El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de la candidatura presidencial de su partido Nuevas Ideas (NI) para las elecciones de 2027, según informa este lunes la página web de ese colectivo político.El partido Nuevas Ideas dio a conocer los "ganadores, según el total de votos escrutados ordenados de mayor a menor" de las primarias celebradas este domingo en el sitio web, donde se coloca la fotografía de Bukele, de 42 años, con la leyenda "presidente".En la página web no aparecen datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante, aunque la formación no informó si habría un contendiente interno del presidente.Bukele, que ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, no se ha pronunciado de momento sobre las elecciones internas de su partido.Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco años a seis años el período presidencial y suprime la segunda vuelta en las elecciones.De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia economía por parte de la población.A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por "diez años más", aunque aclaró que era solo un deseo.Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029.Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías.En el sitio web que informa sobre la nominación de Bukele como candidato presidencial para el 2027, sí aparecen los porcentajes de votos obtenidos por los aspirantes a los cargos de diputado por el partido de gobierno.
Las labores de búsqueda continúan en Venezuela una semana después de los dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia.Los sismos provocaron el colapso de decenas de edificaciones, especialmente en el estado de La Guaira, dejando miles de víctimas, heridos y personas desaparecidas, mientras equipos de rescate de varios países mantienen las operaciones entre los escombros pese a las réplicas y al riesgo de nuevos derrumbes.Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años de edad, quien permanece atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, una de las estructuras que colapsó tras el terremoto. Hasta el lugar llegaron rescatistas internacionales, entre ellos un equipo enviado por El Salvador.Precisamente, el presidente Nayib Bukele informó a través de su cuenta de X el avance de la operación, describiéndola como una de las más complejas que han enfrentado los rescatistas.En una primera publicación, el mandatario explicó que las labores ya habían completado 28 horas de trabajo continuo para intentar sacar con vida al hombre.Bukele señaló que la operación se ha complicada por las condiciones del lugar. "Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su inestabilidad, las lluvias de ayer y las réplicas han hecho de este uno de los rescates más difíciles que hemos enfrentado".A pesar de ello, destacó que existen motivos para mantener la esperanza. "Hernán continúa respondiendo y hemos logrado mantenerlo hidratado, por lo que tenemos la esperanza de que este rescate será un éxito. Con la ayuda de Dios, lo lograremos”.El rescate ya supera las 58 horasHoras después, el presidente salvadoreño volvió a pronunciarse para informar que el operativo ya acumulaba 58 horas, sin que hasta ese momento hubiera sido posible liberar al hombre.Según explicó, Hernán permanece atrapado dentro de una estructura de nueve pisos que continúa presentando un alto riesgo de colapso."La dificultad es que Hernán se encuentra atrapado dentro de una estructura de nueve pisos sumamente inestable, y el túnel que habíamos excavado ha sufrido varios derrumbes”.Bukele indicó que especialistas de distintos países han trabajado sin descanso para intentar asegurar el paso hacia el lugar donde se encuentra el sobreviviente."Equipos de rescate de varios países han estado trabajando juntos sin descanso para estabilizar el túnel, apuntalándolo, reforzándolo y aislándolo, pero no ha sido posible sostenerlo".Ante este panorama, explicó que los rescatistas tomaron la decisión de cambiar la estrategia.Según detalló, comenzaron la excavación de un nuevo túnel desde otro punto, donde consideran que existen mayores probabilidades de avanzar con seguridad. No obstante, aclaró que el riesgo de colapso persiste y que tampoco se descarta retomar el túnel original si las condiciones estructurales lo permiten.Mantienen contacto con HernánA pesar de las dificultades, Bukele aseguró que el equipo de rescate no ha perdido la comunicación con Hernán Alberto Gil Flores y que continúa suministrándole líquidos para mantenerlo hidratado mientras avanzan las labores."No hemos perdido la comunicación con Hernán y continuamos suministrándole líquidos para mantenerlo hidratado. Hernán sigue luchando, y nosotros también. Primero Dios, lograremos rescatarlo", concluyó el mandatario.Mientras continúan las labores en el centro comercial Galerías Playa Grande, los equipos nacionales e internacionales de búsqueda y rescate siguen trabajando contra el tiempo para poder sacar de los escombros a más personas con vida. Según información de las autoridades venezolanas ya van más de 2.000 personas fallecidas por el evento sísmico.
