El pasado fin de semana, 20 y 21 de mayo, se disputó la primera válida del GP Colombia. Los mejores motociclistas del país, tanto novatos como profesionales, se encontraron en el autódromo de Tocancipá, al norte de Bogotá, para llevar a fondo sus máquinas.Honda, con el equipo HRC (Honda Racing), fue una de las grandes marcas que participó en esta competencia, con pilotos como Mauricio Romero, Fabio Urrego, Valentina Martínez y Ángelo Bonilla, quien pasó de correr en las calles a la pista.Este equipo, además, contó con el apoyo del Banco de Bogotá, que por primera vez les apostó a los deportes a motor, pero no como un colaborador más, sino también buscando que haya más inclusión y participación de las mujeres en este deporte que día a día lleva más personas a las tribunas.“Me he sentido muy bien. Desde muy pequeña me ha tocado solo correr contra hombres y ha sido muy chévere”, destacó la motociclista del equipo HRC Valentina Martínez.Esta destacada alianza entre Honda y el Banco de Bogotá también tiene como objetivo promover la responsabilidad de los pilotos. Asimismo, busca disuadir a aquellos motociclistas con espíritu competitivo de asumir riesgos en las calles, incentivándolos a llevar su pasión por las motos a lugares seguros, como el autódromo de Tocancipá, donde cuentan con profesionales e instructores que velan por su seguridad.“Aplaudimos el hecho de que el Banco de Bogotá se uniera al propósito principal de toda ensambladora de motos: que la gente utilice las motocicletas de formas seguras”, señaló Santiago Ávalo, gerente de Fanalca.En ese sentido, Carlos Andrés Ramírez, presidente de Fedemoto (Federación Colombiana de Motociclismo), agregó: “Esa unión de la empresa privada con estas entidades del sistema nacional del deporte, como Honda, como el Banco de Bogotá, hace que les saquemos a las calles la gente que se está matando y encuentren en estos espacios la forma segura, responsable y de divertirse realmente con la moto”.La importancia de esta colaboración cobra aún más relevancia si se toma en cuenta las alarmantes estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tan solo en enero de este año, se registró la triste cifra de 371 motociclistas fallecidos en las vías. Esto significa que seis de cada diez muertes causadas por accidentes viales corresponden a motociclistas.“Todos los días se nos está muriendo un amigo, un familiar, un primo, un hermano, en las calles corriendo; se corre en los autódromos, en los escenarios aprobados”, insistió Ángelo Bonilla, piloto del HRC.
A las 11:30 de la noche de este sábado se realizó el traslado del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, desde un centro asistencial de la ciudad de Cali, hasta la cárcel de Villahermosa.Abadía fue llevado a una clínica después de haber sufrido una descompensación en la Escuela de Carabineros de la Policía de Cali en la que se encontraba recluido, tras ser notificado de este traslado.A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la llegada de Abadia a la cárcel de Villahermosa, asegurando que su percance habría sido simulado para evitar el procedimiento.“Juan Carlos Abadía se creía intocable, desde el pabellón especial de la escuela de carabineros en Cali hacía y deshacía. Participando en política, ponía y quitaba funcionarios, y definía contratos”, señaló el presidente De La Espriella.El mandatario aseguró que él personalmente dio la orden para que el exgobernador del Valle del Cauca saliera de la clínica hacia una cárcel de verdad, donde deberá seguir cumpliendo con su condena de 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.
Durante su reflexión dominical, el pastor César Castellanos habló sobre el significado del “nuevo nacimiento” y la importancia de la salvación desde la fe cristiana. A partir de un pasaje del Evangelio de Juan, explicó que Jesús habló con Nicodemo sobre la necesidad de “nacer de nuevo” para entrar al reino de Dios. “Solo hay un nacimiento físico y solo puede haber un nacimiento en el espíritu. Tú no puedes nacer dos veces en el espíritu, solo hay un nuevo nacimiento”, afirmó Castellanos.El pastor sostuvo que esta experiencia implica una transformación interior y no solamente la repetición de actos religiosos. “Cuando alguien nace, adquiere la naturaleza. El que nació de Jesús tiene la naturaleza de Jesús”, señaló. Como parte de su reflexión, compartió además su propio testimonio de conversión y relató que, después de meses leyendo la Biblia, tuvo una experiencia espiritual que, según contó, transformó su vida. “Solo le pedí una cosa: no que me ayudara, no que supliera mis necesidades, solo que me cambiara”, recordó sobre la oración que hizo aquella noche.Castellanos también destacó que, desde su perspectiva, el gozo que proviene de la fe puede mantenerse incluso en medio de dificultades personales. “Cuando uno acepta a Jesús, las presiones económicas no le roban a uno el gozo. Las presiones familiares no le roban a uno el gozo. Las presiones de salud no le roban a uno el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza”, expresó.Escuche la reflexión completa aquí:
Un operativo conjunto de las autoridades de Bogotá contra los piques ilegales terminó con 196 órdenes de comparendo y 31 vehículos inmovilizados. Los controles se realizaron en diferentes corredores viales de la capital, donde fueron verificados conductores y motociclistas para prevenir prácticas que representan riesgos para la seguridad vial y afectan la convivencia.La jornada fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Estación de Policía Santa Fe y la Seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía Local de Santa Fe.Los uniformados y agentes de tránsito realizaron labores de prevención, vigilancia y control en puntos identificados como corredores donde se presentan este tipo de comportamientos. Entre los sectores intervenidos estuvieron la avenida Circunvalar, el Mirador de las Mozas, el Bulevar del Museo Nacional y la calle 9 con carrera 3.Durante los procedimientos fueron revisados vehículos y motocicletas que transitaban por estas zonas. Como resultado, las autoridades impusieron 196 comparendos y llevaron a cabo la inmovilización de 31 automotores.Según la Policía, entre las principales infracciones encontradas estuvieron el incumplimiento de la obligación de portar el chaleco reflectivo en los horarios establecidos, el estacionamiento en lugares prohibidos, las deficiencias o modificaciones en los sistemas de luces y el uso de elementos que impiden la correcta lectura e identificación de las placas.Las autoridades explicaron que estos controles no están dirigidos únicamente a sancionar a quienes incumplen las normas, sino también a prevenir los factores de riesgo relacionados con los piques ilegales y otras conductas que pueden poner en peligro a conductores, motociclistas y demás actores viales.La Policía Nacional anunció que continuará realizando estos operativos de manera conjunta con las entidades distritales, especialmente en los sectores y horarios donde se registre una mayor afectación. El objetivo es prevenir accidentes, proteger la vida de quienes utilizan las vías y contribuir a la seguridad y convivencia en la ciudad.Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para cumplir las normas de tránsito y conducir de manera responsable.
