Un juez le ordenó a Germán Gómez desalojar su bodega para entregársela a DMG. La defensa del empresario bogotano denunció irregularidades judiciales dentro del proceso por la propiedad de una bodega ubicada en Bogotá, bien que se solicitó para entregársela a la liquidación de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.De esta forma exigiendo que se le reconozcan sus derechos sobre el inmueble tras haberlo ocupado, trabajado y administrado como propio durante casi tres décadas de manera continua.El caso inició en 1997, según lo relatado por la defensa, cuando Germán Gómez ingresó a la bodega con un permiso temporal del Banco Ganadero para hacer arreglos mientras se tramitaba la compra. Ese negocio fracasó, y el 22 de septiembre de 1998 Gómez inició la intervención del título: dejó de actuar como ocupante autorizado, desconoció al banco como dueño y se declaró poseedor, arrendándole la bodega a su imprenta Diseñarte Impresores Ltda., ejercitando actos de señor y dueño de la misma.Para 2005, el banco sabía que Gómez era el poseedor y lo citó con su cédula a una conciliación en notaría. Pero al demandar en 2005 para recuperar el bien, el banco cometió un error procesal: demandó solo a la empresa inquilina (Diseñarte Impresores) y excluyó a Germán Gómez como persona natural. Ese juicio terminó en 2017 sin que Gómez hubiese actuado, o hubiese sido notificado o citado a tal proceso.El banco le vendió la bodega a Inversiones Guival, una empresa ligada a David Murcia Guzmán. Tras las intervenciones estatales por la captación ilegal de dinero, la Fiscalía le impuso medidas cautelares al bien y, en 2016, la propiedad fue traspasada formalmente a la masa de bienes de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.Al completar más de 24 años de posesión, Germán Gómez interpuso en 2022 una demanda de pertenencia para que se le declarara judicialmente dueño del predio. El abogado señala que la ley exige demandar a quien aparezca como propietario inscrito en la Oficina de Registro, el pleito se dirigió contra la Liquidadora de DMG. No obstante, el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá negaron sus pretensiones, y ordenaron entregarle la bodega a la liquidación de DMG., pese a que la posesión de Germán Gómez era irrefutablemente anterior al título por el cual DMG adquirió tal dominio.Según lo que menciona la defensa de Gómez, los jueces crearon una maniobra jurídica, tomaron la sentencia de 2017, dictada en el pleito del banco contra la empresa inquilina, y aseguraron que ese fallo le "interrumpió" o "borró" toda su posesión previa. Con ese cálculo, dictaminaron que la posesión de Gómez no arrancó en 1998 sino en 2017, por lo que a 2022 solo sumaba 5 años de posesión, y no los 10 que exige la ley para quedarse con la propiedad.Por lo que denuncian, que, por una parte, la ley establece que las decisiones de un juicio entre dos partes no pueden perjudicar a un tercero que nunca fue parte, ni siquiera citado a tal proceso. Aunque jueces admitieron expresamente que Gómez jamás fue parte del proceso anterior, y por tanto, no se le podía aplicar los efectos de la Cosa Juzgada, en la práctica le desconocieron 19 años de trabajo y posesión material pública, pacífica e ininterrumpida de esa bodega.A parte, señaló que esta decisión tomada por la Corte afecta directamente una empresa industrial con maquinaria pesada que opera a diario en la bodega, lo que significaría la destrucción de una empresa familiar activa y la pérdida de los puestos de trabajo de varias familias.Ante este panorama acudieron a una acción de tutela como último recurso para frenar la orden de desalojo. Con este reclamo, la defensa pide que la justicia no le aplique un fallo viejo en el que él jamás participó, y que se respete su tiempo real en el predio desde 1998 y finalmente se le reconozca como el único y verdadero dueño de la bodega.Por todo esto, la defensa le exige a la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia una actuación de fondo que estudie efectivamente los cargos y “no los evada”, mientras que se decide de fondo la tutela.
