos, eso es histórico un presupuesto para la Guajira”, señaló la funcionaria juntos antes de confirmar que tan solo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo puso 600 mil millones de pesos para avanzar en la solución de problemas.

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“Ha sido un trabajo serio, juicioso, responsable (de todos los ministerios) y solo falta el decreto que el señor presidente en los próximos días lo va a firmar”, manifestó Ortiz.

Según la Consejería para las Regiones, se ha cumplido con entregarle a la Corte el Plan de Acción Provisional, junto con la batería de indicadores.

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El incidente de desacato tocaba a altos funcionarios del gobierno Petro entre ellos a la consejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova; al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; a la ministra de Ambiente, María Susana Muhamad González; a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres; y a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, como responsables de no haber cumplido con las órdenes estructurales de la sentencia.

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