El Departamento Administrativo de la Función Pública se desmarcó de la polémica por los altos salarios del Fondo Milagro, la entidad creada para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Su director, Leonardo Huerta, aclaró en Mañanas Blu que esa cartera no participó en la fijación de la escala salarial del fondo y que sus trabajadores no tienen la calidad de servidores públicos.Un patrimonio autónomo bajo régimen privadoSegún la aclaración, el Fondo Milagro funciona como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado por una fiduciaria. Por esa razón, sus empleados se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y no por las normas de la función pública.Esto significa que la fijación de los salarios no requería autorización ni concepto favorable del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) ni de Función Pública. La única instancia que debía aprobarlos es el consejo directivo del fondo. Es el único órgano por encima del gerente, quien autoriza un presupuesto de nómina de más de 8.000 millones de pesos anuales.Ese consejo directivo está integrado por delegados de Hacienda y Planeación, otro funcionario del Gobierno y cinco delegados del presidente. Entre sus miembros figura Carlos Ríos, director del DAPRE y secretario general de la Presidencia. También hacen parte empresarios como Mario Hernández y Liliana Restrepo.Aunque los recursos se manejan a través de una fiducia, en los micrófonos de Blu Radio se confirmó que a los empleados del fondo se les paga con dinero público.Las miradas, sobre HaciendaEn la mesa de análisis se planteó que, al no pasar por Función Pública ni por la oficina jurídica de la Presidencia, la decisión sobre los salarios pudo no llegar al jefe de Estado. Sin embargo, la fiduciaria recibe instrucciones del dueño del patrimonio, que en este caso sería el Ministerio de Hacienda. Por eso los cuestionamientos se dirigen a esa cartera y al consejo directivo.Salarios por encima de ministros y gobernadoresEl sueldo del gerente del Fondo Milagro es de 39.445.000 pesos mensuales, superior al de un ministro. Según se señaló en el debate, equivale casi al doble de lo que ganan los gobernadores y alcaldes de los departamentos afectados, cuyos salarios rondan entre 22 y 23 millones de pesos. Los gerentes regionales, por su parte, iban a devengar 33 millones de pesos. El gasto mensual en nómina llega a unos 760 millones de pesos.Como punto de comparación, se recordó que Everardo Murillo, director del Forec tras el terremoto del Eje Cafetero, ganaba 5 millones de pesos mensuales. Esa cifra equivaldría hoy a cerca de 19 millones.La escala salarial se conoció luego de que los directivos del fondo no acudieran a debates de control en el Congreso. Ante esa ausencia, los congresistas presentaron derechos de petición, y fue el mismo fondo el que terminó revelando los salarios.Cuestionamientos por opacidadAdemás de los sueldos, en el debate se advirtió que el manual operativo del fondo y otras disposiciones internas no son públicos. También se señaló que los contratos aparecen en el Secop hasta 20 días después de perfeccionados. Se cuestionó, además, que hasta ahora las únicas obras entregadas han sido demoliciones, mientras las víctimas en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda siguen esperando la reconstrucción. Tras conocerse la polémica, el presidente anunció que corregirá la tabla salarial del Fondo Milagro.“Menos burocracia, menos nómina y más resultados”La senadora Norma Hurtado, coordinadora de la comisión bicameral creada en el Congreso para hacerle seguimiento al Fondo Milagro, aseguró en Mañanas Blu que esa instancia no conocía los salarios. Se enteró por las respuestas a las preguntas de algunos congresistas, que se divulgaron en los medios. “Esa información no había sido allegada al Congreso de la República y no había sido allegada a la comisión bicameral”, afirmó.Sobre los sueldos, Hurtado reiteró lo que había escrito en su cuenta de X: “Eso amerita una revisión. Yo creo que menos burocracia, menos nómina y más resultados”. Consultada por su propio salario, la senadora dijo que los congresistas ganan alrededor de 51 millones de pesos mensuales, incluida la prima por vivir en otra región.La congresista también cuestionó la falta de comunicación con el fondo. Según explicó, la comisión no ha podido obtener información clara ni la planimetría de lo que se está ejecutando. Añadió que el gerente, Jaime Andrés Uribe, solo ha asistido a una sesión, en la que hizo una presentación y pidió aplazar las audiencias en los territorios. El miércoles pasado se excusó de nuevo, porque había sido convocado de manera extraordinaria a Roldanillo, Valle del Cauca.