En los próximos días, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se enfrenta a una posible derrota en el pleito judicial por un porcentaje del lote conocido como "Las Mercedes". Este terreno, ubicado en la calle 191 con autopista norte, alberga el puente peatonal que conecta con la estación de TransMilenio y la Terminal, cuya propiedad ha sido objeto de controversia desde hace más de 15 años.El IDU desembolsó en su momento una suma de dinero a María Mercedes Perry, liquidadora de los bienes de DMG, con el propósito de construir en ese espacio el puente peatonal. Sin embargo, abogados que representan al empresario colombiano Carlos López, dueño legítimo del terreno, alegan que el predio fue expropiado ilegalmente y que nunca perteneció a DMG, empresa captadora de dinero desmantelada en 2008.El abogado de Colbank, Roberto Charris, asegura que “la propiedad del predio le pertenece a Colbank e Inverlopez, como se acredita en los certificados de tradición y lo confirma la Oficina de Registro Zona Norte de Bogotá”. Además, Charris afirma que la Superintendencia de Sociedades, al intentar trasladar esos bienes a nombre de DMG, actuó fuera de su competencia, sancionando injustamente a la registradora que se negó a hacerlo. En palabras del abogado, “La Superintendencia abusó de sus facultades jurisdiccionales al imponer una sanción injusta que fue posteriormente anulada por la Corte Suprema de Justicia”.De no llegar a una conciliación con los verdaderos propietarios, el IDU podría enfrentar serias consecuencias. Los representantes de Colbank han advertido que, si el juez determina que hubo una expropiación indebida, podrían exigir el cierre del puente peatonal, lo que afectaría gravemente la movilidad en TransMilenio y pondría en riesgo a los peatones que utilizan este paso.Charris también señaló que María Mercedes Perry enfrenta una investigación penal por peculado, ya que “engañó al IDU afirmando que la fracción de terreno pertenecía a DMG, cobrando una suma superior a los 529 millones de pesos”. Según el abogado, la Oficina de Registro rectificó el error años después y eliminó la anotación que otorgaba al IDU la propiedad de esa franja de terreno, lo que ahora obliga a la entidad a indemnizar a Colbank e Inverlopez.Las implicaciones de este caso son considerables. De confirmarse la resolución 114 pendiente de resolver por la Superintendencia de Notariado y Registro, el IDU perdería la propiedad sobre el terreno, obligando a la entidad a legalizar la ocupación o a enfrentar el cierre del puente.A la espera de la decisión del juez, el futuro del puente peatonal y la movilidad de miles de bogotanos sigue en suspenso.
La Superintendencia Financiera tiene la lupa puesta en OmegaPro, una empresa que recientemente reportó un supuesto hackeo en su plataforma, pero del que se investiga si es una nueva pirámide que opera a nivel global, pues desde el 2019 tiene alcance ya en varios países.Frente a esto, surge la duda de aquellos que están interesados en invertir su dinero y buscan ganancias futuras. Sin embargo, es importante que “no coman cuento” de quienes ofrecen muchos beneficios sin la debida certificación o regulación.Así lo explicó en Blu Radio el analista bursátil y económico Andrés Moreno Jaramillo, quien indicó que, en ocasiones, cuando ofrecen solo beneficios y en grandes cantidades, el resultado “no siempre funciona”.Cómo no caer en una pirámideTasas de interésJaramillo recalcó que “de eso tan bueno no dan tanto”, es decir, cuando a una persona le ofrecen tasas de interés por encima de las del mercado, es normalmente “un esquema de estafas”, pues no advierten del riesgo de inversión.“Hay que tener en cuenta que no es normal que alguien ofrezca tasas muy por encima de las de interés que hay en el mercado, esto, sin advertirte los riesgos”.Entidades vigiladasEl analista recomendó que solamente se invierta en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Y es que justamente José Camilo Torres Duque, director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la Superfinanciera, advirtió a las personas interesadas en invertir que se informen al respecto, “sean cautos y cuiden sus negocios”.Asesorías verificadas“Solo reciba asesorías de personal certificado y vigilado. Certificado por el Auto Regulador del Mercado de Valores”, encargado de analizar los perfiles de riesgo para futuras inversiones, según añadió Jaramillo en Blu Radio. Perfil de riesgoMencionó que es muy importante “no entrar a esquemas desconocidos” sin saber qué harán con el dinero, pues la misma persona puede estar “violando su propio perfil de riesgo”.“Nadie crea algo para que tu te vuelvas rico, la abundancia financiera tuya, de tus ingresos y patrimonio, depende de lo que tu hagas con tu dinero, no lo que otros hacen (…) No coman cuento”.Señal de riesgo: prometen mayores ingresos por atraer a más personasPor último, según dijo, cuando dichas empresas prometen que traer a un hermano, un primo, un vecino o un amigo le genera mayores ingresos, se pieza a hacerse “un multinivel, eso siempre en los mercados financieros es una pirámide”.Escuche aquí el podcast de Cómo como aquí: “Sin saberlo, estás comiendo azúcar”
