El polémico paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador entró en vigencia este domingo, 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, entre críticas locales e internacionales.Estas reformas penales, cuyo decreto legislativo fue publicado el 27 de marzo pasado en el Diario Oficial, fueron avaladas tras la ratificación de un cambio constitucional que impone la prisión perpetua para delitos de homicidio - incluido el feminicidio -, violación y pertenencia a las pandillas, considerados grupos terroristas.Las enmiendas imponen la cadena perpetua a los menores juzgados y condenados por estos delitos, y crea los "juzgados de lo criminal" que se encargarán de procesar estos casos - a excepción de los relacionados con el terrorismo - así como un proceso especial para su trámite.Las reformas también establecen que los condenados en estos casos no tendrán los beneficios de la "libertad condicional, ni la libertad condicional anticipada", y que "únicamente aplicará la revisión de la pena perpetua y en caso de ser procedente el régimen de libertad controlada".Entre las justificaciones dadas por el Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Idas (NI), está que la cadena perpetua "mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".Sin embargo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) apuntan que es contrario a dichos estándares.La CIDH analizó que "la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena".Mientras que la directora de la División de las América de la organización HRW, Juanita Goebertus, dijo el pasado 27 de marzo que, según lo aprobado, la prisión perpetua podría ser revisada tras 25 años de pena, lo que "contradice estándares internacionales, ya que las penas para niños deben ser sustancialmente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción".Las reformas para permitir la pena perpetua en el país se aprobaron en el marco de la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.Esta medida ha dejado más de 91.000 detenidos, más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertos de personas bajo custodia de agentes del Estado.
Sin inmutarse, unos 220 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) escucharon el jueves el terrorífico relato de un testigo sobre las torturas y asesinatos que cometía la pandilla en El Salvador, durante el cuarto día de un juicio masivo en su contra.Sentados en sillas de plástico, en una sala del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), los pandilleros son juzgados por más de 29.000 asesinatos, incluidos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron al presidente Nayib Bukele a declararle la "guerra" a las pandillas.Son en total 486 reos que, desde diferentes cárceles, comparecen virtualmente en este juicio que Bukele equipara con los procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.Vestidos con camiseta y pantalón corto de color blanco, escucharon en total silencio el interrogatorio del juez a un pandillero que actúa como testigo en el tribunal Sexto Contra Crimen Organizado de San Salvador, observaron reporteros de la AFP.A una de las víctimas "le quemamos los genitales y el trasero", se escuchó en un altavoz decir al testigo, al relatar cómo torturaban y asesinaban a sus víctimas por órdenes de los jefes.Entre los juzgados en el Cecot hay una veintena de esos líderes y decenas de lugartenientes con el rostro, la cabeza, las manos y el cuello tatuados, algunos de los cuales lanzaron miradas intimidantes a los periodistas. Todos son observados en pantallas desde el juzgado.Los juicios masivos son criticados por organizaciones de derechos humanos, que advierten que pueden involucrar a inocentes. Fueron aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso para procesar a unas 90.000 personas capturadas sin orden judicial bajo un estado de excepción.- Temidos jefes -El fiscal preguntó al testigo sobre las características de las víctimas. Según el relato, a muchas les amarraban de manos y las conducían a zonas desoladas donde se cometían los crímenes.Es un "espantoso relato" que "para los pelos", comentó a la AFP en el Cecot un agente de seguridad encapuchado que no se identificó.Otros dos "testigos protegidos", presentados el jueves, relataron cómo mandos de la pandilla ordenaban los homicidios desde las prisiones, un práctica denominada por ellos "apertura de válvulas", detalló más tarde en X el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz.En tres pequeñas salas se encontraban 15 miembros de la llamada Ranfla Nacional (cúpula) de la MS-13, a los que se les imputan directamente unos 9.000 crímenes.En una se hallaba el máximo "ranflero" Borromeo Henríquez ("Diablito de Hollywood"), mientras en otra estaba Carlos Tiberio Ramírez ("Snaider de Pasadena"). Ambos escucharon las acusaciones sin gesticular.Con la misma actitud permanecieron los demás procesados, esposados de pies y manos, en un ambiente caluroso marcado por el sonido de la lluvia. Eran 220 cabecillas acomodados en 10 filas.Al final de una de esas líneas estaba Dionisio Arístides Umanzor, el temido "Sirra", que operaba una de las "clicas" (células) más violentas.Estos "sujetos por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad", declaró a la prensa el director del Cecot, Belarmino García.El pabellón 3 de la megacárcel, que suele ser mostrado por el gobierno de Bukele a visitantes extranjeros e influencers, tenía vacías sus 32 celdas. Sus ocupantes fueron llevados a otro sector de la prisión para que no perturbaran la audiencia.Muchos de los enjuiciados ya purgan abultadas penas en el Cecot, adonde un grupo de medios extranjeros ingresó bajo un riguroso protocolo y extremas medidas de seguridad.
