En medio del juicio contra el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade, por su presunta participación en la adjudicación irregular de la Ruta del Sol II, Gabriel Ignacio García Morales, exviceministro de Transporte y exdirector del INCO, declaró como testigo de la Fiscalía.Dentro de su extensa intervención dijo que no le constaba que Andrade tuviera que ver con la red de corrupción y que le inquieta que los que la originaron no hayan sido imputados por la Fiscalía."¿Le consta a usted algún despliegue del doctor Andrade en esa red de corrupción en la que usted admitió haber participado?" "No, ni me consta ni he recibido información al respecto nunca", respondió Andrade.Añadió que le inquieta que muchos de los que originaron el entramado de corrupción en Colombia no les hayan formulado cargos por los hechos.“Usted está en prisión domiciliaria?Sí señor"¿Le parece que hay equilibrio en el manejo del entramado de corrupción de Odebrecht que personas como usted estén en domiciliaria y otros en prisión y que, en cambio, los que han sido la fuente, origen y matriz de toda esta corrupción no tengan cargos por parte de la Fiscalía?""Sí, sí me inquieta”, dijo García Morales.El exviceministro fue condenado a 5 años de prisión por haber recibido un soborno de 6,5 millones de dólares por la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol.Según la Fiscalía, esa adición al contrato de la Ruta del Sol, para incluir el trayecto Ocaña-Agua Clara-Gamarra-Puerto Acapulco, que fue otorgada de forma directa a Odebrecht, se consiguió a través de sobornos por más de 11 millones de dólares a congresistas, funcionarios y particulares. Contrato que fue adicionado por la ANI cuando Andrade era el presidente a través de los otrosíes 3 y 6.
Esta semana, en algunos medios de comunicación se publicó una declaración de Gabriel Ignacio García Morales, ex viceministro de transporte, condenado por los sobornos de Odebrecht en Colombia, ante la superintendencia de Industria y Comercio.Lea también: Por falso testimonio denuncian al ex viceministro Gabriel García MoralesSegún esas publicaciones, García había cambiado de versión y negaba ante la Superintendencia de Industria y Comercio que empleados de Corficolombiana estuvieran relacionados con el pago de sobornos.Sin embargo, a través de un comunicado, el ex viceministro García morales aseguró que esas publicaciones son falsas porque siempre ha dado la misma versión.“Me permito afirmar categóricamente que desde el primer día que declaré respecto de este tema en particular y de todo lo que me consta sobre el caso denominado Odebrecht, hasta hoy y ante todas y cada una de las autoridades que lo he hecho, incluida la Superintendencia de Industria y Comercio, no he declarado nada distinto, siempre he sido consistente y nunca me he separado de la verdad con la que me comprometí. Si algunos prefieren decir, como estrategia de defensa o con cualquier otro fin, que he reversado mis dichos o que los he variado, he de manifestar que tal afirmación no es veraz y no se ajusta a la realidad”, dice el comunicado.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Justamente la primera versión pública que rindió García Morales fue en el juicio del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, condenado por los sobornos. Ahí ya había dicho que no se había reunido con Melo Acosta, que nunca habló con él sobre el tema del soborno y que no le constaba que él estuviera enterado del tema. Incluso, el único testigo contra Melo que no fue de oídas fue Luiz Bueno Junior, exdirectivo de la multinacional.Finalmente, en el comunicado, García morales dice que en todas las instancias pueden corroborar sus afirmaciones.“Lo anterior ha sido corroborado por todos los funcionarios judiciales y administrativos que han conocido mis declaraciones, resaltando la coherencia y consistencia de mis afirmaciones”, concluyó.
