En el marco de la Cumbre de Empresarios en Cartagena (ANDI), Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, anunció el cierre definitivo del histórico esquema de participaciones cruzadas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). El directivo, quien dejará su cargo en los próximos meses, calificó este desenroque como “una evolución natural” que permitirá a la compañía trazar un nuevo rumbo, independiente de Sura y Nutresa.“Lo que hay es una evolución natural de una nueva etapa que va a ser extremadamente potente para estas compañías, manteniendo los principios y los valores originales que nos han traído hasta acá”, afirmó Velásquez.El fin de un modelo empresarial históricoDurante 46 años, el GEA sostuvo un modelo de cross holdings que integraba compañías como Grupo Argos, Sura y Nutresa. Este sistema, similar al de conglomerados en Corea o Japón, ofrecía a los inversionistas exposición a múltiples sectores mediante la compra de una sola acción.Sin embargo, los cambios en las preferencias del mercado y la demanda por empresas más enfocadas motivaron la decisión de deshacer el enroque. El proceso, según Velásquez, fue cuidadosamente planeado:“Hicimos una operación muy bonita, muy cuidadosa, que fuera transparente para todos los accionistas y que generara valor económico y colateral para el mercado público de valores”. La separación entregó cerca de 20 billones de pesos directamente a los accionistas de Sura, Cementos Argos y Grupo Argos, con una valorización combinada de alrededor de 1,5 billones de pesos en pocas semanas.Valor real y subvaloración en bolsaEl presidente saliente reconoció que, históricamente, las empresas del GEA estuvieron subvaloradas en el mercado bursátil colombiano.“Durante las opas siempre dijimos que el valor ofrecido era sustancialmente inferior al valor fundamental de las compañías”, recordó.A pesar de que la acción de Grupo Argos se ha triplicado en dos años, Velásquez considera que aún no refleja el verdadero potencial de los negocios subyacentes.Accionariado más democráticoCon el desenroque, Grupo Argos queda sin un accionista controlante. Hoy cuenta con 41 mil accionistas entre personas naturales, fondos de pensiones e inversionistas internacionales.“Es muy parecido a lo que sucede en las grandes corporaciones globales. Los fondos de pensiones representan los ahorros de 19 millones de colombianos”, destacó Velásquez. Este cambio, dijo, fortalece el gobierno corporativo y la independencia estratégica de la organización.La sucesión y el futuro del Grupo ArgosEn lo personal, Velásquez se despide tras décadas en la élite empresarial antioqueña, sumando su nombre al de figuras como Nicanor Restrepo o Carlos Enrique Piedrahita. A su sucesor le deja una recomendación: “Estas posiciones son para servir. No es solo un rol enfocado en el negocio y las finanzas, sino también en el país. El impacto empresarial debe coadyuvar a construir una mejor sociedad”.En materia de inversión, Grupo Argos proyecta un pipeline cercano a 40 billones de pesos, incluyendo:Duplicación de la capacidad instalada en energías renovables no convencionales en Colombia.Desarrollo de un fondo para plantas eólicas en Perú por 300 millones de dólares.Ampliación del Aeropuerto El Dorado y propuesta de nuevo aeropuerto en Cartagena.Tres proyectos viales en etapa de factibilidad.Un nuevo capítulo para el GEAEl desenroque del Grupo Empresarial Antioqueño marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Con independencia accionaria, enfoque sectorial y ambiciosos planes de inversión, Grupo Argos se prepara para competir en un escenario global, manteniendo sus valores corporativos y su compromiso con el desarrollo del país.
