La compañía estatal de lotería de Noruega, Norsk Tipping, se ha visto envuelta en un escándalo tras anunciar, por error, a 47.000 jugadores que habían ganado importantes sumas de dinero. El incidente, descrito como "totalmente inaceptable" por la ministra de Cultura, Lubna Jaffery, ha llevado a una investigación y a la dimisión del presidente ejecutivo de la empresa.El pasado fin de semana, tras un sorteo de Eurojackpot celebrado el viernes, Norsk Tipping publicó importes de premios incorrectos. La equivocación se produjo debido a un fallo en la conversión de divisas, específicamente un error de cálculo al pasar las cantidades de céntimos de euros a coronas noruegas. Los premios fueron multiplicados por 100 en lugar de dividirlos por 100.Uno de los afectados fue Ole Fredrik, quien, estando de vacaciones en Grecia, recibió un mensaje de Norsk Tipping informándole que había ganado 1,2 millones de coronas (119.000 dólares). "Pensé: '¡Guau! ¿Al fin me tocó a mí? ¿Será verdad?'", declaró Sveen al canal público NRK. Sin embargo, la realidad fue una gran decepción: solo había ganado 125 coronas (12 dólares).El lunes, Ole Fredrik y los otros 47.000 jugadores recibieron un mensaje de texto con una disculpa de la compañía. No obstante, la disculpa no fue bien recibida por todos. Sveen expresó su frustración diciendo: "La disculpa no es ningún consuelo. Deberían haberlo enviado justo después de cometer el error, no hoy".La Autoridad encargada de las Loterías ha anunciado una investigación para determinar si se vulneraron las leyes que regulan los juegos de azar. Como consecuencia directa del escándalo, Tonje Sagstuen, el presidente ejecutivo de Norsk Tipping, dimitió el sábado, dejando al vicepresidente, Vegar Strand, la tarea de disculparse públicamente el lunes.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) dio a conocer su reporte semestral sobre ‘Escuelas Seguras’ en Colombia correspondiente al periodo de enero a junio de 2023. Este documento arroja luz sobre la seguridad en las instituciones educativas en el país, revela un preocupante panorama de persistentes ataques que ponen en peligro la vida y la integridad de los estudiantes y el personal educativo.El reporte aclara que estos datos no representan un análisis exhaustivo de todos los ataques contra la educación en Colombia, sino que se centran en las áreas donde la organización tiene presencia. Sin embargo, los hallazgos son alarmantes.Entre enero y junio de 2023, al menos 7.485 personas fueron afectadas por eventos que pusieron en peligro su vida o integridad en establecimientos educativos o en su camino hacia las escuelas. De este total, 7.026 eran niñas, niños y adolescentes, 370 eran docentes y 87 pertenecían al personal educativo. Sorprendentemente, el 94 % de las personas afectadas eran estudiantes, lo que representa un aumento significativo en comparación con el mismo período del año anterior, cuando el 83 % de las víctimas eran estudiantes.El informe detalla que se registraron 46 eventos que afectaron la educación en 8 departamentos, lo que representa un aumento del 18 % en comparación con el primer semestre de 2022. De estos eventos, el 67 % ocurrió en el camino hacia la escuela, mientras que el 33 % tuvo lugar dentro de las instalaciones educativas.Norte de Santander sigue siendo el departamento más afectado, concentrando el 39 % del total de los eventos en el país, con un aumento del 80 % en comparación con el mismo período del año anterior. Chocó también experimentó un aumento del 60 % en el número de reportes. Sin embargo, en los departamentos de Antioquia y Arauca se registró una disminución del 60 % y 44 %, respectivamente, en comparación con el primer semestre de 2022.Los municipios más afectados fueron Convención y Hacarí en Norte de Santander, así como Alto Baudó y Sipí en Chocó, representando el 37 % de todos los incidentes registrados.El informe señala que la mayoría de los ataques contra la educación estuvieron relacionados con el uso de Minas Anti Personal (MAP) o Municiones Sin Explosionar (MSE) y enfrentamientos armados que afectaron las escuelas. De los 46 eventos reportados, 42 involucraron el uso de MAP-MSE, 17 fueron enfrentamientos armados, 12 afectaron a estudiantes, 11 implicaron el uso u ocupación militar de una o más escuelas, 3 afectaron a docentes y 3 al personal educativo.La utilización de minas anti personal o municiones sin explosionar en los caminos hacia las escuelas es especialmente preocupante, ya que se observa en el 80 % de los reportes de ataques contra la educación. Además, el 88 % de los enfrentamientos armados que afectaron a las escuelas fueron provocados por combates entre grupos