En La Parada, caserío colombiano fronterizo con San Antonio del Táchira, los habitantes viven a diario con miedo y zozobra por el incremento de la violencia de grupos guerrilleros y de narcotraficantes.Desde el ruido de las ráfagas de fusil a cualquier hora del día, hasta pintadas en las paredes de las viviendas con las siglas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el conflicto que ha llegado hasta la frontera hace parte de su vida cotidiana."Ya nos acostumbramos a escuchar plomo, a que en las trochas aparezcan muertos y ver gente extraña en nuestro sector", dijo a Efe José Urbina, de 50 años, mientras señalaba una de las pintadas que hicieron este fin de semana en una de las viviendas ubicadas frente al río Táchira, que las separa de la trocha La Platanera por donde pasa todo tipo de contrabando hacia Venezuela."ELN presente, fuera Tren de Aragua" y "Liberación o muerte" fueron los mensajes que dejó en las paredes la guerrilla colombiana, que mantiene una puja por el control territorial con esa banda criminal venezolana, que desde hace más de cuatro años se apoderó de los pasos fronterizos ilegales del municipio de Villa del Rosario, al que pertenece La Parada, con el estado del Táchira.Punto de partidaVilla del Rosario es un municipio del área metropolitana de Cúcuta, capital de Norte de Santander, que con la crisis venezolana se convirtió en el punto de llegada de decenas de miles de ciudadanos del país caribeño que buscan iniciar una nueva vida en el exterior, para lo cual el primer paso es atravesar la frontera con Colombia.El "Tren de Aragua", que toma su nombre de ese estado venezolano, controla las trochas y los negocios ilícitos que se mueven en esta zona, paso principal de venezolanos que emigran o que viajan a Colombia en busca de alimentos, medicinas o, como es en muchos casos, una nueva oportunidad fuera de Venezuela.La guerra entre el ELN y el "Tren de Aragua" fue anunciada a mediados de febrero de este año cuando aparecieron las primeras casas con pintadas declarando objetivo militar al grupo armado venezolano.Sin embargo, pese a que este fin de semana habitantes de La Parada aseguraron que nuevas viviendas aparecieron con mensajes que reiteran la disputa del territorio, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), brigadier general Óscar Moreno, aseguró que este hecho no es reciente sino que ocurrió tres meses atrás a raíz de operaciones de control y capturas contra la delincuencia.Violencia extendidaLos enfrentamientos entre los dos grupos armados ilegales han resultado también en confrontaciones con la Policía y en al menos una decena de personas asesinadas, cuyos cuerpos son abandonados en las diferentes trochas que comunican a Venezuela con Colombia, pasos que son conocidos como Los Mangos, La Playita y La Platanera, entre otros.El coordinador de la Red de Derechos Humanos, Enrique Pertuz, indicó que en esta zona de frontera hay una disputa territorial, social, económica y política en la que intervienen una multiplicidad de actores del conflicto."Encontramos organizaciones como el 'Tren de Aragua' y 'La Línea', pero también está el ELN, que se encuentran en disputa a sangre y fuego por el control no solamente de las trochas, sino todo lo que tiene que ver con los pasos fronterizos y por lo que significan estos pasos: economías ilícitas que pasan por ahí", aseguró Pertuz.En opinión del experto, el ELN, que se ha expandido en el país aprovechando los vacíos que dejó en algunas regiones la antigua guerrilla de las Farc luego de la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, tiene no solo control en La Parada, sino en otros sectores de Villa del Rosario
En el caso de la capital del norte de Santander se han registrado más de 1.063 casos de desplazamiento forzado de los habitantes de comunas, ya que han manifestado ser amenazados por parte de grupos delincuenciales. Pertuz además hizo llamado a las autoridades para que hagan énfasis en estos casos, debido a que su atención se ha prestado más en el Catatumbo. (Vea también: Preocupante situación de defensores de derechos humanos Norte de Santander). “Esto tiene que llamar la atención de las autoridades para que tomen estrategias que prevengan este tipo de delitos”, dijo. Escuche en este audio más información sobre: -Reportan la captura de 5 integrantes del Clan Úsuga que operaban en el Magdalena medio se les sindica de ser los responsables de por los menos 15 homicidios selectivos en esta región´. -En su visita a Medellín el expresidente Álvaro Uribe Vélez, destacó el trabajo del Alcalde Federico Gutiérrez, para mejorar la seguridad en la ciudad y le ofreció su apoyo para recuperar el orden público. -A menos de 24 horas de que se realicen las elecciones generales en Perú el país amanece con la incertidumbre quién será su próximo presidente. Los