El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, en diálogo con Blu Radio, afirmó que la institución es uno de los objetivos principales del grupo de hackers, ‘Guacamayas’ por la información sensible que se almacena en sus operadores, por eso, confirmó que han intentado atacar los sistemas informáticos de la Policía, pero hasta ahora, según el general, no lo han logrado.“Uno de los objetivos principales es la Policía Nacional por la información que protege, pero no han logrado tener una acción positiva con estos ataques, gracias a la protección que tienen nuestros sistemas de información”, señaló el general Sanabria a Blu Radio.Aun así, explicó que se están reforzando los protocolos y estrategias debido a los ataques que han sufrido tanto las Fuerzas Militares, donde secuestraron grandes bases de datos, como la Fiscalía donde extrajeron más de 30.000 carpetas con información. Ante esto, la Policía ha impulsado el fortalecimiento del sistema de información.Se refirió también a los hackeos que sufrieron las páginas gubernamentales como el Invima e incluso la cuenta de Twitter de la ministra de Salud, Carolina Corcho, indicó que, desde la Dijin y en conjunto con la Fiscalía, están adelantando las investigaciones para dar con los integrantes del grupo ‘Guacamayas’, y están indagando cómo se están realizando estos secuestros de información para que otras entidades puedan reforzar sus sistemas.“Con el grupo especializado que tenemos en la Policía para contrarrestar esos ataques, vamos a generar nuevas acciones para que otras instituciones no sean afectadas”, informó el director de la Policía, el general Henry Sanabria. Le puede interesar
Camilo Andrés García, autor del libro ‘Mucho Hacker: historia de la hacktividad en Colombia’, se refirió a la acción del grupo "Guacamaya" en contra de la Fiscalía, que habría hurtado varias teras de datos. Fuentes del ente acusador confirmaron que los datos robados tienen que ver con detalles de las fuentes humanas que colaboran con la Fiscalía en diversos casos que, a la fecha, corren peligro y que, incluso, podrían reforzarse sus esquemas de seguridad debido a la gravedad de la información que han entregado."En el caso de la Fiscalía, el grupo Guacamaya intervino las comunicaciones o servidores y robaron toda la información que ha circulado en todos los correos de todos los funcionarios, no solo de l Fiscalía, sino de quienes hayan podido enviar un correo. Están en línea 5 teras de información que incluyen todo lo que uno se pueda imaginar, desde datos de la oficina de genética, pasando por datos contables, nombres de investigadores, toda la información en línea fue atacada", sostuvo García. De acuerdo con el experto, Guacamaya es un grupo de hackers que tienen una página y además muestran en videos cómo llevaron a cabo los ataques. "Ese grupo llamado no se sabe quiénes son en realidad. Probablemente son personas latinoamericanas. Ese grupo se unió con otro grupo importante que se llama Distributed Denial of Secrets", declaró García. Según el experto, pese a que Colombia viene trabajando desde hace más de una década en un Conpes para la seguridad informática, en la práctica se sufre uno de los peores ataques a la infraestructura del Estado. "El ataque al Invima lo paralizó. También está el ataque a la Fiscalía y la Agencia Nacional de Infraestructura tiene desde hace tiempo todos sus correos en línea. Podemos hablar de varios casos en los que, en mi concepto, la institucionalidad es insuficiente. Probablemente esto va a seguir porque nadie va asume la responsabilidad ni el liderazgo", concluyó el especialista.
Hay preocupación en la Fiscalía de ser víctima de un hackeo en el que se filtró información sensible.Se sabe que son más de cinco teras comprimidas de información las que los hackers lograron hurtar, es decir, más de 10 teras de datos que podrían compararse con más de 1.000 camiones llenos de documentos.Fuentes del ente acusador confirmaron que estos datos tienen que ver con detalles de las fuentes humanas que colaboran con la Fiscalía en diversos casos que, a la fecha, corren peligro y que, incluso, podrían reforzarse sus esquemas de seguridad debido a la gravedad de la información que han entregado.Asimismo, se trataría de procesos de todo tipo, desde 2018 hasta la fecha, que involucran temas como corrupción, narcotráfico, exintegrantes de las antiguas Farc, entre otros.El pasado 4 de noviembre, la Fiscalía se había pronunciado sobre el tema asegurando que inició una investigación con una comisión de expertos y la empresa encargada de la seguridad informática.
