La Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) advirtió que los conjuntos residenciales en Colombia enfrentarán, entre otros cambios, ajustes en sus cuotas de administración a partir de 2026, como consecuencia directa del incremento del salario mínimo y de los costos asociados a la operación de la propiedad horizontal.Así lo señaló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, quien explicó que, contrario a la creencia general, las cuotas de administración no se ajustan únicamente con base en la inflación. “A partir del 1 de enero muchos incrementos se hacen sobre el salario mínimo, en especial todo lo que tiene que ver con vigilancia y aseo en las copropiedades”, afirmó.¿Cuánto sube la cuota de administración?Ramírez aseguró que, bajo ese escenario, resulta “muy difícil” que las administraciones incrementen las cuotas solo con el IPC. Según dijo, hacerlo podría ser “irresponsable”, teniendo en cuenta la estructura de costos que tienen los conjuntos residenciales. “El gasto en vigilancia de una administración es superior al 60 % del total”, explicó el dirigente gremial, al detallar que el porcentaje restante corresponde a rubros como aseo, mantenimiento, piscineros e impuestos.En ese contexto, el presidente de Fedelonjas fue enfático en que las copropiedades no pueden operar con déficit. “Una copropiedad tampoco puede ser deficitaria”, señaló, al advertir que los incrementos en las cuotas de administración probablemente estarán por encima del IPC, dado el peso que tienen los servicios intensivos en mano de obra dentro del presupuesto.Consecuencias de que suba la cuota de administración y el salario mínimoConsultado sobre las posibles consecuencias de estos aumentos, Ramírez indicó que uno de los escenarios que se empieza a contemplar es la reducción de personal o la automatización de servicios, especialmente en vigilancia. No obstante, aclaró que cualquier decisión debe ser aprobada por la asamblea de copropietarios. “Si al correr los presupuestos con estos nuevos incrementos la asamblea no los aprueba, muy seguramente el rubro de vigilancia va a tener que ajustarse”, explicó.Como ejemplo, mencionó que conjuntos con varios vigilantes en distintos turnos podrían verse obligados a reducirlos, eliminar vigilancia con caninos o disminuir el número de guardas armados. “Ahí el juego va a ser bien importante y muy seguramente va a haber opciones de sistematización, lo cual no necesariamente es malo, pero van a tener que empezar a jugar con esos presupuestos”, afirmó.¿Podrían perderse empleos?Sobre el impacto laboral, Ramírez señaló que Fedelonjas no tiene aún un estimativo de cuántos empleos podrían perderse. Sin embargo, advirtió que el efecto puede ser considerable, teniendo en cuenta que en Colombia existen cerca de 14 millones de unidades de vivienda urbana bajo el régimen de propiedad horizontal. “El impacto puede llegar a ser muy alto en cualquier sentido”, sostuvo.El dirigente gremial también advirtió que los efectos no serán iguales para todos los sectores. Según dijo, los mayores impactos se sentirán en los estratos dos y tres. “Eso es lo que más preocupa y donde uno entra a pensar que puede ser un poco contradictorio lo que se pretende para esta población”, señaló.Frente a los mensajes del Gobierno, Ramírez recordó que cada copropiedad es autónoma para definir el incremento de su cuota de administración, de acuerdo con su reglamento interno. “No existe un tope legal automático. Todo va ligado a los gastos y costos que tiene la administración para operar”, explicó, precisando que la ley sí fija límites en otros casos, como los arriendos, pero no en las cuotas de administración.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
El aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo y significativo en el mercado inmobiliario colombiano, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Así lo advirtió Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.De acuerdo con Ramírez, el encarecimiento de los costos laborales y de construcción llevaría a que una vivienda de interés prioritario registre incrementos cercanos a los 30 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social podría aumentar alrededor de 50 millones de pesos frente a los valores actuales. Esto, señaló, dificultará aún más el acceso a vivienda para los hogares que planean adquirir casa propia en 2026.El dirigente gremial explicó que, aunque el Gobierno ha insistido en que los topes de precio establecidos para VIS y VIP no obligan a los constructores a vender al máximo permitido, en la práctica los mayores costos asociados al salario mínimo, la inflación y una eventual subida de tasas de interés presionan al alza los precios finales. En ese contexto, Fedelonjas considera complejo que las empresas asuman esos incrementos sin afectar su rentabilidad o reducir la oferta de vivienda social.Ramírez también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. Según indicó, las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían incrementarse de manera importante, debido a que rubros como vigilancia y aseo, que representan entre el 60 % y el 70 % de los presupuestos de las copropiedades, están directamente ligados al salario mínimo. Esto obligaría a las administraciones a subir cuotas o, en algunos casos, a reducir servicios.En cuanto a los trámites inmobiliarios, el presidente de Fedelonjas señaló que escrituras y otros costos asociados también podrían aumentar a partir de enero de 2026, dependiendo de las condiciones pactadas en cada contrato. Mientras los acuerdos a precio fijo se respetarían, aquellos indexados al salario mínimo sí reflejarían los nuevos incrementos.Finalmente, Ramírez afirmó que el mayor impacto se sentirá en los nuevos proyectos y lanzamientos a partir de este año, y cuestionó la falta de concertación técnica en un aumento del salario mínimo que, a su juicio, genera incertidumbre y presiones adicionales sobre sectores como el inmobiliario y las pequeñas y medianas empresas.
La reciente cifra del 5.2 % en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha generado una preocupación palpable entre los arrendatarios en Colombia, donde aproximadamente el 40.3 % de los hogares vive en arriendo. El presidente de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez, en diálogo en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, aclaró que esta cifra es el incremento máximo permitido por ley para los canones de arriendos en vivienda urbana. Esto es lo máximo que le pueden subir a los arriendos en 2025En este contexto, los inquilinos enfrentan una realidad donde los precios de los arriendos han aumentado considerablemente, impulsados por factores como el clima, la actividad del mercado y limitaciones de construcción."El IPC sirve como una medida principal de referencia para los arrendatarios, y aunque existe un límite, las negociaciones entre propietarios e inquilinos pueden dar lugar a incrementos acordados que superen la cifra oficial", afirmó Ramírez.La brecha entre propietarios e inquilinos se reduceCon el paso de los años, la brecha entre los hogares propietarios y los arrendatarios ha comenzado a disminuir. Desde 2018, la cantidad de hogares en arrendamiento ha superado a los propietarios, creando una dinámica nueva en el mercado inmobiliario."El 40 % de la población en Colombia vive en arriendo. Esto resalta la importancia del IPC y su innegable relevancia en las decisiones económicas de un gran número de colombianos", explica Ramírez.Y agregó, "El canon de arrendamiento no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble y sobre ese valor comercial se pueden hacer los incrementos año a año, dependiendo de acuerdo a lo que dice la Ley 8-20, que es muy importante tenerlo como referencia"Mercado en crisis: menos construcción, más desafíosOtro factor influyente en el mercado de arriendos es el frenazo en las construcciones noveles, exacerbado por la reducción de subsidios públicos como el programa “Mi Casa Ya”. Este recorte hace que la oferta de vivienda nueva disminuya, lo que asegura que los precios de los arriendos se mantendrán altos."La inactivación de subsidios impactará el mercado inmobiliario. La caída en la construcción significa que habrá menos disponibilidad de vivienda usada a futuro y eso agravará la situación para los inquilinos", añadió Ramírez.La claridad y comprensión del IPC son esenciales para navegar el actual paisaje de arrendamientos en Colombia. Mientras que los inquilinos deben estar