sondeos indican que sería necesaria una segunda vuelta electoral. -Fue detenido en Bélgica un sexto sospechoso por los ataques terroristas del 22 de marzo Bruselas. -El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, llegó este domingo a Kabúl en visita no anunciada para apoyar al Gobierno de Unión Nacional afgano y el proceso de paz con los talibanes. -Al menos 20 soldados de las fuerzas progubernamentales murieron este sábado en una emboscada tendida por combatientes de Al Qaeda en el sur de Yemen, donde la red yihadista está muy activa, informó una fuente militar. -Un sismo de 5,2 grados de magnitud en la escala abierta de Richter se registró en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, y otro de 4,8 grados en la provincia amazónica de Morona Santiago, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
Luego de meses de espera, Apple sacó a la venta el tan esperado iPhone 18. Pero, como es habitual, el nuevo modelo generó dudas en cuanto a qué novedades trae el dispositivo en comparación con el modelo 17 y por eso destacaron que la cámara será lo más importante que tendrá toda la línea de estos dispositivos hasta la fecha.¿Por qué lo más importante del nuevo iPhone es la cámara?De acuerdo con Apple, lo más innovador de este dispositivo es la nueva apertura variable que busca similar los lentes de las cámaras profesionales con el ángulo que percibe la luz el lente, al igual que la velocidad para tener imágenes con una mayor calidad.“Cuanto más pequeño es ese número, más abierto está el diafragma y más luz entra. Cuanto más grande, más cerrado está y menos luz pasa. Mi cámara profesional puede cerrarse hasta f/22”, explicaron.Tres hacks para sacarle provecho a la cámara del iPhone 18, según expertoLa llegada de una nueva generación de iPhone trae consigo nuevas herramientas y posibilidades para los usuarios. Entre las novedades se encuentra el iPhone Duo, el primer iPhone plegable, junto con los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, que incorporan nuevas capacidades para llevar más lejos la experiencia con los dispositivos.De acuerdo con experto de iShop, aliada de Apple en Colombia, estas son los tres hacks para sacarle provecho:Buen uso de apertura variable: aprender a usar el zoom óptico de hasta 8x permite tener momentos de una manera diferente. Esto le permitirá sacar fotografía al nivel de una cámara si se una de manera correcta, una apertura más amplia puede ser una alternativa para destacar al sujeto en un retrato, mientras que una más cerrada puede ayudar a conservar mayor detalle del entorno.El uso de visual intelligence: la llegada de la inteligencia artificial (IA) al dispositivo se suma para agregar a una fotografía mayor paisaje, borrar cosas que no se quiere e, incluso, cambiar la posición en la que se ve el sujeto.Atajos aliados a la cámara: pensar primero en el resultado que se quiere obtener y describirlo con palabras sencillas, en lugar de configurar cada paso de una rutina manualmente. De esta manera, una tarea que normalmente requiere varios pasos puede convertirse en una acción más simple y personalizada, ajustada a los hábitos de cada usuario.
La ejecución de un proyecto destinado a mejorar el acceso al agua en cuatro veredas de Anorí terminó bajo investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que formuló pliego de cargos contra el actual alcalde del municipio, Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, y otros tres tres exfuncionarios de la administración municipal.La actuación calificada provisionalmente como una falta gravísima a título de culpa gravísima, está relacionada con un contrato por más de 63 millones de pesos que contemplaba la construcción de sistemas de abastecimiento para las comunidades de La Soledad, Villa Fátima, Las Nieves y La Meseta.De acuerdo con los hechos investigados, durante el desarrollo del proyecto se habrían presentado demoras y la ejecución de trabajos que no estaban contemplados inicialmente, circunstancias que llevaron a modificar el cronograma mediante una prórroga y posteriormente a suspender las obras.La Procuraduría también cuestiona que los sistemas no hubieran quedado terminados ni habilitados para prestar el servicio para el que fueron contratados. Entre las situaciones señaladas está la ausencia de las redes indispensables para ponerlos en funcionamiento, lo que habría impedido que la inversión alcanzara el propósito previsto para las comunidades rurales beneficiarias.Además de Silva Gutiérrez, el proceso involucra al exalcalde Juan Camilo Piedrahita Ceballos, quien estuvo al frente de la administración entre 2020 y 2023, y a los exsecretarios de Planeación León Ángel Granda Cortés y Jobanny José Copete Álvarez, estos últimos señalados dentro de la actuación por sus funciones de supervisión contractual.