El polémico paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores en El Salvador entró en vigencia este domingo, 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, entre críticas locales e internacionales.Estas reformas penales, cuyo decreto legislativo fue publicado el 27 de marzo pasado en el Diario Oficial, fueron avaladas tras la ratificación de un cambio constitucional que impone la prisión perpetua para delitos de homicidio - incluido el feminicidio -, violación y pertenencia a las pandillas, considerados grupos terroristas.Las enmiendas imponen la cadena perpetua a los menores juzgados y condenados por estos delitos, y crea los "juzgados de lo criminal" que se encargarán de procesar estos casos - a excepción de los relacionados con el terrorismo - así como un proceso especial para su trámite.Las reformas también establecen que los condenados en estos casos no tendrán los beneficios de la "libertad condicional, ni la libertad condicional anticipada", y que "únicamente aplicará la revisión de la pena perpetua y en caso de ser procedente el régimen de libertad controlada".Entre las justificaciones dadas por el Congreso, dominado por el partido gobernante Nuevas Idas (NI), está que la cadena perpetua "mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica".Sin embargo, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) apuntan que es contrario a dichos estándares.La CIDH analizó que "la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena".Mientras que la directora de la División de las América de la organización HRW, Juanita Goebertus, dijo el pasado 27 de marzo que, según lo aprobado, la prisión perpetua podría ser revisada tras 25 años de pena, lo que "contradice estándares internacionales, ya que las penas para niños deben ser sustancialmente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción".Las reformas para permitir la pena perpetua en el país se aprobaron en el marco de la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.Esta medida ha dejado más de 91.000 detenidos, más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 500 muertos de personas bajo custodia de agentes del Estado.
Sin inmutarse, unos 220 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) escucharon el jueves el terrorífico relato de un testigo sobre las torturas y asesinatos que cometía la pandilla en El Salvador, durante el cuarto día de un juicio masivo en su contra.Sentados en sillas de plástico, en una sala del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), los pandilleros son juzgados por más de 29.000 asesinatos, incluidos los de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron al presidente Nayib Bukele a declararle la "guerra" a las pandillas.Son en total 486 reos que, desde diferentes cárceles, comparecen virtualmente en este juicio que Bukele equipara con los procesos de Núremberg contra los jerarcas nazis tras la Segunda Guerra Mundial.Vestidos con camiseta y pantalón corto de color blanco, escucharon en total silencio el interrogatorio del juez a un pandillero que actúa como testigo en el tribunal Sexto Contra Crimen Organizado de San Salvador, observaron reporteros de la AFP.A una de las víctimas "le quemamos los genitales y el trasero", se escuchó en un altavoz decir al testigo, al relatar cómo torturaban y asesinaban a sus víctimas por órdenes de los jefes.Entre los juzgados en el Cecot hay una veintena de esos líderes y decenas de lugartenientes con el rostro, la cabeza, las manos y el cuello tatuados, algunos de los cuales lanzaron miradas intimidantes a los periodistas. Todos son observados en pantallas desde el juzgado.Los juicios masivos son criticados por organizaciones de derechos humanos, que advierten que pueden involucrar a inocentes. Fueron aprobados por la mayoría oficialista en el Congreso para procesar a unas 90.000 personas capturadas sin orden judicial bajo un estado de excepción.