armados no estatales cerca de estas instituciones.A pesar de que los ataques contra docentes y estudiantes representan una proporción menor, estas poblaciones siguen siendo amenazadas e intimidadas, y se cree que hay un subregistro de la información debido al temor de la población a los grupos armados no estatales, especialmente en áreas de difícil acceso.La ocupación de los espacios en las escuelas también es motivo de preocupación, ya que en 2023 se han visto afectados 50 establecimientos educativos por el uso militar, cuadruplicando la cifra del año anterior.En el 54 % de los eventos se suspendió temporalmente la educación, con duraciones que variaron desde una semana hasta más de un mes. Alarmantemente, solo el 33 % de los eventos reportados recibió una atención efectiva y oportuna.Del total de los eventos reportados, en el 54 % se evidenció una suspensión temporal de la educación. En el 44 % de los casos la suspensión tuvo una duración aproximada de una semana, en el 32 % de los casos de dos a tres semanas y en el 12 % de los casos la suspensión se reportó por un mes o más tiempo.Los reportes sugieren que solo el 33 % de los eventos reportados recibieron una atención efectiva y a tiempo.El 67 % de los eventos aún requieren respuestas; en su mayoría relacionadas con: auxilios emocionales, ayuda humanitaria de emergencia, educación en emergencia, kits educativos, desminado humanitario, reparaciones locativas, formación a fuerza pública, educación en riesgo de minas, formación docente sobre declaración de escuelas seguras.Además, los ataques contra la educación y la limitada presencia del Estado en áreas de difícil acceso ocasionan directa o indirectamente riesgos para las comunidades. Por ejemplo, en el Alto Baudó (Chocó), ante la ausencia de mecanismos de protección del Estado en su territorio, un profesor y líderes de la comunidad solicitaron a los actores armados no estatales que dejaran de utilizar MAP alrededor de la escuela. Hoy, esas personas temen por su vida en el territorio como consecuencia de los señalamientos que el grupo armado no estatal por la acción realizada.El Consejo Noruego para Refugiados hace un llamado para que se tomen medidas concretas, incluyendo:1. Mejorar el monitoreo y reporte de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en áreas donde faltan datos.2. Fortalecer los esfuerzos para prevenir y proteger las escuelas, especialmente en relación con el uso y ocupación militar.3. Continuar priorizando la protección de las escuelas en áreas de difícil acceso y proporcionar asistencia a las víctimas.4. Evaluar la seguridad de los establecimientos educativos antes de reabrirlos en áreas de riesgo.5. Desarrollar políticas educativas que promuevan la paz y el acceso equitativo a la educación.6. Priorizar la eliminación de peligros de artefactos explosivos en zonas educativas.7. Insistir en el respeto al Derecho Internacional Humanitario en los diálogos de paz con actores armados.8. Establecer un mecanismo conjunto de recolección de información y análisis de ataques contra la educación.9. Incrementar el apoyo financiero al sector de la educación, que actualmente representa solo el 1.7% de los fondos recibidos por actores humanitarios en Colombia.Vea también
La familia real de Noruega anunció el martes que la princesa Marta Luisa se comprometió con su novio estadounidense Durek Verrett, un chamán y gurú muy popular entre las estrellas de Hollywood.Marta Luisa, de 50 años es cuarta en la línea de sucesión a la corona, por detrás de su hermano el príncipe heredero Haakon y de sus dos hijos."Su majestad el rey y su majestad la reina le envían sus más cálidas felicitaciones y le desean lo mejor para el futuro", anunció la familia real en un comunicado.La princesa renunció hace años a la mayoría de sus títulos y de deberes oficiales para dedicarse a actividades en el mundo privado.La princesa tiene tres hijas de su primer matrimonio con el escritor noruego Ari Behn, de quien se divorció en 2016 y que se suicidó en diciembre de 2019.En 2019 Marta Luisa confirmó su relación con su actual novio, que es conocido como "Shaman Durek".La princesa es adepta a las "terapias alternativas" y es considerada como una persona excéntrica, que afirma poder comunicarse con ángeles, lo que ha intentado compartir con otros en libros y seminarios.La relación ha generado mucha atención en los medios noruegos y la princesa fue acusada de mezclar sus negocios con su estatus como miembro de la realeza al promover un ciclo de conferencias titulado "La princesa y el chamán".Escuche aquí el podcast de Cómo como:
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la retirada de las extintas Farc de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaba parte desde 1997, al asegurar que "ya no existe como organización unificada"."Tras el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, las Farc se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existen como una organización unificada que esté involucrada en terrorismo, en actividades terroristas, o tenga la capacidad o intención de hacerlo", indicó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.La decisión se produce poco después del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).El departamento de Estado aclaró, no obstante, que la decisión no elimina cargos en EE. UU. por narcotráfico y otros crímenes que existan o puedan surgir en el futuro contra exmiembros de las Farc. Blinken remarcó que con esta decisión se busca reforzar la capacidad de Washington de "apoyar mejor la implementación de los acuerdos de 2016, incluido en el trabajo con combatientes desmovilizados".Asimismo, el comunicado señaló que ha incluido en la lista de organizaciones terrorista a dos grupos asociados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al grupo Segunda Marquetalia.Y a los líderes de esos grupos: Luciano Marín Arango, Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzón, Nestor Gregorio Vera Fernández, Miguel Santanilla Botache, y Euclides España Caicedo.Las Farc fueron incluidas en esa lista estadounidense de organizaciones terroristas en 1997.Como resultado, sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos, y vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar, entre otras acciones punitivas.Escuche la noticia en Mañanas BLU:
La sentencia considera que el régimen de aislamiento al que está sometido Breivik desde hace casi cinco años viola el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y el trato inhumano o denigrante; pero no el artículo 8, que se refiere al respeto a la vida privada y la correspondencia. Para justificar la condena el fallo menciona la duración del aislamiento, la falta de base para esa medida, las limitadas posibilidades de queja y las pocas iniciativas para compensarlo. "El tribunal ha hecho hincapié en que no se ha tenido en cuenta de forma suficiente su estado de salud mental al establecer el régimen de condena", consta en la sentencia. Los rutinarios cacheos desnudo a los que fue sometido durante meses y los controles sin aviso no se justifican por motivos de seguridad, considera el tribunal, que concluye que tomando todas las restricciones de forma conjunta "deben ser consideradas como un trato denigrante en el sentido de la convención". El Estado noruego queda absuelto sin embargo del otro artículo por el que había sido denunciado por Breivik, porque cuando el estricto control de las comunicaciones está motivado por la lucha contra el terrorismo o su prevención, aquel debe tener "cierto margen discrecional", aunque ello afecte a las relaciones privadas. La condena implica que el Estado deberá sufragar las 330.937,50 coronas noruegas (35.718 euros) en concepto de costas de los representantes legales de Breivik en el proceso civil celebrado el mes pasado en la cárcel de Skien (al sur de Oslo), donde el ultra ha pasado los últimos dos años de condena. Durante el juicio la defensa de Breivik sostuvo que el régimen al que está sometido no cumplía los estándares mínimos, ni por su duración ni por la dimensión del encierro, que impide el contacto con otros reos y reduce al mínimo las visitas, que no puede elegir. La defensa apeló también a la "fragilidad mental" del ultra noruego, que a su entender se mostró "confuso" en el juicio. Breivik contaba a su favor con un informe de hace unos meses del Defensor del Pueblo noruego, que advirtió de los riesgos de que sufra daños y trato inhumano, lo que provocó que se introdujeran algunas modificaciones en el régimen de aislamiento. Los fiscales del Estado negaron en cambio que ese régimen suponga trato inhumano y justificaron el control de las comunicaciones por motivos de seguridad, además de acusar a Breivik de burlarse del tribunal por hacer un saludo nazi en la primera vista. Las declaraciones de psiquiatras y otro personal médico que testificaron en el proceso reforzaron la tesis de la Fiscalía, que calificó a Breivik de ser un narcisista alterado ideológicamente". Breivik fue condenado a 21 años prorrogables de forma indefinida por hacer estallar en el complejo gubernamental de Oslo el 22 de julio de 2011 una bomba, que mató a ocho personas. Justo después se trasladó en coche a la isla de Utøya, al oeste de la capital, donde perpetró una matanza en el campamento de las Juventudes Laboristas, donde murieron otras 69 personas.