El caso de OmegaPro sigue generando dudas en quienes invirtieron dinero en la empresa que sirve, supuestamente, para transar acciones en el mercado global, divisas y más, que ya funciona en varios países desde el 2019. Ahora, la compañía está en la lupa de la Superintendencia Financiera de Colombia por su forma de operar y atraer clientes.Según explicó en Mañanas Blu José Camilo Torres Duque, director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la Superfinanciera, aún no han establecido que OmegaPro haya incurrido en alguna falta o ilegalidad, pero advirtió que “sí hay potencial en el aire”, por lo que hizo un llamado para que las personas sean “cautas” con el manejo del dinero.Añadió que ya hay “una alerta con lo que se dio de la plataforma”, es decir, con la repentina caída que reportó la misma empresa y que generó el temor de sus miles de inversionistas, pues algunos denunciaron que nadie les da respuesta. Según el funcionario, por tratarse una empresa a nivel mundial, resulta aún más complejo rastrear a una persona responsable."No sabemos en qué ubicación real se encuentra, no sabemos quiénes son sus responsables verdaderos. Por la globalización que ha tenido, estamos previniendo a la ciudadanía para el cuidado a tener, para no confiar sus dineros a empresas que realmente no sabemos quién están detrás o si hacen las operaciones que dicen", detalló Duque.En ese sentido, recordó que es muy importante que las personas interesadas en invertir se “informen al respecto, sean cautos y cuiden sus negocios”, pues podrían caer en una nueva estafa de las denominadas "pirámides".La advertencia de la Superfinanciera a OmegaPro obedece al método que se usa para conseguir más interesados en manejar su dinero en la compañía. Según indicó José Camilo Torres Duque, vinculan a personas prometiéndoles más rentabilidad e ingresos si ellos traen a otros y así se crea una cadena.“Eso ha llevado a que las personas, por obtener ganancias fáciles, se metan a este tipo de esquemas”, puntualizó el director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera.Recalcó que, de comprobarse un posible caso de estafa a nivel global, los responsables de OmegaPro podrían llegar a pagar penas en prisión.
En diálogo con Blu Radio, José Camilo Torres Duque, director del Control en el Ejercicio Ilegal de la Actividad Financiera de la Superfinanciera, pidió a la ciudadanía ser cauta con compañías como OmegaPro, que ofrecen altas rentabilidades en periodos cortos.Torres Duque formuló la recomendación en medio de las denuncias de inversores en Colombia que indican que la empresa, amparada en un supuesto hackeo, dejó de responderles en su plataforma.“A uno le huele mal desde el comienzo. En Colombia, una actividad lícita no da una rentabilidad tan exagerada, pero en esta firma le están diciendo a la gente que dejan el dinero y tienen una rentabilidad hasta del 200%. Que si lo dejan un año se ganan más del 200%, que, si lo dejan 16 meses hasta el 300%, ¿de dónde? Eso es lo que la gente debe mirar”, indicó el funcionario.En ese sentido, Torres añadió que en la actividad de Forex, a la cual OmegaPro dice dedicarse, no hay rentabilidades fijas, principalmente, porque son mercados volátiles.“No lo garantizan porque son mercados volátiles, son mercados de especulación, que no garantizan ni siquiera retornos de rentabilidad. No se puede confiar en esos mensajes equivocados. Decirle a la gente que van a dar una rentabilidad fija en un negocio de Forex es imposible”, puntualizó.El funcionario de la Superfinanciera manifestó que, pese a la incertidumbre, aún a la entidad no han llegado quejas, pero advirtió que seguramente pasará, pues, entre otras cosas, hoy ese organismo desconoce quién o quiénes están detrás de OmegaPro, una compañía que ha captado millonarios recursos en todo el mundo.“El número de personas que están vinculadas aún no se sabe, pero hay personas involucradas en todas las regiones del país”, puntualizó tras insistir en que la gente debe entender que el dinero no se consigue con la facilidad que esperan.Hasta el momento, según reportó, la Superintendencia Financiera ha sancionado a algunos de los líderes de OmegaPro por promover las acciones de la compañía e incluso dijo que, de comprobarse la captación ilegal de dinero, estos podrían pagar cárcel, tal como pasó con David Murcia Guzmán y DMG.“Primero, no sabemos cuántas personas están metidas, pero es una comunidad masiva. Hay poblaciones en que 20 o 30 de sus ciudadanos están metidas en eso, hemos tratado de hablar con los alcaldes locales pero la gente sigue invirtiendo. Cada vez salen más paquetes y membresías que hacen que la gente invierta. Una cosa es saber utilizar el dinero que sobra y otra invertir en esos fraudes. Aquí no hay ninguna entidad que garantice la devolución de esos recursos”, aclaró Torres.La Superintendencia Financiera emitió un comunicado en el que reitera que no está autorizada la promoción de servicios de OmegaPro en Colombia, esto luego de las advertencias de usuarios que indican que la plataforma les dejó de responder por un supuesto hackeo, que, según un comunicado de la compañía, los afectó seriamente.¿Qué dice la Superintendencia Financiera sobre OmegaPro? Escuche el siguiente audio:¿Qué dice OmegaPro?