- Temidos jefes -El fiscal preguntó al testigo sobre las características de las víctimas. Según el relato, a muchas les amarraban de manos y las conducían a zonas desoladas donde se cometían los crímenes.Es un "espantoso relato" que "para los pelos", comentó a la AFP en el Cecot un agente de seguridad encapuchado que no se identificó.Otros dos "testigos protegidos", presentados el jueves, relataron cómo mandos de la pandilla ordenaban los homicidios desde las prisiones, un práctica denominada por ellos "apertura de válvulas", detalló más tarde en X el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz.En tres pequeñas salas se encontraban 15 miembros de la llamada Ranfla Nacional (cúpula) de la MS-13, a los que se les imputan directamente unos 9.000 crímenes.En una se hallaba el máximo "ranflero" Borromeo Henríquez ("Diablito de Hollywood"), mientras en otra estaba Carlos Tiberio Ramírez ("Snaider de Pasadena"). Ambos escucharon las acusaciones sin gesticular.Con la misma actitud permanecieron los demás procesados, esposados de pies y manos, en un ambiente caluroso marcado por el sonido de la lluvia. Eran 220 cabecillas acomodados en 10 filas.Al final de una de esas líneas estaba Dionisio Arístides Umanzor, el temido "Sirra", que operaba una de las "clicas" (células) más violentas.Estos "sujetos por muchos años le ocasionaron luto y dolor a nuestra sociedad", declaró a la prensa el director del Cecot, Belarmino García.El pabellón 3 de la megacárcel, que suele ser mostrado por el gobierno de Bukele a visitantes extranjeros e influencers, tenía vacías sus 32 celdas. Sus ocupantes fueron llevados a otro sector de la prisión para que no perturbaran la audiencia.Muchos de los enjuiciados ya purgan abultadas penas en el Cecot, adonde un grupo de medios extranjeros ingresó bajo un riguroso protocolo y extremas medidas de seguridad.
La justicia de El Salvador inició este lunes un histórico juicio masivo contra 486 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo fundadores, líderes y miembros de la llamada “ranfla”, la máxima estructura de mando.Se trata de la primera vez que se procesa de forma conjunta a las cúpulas de una pandilla por delitos cometidos durante más de una década.Más de 47.000 delitos y miles de homicidiosSegún la Fiscalía General, a los acusados se les atribuyen aproximadamente:47.000 delitos entre 2012 y 202229.000 homicidiosMasacres como el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana en marzo de 2022El ente acusador aseguró contar con “abundantes pruebas” para solicitar las penas máximas, en un proceso que busca “saldar una deuda histórica” con las víctimas.Contexto: la “guerra contra las pandillas” de Nayib BukeleEl juicio se enmarca en la ofensiva del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, iniciada tras la ola de violencia de 2022.Desde entonces:Se decretó un régimen de excepciónMás de 91.000 personas han sido detenidasLas pandillas han perdido el control territorial que, según el Gobierno, llegó al 80% del paísAdemás de homicidios, la MS-13 es señalada de delitos como extorsión, narcotráfico, sicariato y tráfico de armas.Acusaciones por intento de control estatalLa Fiscalía también procesa a los imputados por el delito de rebelión, al considerar que buscaban establecer un “Estado paralelo” mediante el control territorial. Según el organismo, estas acciones atentaban directamente contra la soberanía nacional.Audiencia masiva y condiciones del procesoDurante la “audiencia única abierta”:413 acusados comparecen de forma virtual73 están prófugos y serán juzgados en ausenciaMás de 250 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)El tribunal aseguró que los implicados serán juzgados “con todo el peso de la ley”.Críticas de organizaciones de derechos humanosOrganizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han cuestionado los juicios masivos.Entre sus principales preocupaciones destacan:Posibles condenas a inocentesFalta de individualización de responsabilidadesEliminación de etapas clave como la valoración de pruebasAdemás, denuncian más de 500 muertes en prisión, presuntos casos de tortura y detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción.El impacto histórico de las pandillas en El SalvadorLas pandillas, surgidas en Los Ángeles en los años 90, han marcado la historia reciente del país.De acuerdo con cifras oficiales:Cerca de 200.000 personas han sido asesinadas en tres décadasMás de 80.000 están reportadas como desaparecidas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este martes a las críticas de su homólogo Gustavo Petro sobre el sistema penitenciario y le ofreció trasladar a Colombia al "100 %" de los detenidos, "incluyendo los llamados presos políticos"."Si, como usted sostiene, en nuestro país existen 'campos de concentración', estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana", publicó Bukele en un mensaje en X.El presidente salvadoreño señaló que, "en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del 'amor