El programa del sábado, 5 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, un recorrido por el 9/11 Memorial Museum, y contó con las siguientes secciones:En Reconstruyendo País, se presentaron dos emprendimientos afectados por el terremoto: D'ABEJAZ, una empresa familiar de Pereira dedicada a productos derivados de la colmena y educación ambiental, y el negocio de salsas artesanales de Adriana Muñoz, en Cali, quien busca volver a empezar tras perder su vivienda.En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre la importancia de que los padres mantengan la autoridad frente a sus hijos, a partir del caso de un niño que se negó a ponerse el cinturón de seguridad en un avión y provocó la cancelación del vuelo.En el Tema Central, Marieth Lozano, subdirectora del Campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, explicó cómo identificar una posible adicción al celular y a las redes sociales.En Les Tengo una Historia, se recordó el día en que The New Yorker rechazó publicar el cuento El Rastro de tu Sangre en la Nieve, de Gabriel García Márquez, apenas un año antes de que recibiera el Nobel de Literatura.Escuche el programa completo aquí:
El ahorro voluntario de agua aumentó en Medellín durante el tercer día de la campaña para reducir el consumo ante las condiciones del fenómeno de El Niño. Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín advirtió que los resultados todavía están por debajo de las metas necesarias para disminuir el riesgo de un posible racionamiento.En el sistema abastecido por el embalse Piedras Blancas, que atiende las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín, se ahorraron 27 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 92 litros. Esto significa que se alcanzó cerca del 29 % de la meta establecida por EPM, es decir que todavía falta un 71 % del ahorro requerido.En La Fe, que suministra agua a las zonas centro y sur de Medellín y a los municipios de Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado, el ahorro fue de 15 litros diarios por vivienda o local, frente a una meta de 70 litros. En este sistema se cumplió aproximadamente el 21 % de la meta y falta cerca del 79 %.Por su parte, en el sistema abastecido por el embalse Riogrande, que atiende las zonas occidental y noroccidental de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota, se ahorraron 6 litros diarios por vivienda o local, frente a los 70 litros requeridos. Allí apenas se alcanzó el 9 % de la meta, lo que quiere decir que todavía falta el 91 % del ahorro esperado.Aunque el comportamiento representa una mejora frente a los días anteriores, EPM insiste en que todavía falta aumentar significativamente el ahorro. La empresa hizo un llamado especial a la comunidad para mantener y reforzar estas medidas durante este fin de semana, cuando tradicionalmente se registra un mayor consumo de agua.La recomendación es reducir el tiempo de las duchas, cerrar las llaves mientras no se estén utilizando, reutilizar el agua cuando sea posible y evitar el lavado de vehículos con manguera.
Un operativo de la Policía Nacional en el barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, dejó al descubierto una preocupante situación en la cual 47 menores de edad, entre los 9 y 17 años, fueron encontrados presuntamente consumiendo bebidas embriagantes al interior de un establecimiento que funcionaba bajo la fachada de sindicato.La intervención fue realizada por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en el marco de las acciones de prevención y control para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. Según las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo tras un seguimiento a convocatorias difundidas a través de redes sociales, lo que permitió ubicar el establecimiento.Al ingresar al lugar, los uniformados evidenciaron que los menores estaban consumiendo licor, entre ellos cerveza, aguardiente, ron y whisky. Además, uno de los adolescentes fue hallado en aparente alto estado de embriaguez, lo que encendió las alertas sobre las condiciones en las que se encontraban.Incautan armasDurante el operativo también fueron incautadas sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y productos derivados del tabaco, lo que agrava aún más la situación detectada en este sitio.De acuerdo con las labores de verificación, las autoridades establecieron que los administradores del establecimiento habrían cambiado en repetidas ocasiones la razón social con el objetivo de evadir los controles. Asimismo, se confirmó que el lugar es reincidente en comportamientos contrarios a la convivencia, ya que registra cuatro cierres previos en aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.El operativo se desarrolló de manera articulada con la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió la atención de los menores para el restablecimiento de sus derechos.Como resultado, al establecimiento se le impuso una medida correctiva de suspensión temporal de la actividad por un término de diez días.