“Esta comisión está representada por 52 congresistas, representantes y senadores de los territorios afectados”, recordó Hurtado. Insistió en que se necesitan respuestas claras para las regiones.Frente a si el fondo ha cumplido, la senadora consideró que es apresurado evaluarlo porque fue creado recientemente. Sin embargo, reconoció que los habitantes de las zonas afectadas aún no ven resultados. “No se ha cumplido con las expectativas que tienen las comunidades”, dijo. Señaló que la mayor dificultad es el presupuesto: el fondo cuenta con 624.000 millones de pesos. Según el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, la reconstrucción podría costar alrededor de 54 billones.Hurtado anunció que el próximo miércoles la comisión hará seguimiento a Fasecolda y a la respuesta que las aseguradoras están dando a las personas afectadas por el terremoto.Además de los sueldos, en el debate se advirtió que el manual operativo del fondo y otras disposiciones internas no son públicos. También se señaló que los contratos aparecen en el Secop hasta 20 días después de perfeccionados. Se cuestionó, además, que hasta ahora las únicas obras entregadas han sido demoliciones, mientras las víctimas en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda siguen esperando la reconstrucción.
La subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el ELN en el municipio de Saravena, Arauca, apareció en un video de más de dos minutos en el que hizo un llamado al Gobierno nacional para que se priorice una salida humanitaria que permita su liberación. }En la grabación, la oficial también envió un mensaje a sus familiares y manifestó su preocupación por la posibilidad de que se adelante una operación militar para rescatarla.Pantoja fue secuestrada cuando se movilizaba por el casco urbano de Saravena y fue interceptada por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. La uniformada hace parte del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 y, de acuerdo con la información preliminar, su secuestro habría sido perpetrado por integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN).En el video, que fue difundido por el grupo armado como prueba de supervivencia, la subteniente se dirige al Gobierno nacional y solicita que su situación sea atendida mediante una intervención humanitaria. En particular, hace un llamado al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Defensa, Jorge Mora, para que tengan en cuenta su petición en caso de que las autoridades contemplen una operación para conseguir su liberación.“Sé que es difícil, pero tienes que cuidarlas a todas. Y aparte de eso, tienes que ayudar que todo sea por ayuda humanitaria, si no, no los vuelvo a volver a ver. Es por el bien de todos, por favor”, expresó la oficial en uno de los apartes de la grabación.
La terrible historia del envenenamiento de cuatro adolescentes con frambuesas achocolatadas impregnadas con talio, presuntamente ejecutado por Zulma Guzmán, tiene una nueva arista, luego de la petición a la Fiscalía por parte de la familia de Alicia Graham, mamá de una de las niñas envenenadas, fallecida en 2021, para que investigue si ella también fue víctima de la misma modalidad de envenenamiento.La solicitud revelada por María Elvira Arango, directora de Los Infomantes, fue hecha por los hermanos de Alicia Graham por medio de su abogado David Espinoza, y consiste específicamente en pedirle a la justicia que determine si detrás de su presunto envenenamiento pudo estar su esposo Juan De Bedout, quien según se ha conocido, sostuvo una relación extramatrimonial con Guzmán, hoy detenida en una cárcel de Londres.La petición formal tiene como sustento una serie de audios de Alicia Graham que ella les envió a dos allegados el 29 de julio de 2021, un mes antes de su fallecimiento, en los que asegura que “otra vez la estaban envenenando”.Juan De Bedout, a través de su abogado Fabio Humar, afirmó que su cliente está atento a los llamados de la justicia y le ofreció a la Fiscalía toda la información que se requiera.La familia de Alicia Graham también pidió la reasignación del caso, lo cual ahora tendrá que definir la Fiscalía, sobre si unifica la investigación contra Juan De Bedout con la que se adelanta contra Zulma Guzmán, quien no se presentó a las diligencias de imputación de cargos que estaba programada para esta semana y que quedó aplazada para marzo del año entrante.Guzmán permanece detenida desde hace 11 meses en Inglaterra, tras haberse lanzado al río Támesis, intentado evadir la justicia, que la buscaba por homicidio de dos adolescentes y las graves lesiones sufridas por otros dos.
