Los coordinadores y ponentes de la ley de rescate fiscal se reunieron con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para discutir posibles ajustes al proyecto, una iniciativa que busca equilibrar las finanzas públicas mediante medidas tributarias y recortes en el gasto del Estado.
El proyecto pretende alcanzar un recaudo cercano al 2,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). En conjunto, las medidas tributarias y los recortes presupuestales representarían un ajuste de entre $47 billones y $50 billones para 2027.
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La reunión de este martes se desarrolló en la sede del Ministerio de Hacienda y la de mañana, 18 de noviembre, será en el Capitolio. Se trata de reuniones entre las partes, pero aún no hay ponencia ni positiva ni de archivo o alternativa lista para primer debate.
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, se refirió a los cambios que se plantean en la estructura del Estado y señaló que se espera que en 60 entidades haya reducciones de planta o procesos de unificación.
"Se habla de reducir en 23 billones el gasto de funcionamiento del Estado. Esto es ambicioso”, afirmó el congresista. Eso va en la línea planteada por el uribismo, que antes que aumentar algunos impuestos se apuesta por una reducción cuantiosa del Estado.
Uno de los aspectos en los que parece haber intención de gobierno y congreso es avanzar para que el proyecto quede aprobado en las comisiones económicas conjuntas a más tardar el próximo 2 de diciembre. Y suponiendo que ocurra así, podría requerirse de sesiones extraordinarias, porque después de aprobado en comisiones se debe esperar siete días para poder anunciar el proyecto y después de anunciado se puede debatir, por lo tanto, sería la discusión final en plenarias después del 9 de diciembre. Las sesiones ordinarias terminan el 15 de diciembre.
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El ministro explicó que los ajustes a la iniciativa requieren identificar nuevas fuentes de ingresos que permitan compensar el recaudo previsto y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, si se accede a quitar algunos impuestos de los previstos en el proyecto, se necesita saber de dónde se tendrá esos recursos, porque igual se necesitan.
Respaldo del FMI
En medio de la discusión legislativa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) amplió su respaldo a la Ley de Rescate Económico propuesta por el Gobierno nacional y destacó la necesidad de alcanzar consensos con el Congreso para que el ajuste fiscal tenga “más credibilidad y sea más duradero”.
En esa línea también ha advertido sobre las consecuencias de no adoptar medidas oportunas para corregir los desequilibrios fiscales.
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“Sin un ajuste adecuado y oportuno, la confianza se deterioraría, los costos de financiamiento podrían aumentar aún más y el país podría enfrentar un ajuste desordenado a través de los mercados financieros, con graves consecuencias sociales y económicas”, señaló el FMI.
La entidad también sostuvo que la implementación de la agenda de reformas representa una oportunidad para corregir los desequilibrios existentes y establecer las condiciones para un crecimiento económico más sólido y sostenible.
Asimismo, el FMI ha considerado que el tamaño del ajuste propuesto ofrece una base para estabilizar la deuda pública. También destaca que el proyecto de Ley de Rescate contempla medidas para fomentar la inversión y el empleo, además de proteger el gasto dirigido a los sectores más vulnerables.
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Desde la oposición también se anunciaron propuestas para modificar el contenido de la iniciativa. El representante Santiago Osorio aseguró que el Pacto Histórico presentará una ponencia alternativa con cambios en los sectores y contribuyentes a los que se les exigiría un mayor aporte tributario.
Además, planteará mantener el impuesto de renta para las empresas de los sectores mineroenergético y petrolero.
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“Quienes deben poner mayores recursos son los que tienen impuesto al patrimonio por encima de 3.700 millones y no por encima de 5.000 millones como lo quiere el gobierno de Abelardo De La Espriella”, manifestó Osorio.
En medio de todo esto, mientras el Gobierno afirma que trata de afectar en menor medida a las clases populares, también necesita definir las fuentes de financiación y los recortes para evitar la quiebra del Estado; pero en contraste los ponentes tratan de no apoyar medidas impopulares, porque en el 2027 hay elecciones regionales y a los votantes no les gustan los impuestos, porque lo tanto, políticamente son esquivos a aprobar varios gravámenes.