Seis ciudadanos extranjeros fueron expulsados de Santander luego de ser ubicados durante operativos de control migratorio realizados en Bucaramanga y San Gil. Migración Colombia aseguró que los extranjeros registraban reiteradas actuaciones contrarias a la convivencia y, en algunos casos, incumplían medidas administrativas previamente impuestas.Los procedimientos hacen parte de los controles que adelantan las autoridades para verificar la situación de ciudadanos extranjeros en el departamento y establecer si cumplen con las normas migratorias y de convivencia.En el centro de Bucaramanga, los funcionarios identificaron a tres ciudadanos extranjeros que aparecían registrados por comportamientos contrarios a la convivencia y que, además, tenían medidas de expulsión vigentes.Luego de verificar la información y la situación migratoria de cada uno, Migración Colombia hizo efectiva su salida del territorio nacional.Entre los comportamientos que aparecen en los registros están alterar la tranquilidad y la convivencia, consumir o portar determinadas sustancias en lugares donde está prohibido, generar ruidos que afectan a otras personas y adoptar conductas que pueden poner en riesgo la seguridad de terceros.Estas actuaciones están contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016.La misma situación se presentó en San Gil, donde durante operativos de inspección, control y vigilancia fueron identificados otros tres ciudadanos extranjeros.Según Migración Colombia, estas personas también tenían registros relacionados con afectaciones reiteradas a la convivencia y el incumplimiento de medidas administrativas, por lo que se aplicaron las medidas migratorias correspondientes.De esta manera, en los procedimientos realizados en ambos municipios fueron seis los extranjeros que terminaron expulsados del país.El director general de Migración Colombia, CR (r) José Luis Castañeda Tiria, aseguró que la entidad mantiene la identificación y verificación de ciudadanos extranjeros que registren delitos, antecedentes o actuaciones que afecten la seguridad y la convivencia.“Desde Migración Colombia hacemos primero el trabajo de identificación y verificación de aquellos ciudadanos extranjeros que registran delitos, antecedentes o actuaciones que afectan la seguridad y la convivencia”, señaló el funcionario.Castañeda Tiria explicó que, cuando las condiciones lo permiten y de acuerdo con las competencias de la entidad, se aplican las medidas migratorias correspondientes para que estas personas salgan del territorio nacional.Los operativos continuarán en Santander, en coordinación con la Policía y las autoridades territoriales, como parte de las acciones de control migratorio y seguridad que se adelantan en el departamento.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.Dentro del trámite, el juez ordenó como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de niños o adolescentes que puedan resultar afectados en su vida o integridad física. La medida estará vigente mientras el juzgado toma una decisión de fondo sobre la tutela.El despacho explicó que tomó esta decisión de manera preventiva porque considera que el riesgo de que un menor reclutado por un grupo armado pueda morir o resultar herido durante una operación militar no puede descartarse. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un niño sería un daño irreversible, que no podría repararse con una decisión judicial posterior.El juzgado también tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad que han muerto durante operaciones militares. En el auto cita información de Medicina Legal según la cual, entre diferentes operaciones realizadas desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos de menores de edad y, tras los análisis forenses, se determinó que 15 de los cuerpos correspondían a niños o adolescentes.Sin embargo, el despacho hizo varias precisiones. La decisión no significa que todos los bombardeos estén suspendidos, ni que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal. La suspensión está limitada a las circunstancias concretas señaladas en la orden y fue considerada por el juez como una medida excepcional, temporal y preventiva.El juzgado también señaló que en esta etapa no está afirmando que las autoridades hayan vulnerado los derechos de los menores ni está estableciendo su responsabilidad. Lo que reconoce es que existen elementos objetivos que hacen posible el riesgo denunciado y que, por tratarse de derechos fundamentales de niños y adolescentes, es necesario adoptar una protección mientras se estudia el caso.Los vinculados a la tutela tendrán 48 horas para responderComo parte de la tutela, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen cuáles son las medidas y protocolos que tienen implementados o que deben reforzar, para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares.También deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con posibles menores reclutados o utilizados por grupos armados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué medidas aplican para garantizar una protección especial a los niños y adolescentes.Las demás entidades vinculadas al proceso también tendrán un plazo máximo de 48 horas para responder los hechos planteados en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias.La tutela continuará su trámite con la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare.También fueron invitados organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, además de facultades de Derecho de varias universidades, para que puedan aportar sus opiniones sobre el problema jurídico.El juez deberá analizar toda esta información antes de emitir una decisión definitiva sobre la tutela. Por ahora, la orden de suspender determinados bombardeos es una medida provisional destinada a prevenir posibles afectaciones a menores mientras se estudia de fondo el caso.