La justicia de El Salvador inició este lunes un histórico juicio masivo contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo fundadores, líderes y miembros de la llamada “ranfla”, la máxima estructura de mando.Se trata de la primera vez que se procesa de forma conjunta a las cúpulas de una pandilla por delitos cometidos durante más de una década.Más de 47.000 delitos y miles de homicidiosSegún la Fiscalía General, a los acusados se les atribuyen aproximadamente:47.000 delitos entre 2012 y 202229.000 homicidiosMasacres como el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022El ente acusador aseguró contar con “abundantes pruebas” para solicitar las penas máximas, en un proceso que busca “saldar una deuda histórica” con las víctimas.Contexto: la “guerra contra las pandillas” de Nayib BukeleEl juicio se enmarca en la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, iniciada tras la ola de violencia de 2022.Desde entonces:Se decretó un régimen de excepciónMás de 91.000 personas han sido detenidasLas pandillas han perdido el control territorial que, según el Gobierno, llegó al 80% del paísAdemás de homicidios, la MS-13 es señalada de delitos como extorsión, narcotráfico, sicariato y tráfico de armas.Acusaciones por intento de control estatalLa Fiscalía también procesa a los imputados por el delito de rebelión, al considerar que buscaban establecer un “Estado paralelo” mediante el control territorial. Según el organismo, estas acciones atentaban directamente contra la soberanía nacional.Audiencia masiva y condiciones del procesoDurante la “audiencia única abierta”:413 acusados comparecen de forma virtual73 están prófugos y serán juzgados en ausenciaMás de 250 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)El tribunal aseguró que los implicados serán juzgados “con todo el peso de la ley”.Críticas de organizaciones de derechos humanosOrganizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han cuestionado los juicios masivos.Entre sus principales preocupaciones destacan:Posibles condenas a inocentesFalta de individualización de responsabilidadesEliminación de etapas clave como la valoración de pruebasAdemás, denuncian más de 500 muertes en prisión, presuntos casos de tortura y detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.El impacto histórico de las pandillas en El SalvadorLas pandillas, surgidas en Los Ángeles en los años 90, han marcado la historia reciente del país.De acuerdo con cifras oficiales:Cerca de 200.000 personas han sido asesinadas en tres décadasMás de 80.000 están reportadas como desaparecidas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este martes a las críticas de su homólogo Gustavo Petro sobre el sistema penitenciario y le ofreció trasladar a Colombia al "100 %" de los detenidos, "incluyendo los llamados presos políticos"."Si, como usted sostiene, en nuestro país existen 'campos de concentración', estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana", publicó Bukele en un mensaje en X.El presidente salvadoreño señaló que, "en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del 'amor y la vida'".Recalcó que debería ser bajo la condición de que "deben ser todos", "porque si se trata de 'campos de concentración', incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión".El mandatario salvadoreño recordó que hizo la misma propuesta a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y excandidata presidencial por los demócratas, Hillary Clinton, "tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país".El lunes, Petro aseguró que las cárceles de El Salvador, donde hay "personas presas inocentes", son "campos de concentración de población civil" y dijo que allí se está "matando en vida" a miles de jóvenes.El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91.000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8.000 "inocentes".En este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.Recientemente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua de prisión para "homicidas, violadores y terroristas", propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada."Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.La reforma aprobada pasó a la Comisión Política del órgano legislativo para su estudio, por lo que será avalada en una futura sesión plenaria.Según la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, esta reforma "tiene por objetivo aprobar la cadena perpetua a las personas que pertenezcan a las pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores"."Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles", apuntó.En la votación de la reforma constitucional, por primera vez, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) sumó sus votos para una iniciativa de este tipo.Horas antes de la aprobación, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en la presentación de la iniciativa que "el país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores", por lo que pidieron levantar la prohibición de la prisión perpetua.La Asamblea Legislativa también debe dar luz verde a una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra Actos de Terrorismo y otras secundarias para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura; anteriormente, las enmiendas constitucionales necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.Con esta enmienda son necesarios 45 de los 60 diputados para aprobar y ratificar —en un mismo día— reformas, y con esta el partido gobernante ha avalado la elección presidencial indefinida, entre otros cambios a la Constitución.La propuesta del Gobierno de Bukele para permitir las penas perpetuas llega a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país, que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.