Rodrigo Antonio López Estrada, agente del CTI liberado por el ELN tras cerca de 18 meses de secuestro en Arauca, habló con Mañanas Blu, con Néstor Morales, desde la Clínica Santa Fe, en Bogotá, donde permanece bajo valoración médica. Pese a la incertidumbre y la presión psicológica que vivió en cautiverio, el funcionario de la Fiscalía afirmó que no guarda resentimiento contra sus captores: “Salgo sin rencores, salgo con un corazón limpio, una mente libre de rencores”.López y su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, fueron liberados el jueves 12 de noviembre después de cerca de 18 meses en poder del Frente de Guerra Oriental del ELN. En la entrega participó una comisión humanitaria integrada por la Iglesia católica de Arauca, la Defensoría del Pueblo y la ONU, como lo informó Blu Radio en la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía. Rodrigo López: “Éramos objetivo militar” por ser funcionarios públicosLos dos servidores fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en Fortul, Arauca. Según López, desde el inicio los guerrilleros les explicaron que su condición de servidores del Estado fue el motivo del secuestro: “Nos decían que el problema no era con nosotros (...) el hecho de ser funcionarios públicos para nosotros de la Fiscalía General de la Nación éramos objetivo militar. Entonces por eso fue la retención, por ser funcionarios públicos, (...) haciendo un trabajo propio de mi función en el municipio de Fortul”.Sobre el trato que recibieron durante el cautiverio, el agente del CTI sostuvo que no hubo agresiones físicas y que las condiciones de alimentación y descanso dependían de la situación de seguridad en cada momento. “El trato del ELN hacia nosotros fue un trato digno (...). Tengo que decir la verdad, así ha sido el trato”, afirmó.López también aseguró que no puede precisar si en algún momento estuvieron en territorio venezolano: “Nos trasladaban con los ojos tapados, algunas ocasiones pues con los oídos también tapados (...). Es muy difícil saber en qué sitio estoy”.El “juicio revolucionario” del ELN y sus secuelas psicológicasUno de los episodios más difíciles del secuestro fue el llamado “juicio revolucionario” al que el ELN sometió a los funcionarios. En su momento, ONU Derechos Humanos urgió al grupo armado a respetar la vida y los derechos fundamentales de Rodrigo López, Jesús Pacheco, Frankie Hoyos y Yordin Pérez, integrantes del CTI de la Fiscalía y de la Policía, como se registró en la reacción de la ONU frente al juicio del ELN.“Creo que somos los primeros funcionarios públicos en Colombia que fuimos enjuiciados por el ELN. Pues para mí fue algo extraño, sí, fue algo muy difícil (...). Nos intimaban muchas cosas que en su momento yo no era capaz de asimilar, (...) de la parte de presión, de la parte psicológica que se estaba manejando allí”, relató.El funcionario reconoció que, aunque no sufrió golpes, el proceso afectó su salud mental. “Ahí se golpea psicológicamente, y yo creo que esas son secuelas más difíciles que las físicas”, dijo.Por qué el ELN liberó a los agentes antes de cumplir la “condena”Según López, la “condena” impuesta por el grupo armado en su caso superaba los cuatro años. Sin embargo, la guerrilla les comunicó que había hecho una promesa a sus familias de entregarlos, sin fijar fecha. A ese compromiso se sumó el estado de salud de su compañero de cautiverio.