A siete días del cierre de la ZUT, los 62 excombatientes de Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal, en el Bajo Putumayo, enviaron una propuesta de asilo político a los países garantes ante la incertidumbre jurídica. Aseguran que ninguno de los que se mantienen firmes en el proceso ha contemplado la posibilidad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de someterse a la justicia, porque dicen que no son traidores ni mucho menos delatores.La afirmación fue hecha por Rigoberto, conocido como el 'Paisa', vocero de la Zona de Ubicación Temporal, luego de que el jefe de Estado ordenara el cierre de la ZUT para este 30 de septiembre.“No estamos desafiando a nadie ni mucho menos queremos entrar en discusiones políticas. Solo queremos que el Gobierno nacional respete los acuerdos ya pactados y nos dé la oportunidad de seguir en este proceso, porque ninguno de los 62 que aún estamos comprometidos con la paz vamos a volver a las armas”, dijo el vocero de la ZUT.Según el 'Paisa', los 62 excombatientes están con sus familias y, a pesar de la orden de desmontar el proceso de negociación colectiva, nadie aceptará que los obliguen a un sometimiento, tal y como lo quiere el presidente de la República.Con voz firme, el vocero de la ZUT dijo que nadie los obligó y que, hasta cuando llegaron a la zona, siempre confiaron en que era el mejor aporte de ellos para la pacificación del Putumayo. Sin embargo, afirmó que, al llegar el nuevo Gobierno, es el Estado colombiano el que está incumpliendo y será muy difícil volver a recuperar el principio de confianza y buena fe de los excombatientes que dejaron los fusiles.Aseguró que la inminente extradición de Andrés Rojas, comandante de Comandos de Frontera, en nada afectará la decisión de ellos de permanecer en la ZUT, porque dijo que, desde la cárcel La Picota, envió un mensaje contundente de que ese proceso de negociación colectiva debe seguir.El ambiente en el Valle del Guamuez no es solo de incertidumbre, sino de desesperanza, porque los que aún permanecemos cumpliendo el acuerdo hoy estamos estigmatizados, señalados y casi que amenazados con que, si no nos acogemos a la ley de sometimiento, entonces habrá otras acciones judiciales. Eso no puede ser posible con un acuerdo que se pactó con el Estado colombiano, dijo Rigoberto, conocido con el nombre de “Paisa” y vocero de la ZUT.Dijo que los 33 excombatientes que no están en la ZUT se fueron por los anuncios del actual Gobierno y aseguró que la falta de claridad los obligó a abandonar las instalaciones de concentración en Putumayo, pero que nunca han regresado al grupo ilegal Comandos de Frontera.“Desde que subimos al helicóptero, los mismos comandantes de ese grupo que estaba en diálogos de paz con el Gobierno anterior nos dijeron que ya no hacíamos parte de ellos y que, de ahora en adelante, no habría ninguna dependencia militar ni política, porque ya éramos civiles y nuestro trabajo era ya con la sociedad”, agregó el 'Paisa'.“Nos queda casi una semana y aquí estamos esperando que la Registraduría y la Fiscalía lleguen, pero no lo han hecho y no vamos a volver a las armas. Nuestra lucha será de ahora en adelante por la vía jurídica para que se respete el proceso, porque así está pactado”, aclaró Rigoberto.Manifestó que desde el Gobierno se insiste en que los grupos ilegales que quieran dejar la violencia y acogerse a la legalidad deberán hacerlo ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), bajo el sometimiento a la justicia, y eso es lo que no vamos a aceptar, porque nos están eliminando definitivamente cualquier tipo de reconocimiento político para la organización a la que habíamos pertenecido, como se había contemplado en las negociaciones de paz territorial en Nariño y Putumayo, insistió Rigoberto.Finalmente, expresó su confianza en el Estado colombiano y envió un claro mensaje al Gobierno nacional para que, en esta semana que falta para el cierre de la ZUT, la Fiscalía llegue a la zona y analice caso por caso de los 62 excombatientes, de quienes dijo que ninguno ha cometido delitos de lesa humanidad.