El excandidato presidencial de la derecha salvadoreña Norman Quijano llegó este lunes a su país deportado desde Estados Unidos para cumplir una condena a 13 años de cárcel por pactar con pandillas, informó la Fiscalía.Quijano, de 79 años, fue sentenciado en ausencia en abril de 2024 por entregar a las pandillas 100.000 dólares para obtener sus votos. El dirigente postuló sin éxito a la presidencia en 2014 por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue titular del Congreso y además alcalde de San Salvador.Quijano fue entregado por agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de El Salvador, según un video difundido por la Fiscalía en el que se ve cuando baja por la escalerilla del avión y le notifican la condena.Tras descender, fue esposado y trasladado en una patrulla. Tras perder el fuero parlamentario en 2021, la Fiscalía lo acusó de entregar 50.000 dolares a la Mara Salvatrucha (MS-13) y 25.000 dólares a cada una de las dos facciones de la pandilla Barrio 18. Esas organizaciones fueron declaradas terroristas por Estados Unidos.Se trata de "un mensaje para todos los que huyen de la justicia", dijo el presidente Nayib Bukele en la red social X sobre Quijano, quien le puso la banda presidencial en 2019 cuando lideraba el Congreso.Denuncias sobre presuntos pactos con pandillas también salpican a funcionarios de Bukele, pero el mandatario rechaza esos señalamientos. Desde marzo de 2022, el gobernante ejecuta una ofensiva contra las pandillas respaldado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en violaciones de derechos humanos.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
El informe “Llegaron al infierno”, presentado por Human Rights Watch (HRW), revela un estremecedor panorama sobre las torturas y abusos sufridos por más de 200 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Las víctimas, deportadas desde Estados Unidos, fueron sometidas a golpizas diarias, desaparición forzada y tratos crueles durante los casi cuatro meses que permanecieron recluidas.En entrevista con Recap Blu, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, describió el horror que enfrentaron los detenidos. “Los golpeaban por hablar duro, por reírse, por pedir atención médica o por bañarse fuera del horario permitido. Incluso los castigaban por protestar o por contarle a la Cruz Roja lo que estaban viviendo”, señaló. Según la organización, las agresiones incluían patadas, puños y golpes con palos, dejando secuelas físicas severas como rupturas de ligamentos, vómitos de sangre y fracturas.“Los guardias les decían que nunca saldrían vivos de allí, que sus familias los habían olvidado y que solo saldrían en bolsas negras”, relató Goebertus. Los migrantes fueron además objeto de castigos colectivos tras las visitas de delegaciones internacionales y luego de protestas pacíficas en las que escribieron con su propia sangre que “no eran terroristas ni criminales”.Aunque HRW no registró muertes de venezolanos dentro del CECOT, Goebertus precisó que más de 400 personas han muerto en cárceles salvadoreñas durante los tres años del régimen de excepción. “La desaparición forzada se configura porque estas personas fueron sacadas de toda protección legal. Sus familias dejaron de saber dónde estaban, sus nombres desaparecieron de las bases de datos del ICE en Estados Unidos y los gobiernos de ambos países nunca respondieron sobre su paradero”, explicó.El informe responsabiliza tanto al Gobierno de Bukele como a la administración Trump, que habría deportado a los venezolanos a El Salvador bajo el argumento de que eran “terroristas”. Sin embargo, HRW verificó los antecedentes de los 252 migrantes en Estados Unidos, Venezuela y otros países de tránsito, concluyendo que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos. Tras un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen venezolano, los detenidos fueron liberados y enviados a Venezuela. Pero su pesadilla no terminó allí. “Muchos están siendo vigilados y hostigados por el SEBIN. Han recibido interrogatorios, amenazas y viven con miedo constante. Cuatro de ellos reportaron pensamientos suicidas y uno intentó quitarse la vida”, denunció Goebertus.La directora para las Américas de HRW confluyó diciendo que este calvario no se puede convertir en paisaje y mucho menos que quede en el olvido.