y la vida'".Recalcó que debería ser bajo la condición de que "deben ser todos", "porque si se trata de 'campos de concentración', incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión".El mandatario salvadoreño recordó que hizo la misma propuesta a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y excandidata presidencial por los demócratas, Hillary Clinton, "tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país".El lunes, Petro aseguró que las cárceles de El Salvador, donde hay "personas presas inocentes", son "campos de concentración de población civil" y dijo que allí se está "matando en vida" a miles de jóvenes.El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91.000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8.000 "inocentes".En este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.Recientemente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua de prisión para "homicidas, violadores y terroristas", propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada."Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.La reforma aprobada pasó a la Comisión Política del órgano legislativo para su estudio, por lo que será avalada en una futura sesión plenaria.Según la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, esta reforma "tiene por objetivo aprobar la cadena perpetua a las personas que pertenezcan a las pandillas, que hayan cometido homicidios y feminicidios, y también que sean violadores"."Esta reforma es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles", apuntó.En la votación de la reforma constitucional, por primera vez, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) sumó sus votos para una iniciativa de este tipo.Horas antes de la aprobación, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en la presentación de la iniciativa que "el país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores", por lo que pidieron levantar la prohibición de la prisión perpetua.La Asamblea Legislativa también debe dar luz verde a una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra Actos de Terrorismo y otras secundarias para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura; anteriormente, las enmiendas constitucionales necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.Con esta enmienda son necesarios 45 de los 60 diputados para aprobar y ratificar —en un mismo día— reformas, y con esta el partido gobernante ha avalado la elección presidencial indefinida, entre otros cambios a la Constitución.La propuesta del Gobierno de Bukele para permitir las penas perpetuas llega a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país, que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.300 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado al menos 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.
El excandidato presidencial de la derecha salvadoreña Norman Quijano llegó este lunes a su país deportado desde Estados Unidos para cumplir una condena a 13 años de cárcel por pactar con pandillas, informó la Fiscalía.Quijano, de 79 años, fue sentenciado en ausencia en abril de 2024 por entregar a las pandillas 100.000 dólares para obtener sus votos. El dirigente postuló sin éxito a la presidencia en 2014 por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue titular del Congreso y además alcalde de San Salvador.Quijano fue entregado por agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de El Salvador, según un video difundido por la Fiscalía en el que se ve cuando baja por la escalerilla del avión y le notifican la condena.Tras descender, fue esposado y trasladado en una patrulla. Tras perder el fuero parlamentario en 2021, la Fiscalía lo acusó de entregar 50.000 dolares a la Mara Salvatrucha (MS-13) y 25.000 dólares a cada una de las dos facciones de la pandilla Barrio 18. Esas organizaciones fueron declaradas terroristas por Estados Unidos.Se trata de "un mensaje para todos los que huyen de la justicia", dijo el presidente Nayib Bukele en la red social X sobre Quijano, quien le puso la banda presidencial en 2019 cuando lideraba el Congreso.Denuncias sobre presuntos pactos con pandillas también salpican a funcionarios de Bukele, pero el mandatario rechaza esos señalamientos. Desde marzo de 2022, el gobernante ejecuta una ofensiva contra las pandillas respaldado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que según organismos humanitarios ha derivado en violaciones de derechos humanos.