El abogado Jaime Lombana, que representa los intereses de Corficolombiana, denunció por el delito de falso testimonio al ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Según Lombana, el exfuncionario mintió cuando, en el juicio contra José Elías Melo, dijo que esa entidad sabía de los sobornos por un concepto jurídico del abogado Hugo Palacios, que le entregó en sus manos Pedro Valencia, asesor de la compañía y que según García Morales, fue una especie de garantía o salvedad para recibir la coima de 6,5 millones de dólares para la adjudicación de la Ruta del Sol II. “La denuncia es por falso testimonio. establece que García Morales confeso corrupto, inventa que un concepto jurídico del doctor Hugo Palacios es la prueba del conocimiento por parte de Corficolombiana. Ese es un argumento absurdo mentiroso y que sólo prueba que García sigue en contubernio con su corruptor brasilero (Luiz Bueno Junior)”, dijo Lombana a Blu Radio.Sobre el tema la Fiscalía informó a través de su cuenta de Twitter que ese concepto jurídico hace parte de las pruebas sobre “la trama de corrupción”. Además, que tanto el autor del documento (Hugo Palacios) como quien lo entregó a García Morales (Pedro Valencia), declararon el 14 de marzo del 2017 en el ente acusador.Aún no se conoce qué explicaron sobre el tema las dos personas pues solo ellos podrías confirmar que lo entregaron por solicitud de Melo o si por el contrario, la orden se las dio otro miembro de Corficolombiana.
El ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales fue el cuarto testigo en declarar contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, en medio del caso de los sobornos de Odebrecht en Colombia. En medio de las gestiones que hacía Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht para Colombia, para que les adjudicaron la Ruta del Sol II, pidió una reunión informal a García Morales para hablar del proyecto. Dice el ex viceministro -entre lágrimas- que en el momento en que aceptó esas reuniones informales cruzó la línea para su “degeneramiento moral”. “Ahí crucé la línea y comenzó mi degeneramiento moral”, fueron las palabras de García Morales. Reunión sobre sobornos Dijo, además, que se reunió en no más de tres oportunidades con Bueno Junior para hablar de temas ilegales. Le habló de que Odebrecht contaba con una oficina de emprendimientos de estructuraciones que podían financiar un emprendimiento o un crédito no reembolsable. “Específicamente, era un soborno”, dijo. Según él, Bueno Junior le dijo que era “un mecanismo perfecto porque Corficolombiana no podía hacer ese tipo de giros, entonces que ellos iban a asumir ese pago por la oficina de estructurados”, lo cual era casi imperceptible. García Morales asegura que, según Bueno Junior, Corficolombiana asumió el porcentaje que le correspondía del soborno, que era el relativo al 30 % porque era el que tenía en la sociedad. Sin embargo, dijo que nunca tuvo contacto directo con Melo. “El señor Luiz Bueno me hablaba del soborno, siempre mencionaba a Marcelo Odebrecht y mencionaba a Melo. Decía que ellos habían aprobado el monto y que la persona que comunicaba eso era Melo”, relató.García Morales aseguró que Bueno Junior, incluso, lo amenazó con denunciarlo si Odebrecht no ganaba la licitación.“Que su jefe y su socio me mandaban a decir que ellos tenían tanta seguridad de que eran los ganadores que si no se adjudicaba a ellos pues iban a demandar. Y no solo a demandar sino a denunciarme penalmente por celebración indebida de contratos”, señaló el ex viceministro. Concepto jurídico “pago por Corficolombiana” Gabriel García aseguró en el juicio que, como garantía de que Corficolombiana sabía de los sobornos, le pidió a Bueno Junior un concepto jurídico de esa empresa en específico y así se lo hizo llegar. “El 15 de diciembre Pedro Valencia, asesor de Corficolombiana, me entregó un concepto elaborado por el abogado Hugo Palacios”, leyó en medio de la diligencia. Dijo el exviceministro de Transporte que el concepto lo pagó Corficolombiana, según se lo contó Bueno Junior. “No me dijo una persona en específico”, relató. García Morales aseguró también que ese concepto jurídico se lo “pidieron a José Elías Melo y Melo posteriormente a Palacios” y que le dio tranquilidad porque iba en la misma vía del comité evaluador del Inco, que iba encaminado a que se rechazara la oferta de una empresa española que competía con Odebrecht para ganar la Ruta del Sol II. Destino del soborno de los 6,5 millones Sobre el destino de los 6,5 millones de dólares que le entregaron a García Morales a través de la empresa Lurion Trading de Enrique Ghisays, el ex viceministro explicó a dónde fueron a parar. Según él, solo fue una parte para Ghisays y lo demás para él. “750.000 dólares fueron para Ghisays y el resto para mí. El destino final de lo mío fue para unas acciones en el proyecto Puerto Bahía y unas inversiones en bolsa que perdí. Ya devolví 2 millones 600.000 dólares a la Fiscalía de un lote y una empresa”, puntualizó.