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves la prohibición de uso de "lenguaje inclusivo" en las escuelas públicas del país.La orden se suma a las nuevas normas de disciplina en el sistema educativo fijadas en agosto, seguidas de nuevas reglas de cortesía escolar en setiembre."Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país", afirmó el mandatario en X.Además de su mensaje, Bukele publicó el memorando de la ministra de Educacion, la capitán Karla Trigueros, en el que instruye de la prohibición a los directores de las 5.100 escuelas públicas."Palabras como 'amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotrxs' o cualquier otra deformación lingüística que aluda a ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia", advierte Trigueros.La eliminación del "lenguaje inclusivo" persigue "el buen uso" del idioma y "se evita injerencias ideológicas o globalistas que pueden perjudicar el desarrollo integral del estudiantado", señala.La prohibición alcanza a todas las dependencias del ministerio de Educación, así como a los "materiales, contenidos y libros" que esa entidad entrega a los estudiantes.En El Salvador, todos los estudiantes de centros de educación pública del país deben cumplir con estrictas normas de vestuario y corte de cabello. Además, deben saludar a sus maestros al entrar al aula y decir "por favor" al hacer una petición.El gremio de maestros Frente Magisterial Salvadoreño consideró estas reglas como una "militarización" del sistema escolar. Bukele antes decía apoyar las reivindicaciones LGBTI, pero en 2024 dispuso que el ministerio de Educación eliminara "todo rastro" del enfoque de género de libros y guías escolares.El gobernante, en el poder desde 2019, goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal con su "guerra" contra las pandillas. Grupos de derechos humanos denuncian sin embargo abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas.
La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por "comportamientos impropios" por parte de "algunos aficionados" la noche del lunes pasado durante el juego entre la selección salvadoreña contra Surinam en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.Así lo informó este jueves la Fesfut en un comunicado compartido a la prensa.La Fesfut indicó en la nota que "estamos colaborando plenamente con los órganos competentes de la FIFA, aportando la información y documentación necesaria dentro del procedimiento abierto, convencidos de que con transparencia y compromiso podremos seguir fortaleciendo nuestro fútbol".La entidad apuntó que rechaza "terminantemente" cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios" y añadió que "compartimos la política de tolerancia cero de la FIFA" y "reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la inclusión y los valores del 'fair play' que deben prevalecer en el fútbol".La Selección de fútbol de Surinam denunció que sus jugadores y cuerpo técnico sufrieron "insultos racistas" la noche del lunes tras el partido que sostuvo contra su similar de El Salvador en el estadio Cuscatlán, en la capital.De acuerdo con una publicación del periódico deportivo local El Gráfico, la Federación de Fútbol de Surinam (SVB) condenó los insultos racistas sufridos en San Salvador y anunció que presentará un reclamo formal ante FIFA y Concacaf, exigiendo que se apliquen medidas disciplinarias contra la federación salvadoreña.Además, el periódico señaló en otra publicación que el delegado de prensa del equipo sudamericano, Quaraisy Nagessersing, relató que tras el pitazo final y mientras los jugadores agradecían al público, parte de la afición comenzó a gritarles ofensas raciales."La gente en los graderíos gritaba: 'son negros', 'son monos' y muchos más insultos. Eso no era agradable, no es aceptable", declaró Quaraisy en una entrevista en el programa de radio Güiri Güiri al Aire, del El Gráfico.La selección de Surinam sacó la noche del lunes una victoria inédita por 1-2 a domicilio ante El Salvador en la segunda fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf y dio un golpe en la mesa en la lucha por el boleto a la próxima Copa del Mundo.
Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo, Antioquia se convertirá en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a la programación de ferias y fiestas que se realizarán en más de diez municipios. Entre el viernes 26 y el lunes 29 de junio de 2026, habitantes y visitantes podrán disfrutar de conciertos, desfiles, gastronomía, actividades culturales y tradiciones populares.Municipios cercanos a Medellín, así como destinos en subregiones como el Oriente, Suroeste, Norte, Occidente, Magdalena Medio y Urabá antioqueño, prepararon una variada agenda para recibir a miles de turistas durante el puente festivo. Varios de estos eventos son gratuitos y representan una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.Fiestas en El Peñol Antioquia 2026Uno de los destinos más visitados será El Peñol, que celebra las tradicionales Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse entre el 24 y el 29 de junio. Además de la programación artística, los asistentes podrán disfrutar de actividades náuticas, recorridos por el embalse y la reconocida oferta gastronómica del municipio.En el Occidente antioqueño, Sopetrán vivirá las Fiestas de las Frutas, mientras que Anzá celebrará las Fiestas del Cacique Curumé, ambas con una agenda que incluye tablados populares, muestras culturales, concursos y actividades familiares durante el puente festivo.El Oriente también tendrá una destacada programación. San Francisco realizará las Fiestas del Bosque y el Retorno, mientras que el corregimiento El Jordán, en San Carlos, será sede de las XXI Fiestas del Arriero, un evento que exalta las tradiciones campesinas y la historia de esta región antioqueña.En el Suroeste, Ciudad Bolívar recibirá a propios y visitantes con el Festival de la Piedra, mientras que Urrao desarrollará las tradicionales Fiestas del Cacique Toné, dos celebraciones que combinan música, cultura, gastronomía y actividades recreativas para todos los públicos.La programación también llegará al Nordeste y al Magdalena Medio. En el corregimiento San José del Nus, de San Roque, se realizarán las Fiestas del Río Nus, mientras que Puerto Berrío celebrará las Ferias y Fiestas del Retorno y Puerto Nare llevará a cabo las Fiestas Turísticas de San Juan y San Pedro.En el Norte del departamento, San Pedro de los Milagros tendrá las tradicionales Fiestas de la Leche y sus Derivados, Yarumal celebrará las Fiestas del Yarumo, y La Unión reunirá a visitantes con las Fiestas de la Papa, resaltando la vocación agrícola y ganadera de estas poblaciones.La agenda festiva también incluirá celebraciones en San Luis, con las Fiestas de la Madera; Arboletes, con las Fiestas del Mar y del Volcán; y Sabaneta, donde se desarrollarán las reconocidas Fiestas del Plátano, una de las celebraciones más tradicionales del área metropolitana.Con esta amplia programación, Antioquia ofrece múltiples alternativas para quienes buscan viajar durante el puente festivo sin alejarse demasiado de Medellín. Destinos como El Peñol, Sopetrán, Anzá, San Francisco y Ciudad Bolívar se perfilan entre los más atractivos para disfrutar de la cultura, la gastronomía y las tradiciones del departamento.
El colectivo Acuerdos Fundamentales, integrado por organizaciones científicas, gremiales y asociaciones del talento humano en salud, informó que sostuvo reuniones técnicas con el equipo programático de salud vinculado al proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con el propósito de aportar propuestas frente a la situación que enfrenta el sistema de salud en el país.De acuerdo con el comunicado, durante los encuentros se abordaron temas relacionados con la sostenibilidad y estabilidad del sistema, el pago oportuno al talento humano en salud, la autonomía profesional, la autorregulación, la gobernanza del sector y la participación de los diferentes actores que hacen parte del sistema.El colectivo señaló que, como resultado de estos acercamientos, se acordó desarrollar una serie de tareas orientadas a construir propuestas técnicas enfocadas en soluciones para los pacientes, el talento humano en salud y el fortalecimiento del sistema. Asimismo, indicó que continuará participando en estos espacios desde una perspectiva técnica y constructiva.En el comunicado también se destaca la disposición al diálogo por parte del equipo de salud del gobierno entrante. El documento está respaldado por más de una veintena de organizaciones, entre ellas asociaciones científicas, colegios médicos, federaciones y gremios del sector salud, que manifestaron su intención de contribuir a la formulación de propuestas durante el proceso de empalme.