“Yo lo tomo también como un acto humanitario hacia nosotros, porque en ese momento (...) mi compañero Pacheco tuvo una dificultad médica que tocó que lo vieran personas especialistas en la salud, porque la vida de él estaba en riesgo”, explicó. Y agregó: “Eso también ayudó a que la liberación se diera más pronto”.El agente destacó el papel de organizaciones como la ONU y la Defensoría del Pueblo, entre otras, que permitieron que las familias tuvieran contacto con el ELN. Además, fue enfático en que no hubo pago de rescate: “No hubo ningún interés monetario para el rescate de nosotros. Solamente fue neto humanitario (...), por voluntad de ellos”.López también señaló que las operaciones militares nunca estuvieron cerca de lograr su rescate y que, por el contrario, endurecían las condiciones del cautiverio: “Eso hace que (...) el esquema de seguridad sea más rígido, sea más fuerte. Entonces nos afecta a nosotros”.Los agentes de la Dijín, liberados primeroDurante parte del secuestro, López compartió cautiverio con dos uniformados de la Dijín, que fueron sometidos al mismo juicio. Ellos fueron los primeros en recuperar la libertad, como se informó en la liberación de los dos agentes de la Dijín secuestrados por el ELN. Sobre las razones por las que no fueron liberados al mismo tiempo, el funcionario dijo: “Eso yo muchas veces hice las preguntas y jamás tuve respuesta sobre eso”.Su futuro en la FiscalíaEl agente del CTI tiene previsto reunirse con la fiscal general y otros funcionarios de la entidad para definir su situación laboral. “Se van a tocar esos temas para ver qué va a pasar a futuro”, indicó, aunque precisó que la fecha se fijará una vez reciba el alta médica.López agradeció a su esposa, Yariel, a su hijo y a sus familias por el trabajo que hicieron para lograr su libertad. Sobre el estado de salud de Jesús Antonio Pacheco, aseguró que “está bien estable”. Las imágenes del reencuentro pueden verse en así fue la llegada de los agentes del CTI liberados a la Fiscalía en Arauca.Al cerrar su relato, el funcionario insistió en su mensaje de reconciliación: “No tengo ningún reclamo (...) porque no podemos seguir recargando odio a nuestro territorio colombiano, que es tan hermoso. Y salgo con mucho perdón”.Durante el secuestro, el ELN difundió una prueba de supervivencia de los dos agentes del CTI, y la Comisión Judicial pidió su liberación con apoyo de organismos nacionales e internacionales.
Frente a la discusión pública sobre la gestión de la entidad encargada de la reconstrucción en Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, respaldó el trabajo realizado hasta el momento en el departamento. “Yo debo decirle que tengo una comunicación permanente con el gerente del Fondo Milagro. Yo debo decirle que tengo una comunicación permanente con el equipo de trabajo... Yo ya he presentado formalmente los proyectos”, afirmó la gobernadora. Córdoba explicó que la magnitud de los daños exige una intervención sin precedentes. Según las evaluaciones técnicas, en el departamento se requiere la demolición de aproximadamente 4.000 edificaciones y viviendas, la reparación de unas 30.000 viviendas con afectaciones parciales y la reconstrucción total de cerca de 8.000 inmuebles. Sobre la escala de la tarea, la gobernadora enfatizó: “Debemos reparar 30,000 viviendas y debemos reconstruir casi 8,000 y eso es un reto muy grande que obviamente no logramos solos”. Apuesta por la infraestructura vial y alianzas público-privadasUno de los anuncios centrales de la jornada fue la formalización de una donación por parte de la familia Sarmiento (Grupo Aval) destinada específicamente al Plan Vial del Chocó. Estos recursos privados se integrarán a las inversiones públicas para consolidar la tercera vía nacional del departamento, la cual conecta el río Atrato desde el municipio de Ríosucio con el departamento de Antioquia hacia los puertos de Turbo y Pisisí. A esta iniciativa se suman otras alianzas con el sector privado y organizaciones de cooperación: "Fundación Pies Descalzos (Shakira): Avanza en la ejecución de siete instituciones educativas en municipios como Unión Panamericana, Quibdó, Baudó, Medio Baudó y Bahía Solano". Grupo Argos: Dio inicio a la construcción de las primeras 500 viviendas de reconstrucción total en el corregimiento El Dos, en Unión Panamericana. Grupo Nutresa: Se adelantan gestiones