Juliana Guerrero rompió su silencio frente a las acusaciones que la relacionan con una presunta estructura dedicada a cobrar dinero a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos públicos, como reveló la Revista Semana.A través de un comunicado divulgado por la firma de abogados Alzate Hernández, la exfuncionaria aseguró que las versiones que han circulado en su contra son injustas y negó de manera categórica haber participado en actuaciones irregulares.Guerrero afirmó que nunca se reunió con contratistas, intermediarios o personas que se presentaran como empresarios para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley. También negó haber recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con supuestas gestiones ante el sector público. “Desde hace más de un año no ostento vínculo contractual ni nombramiento con el Gobierno Nacional”, aseguró en el comunicado, en el que también sostuvo que desde su renuncia se ha mantenido apartada de cualquier actividad relacionada con el Estado.La respuesta de Guerrero se conoce después de una publicación de la Revista Semana que menciona chats de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios de empresarios que señalan a la exfuncionaria y a su hermana, Verónica Guerrero.Según esa información, varios empresarios habrían entregado dinero con la expectativa de acceder a contratos en distintas entidades públicas. Los denunciantes aseguran que habrían pagado por reuniones y por supuestas gestiones ante funcionarios del Gobierno.La publicación sostiene que tres empresarios habrían entregado más de 600 millones de pesos por proyectos que finalmente no se concretaron y que, posteriormente, habrían solicitado la devolución de los recursos sin obtener respuesta.Entre los proyectos mencionados aparecen iniciativas relacionadas con acueductos, mejoramiento de vivienda y otros contratos públicos.La información también hace referencia a conversaciones en las que supuestamente se mencionaban distintas entidades del Estado y a gestiones para influir en procesos de contratación.En su comunicado, Guerrero también afirmó que durante los últimos meses había decidido guardar silencio por respeto a las investigaciones en curso en su contra y por considerar que la justicia, y no los escenarios mediáticos, es el espacio encargado de establecer responsabilidades.Sin embargo, sostuvo que ese silencio no puede interpretarse como una aceptación de las acusaciones.Guerrero aseguró que está dispuesta a comparecer ante las autoridades cada vez que sea necesario y reiteró su compromiso de colaborar con la investigación para contribuir al esclarecimiento de los hechos.También tuvo palabras de agradecimiento para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que aseguró reconocer por la oportunidad que le brindó de ejercer funciones públicas y por los esfuerzos realizados para impulsar transformaciones sociales.En ese sentido, el presidente Gustavo Petro también se refirió este domingo 26 de julio al caso y publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que defendió a Juliana Guerrero.Petro afirmó que Guerrero y su hermana deberían denunciar a los empresarios que, según su versión, intentaron corromperlas. También les pidió devolver cualquier dinero que hubieran recibido y colaborar con la justicia.El presidente sostuvo además que las acusaciones evidencian intentos de corrupción dentro de su administración, pero dijo que su Gobierno habría construido barreras para impedir que esas prácticas prosperaran.
El nuevo arancel del 12,5 % impuesto por Estados Unidos a determinados productos colombianos no afectará a la totalidad de las exportaciones nacionales. Un análisis de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, concluyó que el 72,4 % de la canasta exportadora del país continuará ingresando al mercado estadounidense sin este recargo adicional.El estudio, elaborado a partir de la canasta exportadora colombiana de 2025 y las disposiciones finales de la Sección 301 de Estados Unidos, establece que el 20,8 % de las exportaciones sí quedaría sujeto al nuevo gravamen, mientras que otro 6,8 % continuará bajo el régimen de la Sección 232, que contempla tratamientos arancelarios diferenciados dependiendo del tipo de mercancía.En términos prácticos, esto significa que más de siete de cada diez dólares exportados por Colombia a Estados Unidos no tendrán que asumir el nuevo recargo.Esta medida arancelaria fue anunciada por la administración del presidente Donald Trump el pasado 23 de julio y está relacionada con una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, sobre los mecanismos de Colombia para impedir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.El arancel pasó del 10 al 12,5 %. Sin embargo, AmCham Colombia aclaró que la decisión no implica que los productos colombianos estén siendo fabricados mediante trabajo forzoso.El cuestionamiento de Estados Unidos está relacionado con el sistema institucional colombiano y con los controles para evitar que ingresen al país bienes provenientes de terceros mercados que puedan tener antecedentes de haber sido producidos bajo esas condiciones.El impacto del nuevo arancel estará concentrado en determinados sectores. De acuerdo con el análisis de AmCham, unas 1.907 líneas arancelarias podrían estar expuestas al recargo.Sin embargo, el riesgo está altamente concentrado. Las diez principales