El reciente sismo que sacudió a Venezuela y que se sintió con fuerza en varias ciudades de Colombia como Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá, revivió el temor sobre la resistencia de las edificaciones en el país. En entrevista con Mañanas Blu, Gilberto Areiza, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), analizó el panorama actual y lanzó una advertencia clara: Colombia no está del todo preparada debido al alto costo que implica actualizar las estructuras más antiguas.Al ser consultado directamente sobre las estadísticas de actualización en el país frente a un sismo de gran magnitud, Areiza fue contundente. "No muy bien, y hay que ser sinceros", afirmó el experto, explicando que el principal obstáculo para asegurar los inmuebles es económico.El grave problema de los edificios construidos antes de 1984La normativa de sismorresistencia en el territorio nacional ha tenido una evolución histórica que marca una línea de seguridad muy clara para los habitantes de cualquier propiedad.Edificaciones posteriores a 1984: Cuentan con un buen nivel de seguridad. La primera norma oficial nació con la Ley 400 del 7 de junio de 1984, la cual tuvo actualizaciones posteriores en los años 1998 y 2010 (NSR-10).Edificaciones anteriores a 1984: Representan el mayor riesgo. Al no estar cobijadas por legislaciones estrictas, su resistencia ante un terremoto es una incógnita que depende enteramente de la rigurosidad del constructor de la época."Las actualizaciones sismorresistentes son muy costosas y dependen de la edad de la edificación", señaló Areiza. Como ejemplo de esta problemática, citó el caso del Hospital San Juan de Dios en Cali, una estructura indispensable construida en 1829 donde no se han podido realizar mayores intervenciones por falta de recursos.¿Se puede actualizar la sismorresistencia de un edificio viejo?El ingeniero explicó que sí es técnicamente posible mediante un procedimiento denominado estudio de vulnerabilidad estructural. Este análisis evalúa el comportamiento del inmueble frente a las exigencias de la norma vigente (NSR-10) y plantea una ruta de rehabilitación técnica.Bajo la ley colombiana, los hospitales, centros de emergencia y todas aquellas denominadas "edificaciones indispensables" tienen la obligación legal de realizar esta actualización para garantizar su funcionamiento tras un desastre. Sin embargo, en el sector residencial privado la situación es distinta y la inversión depende de las copropiedades.El peligro oculto en las obrasEl presidente de la AIS enfatizó que un buen diseño estructural en el papel no garantiza que el edificio soporte un terremoto si falla el control en la construcción. El talón de Aquiles de la infraestructura colombiana suele estar en la supervisión técnica de la obra.Un error común y crítico es el mal curado del concreto. Según datos compartidos por el experto, si este proceso no se ejecuta de forma correcta en la obra, el material puede llegar a perder hasta un 50% de la resistencia especificada en los planos, dejando la estructura en una situación de alta vulnerabilidad.Actualmente, la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica trabaja junto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en una nueva propuesta para actualizar la norma sismorresistente del país, buscando mantener a Colombia bajo los más altos estándares científicos del mundo.
Seis rescatistas vinculados a Caldas ya viajaron a Venezuela como parte de la delegación colombiana que apoyará las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia que enfrenta ese país.Tras el proceso de selección realizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los seis profesionales quedaron integrados al equipo de 62 integrantes que representa a Colombia en la misión humanitaria.Tres de los rescatistas hacen parte del componente médico, mientras que los otros tres cumplen funciones en operaciones de búsqueda y rescate, además de planificación y coordinación bajo el sistema USAR (Búsqueda y Rescate Urbano).La delegación caldense está conformada por cuatro integrantes activos de la Cruz Roja Colombiana, un miembro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chinchiná y un profesional de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, quien también integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manizales.Con esta misión, Caldas aporta personal especializado a las labores humanitarias que adelanta Colombia para apoyar la atención de la emergencia en territorio venezolano.Desde la Gobernación de Caldas expresaron su reconocimiento a los rescatistas y reiteraron un mensaje de solidaridad con el pueblo venezolano.
La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, ABACO, en coordinación con los 26 Bancos de Alimentos del país, puso en marcha una estrategia nacional para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos destinados a atender la emergencia humanitaria provocada por los terremotos registrados en Venezuela. La ayuda será movilizada por vía terrestre y aérea en articulación con el Banco de Alimentos de Venezuela y Cáritas.Las mayores afectaciones se concentran en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, donde miles de familias requieren asistencia inmediata, según aseguró la organización.Para responder a esta situación, ABACO habilitó inicialmente 13 Bancos de Alimentos en diferentes regiones del país para recibir y clasificar las donaciones, mientras avanza la activación de toda la red nacional de 26 bancos. Entre los productos priorizados se encuentran alimentos no perecederos, agua, leche, granos, artículos de higiene, pañales, cobijas, kits de cocina y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre la población afectada.El director de ABACO, Juan Carlos Buitrago, explicó que las donaciones llegarán a través de los bancos de alimentos de Bogotá y Cúcuta, desde donde serán transportadas por vía terrestre y aérea para su distribución, con el apoyo de Cáritas y el Banco de Alimentos de Venezuela. Además, invitó a la ciudadanía a realizar donaciones en especie o en dinero para cubrir tanto la compra de productos faltantes como los costos logísticos de la operación humanitaria.Los interesados pueden realizar donaciones en especie en los Bancos de Alimentos habilitados o hacer aportes económicos a través del portal donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 También está disponible la cuenta de ahorros Bancolombia 04867105340, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia – ABACO, con NIT 900326456-1, y la llave Bre-B 0090989753. Los recursos serán destinados a la compra de productos faltantes y al transporte de la ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.