preparados para negociar y adaptarse a las condiciones del mercado, los propietarios de inmuebles también tendrán que considerar las regulaciones y el contexto económico que afecta el valor de sus propiedades.El futuro del alquiler en Colombia dependerá de estas dinámicas interactivas en un contexto en constante cambio, donde la legislación, la economía y el comportamiento del consumidor jugarán un papel crucial.Finalmente, el IPC se presenta como un indicador que, aunque limitativo, también invita a la reflexión y a la adaptación en el sector inmobiliario colombiano. Los desafíos son muchos, pero con la cooperación y la discusión, se pueden encontrar soluciones proactivas que beneficien tanto a inquilinos como a propietarios."En este mercado, la comunicación y la negociación son clave entre las partes. Las decisiones que tomemos hoy pueden marcar la diferencia en el futuro del alquiler en Colombia" concluyó Ramírez.Escuche la entrevista completa acá:
En respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de intervenir en el mercado de arriendos para frenar la inflación, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, afirmó que “el mercado se autorregula”. Esta declaración se produce en medio de un debate creciente sobre los elevados costos de los arriendos en Colombia, un tema que ha captado la atención tanto de los ciudadanos como del Gobierno Nacional.El presidente Gustavo Petro, durante un discurso en la Plaza de Bolívar, subrayó que los altos costos de los arriendos están contribuyendo significativamente a la inflación en el país. Según Petro, “los arriendos representan hoy hasta el 25% del gasto de los hogares en Colombia”, según datos del DANE. Además, sugirió que, si esta tendencia continúa, no descarta la posibilidad de que el gobierno intervenga en el mercado inmobiliario para regular los precios.Petro argumenta que la especulación en el sector inmobiliario y las tarifas eléctricas son factores que están impulsando la inflación, más que las tasas de interés. “Ahí están las razones de la inflación, no en la tasa de interés, y por eso el gobierno... tiene que cambiar el mercado inmobiliario si sigue en el camino de la especulación”, afirmó.Respuesta de FedelonjasEn una entrevista con Mañanas Blu, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, destacó que el mercado de arriendos en Colombia está regulado por la Ley 820 de 2003, la cual establece que los incrementos en los arriendos deben estar indexados a la inflación del año anterior. Para el año en curso, el incremento permitido es del 9,28%, aunque Ramírez aseguró que “el arriendo efectivo está en 8,07%”.Ramírez defendió que el mercado de arriendos tiene mecanismos de autorregulación y que, en épocas de crisis como la pandemia, se han logrado acuerdos entre arrendadores y arrendatarios para ajustar los pagos. Un punto crucial en la discusión es el impacto de los arriendos en los hogares colombianos. Datos del DANE indican que el 40% de los hogares en Colombia viven en arriendo, y un aumento desmesurado en los costos podría tener efectos adversos en la economía familiar. Ramírez mencionó que intervenir directamente en los precios de los arriendos podría perjudicar a los estratos más vulnerables que dependen de estos ingresos.“Llegar a tener una intervención en esa medida creo que no sería lo más pertinente. Podría estar en riesgo precisamente los ingresos que reciben estos hogares”, subrayó Ramírez, destacando que la mayoría de los hogares que dependen de los ingresos por arriendos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3.Ramírez sugirió que, en lugar de intervenir directamente en los precios de los arriendos, el Gobierno debería enfocarse en incentivar la construcción de vivienda nueva. “En la medida que haya más vivienda, va a apalancar todo el tema de arriendo”, afirmó. Según él, es necesario promover el desarrollo del sector inmobiliario a través de la agilización de trámites y la creación de incentivos para la inversión.Además, Ramírez indicó que la plataforma Airbnb, que facilita el alquiler de corto plazo, no debería ser considerada en el mismo mercado que los arriendos tradicionales, ya que se dirige a un público diferente y opera bajo una lógica más cercana a la hotelería.