La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó este domingo la Fiscalía.Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.La Fiscalía señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados, respectivamente, a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel.Dentro de los crímenes cometidos entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, además de casos de extorsión y tráfico de drogas.Los pandilleros "crearon bases en diferentes sectores" de la provincia de La Libertad que "eran utilizadas para planificar" actos delictivos, agregó.El grupo extorsionaba a "víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas", añadió la Fiscalía, afín a Bukele.Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de presos detenidos por el régimen de excepción que claman su inocencia, dijo a la AFP que comparte que se le "aplique la ley a los delincuentes", pero cuestionó que la sentencia haya cumplido con el "debido proceso"."Lamentablemente, por ahora, no hay transparencia en los procesos judiciales" en El Salvador, señaló Ramírez, quien consideró que las altas penas son "una estrategia populista de marketing" a favor de Bukele.La "guerra" de Bukele redujo los homicidios a niveles históricos en el país, pero grupos de derechos humanos critican su estrategia al denunciar abusos de las fuerzas de seguridad. Desde 2022 han muerto 454 salvadoreños en cárceles, según oenegés.Pese a las críticas, otros gobiernos de la región han anunciado que implementarán medidas similares contra la delincuencia.Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien enfrenta un aumento de la criminalidad en su país y planea construir una prisión similar al Cecot, la megacárcel salvadoreña símbolo del combate a las pandillas.
El informe “Llegaron al infierno”, presentado por Human Rights Watch (HRW), revela un estremecedor panorama sobre las torturas y abusos sufridos por más de 200 migrantes venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Las víctimas, deportadas desde Estados Unidos, fueron sometidas a golpizas diarias, desaparición forzada y tratos crueles durante los casi cuatro meses que permanecieron recluidas.En entrevista con Recap Blu, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, describió el horror que enfrentaron los detenidos. “Los golpeaban por hablar duro, por reírse, por pedir atención médica o por bañarse fuera del horario permitido. Incluso los castigaban por protestar o por contarle a la Cruz Roja lo que estaban viviendo”, señaló. Según la organización, las agresiones incluían patadas, puños y golpes con palos, dejando secuelas físicas severas como rupturas de ligamentos, vómitos de sangre y fracturas.“Los guardias les decían que nunca saldrían vivos de allí, que sus familias los habían olvidado y que solo saldrían en bolsas negras”, relató Goebertus. Los migrantes fueron además objeto de castigos colectivos tras las visitas de delegaciones internacionales y luego de protestas pacíficas en las que escribieron con su propia sangre que “no eran terroristas ni criminales”.Aunque HRW no registró muertes de venezolanos dentro del CECOT, Goebertus precisó que más de 400 personas han muerto en cárceles salvadoreñas durante los tres años del régimen de excepción. “La desaparición forzada se configura porque estas personas fueron sacadas de toda protección legal. Sus familias dejaron de saber dónde estaban, sus nombres desaparecieron de las bases de datos del ICE en Estados Unidos y los gobiernos de ambos países nunca respondieron sobre su paradero”, explicó.El informe responsabiliza tanto al Gobierno de Bukele como a la administración Trump, que habría deportado a los venezolanos a El Salvador bajo el argumento de que eran “terroristas”. Sin embargo, HRW verificó los antecedentes de los 252 migrantes en Estados Unidos, Venezuela y otros países de tránsito, concluyendo que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos. Tras un acuerdo entre Estados Unidos, El Salvador y el régimen venezolano, los detenidos fueron liberados y enviados a Venezuela. Pero su pesadilla no terminó allí. “Muchos están siendo vigilados y hostigados por el SEBIN. Han recibido interrogatorios, amenazas y viven con miedo constante. Cuatro de ellos reportaron pensamientos suicidas y uno intentó quitarse la vida”, denunció Goebertus.La directora para las Américas de HRW confluyó diciendo que este calvario no se puede convertir en paisaje y mucho menos que quede en el olvido.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