La construcción del C5i de Medellín ya toma una dimensión estratégica con la confirmación de que este complejo será el centro de operaciones del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo y las redes de crimen organizado transnacional.En la capital antioqueña el proyecto ya avanza con un 36% de ejecución e involucrando una inversión superior a 205.000 millones. Tendrá más de 18.000 metros cuadrados distribuidos en nueve niveles, con capacidad para concentrar en un mismo espacio la coordinación de las principales instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la atención de emergencias.Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el complejo integrará al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano, el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana y las salas destinadas al análisis de situaciones críticas. A esto se sumarán enlaces permanentes de la Policía y el Ejército, lo que permitirá centralizar información y facilitar respuestas coordinadas frente a hechos que comprometan la seguridad."Desde aquí va a haber coordinación y cooperación en materia judicial entre Estados Unidos y Colombia, y impuntualmente. Va a haber coordinación y cooperación en materia de inteligencia, en materia de investigación y en materia de operatividad. Desde aquí se van a analizar, se van a planear y se van a dirigir operaciones articuladas y coordinadas", explicó.El funcionario también indicó que el denominado ‘Pentágono de la seguridad’ contará con analítica avanzada de video para identificar personas y placas, herramientas de inteligencia artificial, un centro de datos, sistemas de ciberseguridad y una plataforma unificada para administrar y supervisar las operaciones.También, tendrá un espacio destinado al uso de drones de vigilancia mediante un vertipuerto, una infraestructura clave para la incorporación de la tecnología a la seguridad de la ciudad.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad política “no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios”. El pronunciamiento se dio luego de que el Gobierno nacional anunciara la creación de un protocolo para regular la actuación de las autoridades en las universidades.Según la entidad, ese protocolo debe garantizar al mismo tiempo la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y la protección de los derechos de todas las personas. Frente a la intención del Gobierno de diferenciar las manifestaciones legítimas de situaciones como violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, la Defensoría señaló que esa distinción es fundamental y debe orientar cualquier intervención.El organismo recordó que la autonomía universitaria, establecida en el artículo 69 de la Constitución, “no significa extraterritorialidad”. Es decir, las universidades no están por fuera de la Constitución o la ley ni de las actuaciones legítimas de las autoridades. Sin embargo, esta autonomía protege la capacidad de las instituciones para autorregularse, garantizar la libertad académica y evitar interferencias indebidas, por lo que cualquier intervención estatal debe estar debidamente justificada.La Defensoría explicó que existen circunstancias excepcionales en las que la Fuerza Pública puede ingresar a una universidad, como los casos de flagrancia, en los que, como regla general, no se requiere autorización previa de las autoridades universitarias. Aun así, aclaró que ninguna de estas situaciones permite actuaciones ilimitadas, pues toda intervención debe tener un fundamento jurídico y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.La entidad también pidió evitar que la protesta o la inconformidad sean equiparadas con hechos violentos o delictivos. Si algunas personas incurren en conductas de este tipo, la respuesta de las autoridades debe dirigirse específicamente a quienes las cometen y no convertirse en una intervención indiscriminada contra estudiantes, docentes, trabajadores u otros integrantes de la comunidad universitaria. En estos escenarios, la Defensoría considera que el diálogo, la mediación y la persuasión deben tener un papel central, mientras que el uso de la fuerza debe ser excepcional y diferenciado según el riesgo.Finalmente, la Defensoría pidió que el protocolo sea construido mediante un proceso participativo, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641 de 2020. El documento, según la entidad, debe definir con claridad cuándo pueden intervenir las autoridades, cuáles son sus responsabilidades, cómo deben coordinarse con las universidades y qué garantías existen para prevenir abusos. La entidad reiteró que proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos, pero garantizar el orden público tampoco puede implicar restricciones indebidas a la protesta pacífica.