La Lotería del Quindío presentó formalmente ante la Asamblea Departamental la estrategia integral orientada a superar la suspensión de sus sorteos habituales y asegurar su sostenibilidad operacional en el mediano y largo plazo. Durante una jornada de control político, la dirección de la entidad expuso los avances en materia administrativa, comercial y financiera necesarios para reanudar sus juegos de azar en la región.El plan de acción prioriza la normalización institucional con el objetivo de recuperar una de las fuentes de ingresos más relevantes para el financiamiento de la salud pública en el departamento. La reanudación de los sorteos permitirá restablecer las transferencias de capital al sistema asistencial territorial.Acciones de la gerencia para la reactivación institucionalEl balance operativo presentado por el gerente de la Lotería del Quindío, Ricardo Emilio Muñoz Arbeláez, detalló las gestiones adelantadas por el equipo directivo desde que se detuvieron las actividades de comercialización. La administración ha focalizado sus labores en atender los requerimientos técnicos y legales indispensables para normalizar la operación regular."La administración ha concentrado sus esfuerzos en atender los requerimientos necesarios para normalizar el funcionamiento de la Lotería y recuperar la estabilidad institucional", dijo.La estrategia institucional se ejecuta de forma articulada con el Gobierno del Quindío. Esta alianza busca generar condiciones económicas favorables que respalden el retorno sostenido de los billetes de lotería al mercado departamental y nacional.Respaldo patrimonial aprobado por la Asamblea DepartamentalComo elemento central para la viabilidad del proyecto de reorganización, la Asamblea del Quindío aprobó una ordenanza orientada al fortalecimiento patrimonial de la entidad pública. La medida funciona como un mecanismo de liquidez y respaldo patrimonial para sanear el balance de la empresa.Alcance de la ordenanza departamentalSaneamiento contable: Otorga herramientas patrimoniales para responder por las obligaciones operativas.Garantía de sostenibilidad: Establece un marco de estabilidad financiera para el retorno seguro de la actividad comercial.Cumplimiento regulatorio: Facilita el cumplimiento de los estándares exigidos por las autoridades de control para reiniciar los sorteos.La aprobación del proyecto presupuestal por parte de los diputados se suma a los avances del proceso de reorganización interna que busca restablecer la confianza institucional.Impacto económico en la red de salud públicaLa reactivación de los juegos de suerte y azar en la jurisdicción no solo representa la recuperación de la empresa departamental, sino el restablecimiento de transferencias destinadas al sector salud. La normativa colombiana contempla que un porcentaje significativo de las ventas de lotería se transfiera a la red hospitalaria estatal.La administración de la Lotería del Quindío ratificó que mantendrá las acciones operativas, comerciales y financieras hasta concretar la reapertura formal de los sorteos bajo estrictas garantías de viabilidad.Antecedentes: Suspensión temporal en abril de 2026La suspensión de la Lotería del Quindío se formalizó el 30 de abril de 2026 mediante un comunicado oficial emitido desde Armenia. En esa fecha, la empresa pública anunció la interrupción del cronograma de sorteos programados bajo el argumento de garantizar la transparencia, la sostenibilidad financiera y la administración de los recursos públicos.En la comunicación oficial dirigida a la opinión pública, distribuidores, concesionarios, loteros y clientes, la Lotería del Quindío E.I.C.E. recordó sus 59 años de trayectoria en el sector de los juegos de suerte y azar. Asimismo, la entidad precisó que en los dos años previos a la suspensión transfirió más de $30.000 millones de pesos al sistema de salud y entregó un monto superior a los $23.000 millones de pesos en premios a sus apostadores.El comunicado del 30 de abril estableció además el procedimiento para los compradores que adquirieron el billete correspondiente al sorteo No. 3012, indicando que debían dirigirse con los distribuidores autorizados para tramitar la devolución del dinero. La entidad ratificó que la pausa operativa se adoptó con carácter transitorio para retornar al mercado con todas las garantías para loteros, distribuidores y apostadores.
