En la Sentencia C-168 de 2026, se eliminó la prohibición de realizar mediciones de intención de voto antes de los tres meses previos al inicio de la inscripción de candidatos y la obligación de entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los números telefónicos de los encuestados y el código computacional que permitiera reproducir la selección de las personas participantes en muestras de hogares.
Sobre la primera restricción, el tribunal consideró que limitar la realización de encuestas durante buena parte del proceso electoral vulneraba el derecho a la información. Explicó que la norma impedía conocer las preferencias de los ciudadanos y establecía un periodo prolongado sin acceso a estas mediciones.
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La Corte también cuestionó que la prohibición comenzara lejos de las elecciones, cuando, según explicó, las restricciones a las encuestas tendrían mayor justificación cerca de la votación, para permitir que los ciudadanos reflexionen sobre su decisión sin la presión de los resultados.
En el numeral 133 de la sentencia, señaló que la norma generaba un “periodo de silencio general en la etapa preelectoral”. También advirtió que impedir estas mediciones podía favorecer la circulación de rumores y datos sin rigor estadístico. Por eso, en el numeral 136 sostuvo que los posibles efectos de las encuestas deben enfrentarse con “mayor información disponible”, calidad estadística y diversidad de fuentes.
La segunda decisión estuvo relacionada con la información personal de quienes participan en las encuestas. La ley obligaba a las firmas encuestadoras a entregar al CNE los números telefónicos contactados y un código que permitiera reproducir la selección de las personas encuestadas en los hogares.
La Corte reconoció que el organismo electoral tiene la responsabilidad de vigilar la calidad y transparencia de las encuestas. Sin embargo, concluyó que para cumplir esa función no necesitaba conocer la identidad de los participantes ni relacionar sus datos personales con sus preferencias políticas.
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En el numeral 151, advirtió que “la expectativa de anonimato de parte del encuestado desaparece”, porque el CNE podía conocer tanto la opinión expresada como la identidad de quien la entregó. Además, recordó que las preferencias políticas son datos sensibles protegidos por la Constitución.
En el numeral 156, explicó que esos datos “poco aportan a la confiabilidad de la encuesta” y que las auditorías podían realizarse con información anónima y otros documentos que las empresas ya estaban obligadas a entregar. Por esta razón, se mantienen las facultades de vigilancia del CNE, el código utilizado para procesar los datos y calcular los resultados, y las demás exigencias técnicas de la ley.
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Salvamento y aclaración de voto
El magistrado Vladimir Fernández presentó un salvamento parcial de voto frente a la decisión sobre los datos de los encuestados. Consideró que las dos exigencias debían mantenerse porque permitían comprobar que el procedimiento de selección de la muestra anunciado por las encuestadoras coincidiera con el aplicado durante el trabajo de campo.
Según él, la información anonimizada y el código de procesamiento no permitían detectar posibles duplicidades, sustituciones o irregularidades en la selección de participantes. También sostuvo que la entrega de esos datos al CNE estaba respaldada por la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales, y que el organismo debía garantizar su reserva y confidencialidad.
Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó una aclaración de voto. Aunque respaldó la decisión de declarar inconstitucionales las disposiciones demandadas, manifestó precisiones sobre los argumentos utilizados por la mayoría.
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