para la instalación de una planta procesadora de chips de plátano en el Darién (Belén de Bajirá), con miras a potenciar la vocación agroindustrial de la región. Emergencia habitacional, subsidios y cuellos de botella en la reconstrucciónEn materia de atención inmediata a los damnificados, la gobernadora confirmó que la primera fase de ayuda humanitaria de emergencia logró cubrir el 100% del territorio gracias a la solidaridad nacional. . Asimismo, se han girado recursos por el orden de 12.000 millones de pesos en subsidios de arrendamiento para beneficiar a cerca de 9.000 familias inscritas en el Registro Único de Damnificados. No obstante, la mandataria expuso la complejidad estructural que retrasa la entrega de soluciones definitivas, citando la falta de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) actualizados, la inexistencia de redes de acueducto y alcantarillado en zonas rurales de expansión y los trámites de titulación predialA pesar de que existen familias alojadas en albergues temporales, la gobernadora resaltó la red de apoyo comunitario de los chocoanos: “En el Chocó somos una comunidad y el sentimiento de comunidad no permite que así seamos 20 en la casa, no durmamos en la casa entre todos”. Transformación de la narrativa y desarrollo económicoPara Nubia Carolina Córdoba, la recuperación del Chocó no se limita a superar la coyuntura del sismo, sino que requiere una transformación profunda en cómo el país concibe al departamento. “Aunque no parezca, lo primero que debe cambiar es la narrativa. Si seguimos insistiendo como país en que el Chocó no es más nada que un lugar de pobreza, abandono, de olvido... ¿quién va a invertir allí?”, aseveró. Entre los logros de reactivación, la gobernadora resaltó el retorno al 100% de las actividades escolares. “Nosotros logramos una presencialidad plena, afortunadamente vamos a terminar, además, gracias a Dios, este periodo escolar con presencialidad plena”, señaló. Escuche aquí la entrevista:
Las autoridades avanzaron en la identificación y judicialización del hombre señalado de agredir a un agente de movilidad en el sector de El Hueco, en el centro de Medellín, un episodio que generó rechazo por la violencia ejercida contra el funcionario mientras cumplía sus labores de control en vía pública.El alcalde Federico Gutiérrez informó que el presunto responsable fue identificado como Damián Barrientos y que, después de las diligencias adelantadas por la fuerza pública para ubicarlo y requerirlo, terminó presentándose voluntariamente en un CAI del centro de la ciudad.De acuerdo con el mandatario, al señalado se le impuso un comparendo por lo ocurrido. Sin embargo, el caso también tuvo consecuencias en el ámbito penal, luego de que el guarda de tránsito presentara la respectiva denuncia.Barrientos quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los presuntos delitos de violencia contra servidor público e intento de homicidio, debido a que, según la información entregada por la Alcaldía, habría intentado atacar al funcionario con un arma blanca."Allá se le puso no sólo el comparendo, sino que además fue conducido de manera inmediata por la policía y por la SIJÍN y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de que responda por estos delitos, que haya justicia. Y lo dejo muy claro, no aceptamos ni las amenazas, ni aceptamos en ningún momento la agresión a nuestros integrantes como servidores públicos", expresó el mandatario.En lo corrido de 2026 se han reportado más de 20 agresiones contra agentes de movilidad en la capital antioqueña, una situación que mantiene las alertas sobre los riesgos que enfrentan estos servidores en el desempeño de sus labores.Frente a este panorama, la Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar con tolerancia y respetar la labor de los agentes, incluso cuando existan desacuerdos frente a los procedimientos.