El Grupo Sura, uno de los conglomerados más grandes de Colombia, anunció este miércoles que firmó un convenio de escisión con el Grupo Argos, líder en el negocio del cemento, con el que busca terminar las participaciones cruzadas entre ambas compañías.De esta forma, se avanza hacia dos compañías independientes y Sura focaliza su portafolio en los servicios financieros, que son la base de su negocio, con tres inversiones principales: la aseguradora Suramericana, Sura Asset Management y Bancolombia, del cual es el principal accionista, señaló la compañía en un comunicado.Suramericana es la cuarta mayor aseguradora latinoamericana por primas emitidas y Sura Asset Management es la principal administradora de fondos previsionales por activos bajo manejo en la región, mientras que Bancolombia es el banco líder en el país y tiene posiciones relevantes en varios países de Centroamérica.El Grupo Argos, por su parte, es un conglomerado del área de infraestructura, líder en el negocio de cemento y con inversiones en concesiones viales y aeroportuarias, así como en energías convencionales y renovables."Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa para Grupo Sura, después de 46 años de participaciones accionarias recíprocas con Grupo Argos, una estructura que favoreció el crecimiento y la expansión de las compañías de nuestro portafolio en Colombia y América Latina", señaló Sura en un comunicado.La operación se hará mediante "escisiones por absorción recíprocas que permitirán a cada accionista de Grupo Sura mantener su inversión actual y recibir participación en Grupo Argos, preservando el valor económico y con participación directa en las dos compañías".Para concretar la operación, "el Grupo Sura escindirá los 286 millones de acciones que tiene de Grupo Argos, a favor de todos los accionistas de esa compañía. A su vez, Grupo Argos escindirá los 197 millones de acciones que tiene de Grupo Sura, a favor de todos nuestros accionistas", agregó la información."Cada compañía emitirá acciones equivalentes al número de acciones que acaba de absorber", indicó Sura.Según el presidente del Grupo Sura, Ricardo Jaramillo Mejía, la estructura de participaciones cruzadas ayudó a la "consolidación y crecimiento" de las compañías, pero la escisión es "un paso fundamental" hacia el futuro."Estamos convencidos de que, con base en este portafolio que hoy supera los 1,1 billones de pesos colombianos (unos 250 millones de dólares) en activos gestionados, contamos con el conocimiento, la experiencia y el foco para continuar fortaleciendo nuestra estrategia", agregó el presidente del Grupo Sura.
Tras varias décadas de trabajo conjunto, las empresas paisas más representativas seguirán caminos separados y se va a desbaratar lo que se conoció por décadas como el Grupo Empresarial Antioqueño.Es así como Grupo Sura y Grupo Argos informaron a los inversionistas que han firmado un memorando de entendimiento en el que se proponen a buscar un camino financiero y jurídico que les permita dejar de tener participaciones cruzadas y seguir cada una por su lado. Es decir: Sura no será accionista de Argos, ni Argos será accionista de Sura."Las partes se comprometen a negociar exclusivamente y proponer a sus respectivas juntas directivas una estructura de transacción que tenga como resultado dos compañías independientes, de manera que, en la medida de lo posible, Grupo Argos y Grupo Sura no sean inversionistas recíprocos, ni directa ni indirectamente", señalaron las empresas en un comunicadoLas participaciones cruzadas estuvieron desde la concepción misma del GEA desde finales de los años 70 para defenderse de compradores hostiles en el mercado. La estrategia implicaba a tres actores: Sura, Argos y Nutresa.Sin embargo, poco después de la pandemia apareció en la ecuación el Grupo Gilinski, que luego de varias operaciones en el mercado terminó quedándose con la mayoría de las acciones del Grupo Nutresa.Hoy, a Argos y a Sura ya no les conviene seguir con las participaciones cruzadas, entre otras cosas porque por esa vía Argos podría terminar como el principal accionistas de Sura y eso implicaría que tendría que cumplir con la regulación de las empresas financieras.Argos es un holding enfocado en los negocios de construcción e infraestructura que van desde la producción de cemento a la construcción de carreteras y la operación de aeropuertos. Sura, en cambio, está en el negocio financiero con marcas tan reconocidas como Bancolombia, Protección y Suramericana.