Los organismos de socorro entregaron el balance de los tres incendios registrados este miércoles en Cali. El primero ocurrió en el barrio El Porvenir, en la comuna 8, al interior de una empresa dedicada a la fabricación de empaques y desechables, con más de 46 años de funcionamiento en la ciudad.Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos, cuyas labores evitaron que las llamas se propagaran hacia las viviendas vecinas y una bodega donde se almacenaba alcohol, lo que representaba un alto riesgo para la comunidad."Cerca de las 3:20 de la tarde recibimos el llamado por un incendio en una bodega. Al llegar al sitio encontramos que el fuego ya se estaba propagando hacia otras bodegas. La emergencia fue atendida con seis máquinas extintoras, dos máquinas de altura, tres carrotanques, dos ambulancias y un vehículo de logística, para un total de 46 unidades en el lugar. En este momento el incendio está confinado; ya evitamos la propagación hacia las residencias, que era lo más importante por la protección de la vida, y también hacia una bodega de alcohol", informó el capitán Francisco Javier Díaz González, comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.Entre tanto, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, manifestó que los organismos de socorro también atienden un incendio forestal en el corregimiento de Montebello. Según explicó, la emergencia se originó como un incendio estructural en una institución educativa y posteriormente se extendió hacia la cobertura vegetal, convirtiéndose en un incendio forestal de grandes proporciones."Tenemos en Montebello un incendio estructural que posteriormente se convirtió en un incendio de cobertura vegetal. En la zona trabajan unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Guardia Forestal para controlar la emergencia. Fueron desplegadas dos máquinas extintoras con ocho unidades, un carrotanque con dos bomberos y una ambulancia con dos paramédicos", expresó Peñuela.El funcionario agregó que un tercer incendio forestal es atendido por los organismos de socorro en la comuna 1, sobre la vía al mar. En ese sector continúan las labores para contener el avance de las llamas, proteger la cobertura vegetal y evitar que el fuego se propague hacia otros puntos o represente un riesgo para las comunidades cercanas.
El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ha concretado una negociación para la exportación hacia Colombia de 30.000 toneladas métricas de arroz, que ingresarán al país vecino a partir del próximo sábado, después de que el paso terrestre estuvo cerrado desde finales de febrero por la guerra comercial entre ambos países.El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones señaló en un comunicado que ese sábado está previsto que se habiliten las operaciones de importación a través del puente de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre ambos países."Esta operación constituye una señal positiva para la recuperación de las exportaciones ecuatorianas de arroz hacia el mercado colombiano y refleja el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el sector exportador y los actores comerciales de ambos países", señaló la cartera de Estado.Además, aseguró que, por medio de sus áreas técnicas y la oficina comercial de Pro Ecuador en Colombia, seguirán "desarrollando gestiones con las autoridades, gremios e importadores colombianos para facilitar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer la presencia del arroz ecuatoriano y avanzar progresivamente hacia la recuperación de los niveles de exportación alcanzados en años anteriores".Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.La guerra comercial inició con aranceles del 30 % por parte de Ecuador y escaló hasta el 100 %; mientras que Colombia sumó a los gravámenes el cierre de su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano.Los aranceles fueron eliminados a inicios de junio, después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con el entonces candidato ultraderechista colombiano a la Presidencia Abelardo De la Espriella, quien posteriormente ganó comicios.Sin embargo, el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), Juan Pablo Zuñiga, dijo a EFE que Colombia mantuvo por 45 días más la restricción del paso de arroz por vía terrestre, un plazo que, según sus cálculos, venció el pasado lunes.El líder gremial aseguró que entre el 90 % y el 95 % del arroz que se exporta a Colombia es por vía terrestre, por lo que entre finales de febrero y junio las exportaciones de ese producto "fueron prácticamente nulas".