líneas representan el 50,6 % del valor total de las exportaciones potencialmente afectadas.El sector de plantas vivas y productos de la floricultura es el más expuesto y concentra el 35 % de ese universo. Le siguen los plásticos y sus manufacturas, la confitería, los pescados y crustáceos, los productos de aseo, las confecciones, la joyería, el cacao y otros productos de la industria alimentaria y manufacturera.También podrían verse afectados algunos productos de cosmética, alimentos procesados, textiles y diversas manufacturas.En contraste, entre los productos que quedaron excluidos del nuevo recargo se encuentran el café, el petróleo, el oro, el banano, el aguacate y determinados tipos de azúcar, además de otros bienes exceptuados por Estados Unidos para evitar afectaciones sobre sus propias cadenas de abastecimiento.Aunque formalmente el arancel es pagado por el importador estadounidense, AmCham Colombia advierte que el costo puede terminar afectando a los exportadores nacionales.El mayor valor podría trasladarse total o parcialmente a las empresas colombianas mediante una reducción en el precio de venta, repartirse entre compradores y vendedores o reflejarse en un aumento del precio final para los consumidores.La consecuencia, según la Cámara Colombo Americana, sería una pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países que no estén sometidos al mismo gravamen.“Las exportaciones colombianas no tendrán un impacto uniforme”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, quien señaló que los sectores más expuestos deberán actuar rápidamente para preservar su posición en el mercado estadounidense.Colombia prepara una estrategia de negociaciónEn medio de este escenario, el equipo de transición del Gobierno electo de Abelardo De La Espriella anunció que el 28 de julio instalará mesas de trabajo con la administración de Donald Trump para buscar alternativas frente a los nuevos aranceles.Las conversaciones estarán lideradas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín.Según lo anunciado, Colombia presentará un borrador de decreto para fortalecer los controles sobre la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.AmCham Colombia considera que estas medidas podrían abrir la puerta a una futura revisión de la decisión estadounidense, siempre que el país logre demostrar avances concretos y verificables en el fortalecimiento de sus controles institucionales.
El debate sobre los alcances de la inteligencia artificial volvió a ocupar la agenda tecnológica luego de que un modelo de OpenAI realizara una cadena de acciones que comprometió infraestructura dentro de un entorno de pruebas. Para Samir Estefan, consultor en tecnología, el episodio evidencia la evolución de los sistemas de IA y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad frente a herramientas cada vez más autónomas.Durante una entrevista en Sala de Prensa, Estefan explicó que los modelos más recientes han sido entrenados para comprender y escribir código, lo que también les permite detectar vulnerabilidades en otros sistemas. En ese contexto, aseguró que el modelo "había encontrado vulnerabilidades adicionales en sus sistemas y vulnerabilidades adicionales en los sistemas de Hugging Face, y que habían logrado penetrar los sistemas de Hugging Face para sacar la información de ese reto".El experto señaló que lo más preocupante fue la capacidad del sistema para enlazar diferentes fallas de seguridad con el fin de alcanzar un objetivo específico. "Lo que hizo el algoritmo fue encadenar una serie de pequeñas vulnerabilidades que convirtieron todo en una vulnerabilidad grandísima", afirmó.Inteligencia artificial agéntica y decisiones autónomasEstefan explicó que el avance de la denominada inteligencia artificial agéntica implica que estos modelos ya no solo generan respuestas, sino que también pueden ejecutar acciones de manera autónoma. Según indicó, el principal desafío radica en que estos sistemas actúan con base en los parámetros con los que fueron entrenados."Si este modelo necesitara tomar acciones que van en contra de temas que para nosotros son éticos, pero que para ellos no existen porque no ha sido parte de su entrenamiento, pues lo va a tomar", manifestó.Asimismo, advirtió que el mayor riesgo aparece cuando este tipo de capacidades se traslada a escenarios del mundo real, como robots o vehículos autónomos. "El riesgo son esas consecuencias inesperadas que todavía no hemos podido visualizar", sostuvo.Responsabilidad de las empresas tecnológicasConsultado sobre quién debe asumir la responsabilidad por este tipo de situaciones, Estefan fue enfático al señalar que "en este caso creo que es OpenAI". No obstante, también planteó que el episodio podría tener implicaciones en la percepción del mercado sobre el liderazgo tecnológico de la compañía.Más allá del caso puntual, el consultor afirmó que gobiernos, empresas e instituciones deben prepararse para un escenario en el que los ataques informáticos incorporan cada vez más componentes de inteligencia artificial. "Tenemos que estar pensando que cuando nos enfrentamos a ciberdelincuentes, ya no solo nos estamos enfrentando a ciberdelincuentes que utilizan herramientas de forma manual, sino que utilizan esto", indicó.Finalmente, al abordar la regulación de las plataformas digitales y las restricciones para menores de edad en redes sociales, el especialista respaldó que las compañías tecnológicas asuman un papel más activo. "Creo que el pasar la responsabilidad es interesante", afirmó, al considerar que las plataformas deben reforzar los mecanismos para verificar la edad de los usuarios y garantizar medidas efectivas de protección para niños y adolescentes.Escuche la entrevista completa acá:
En medio del debate político que ha suscitado la instalación del nuevo Congreso de la República y las decisiones simbólicas anunciadas por el presidente electo Abelardo De La Espriella para el inicio de su mandato, la directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, Paola Montilla, aseguró que los gestos políticos solo tendrán impacto si logran convertirse en soluciones concretas para los ciudadanos y en un verdadero proceso de descentralización del Estado.Durante una entrevista como invitada analista, Montilla explicó que la decisión del mandatario de posesionarse en una guarnición militar admite distintas interpretaciones desde el punto de vista político e institucional. Sin embargo, señaló que el hecho de mantener la ceremonia frente al Congreso conserva el principio constitucional según el cual el poder civil prevalece sobre el militar.“Se pueden hacer dos lecturas. Una es que el poder civil estaría subordinado al poder militar; pero también existe una lectura alterna: al posesionarse frente al Congreso se mantiene el principio constitucional de que el poder militar está subordinado al poder civil”, afirmó.No obstante, para la académica el mensaje que realmente llega a la ciudadanía está relacionado con la decisión del nuevo gobierno de trasladar parte de su actividad a las regiones, una promesa que hizo durante la campaña presidencial.“Creo que para Colombia es un paso importante comenzar a avanzar en la descentralización. Esa es una deuda que tenemos como país desde hace muchas décadas”, sostuvo.Montilla consideró que, aunque buena parte del debate público se ha concentrado en la carga simbólica del acto de posesión, los ciudadanos perciben con mayor claridad las señales relacionadas con la presencia del Estado en los territorios históricamente olvidados.“Las personas entienden mucho más el mensaje de que el presidente va a estar más cercano a las regiones que la discusión jurídica sobre la subordinación del poder militar o del poder civil”, explicó.En ese sentido, afirmó que la presencia del jefe de Estado en departamentos golpeados por la violencia no representa únicamente un gesto político, sino una muestra de compromiso con las comunidades.“Más allá de generar esperanza, es una muestra muy directa de: ‘estoy presente, estoy aquí para solucionar’”, señaló.La directora de la Escuela de Gobierno insistió en que la percepción ciudadana sobre un gobierno no depende exclusivamente de grandes indicadores económicos, sino de la capacidad de responder a problemas cotidianos.“Muchas veces las personas no miden la aceptación de un gobierno porque aumentó el empleo o crecieron las exportaciones; lo hacen porque sienten que hubo solución a un problema de su vida diaria”, indicó.Uno de los principales retos del nuevo gobierno, según Montilla, será impulsar la Ley de Competencias, iniciativa que busca definir con mayor claridad las responsabilidades y los recursos que corresponden a la Nación, los departamentos y los municipios.“Es una ley fundamental porque regula las responsabilidades en salud, educación y la distribución de los recursos. La descentralización existe en el papel, pero ahora debe ponerse en marcha”, afirmó.La experta explicó que una de las principales dificultades de alcaldes y gobernadores radica en que muchas decisiones continúan concentrándose en Bogotá, mientras los gobiernos locales carecen de herramientas suficientes para responder a las necesidades de sus comunidades.“Si se logra desarrollar esta ley y entregar responsabilidades junto con recursos a los territorios, la descentralización podrá traducirse de una manera mucho más clara”, agregó.Otro de los temas abordados fue la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente tras la conformación de las nuevas mesas directivas. Para Montilla, el presidente enfrentará un escenario político más complejo al perder parte del control de la agenda legislativa.“El presidente perdió el control de la agenda porque perdió la mesa directiva del Senado. Ahora tendrá otro filtro para sacar adelante sus proyectos”, explicó.Aun así, recordó que los mandatarios cuentan con diferentes herramientas para construir mayorías parlamentarias, entre ellas la conformación del gabinete, la negociación política y el respaldo de la opinión pública.Precisamente sobre este último aspecto, Montilla destacó la importancia de la estrategia de comunicación del presidente electo, quien, según dijo, ha mantenido la misma línea narrativa que utilizó durante la campaña.“Ha sido un candidato que maneja muy bien la comunicación y puede poner temas muy centrales en la agenda pública para facilitar el avance de sus iniciativas”, aseguró.Sin embargo, advirtió que una comunicación directa a través de redes sociales también implica riesgos para la democracia si reduce los espacios de intermediación institucional.“El principal riesgo es que no exista una responsabilidad política suficiente. Cuando se pasa por encima de las estructuras institucionales, se dificulta el ejercicio del control político”, manifestó.