Un juez le ordenó a Germán Gómez desalojar su bodega para entregársela a DMG. La defensa del empresario bogotano denunció irregularidades judiciales dentro del proceso por la propiedad de una bodega ubicada en Bogotá, bien que se solicitó para entregársela a la liquidación de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.De esta forma exigiendo que se le reconozcan sus derechos sobre el inmueble tras haberlo ocupado, trabajado y administrado como propio durante casi tres décadas de manera continua.El caso inició en 1997, según lo relatado por la defensa, cuando Germán Gómez ingresó a la bodega con un permiso temporal del Banco Ganadero para hacer arreglos mientras se tramitaba la compra. Ese negocio fracasó, y el 22 de septiembre de 1998 Gómez inició la intervención del título: dejó de actuar como ocupante autorizado, desconoció al banco como dueño y se declaró poseedor, arrendándole la bodega a su imprenta Diseñarte Impresores Ltda., ejercitando actos de señor y dueño de la misma.Para 2005, el banco sabía que Gómez era el poseedor y lo citó con su cédula a una conciliación en notaría. Pero al demandar en 2005 para recuperar el bien, el banco cometió un error procesal: demandó solo a la empresa inquilina (Diseñarte Impresores) y excluyó a Germán Gómez como persona natural. Ese juicio terminó en 2017 sin que Gómez hubiese actuado, o hubiese sido notificado o citado a tal proceso.El banco le vendió la bodega a Inversiones Guival, una empresa ligada a David Murcia Guzmán. Tras las intervenciones estatales por la captación ilegal de dinero, la Fiscalía le impuso medidas cautelares al bien y, en 2016, la propiedad fue traspasada formalmente a la masa de bienes de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidación Judicial.Al completar más de 24 años de posesión, Germán Gómez interpuso en 2022 una demanda de pertenencia para que se le declarara judicialmente dueño del predio. El abogado señala que la ley exige demandar a quien aparezca como propietario inscrito en la Oficina de Registro, el pleito se dirigió contra la Liquidadora de DMG. No obstante, el Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Superior de Bogotá negaron sus pretensiones, y ordenaron entregarle la bodega a la liquidación de DMG., pese a que la posesión de Germán Gómez era irrefutablemente anterior al título por el cual DMG adquirió tal dominio.Según lo que menciona la defensa de Gómez, los jueces crearon una maniobra jurídica, tomaron la sentencia de 2017, dictada en el pleito del banco contra la empresa inquilina, y aseguraron que ese fallo le "interrumpió" o "borró" toda su posesión previa. Con ese cálculo, dictaminaron que la posesión de Gómez no arrancó en 1998 sino en 2017, por lo que a 2022 solo sumaba 5 años de posesión, y no los 10 que exige la ley para quedarse con la propiedad.Por lo que denuncian, que, por una parte, la ley establece que las decisiones de un juicio entre dos partes no pueden perjudicar a un tercero que nunca fue parte, ni siquiera citado a tal proceso. Aunque jueces admitieron expresamente que Gómez jamás fue parte del proceso anterior, y por tanto, no se le podía aplicar los efectos de la Cosa Juzgada, en la práctica le desconocieron 19 años de trabajo y posesión material pública, pacífica e ininterrumpida de esa bodega.A parte, señaló que esta decisión tomada por la Corte afecta directamente una empresa industrial con maquinaria pesada que opera a diario en la bodega, lo que significaría la destrucción de una empresa familiar activa y la pérdida de los puestos de trabajo de varias familias.Ante este panorama acudieron a una acción de tutela como último recurso para frenar la orden de desalojo. Con este reclamo, la defensa pide que la justicia no le aplique un fallo viejo en el que él jamás participó, y que se respete su tiempo real en el predio desde 1998 y finalmente se le reconozca como el único y verdadero dueño de la bodega.Por todo esto, la defensa le exige a la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia una actuación de fondo que estudie efectivamente los cargos y “no los evada”, mientras que se decide de fondo la tutela.
El reporte fue realizado por pescadores artesanales de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander, Fedepesan, quienes además denunciaron una fuerte mortandad de peces registrada en el mismo complejo hídrico.Según información entregada por Yuli Velásquez, presidenta de Fedepesan, los cuatro manatíes corresponden a dos machos y dos hembras. Los cuerpos fueron encontrados en sectores asociados a infraestructura para el transporte de hidrocarburos, situación que generó preocupación entre las comunidades.La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, adelanta las necropsias para establecer científicamente las causas de la muerte. En la zona también hacen presencia funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y Ecopetrol, quienes participan en las primeras inspecciones.De manera preliminar, la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja y las comunidades han señalado una posible relación con contaminación del agua por hidrocarburos y lodos sedimentados. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada por las autoridades ambientales a partir de los análisis correspondientes.La preocupación aumenta debido a que, además de los manatíes, habitantes de la zona han reportado la muerte de peces, garzas, babillas y patos en diferentes sectores del complejo de ciénagas.El hallazgo de cuatro ejemplares en un solo día también genera preocupación por el estado de conservación del manatí antillano, una especie amenazada. De acuerdo con las autoridades locales, durante los últimos siete años se han registrado al menos 16 muertes de manatíes en el complejo de ciénagas de Barrancabermeja, especialmente en San Silvestre y El Llanito.Las autoridades ambientales deberán determinar si existe una causa común detrás de la mortandad de fauna y establecer las medidas necesarias para proteger este ecosistema estratégico del Magdalena Medio.