Bienvenidos a Blu 4.0 este lunes festivo 20 de julio de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.Alejandro Castañeda Molina, jefe del Centro de Internet Seguro - Viguías de Red PaPaz, explica cómo herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, están cambiando la educación, cuáles son sus riesgos y qué recomendaciones existen para promover un uso responsable. Además, habla sobre el desarrollo del pensamiento crítico, el papel de las familias y por qué los dispositivos electrónicos no deben reemplazar el acompañamiento de los adultos.Edwin Otavo, gerente de reclutamiento y selección de Experis Colombia, explica cómo la Inteligencia Artificial y los sistemas ATS han transformado la búsqueda de empleo en el país, convirtiéndose en el primer filtro donde el 77% de las empresas descartan automáticamente currículums por errores de formato (como columnas, tablas o gráficos) o por la falta de palabras clave clave.Tata Solarte destaca su visita a Ringana, una firma austriaca de cosmética vegana y sostenible que combina rigor científico, cuidado artesanal e ingredientes naturales con tecnología de punta.Alejandro Sánchez, CEO y fundador de Funnelchat, abordó durante las Hotmart Fire Sessions en Medellín cómo WhatsApp se ha consolidado como una herramienta fundamental para potenciar los emprendimientos, destacando que su impacto y resultados se pueden multiplicar al complementarlo e integrarlo de manera estratégica con otras plataformas digitales.Vea y escuche el podcast completo aquí:
La falta de alumbrado público en algunos sectores de Bogotá es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Cuando una luminaria deja de funcionar, además de dificultar la movilidad durante la noche, también aumenta la sensación de inseguridad y puede favorecer hechos como robos o actos de vandalismo.En muchos casos, las fallas tardan varios días en ser atendidas, ya que dependen de reportes ciudadanos o de recorridos de inspección.Con el objetivo de reducir estos tiempos de respuesta y mejorar la seguridad en el espacio público, el Distrito anunció la implementación de un sistema de alumbrado inteligente.Bogotá tendrá alumbrado público inteligenteEl Distrito informó que Bogotá avanza hacia un modelo de alumbrado público inteligente que permitirá detectar fallas en tiempo real, reportar automáticamente daños o intentos de vandalismo y monitorear de forma remota cada punto de iluminación.Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la decisión se debe al alto número de afectaciones registradas en la infraestructura de alumbrado. “Solo entre 2025 y lo corrido de 2026 se han gestionado más de 24.000 requerimientos relacionados con daños y hurto de luminarias y otros elementos del sistema”.De acuerdo con el Distrito, cada luminaria vandalizada o robada representa un costo promedio superior a $1,3 millones de pesos entre su reposición y recuperación, recursos que podrían destinarse a ampliar la cobertura o modernizar la red de iluminación.Actualmente, detectar una luminaria apagada suele depender de que un ciudadano reporte la falla o de que una cuadrilla la encuentre durante sus recorridos. Esto puede hacer que algunos sectores permanezcan varios días sin iluminación mientras se programa y ejecuta la reparación.Esta situación ha sido recurrente en lugares donde el hurto de cableado y equipos es frecuente. Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentran el Canal Arzobispo, los deprimidos de la ciclorruta de la calle 26, el parque Calvo Sur, el Camino de Arrayanes y el proyecto Provenza, en Lagos de Córdoba, donde se han presentado daños que han dejado tramos completos sin servicio.Como parte de la estrategia, el Distrito puso en marcha un piloto de alumbrado inteligente en la calle 85 con carrera 15. Esta tecnología permitirá detectar fallas en tiempo real, generar alertas automáticas por daños o posibles actos de vandalismo, supervisar el funcionamiento de cada luminaria de manera remota e incluso ajustar la intensidad de la luz según el flujo de peatones y vehículos.Con esta iniciativa, la administración Distrital espera reducir los tiempos de atención, optimizar los costos de operación, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la seguridad en el espacio público.Aunque el sistema actual aún depende en gran parte de reportes ciudadanos y verificaciones en terreno, el Distrito aseguró que durante 2026 se gestionaron cerca de 93.000 órdenes de servicio, de las cuales el 86,93 % fueron atendidas en menos de 120 horas.Además, frente a casi 10.000 emergencias relacionadas con robo y vandalismo de infraestructura, más del 81 % fueron solucionadas gracias al trabajo de 29 cuadrillas técnicas, que inspeccionan mensualmente la totalidad del sistema de alumbrado público de Bogotá.