En junio de 2019 llegó a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, David Murcia Guzmán, el creador de la captadora ilegal de dinero DMG, para pagar 22 años de condena en Colombia tras ser deportado desde Estados Unidos luego de terminar de pagar en ese país su condena de 9 años por lavado de activos.“Estuve hablando con él, siempre emocionado los dos por vernos y totalmente optimista. Está firme en sus convicciones, para nada arrepentido porque él es un empresario y él hizo todo bien.”, reveló en El Radar Steven Murcia, hijo del fundador de DMG que lo visitó hace un mes en la cárcel de Valledupar.En Colombia, el cerebro de DMG, antes de ser extraditado a Estados Unidos, alcanzó a cumplir en la cárcel La Picota de Bogotá cerca de 14 meses de prisión.“Fue totalmente fuerte para mí y para mi familia. Una noticia desgarradora. Contactarme con él era totalmente difícil, podíamos hablar aproximadamente 15 minutos por teléfono, fue difícil. Ir a Estados Unidos era imposible, no pude ir a visitarlo”, recuerda Steven.Según las autoridades, David Murcia logró captar el dinero de unas 780 personas en este país, a las que logró sustraerle al menos 3,5 millones de dólares, esto mientras lograba consolidar la expansión de su pirámide, DMG, en diferentes países latinoamericanos como: Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y México.Para Steven DMG fue una empresa normal sin vínculos ilegales: “Mi padre trabajaba con la comunidad, con grandes empresarios. Inició con un grupo de amigos y la gente pues le daba su dinero para que él pudiese administrarlo, estamos hablando de que muchas personas ingresaban su dinero. Nada ilícito, era dar facilidades para que las personas pudieran cumplir sus sueños”.La larga historia de David Murcia lo ha tenido ya 14 años en cárceles de diferentes países, en Colombia cumple una pena de 30 años por delitos como: captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y concierto para delinquir, ya pagó 9 en una prisión de los Estados Unidos.“Actualmente nosotros estamos totalmente enfocados en la recolección de firmas. Presentarlas ante la Corte Suprema de Justicia, y también si es necesario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A mi padre lo están juzgando más de dos veces por el mismo hecho. Porque ya fue extraditado a los Estados Unidos y ahorita en Colombia está todavía pagando”, argumenta el hijo del fundador de DMG.El creador de DMG, tendría que pasar 10 años en una cárcel de Panamá, luego que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá emitió una condena por el delito de captación de manera masiva y habitual de recursos económicos del público sin autorización competente.Le puede interesar:
La agente liquidadora de DMG hace 14 años, María Mercedes Perry, demandó al Estado colombiano para que le responda a miles de personas que invirtieron sus recursos en esa pirámide.Lo que pretende María Mercedes Perry Ferreira, es que el Estado regrese cerca de 45.000 millones de pesos a las personas que invirtieron en DMG, pirámide liderada por David Murcia Guzmán.Se trata de dos demandas que llegaron al Consejo de Estado, en las que la liquidadora de DMG reclama en una $22.657 millones de pesos y otra en otra $22. 456 millones.Una de las demandas se interpuso el 18 de agosto de 2021 y la otra el 13 de octubre del mismo año. Perry, una de las liquidadoras delegadas por el Estado colombiano, después de 14 años de la intervención a la conocida pirámide DMG, radicó ante el Consejo de Estado estas dos acciones con el fin de reclamar una millonaria indemnización económica por parte de la Superintendencia de Notariado, decisión que reversó una anotación que entregaba unos terrenos en el norte de Bogotá a la liquidadora de DMG, María Mercedes Perry.Al parecer, los predios que debieron ser devueltos a sus propietarios originales por orden del Tribunal de Cundinamarca. Ahora, la exliquidadora Perry busca a través de dicha acción recuperarlos y lograr una millonaria indemnización.