Grupo Nutresa es un conglomerado multinacional de procesamiento de alimentos, con sede en Medellín y es la empresa de alimentos más grande de Colombia y una de las más grandes de América Latina.Recientemente se conoció la venta de algunas unidades de negocio de Nutresa y se especula que tendrían que ser grandes empresas con suficiente capital para adquirir estas unidades de negocio de renombre.Esta decisión se tomó tras la reciente adquisición de Nutresa por parte de la familia Gilinski, de Jaime Gilinski y su hijo Gabriel Gilinski. ¿Cuáles marcas son de Nutresa?Las principales actividades del grupo son la producción, distribución y venta de una amplia gama de productos alimenticios, incluyendo embutidos, galletas, chocolates, café, helados, pastas, entre otros. En total son 63 marcas las que componen el Grupo Nutresa:CárnicosZenúRancheraRica PietránCunitBlue RibbonBeradHermoSetas de CuivaGalletasSaltín Noel DucalesFestivakNoel DuxTosh Pozuelo ChikyBokitasTru - bluLil Duch Maid NaturelaKiboChocolatesJetCoronaJumboChoco ListoMont BlancNucitaTuttoWinter'sChin chinLa EspecialCordilleraCafésSello RojoColcaféMatizLa BastillaCameronsCápsulas ExpressAlimentos al consumidorEl CorralEl Corral Gourmet Leños y CarbónBeer StationPapa John´sPopsHelados Bon HeladosCrem HeladoPoletAlohaBocattoPastasDoriaMoticielloComarrico Tresmontes LucchettiZukoLiveanLucchettiTallianiCafé GoldKryzpoOtras categoríasBénetHakaEvok Tribio El fondo de inversión de Abu Dabi que adquirió Nutresa tiene los recursos financieros para llevar a cabo esta estrategia de venta. El valor escondido de las marcas de Nutresa, al estar conglomeradas en una sola empresa, ha mantenido la cotización en niveles bajos en el mercado. Sin embargo, al venderlas por separado, se espera que su valor aumente considerablemente.
En el Hotel Intercontinental en Medellín se llevó a acabo este viernes 15 de marzo la asamblea de accionistas de Bancolombia donde además de un informe de gestión en el último año, se aprobaron los pagos de dividendos y cambios en los estatutos de la compañía.El grupo reportó utilidades de $6,1 billones en 2023, una cifra que pese ser alta representa una caída de 9,8% en comparación con el comportamiento que se vio en 2022.Una situación similar también se notó en los depósitos que descendieron hasta en un 1,2% hasta, al igual que la cartera bruta, la cual cerró con $254 billones, cayendo hasta en un 5,9%.En cuanto al pago de dividendos, pese al malestar de algunos accionistas minoritarios, los 39.540, entre los que se encuentran los fondos de pensiones que administran el ahorro de más de 19 millones de trabajadores en el país, recibirán $3,4 billones de las utilidades del banco que se pagará a un valor de $3.536 por cada acción.Estos pagos se realizarán en cuatro cuotas trimestrales de $884 las fechas del 1 de abril, 2 de julio, 1 de octubre de 2024 y 2 de enero de 2025.También la Asamblea aprobó la constitución de una reserva ocasional por $2,6 billones para el fortalecimiento patrimonial y el crecimiento futuro de la entidad, al igual que una reserva ocasional a disposición de la Junta Directiva para donaciones a proyectos de beneficio social por $33.000 millones.Respecto a los cambios en estatus se definió modificar la sede del centro de arbitraje y ampliar el término de uno a tres días para la convocatoria de de Junta Directiva.También se le otorgó poder a esa instancia para acudir a asesores en caso de que lleguen propuestas de OPA para que se solicite un informe externo que evalúe la viabilidad e interés de ese ofrecimiento.
En medio de la audiencia pública de la Comisión Séptima de Senado en Medellín, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió contra el sector financiero y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)."Mientras los bancos nos muestran las utilidades y el grupo GEA todos los días aumenta sus utilidades, la gente padece hambre en este territorio", dijo Jaramillo.Pero esta declaración no fue la única que pronunció el ministro contra el sector financiero, también lo hizo refiriéndose a las movidas financieras que ha hecho el Grupo Gilinski, que se quedó, junto con sus socios árabes, con el 76.9 % del holding de alimentos Nutresa y son los accionistas controlantes.El ministro de Salud, refiriéndose a las fuentes de financiación del sistema de salud, aseguró: “Ni lo va a poner los Gilinski, porque los Gilinski son ahora otro pulpo muy importante. Ya tiene a Nutresa y todo, tiene agobiado al grupo GEA. Le salió un tigre al GEA”.En varias oportunidades, el ministro Jaramillo ha arremetido contra el sector empresarial porque se les han dado beneficios en tiempos de crisis y asegura que ahora la salud también necesita recursos, por lo que ha planteado una reforma tributaria para darle más recursos a la salud.