Duras críticas lanzó el fiscal Néstor Humberto Martínez a la decisión de la justicia de condenar a 5 años de prisión y el pago de 65 millones de pesos al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien recibió más de 6 millones de dólares para favorecer a Odebrecht. Martínez dijo ese tipo de rebaja de penas y beneficios constituyen un “remedo de justicia” que no van a doblegar la corrupción que tiene hoy el país. “Yo comparto el descontento de la opinión pública, este sistema de penas y de beneficios son un remedo de justicia y no vamos a poder acabar la corrupción con las penas actuales. Luego no podemos sorprendernos, esas son las leyes vigentes”, dijo el fiscal. Aunque hace dos semanas Néstor Humberto Martínez dijo no estar de acuerdo con subir las penas en Colombia, ahora contempla cambiar de opción, solo para casos de corrupción.
La juez 31 de conocimiento de Bogotá condenó al exviceministro Gabriel García Morales a 5 años y dos meses de prisión y a una multa de 178 salarios mínimos mensuales vigentes por su responsabilidad en los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Hay que resaltar que se rebajó la condena al 50 % porque aceptó cargos. Además, la condena se da teniendo en cuenta que García Morales firmó un principio de oportunidad, lo que implica que cesa la investigación penal en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a cambio de entregar información privilegiada sobre los sobornos de Odebrecht en el país. Le podría interesar: Justicia avala preacuerdo entre Fiscalía y García Morales por caso Odebrecht La Fiscalía logró demostrar que el entonces exdirector del INCO benefició al consorcio conformado por Odebrecht y el grupo Solarte para la adjudicación de Ruta del Sol II. Por sus gestiones para adjudicar ese proyecto recibió cerca de 6,5 millones de dólares a través de la empresa panameña Lurion Trading de los hermanos Enrique y Eduardo Ghisays, ya condenados.
Un juez avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, investigado por el escándalo de corrupción del caso Odebrecht. Cabe recordar que García Morales fue el primer capturado por este caso de investigación y se le han imputado cargos como enriquecimiento ilícito, cohecho y celebración de contrato sin requisitos legales. El exfuncionario habría recibido sobornos a cambio de beneficiar a la multinacional brasileña Odebrecht con contratos en el país. Para el 12 de diciembre quedó programada la audiencia de lectura de fallo condenatorio contra ex viceministro de transporte.
El reciente terremoto en Venezuela ha generado una profunda preocupación en el sector de las confecciones de Santander, un gremio que ve con incertidumbre el impacto que esta emergencia pueda tener en el intercambio comercial bilateral. Franklin Guevara, director del gremio textil en el departamento, manifestó la solidaridad de los empresarios locales con el pueblo venezolano, al tiempo que advirtió sobre las repercusiones económicas inmediatas y a mediano plazo para la industria santandereana.La principal preocupación radica en la proximidad de la Exposición Internacional de Moda Infantil (EIMI Colombia), considerado el evento más importante de su tipo en Latinoamérica. Para esta edición, que se celebrará del 13 al 15 de julio en Bucaramanga, ya se tenía confirmada la asistencia de ocho grandes compradores provenientes de Caracas. Sin embargo, el cierre temporal de aeropuertos y la crisis humanitaria en el vecino país ponen en duda su participación, lo que afectaría directamente los negocios proyectados para la producción del segundo semestre del año.Históricamente, Venezuela ha sido el socio comercial más importante para los confeccionistas de Santander. Aunque el comercio sufrió una fuerte contracción a partir de 2006, en los últimos meses se venía registrando una notable recuperación en las ventas. Santander lidera la producción de ropa para recién nacidos en Colombia, un producto altamente apetecido en el mercado venezolano y en Centroamérica.Guevara señaló que, por respeto a la situación, aún no se han establecido contactos directos con los empresarios afectados, pero están muy atentos a la situación del país vecino. El flujo constante de mercancías en la frontera se encuentra bajo una enorme incertidumbre debido a los problemas logísticos derivados del sismo. Los textileros santandereanos esperan una pronta estabilización de la emergencia para reanudar los despachos diarios y asegurar la continuidad de un canal comercial que es vital para la economía de la región.