Aún no está definido el lugar donde se llevará a cabo la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto. Aunque el Senado de la República ya aprobó que la ceremonia pueda realizarse en el departamento del Cauca, este lunes la Cámara de Representantes debatirá el tema.La plenaria de la Cámara comenzará a las 9:00 de la mañana con el objetivo de votar el mismo punto. Si ambas corporaciones dan luz verde, el Congreso podrá sesionar en el Cauca para la toma de juramento del nuevo mandatario, una posibilidad que, según ha explicado en varias ocasiones el secretario general del Senado, Diego González, está contemplada en la ley.Con el aspecto jurídico prácticamente resuelto, el debate se concentra ahora en el escenario específico donde se realizaría la ceremonia.El presidente electo ha insistido en que la posesión se lleve a cabo en una guarnición militar, propuesta que encuentra resistencia entre distintos sectores políticos. Algunos congresistas mantienen la línea del presidente Gustavo Petro de no respaldar una posesión en una sede castrense, mientras que otros, aunque críticos del actual del gobierno saliente, consideran que esa propuesta no debe prosperar debido a sus diferencias con De La Espriella.La seguridadMás allá de la discusión política, la seguridad se ha convertido en el principal factor de análisis. La presencia y capacidad violenta de los grupos terroristas que delinquen en el Cauca ha generado preocupación sobre las garantías para proteger al presidente electo, las delegaciones internacionales, los congresistas y los ciudadanos que asistirían al evento.Ante ese panorama, el secretario general del Senado, Diego González, envió comunicaciones a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para que informen al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, si existen las condiciones necesarias para garantizar plenamente la seguridad de los asistentes en caso de que la posesión se realice en el Cauca.“Popayán tiene la capacidad”En medio del debate, el exgobernador del Cauca y exrepresentante a la Cámara, Óscar Campo, en conversación con Blu Radio defendió la capacidad de Popayán para albergar un evento de esa magnitud. Afirmó que, al igual que ocurre en otras ciudades del país durante actos oficiales, es posible implementar un dispositivo de seguridad que garantice el desarrollo de la ceremonia.Campo también hizo un llamado al presidente electo para que mantenga su intención de iniciar su mandato desde un territorio históricamente afectado por la violencia y los problemas de seguridad, al considerar que sería un mensaje de compromiso con las regiones.El exgobernador rechazó los argumentos según los cuales Popayán no cuenta con la infraestructura necesaria y destacó que la ciudad dispone de más de 120 hoteles, un aeropuerto con capacidad para recibir aeronaves Airbus A320 y la cercanía con el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado a unas dos horas y media por vía terrestre y a 15 minutos en helicóptero.Deja claro que es posible porque las medidas de seguridad deben ser las mismas que se adoptarían para una posesión presidencial en cualquier otra ciudad del país.Mientras todo eso pasa los violentos también hacen ruido. Entre la noche del sábado 25 de julio y la madrugada del domingo, un explosivo fue lanzado contra una sede de la empresa Postobón en Popayán. En el lugar fueron hallados panfletos del ELN, grupo terrorista que ya ha manifestado su oposición al gobierno entrante.La invitación de DilianMientras persiste la incertidumbre sobre la sede de la ceremonia, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, invitó al presidente Abelardo De La Espriella a considerar la posibilidad de posesionarse en Cali. La mandataria también expresó su respaldo al nuevo gobierno para trabajar en la recuperación de la seguridad en el suroccidente del país.