El superintendente financiero, César Ferrari, explicó este miércoles el sentido del decreto emitido la noche del martes por el Gobierno Nacional, que permite el intercambio de acciones entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski.Ferrari aseguró que el decreto es un avance importante para el mercado financiero y los grupos empresariales, ya que permite que se puedan permutar acciones antes de entrar a una oferta pública de adquisición (OPA).“Esta era una necesidad muy importante para lograr una pacificación de los mercados financieros en general y de los grupos empresariales”, dijo Ferrari en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.El decreto permite que el GEA y el Grupo Gilinski intercambien acciones de Nutresa y Sura, respectivamente, en una proporción que aún no ha sido revelada.Ferrari aseguró que la Superintendencia Financiera no se mete en la definición de esa proporción, que es una decisión privada de los dos grupos empresariales.El superintendente financiero también explicó que el decreto no implica necesariamente que el Grupo Gilinski adquiera el control total de Nutresa y Sura.“En este momento ya está la autorización para que permuten sus acciones. Y entonces, eso depende de ellos cuándo lo hagan”, dijo Ferrari.“Yo supongo que lo querrán hacer lo más rápido posible. Ya existe la autorización. Y en ese momento pueden solicitarnos a la superintendencia que demos la autorización correspondiente”, agregó.Ferrari también dijo que el decreto fue firmado por el presidente Gustavo Petro, quien consideró que era necesario para llegar a una paz definitiva entre los dos grupos empresariales.“Juzgamos necesario ese decreto para permitir esta permuta de acciones en el entendimiento que esto era necesario para llegar a una paz definitiva entre estos grupos empresarios importantes en Colombia”, dijo Ferrari.Posibles efectos del decretoEl decreto podría tener varios efectos en el mercado financiero colombiano:En primer lugar, podría contribuir a la pacificación de la disputa entre el GEA y el Grupo Gilinski.En segundo lugar, podría impulsar la liquidez de las acciones de Nutresa y Sura, ya que los accionistas minoritarios tendrían más opciones para vender sus acciones.En tercer lugar, podría aumentar la competencia en el mercado de alimentos y bebidas en Colombia.Respuestas a preguntas específicas¿Por qué es necesario el decreto para permitir el intercambio de acciones?El decreto es necesario porque la norma anterior no permitía el traslado de acciones entre unos y otros antes de una OPA.¿Quién determina la necesidad de una OPA?La necesidad de una OPA la determina la Superintendencia Financiera, en función del tamaño de los accionistas minoritarios.¿Qué opciones tienen los accionistas minoritarios en la OPA?Los accionistas minoritarios pueden elegir entre vender sus acciones a un precio de 12 dólares o intercambiarlas por acciones de Sura.¿Cuánto tiempo tardará en concretarse el negocio?El negocio dependerá de los plazos que establezcan los dos grupos empresariales.
El Gobierno nacional publicó el decreto con el que respalda jurídicamente el intercambio de acciones entre el grupo Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y así destraba el proceso que estaba en curso por las acciones del grupo Nutresa.El decreto fue firmado tanto por el presidente Gustavo Petro como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y allí se establece una nueva condición del marco del reglamento de las Ofertas Públicas de Adquisición y es la siguiente:“Cuando los inversionistas que tengan la calidad del beneficiario real de más del 25 % del capital con derecho a voto de la sociedad y menos del 50 % del capital con derecho a voto de la sociedad, en dos o más sociedades inscritas la Bolsa de Valores y tengan la intención de adquirir las acciones por medio de un contrato de permuta”, reseña el decreto.En esa medida, el Gobierno definió que es obligatorio que dichos inversionistas, dentro del mes siguiente, adelante la solicitud de autorización de una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas que no participen en dicho contrato, es decir los minoritarios.Y es que este fue uno de los compromisos que adquirió el presidente Gustavo Petro con los representantes de dichos grupos económicos tras la reunión en Casa de Nariño.Con esto, se espera además un avance en acuerdo que está listo desde junio de 2023, cuando el grupo Gilinski, con sus firmas Nugil y JGDB Holding, definieron que cedían su participación en Sura (obtenida a través de varias ofertas públicas) para quedarse con el control de Nutresa. A cambio, el GEA salía del grupo de empresas del sector alimenticio y conservaba las otras dos firmas: Sura y Argos.Este es el decreto:
El Gobierno nacional está elaborando un decreto que podría incluir la necesidad de que Sura, Argos, Sociedad Portafolio y Nutresa realicen una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) con el objetivo de proteger a los accionistas minoritarios. Este requisito sería crucial para obtener la aprobación del negocio entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el grupo Gilinski.Tanto el grupo Gilinski como los inversionistas árabes ya han comprometido su participación en una nueva OPA sobre Nutresa, en un esfuerzo por garantizar la transparencia y proteger los derechos de los accionistas minoritarios.La principal preocupación del Gobierno radica en el futuro de los socios minoritarios de Sura, Argos y Sociedad Portafolio. Se espera que el decreto correspondiente sea emitido durante la próxima semana, estableciendo las pautas y requisitos para asegurar la equidad en las transacciones empresariales.En un encuentro llevado a cabo el 12 de enero en la Casa de Nariño, el presidente Petro y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvieron una reunión con los presidentes de los grupos Argos, Jorge Mario Velásquez; Sura, Gonzalo Pérez; y Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, todos ellos agrupados en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). También estuvieron presentes Jaime y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski, que durante más de un año han estado inmersos en una disputa empresarial con el GEA por el control de Nutresa, una multinacional del sector de alimentos procesados.Aquí la noticia completa:Detalles de la reunión Petro, Gilinski y el GEAEl pasado viernes, 12 de enero, en la Casa de Nariño se reunieron los directivos del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA , con el presidente Gustavo Petro y los empresarios Gabriel y Jaime Gilinski.La reunión duró 2 horas y los dos grupos empresariales lograron llegar a un acuerdo para llevar a buen término el intercambio de acciones.“Los dos grupos empresariales que estuvieron enfrentados con unas OPAS repetitivas y que no dejaron los mejores resultados hicieron un acuerdo para cerrar entre ellos las hostilidades”, señaló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Estos dos grupos habían estado enfrentados por algunas empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño.“Una relación en términos de cómo manejarán las empresas hacia adelante, el grupo Gilinski alrededor de Nutresa y el GEA alrededor de Argos y Sura, bajo esas condiciones el acuerdo es cómo el Gobierno los va a ayudar a sacar adelante ese proceso en el que ellos están”, explicó Bonilla.Por otro lado, los empresarios también se comprometieron a hacer parte de un acuerdo nacional y desarrollar iniciativas en beneficio de los territorios.“Las empresas que estuvieron aquí hoy se comprometieron a participar en el acuerdo nacional para invertir en las áreas olvidadas del país. Si vamos al Litoral del Pacífico y encontramos las plantas cocaleras o en el Catatumbo, ellos se comprometen a entrar en el proceso que el Gobierno plantea de cómo reemplazar la economía hoy ilegal a una economía legal”, finalizó el ministro de Hacienda.
Este viernes, 12 de enero, en la Casa de Nariño se reunieron los directivos del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, con el presidente Gustavo Petro y los empresarios Gabriel y Jaime Gilinski.La reunión duró 2 horas y los dos grupos empresariales lograron llegar a un acuerdo para llevar a buen término el intercambio de acciones.“Los dos grupos empresariales que estuvieron enfrentados con unas OPAS repetitivas y que no dejaron los mejores resultados hicieron un acuerdo para cerrar entre ellos las hostilidades”, señaló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Estos dos grupos habían estado enfrentados por algunas empresas pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño.“Una relación en términos de cómo manejarán las empresas hacia adelante, el grupo Gilinski alrededor de Nutresa y el GEA alrededor de Argos y Sura, bajo esas condiciones el acuerdo es cómo el Gobierno los va a ayudar a sacar adelante ese proceso en el que ellos están”, explicó Bonilla.Por otro lado, los empresarios también se comprometieron a hacer parte de un acuerdo nacional y desarrollar iniciativas en beneficio de los territorios.“Las empresas que estuvieron aquí hoy se comprometieron a participar en el acuerdo nacional para invertir en las áreas olvidadas del país. Si vamos al Litoral del Pacífico y encontramos las plantas cocaleras o en el Catatumbo, ellos se comprometen a entrar en el proceso que el Gobierno plantea de cómo reemplazar la economía hoy ilegal a una economía legal”, finalizó el ministro de Hacienda.Le puede interesar:
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.