La Corte Suprema de Jusitica se prepara para la audiencia de lectura de decisión en el caso que involucra al exgobernador de Bolívar Joaco Berrío, señalado de haber financiado su campaña con dineros de DMG.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Hay que recordar que, en 2018, la Fiscalía llamó a juicio al exgobernador Berrío tras descubrir que intentó financiar su campaña de 2007 con casi $1.000 millones que le envió David Murcia Guzmán, cabeza de DMG.Los hallazgos descubrieron que $985 millones de pesos fueron movilizados en un bus de la empresa Transipiales, procedentes desde Pasto.Lea también: "Que Jesucristo los bendiga": el mensaje de David Murcia a las víctimas de DMGEl vehículo fue detenido por la Policía en el sector de Mamonal, cerca a Cartagena, el viernes 26 de octubre de 2007 y lo que posteriormente se descubriría es que esos dineros serían para financiar la campaña del entonces candidato Joaco Berrío, quien resultara elegido como gobernador de Bolivar.En el escándalo participaron los empresarios Samuel Schuster Bejman y José Vélez de la Espriella. Estas dos personas fueron detenidas en ese momento.Ante esto, la Corte Suprema se prepara para tomar una decisión por estas y otras posibles irregularidades de quien fuera una de las figuras políticas, en su momento, de la región Caribe.
El caso de DMG está más vivo que nunca con el regreso de su responsable a Colombia para pagar una pena de 22 años de cárcel. Pero el panorama aún no se ve favorable para las víctimas de esta estafa.María Mercedes Perry, liquidadora de los bienes que quedan de DMG, habló ante los micrófonos de Sala de Prensa BLU sobre el proceso de liquidación y los problemas a los que se enfrenta.$1’126.000’000.000 (un billón ciento veintiséis mil millones) es la cantidad a reclamar tras la masiva estafa, pero del total solo se ha podido devolver $93.000 millones puesto que Murcia no tenía ningún bien a nombre de él, afirmó Mercedes Perry.Lea también: ¡Ojo! Así siguen estafando con el cuento de las tarjetas de DMG“Yo creo que esos bienes o ese dinero está a nombre de terceros porque, como le digo, ninguno de los bienes que tuvo la liquidación y que me entregó la fiscalía estaba a nombre de David Murcia”, agregó.Escuche la entrevista completa a la liquidadora de bienes de DMG de Sala de Prensa en el audio adjunto:
Fuentes de la Policía confirmaron que David Murcia Guzmán, el cerebro detrás de la pirámide DMG, fue trasladado en las últimas horas a la cárcel de la Tramacúa, en Valledupar, debido a razones de seguridad.Le puede interesar: David Murcia ahora tendría que responder por concierto para delinquir Murcia, quien llegó hace dos días a Colombia tras ser deportado de Estados Unidos donde cumplió una condena de 9 años, estuvo en los calabozos de la Dijin mientras se alistaba todo el papeleo para que quedara a disposición de la Fiscalía. Al parecer, despúes de hacer todos estos trámites, por temas de seguridad se decidió trasladar a David Murcía a ‘La Tramacúa’, en donde según la información conocida por BLU Radio, podría llegar a permanecer los 22 años de condena que tiene en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.En la cárcel La Tramacúa, Murcia Guzmán tendrá como vecinos a los más peligrosos guerrilleros, violadores y terroristas del país. Entre estos se cuentan: alias 'Popeye'; Rafael Uribe Noguera, el asesino de la pequeña Yuliana y hasta 'el monstruo de los cañaduzales’, Manuel Octavio Bermúdez Estrada, acusado del asesinato de por lo menos 30 menores.
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