La Gobernación de Caldas informó que el Pico y Placa Ambiental sobre la vía que comunica a Manizales con Murillo, pasando por inmediaciones del volcán Nevado del Ruiz, continuará aplicándose hasta el próximo 30 de junio de 2026.Recordemos que recientemente un fallo judicial ordenó suspender esta medida y dispuso que las gobernaciones de Caldas y Tolima, además del Gobierno Nacional, implementen diferentes acciones que permitan la conservación de esa zona de geoparque.La administración departamental explicó que, desde la expedición de esa determinación, las gobernaciones de Caldas y Tolima, el Gobierno Nacional y las entidades competentes mantienen un proceso de articulación interinstitucional para evaluar y definir las medidas que permitan continuar con la protección del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora.Según la Gobernación, este trabajo ha estado acompañado por acciones permanentes de conservación, educación y sensibilización ambiental, las cuales buscan fortalecer la protección de este ecosistema estratégico.La Secretaría de Medio Ambiente indicó que, una vez las autoridades definan las medidas que regirán después del 30 de junio, la información será divulgada oportunamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Caldas.Finalmente, la administración departamental invitó a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y a contribuir con la conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora, considerados uno de los principales patrimonios naturales del país.
El Juzgado 01 de Control de Garantías de Barranquilla negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento presentada por la defensa de Walter Francisco Martínez Martínez, procesado por su presunta participación en una red transnacional dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente era comercializada en establecimientos de Lili Pink. La defensa solicitó que la medida intramural fuera reemplazada por detención domiciliaria debido al estado de salud del procesado, quien ha comparecido a las audiencias desde una cama hospitalaria.Durante la diligencia, el abogado defensor Orlando Anaya explicó que Martínez permanece hospitalizado desde mayo y sostuvo que su condición médica no ha mejorado. “En el transcurrir de esa audiencia prácticamente desde el 1.º de mayo se encuentra en hospitales, por un delicado estado de salud, el 13 de mayo de 2026 se ordenó que el señor Walter Martínez se quedara en la clínica La Asunción por su estado de salud , A la fecha, el señor Martínez no ha superado esa situación, por lo que solicitó deberá permanecer en su hogar de residencia”, manifestó.Entre las patologías expuestas por la defensa figuran afecciones renales, cardíacas y problemas en la columna. Sin embargo, el juez concluyó que no era procedente modificar la medida de aseguramiento, al considerar que la decisión adoptada previamente por el Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá estableció que el procesado debía permanecer en un centro hospitalario hasta que un dictamen médico certificara su recuperación.Al sustentar su decisión, el despacho señaló que carecía de competencia para modificar lo resuelto por otro juez. “Porque el mismo médico estableció que debía estar en ese tiempo, en ese centro hospitalario hasta que se acredite su recuperación , una vez se verifique mediante dictamen médico que ya el señor está recuperado, debe ser trasladado al establecimiento carcelario. En esta situación, no se ha acreditado que el señor se encuentra recuperado, y si este despacho entra a tomar una decisión distinta se estaría convirtiendo en un superior del Juzgado 62 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”, indicó.El juez también descartó ordenar el traslado del procesado a su residencia, al considerar que ello podría afectar su recuperación y excedería las competencias del despacho. “Este despacho no sustituye la medida de aseguramiento intrahospitalaria especialmente con el propósito, primero, de no convertirse en un superior funcional jerárquico de esa autoridad, y segundo, de preservar el derecho a la vida de la persona que se encuentra en riesgo de muerte”, concluyó.Según la investigación de la Fiscalía, Walter Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, utilizadas presuntamente para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros. De esa manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, cosméticos y otros productos con apariencia de legalidad.Las autoridades también establecieron que varias de las sociedades investigadas registraban direcciones inexistentes o correspondían a lotes desocupados e inmuebles residenciales sin relación con la actividad comercial reportada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