La Policía de Australia informó este viernes que investiga una filtración masiva de documentos oficiales en Colombia, que expuso decenas de operativos contra las mafias de narcotraficantes que operan en el país oceánico y las identidades de agentes secretos que trabajaban en esas misiones.La Policía Federal Australiana (AFP, siglas en inglés) explicó en un comunicado que se encuentra "evaluando actualmente la información que puede haberse obtenido de las fuerzas del orden colombianas como parte de esta actividad de piratería informática", sin identificar a las entidades comprometidas.Asimismo, subrayó que trabaja conjuntamente con sus "socios en las regiones afectadas" para mitigar cualquier amenaza a la seguridad de las personas e investigaciones, así como en el apoyo internacional a las "fuerzas del orden de Colombia para salvaguardar sus sistemas informáticos".El caso se refiere a la filtración de más de cinco millones de documentos, que supuestamente habrían sido hackeados por el grupo Guacamaya Leaks en agosto pasado y guardados en un banco de datos al que se accedía con una contraseña, según publicaron este viernes medios australianos, entre ellos The Age y otros diarios del grupo Nine.Los datos filtrados, que ocupan más de cinco terabytes, se refieren a 35 operativos de la AFP, algunos aún activos, así como a informes de vigilancia de agentes secretos, el espionaje de comunicaciones e información sobre las planillas de los miembros de las fuerzas del orden colombianas.La información filtrada da cuenta de la magnitud de la importación ilegal de drogas a Australia y los vínculos de las mafias responsables con una serie de empresas que han sido creadas para lavar dinero, entre ellas gimnasios, compañías de venta de vehículos de lujo o discotecas, entre otras.Si bien, la AFP no detalló los datos expuestos, The Age reveló algunos detalles de la filtración, como los que un jefe de la mafia huyó de la ciudad australiana de Perth y hoy vive una vida lujosa en Colombia o el envolvimiento de varios agentes de migración australianos en acciones que utilizan a estudiantes extranjeros para importar droga y dinero a la ciudad de Brisbane.The Age, que tuvo acceso a los documentos filtrados, la mayoría en español, aseguró que ha analizado los datos desde principios de mes y luego los destruyó junto a su metadata asociada.Los Guacamaya Leaks son un grupo de háckers que surgió en 2022, supuestamente con la finalidad de exponer a los gobiernos de América Latina, entre ellos Colombia y Chile.Este grupo anónimo ya había hackeado a compañías mineras de países como Chile o Guatemala, petroleras de Venezuela, la Fiscalía de Venezuela, el Ejército de Chile, Perú, Colombia y El Salvador o la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, entre otros. Le puede interesar:Escuche el podcast ¿Cómo quitar el miedo a hablar inglés?
En 2025, Omar Courtz hizo un concierto histórico en Bogotá en el Movistar Arena y sorprendió a miles de personas que, por primera vez, escuchaban su nombre en Colombia, pese que en ese momento en Puerto Rico y artistas como Bad Bunny reconocían su talento ante todo el mundo.El éxito de 'Primera Musa', su primer álbum, lo llevó por primera vez a varios países, pero la exposición que obtuvo de Bad Bunny en el tour de 'Debí Tirar Más Fotos' le sumó fans que conectaron en 'Por si mañana no estoy', el proyecto que le dio salto mundial para anunciar una nueva gira y que tendrá una parada el 13 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá."Con un sonido que combina la esencia del reggaetón de los años 2000 con influencias del R&B y una propuesta cada vez más personal y cinematográfica, Omar Courtz se ha convertido en uno de los nombres más relevantes de la escena latina actual. Su ascenso ha estado acompañado de colaboraciones junto a artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Anuel AA, Young Miko, Bad Gyal, Justin Quiles y Lenny Tavárez, consolidando un repertorio que conecta especialmente con las nuevas generaciones", expresaron desde la organización sobre este anuncio.Precios y boletas de Omar Courtz en BogotáAún no se han confirmado los precios de las boletas de Omar, pero la preventa arrancará el miércoles, 26 de agosto, y la venta general irá hasta el viernes 28. Todo esto se podrá hacer a través de TuBoleta, tiquetera oficial de este evento."Debido a la expectativa que genera el regreso de Omar Courtz a Colombia, la venta de entradas se realizará en distintas etapas que permitirán a sus seguidores acceder de manera anticipada a la boletería. La Preventa iniciará el miércoles 26 de agosto, mientras que la venta general estará disponible a partir del viernes 28 de agosto, momento en el que todos los asistentes podrán asegurar su lugar para una de las noches más esperadas del año en la música urbana", explicaron.
El uso de redes sociales para reclutar a niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados genera preocupación en la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Tras el informe publicado por Human Rights Watch, que advierte que el reclutamiento forzado de menores se cuadruplicó en los últimos años y que desde 2021 al menos 1.500 niños han sido vinculados por la fuerza a estos grupos, el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, alertó sobre el alcance que está teniendo esta práctica.“Con las redes puede estar tocando cualquier puerta, puede estar tocando cualquier barrio, puede estar tocando cualquier dimensión de la sociedad colombiana. No estamos hablando ya de un ámbito circunscrito, geográfico, concreto, estamos hablando de un fenómeno de dimensiones enormes”, señaló Monseñor.Según el informe de Human Rights Watch, plataformas como Facebook y TikTok son utilizadas por los grupos armados para difundir contenidos que idealizan la vida dentro de estas estructuras e invitan a los menores a vincularse. La Iglesia advierte que estas nuevas formas de captación se suman a las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentan muchos niños y jóvenes en el país.El delegado para las relaciones Iglesia-Estado señaló además que los grupos armados y las organizaciones criminales están aprovechando las aspiraciones de los jóvenes para atraerlos con promesas de beneficios y oportunidades. Por eso, insistió en que la respuesta no puede limitarse a la intervención de la fuerza pública.“El Estado requiere enfocar esta problemática de infancia, juventud y niñez de una manera muy clara, también buscando cuáles son las raíces profundas y de qué manera llegar, con mensajes y también con oportunidades que sean capaces de darle luces y transformaciones a lo que los jóvenes están esperando. Hay una juventud que está esperando respuestas, y esa juventud está ansiosa de encontrar oportunidades.Y ojalá no sean los grupos ilegales las que le estén cubriendo ese espacio, las que estén respondiendo a esas necesidades”, afirmó Monseñor.La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, coincidió en que la protección de los menores requiere medidas adicionales y llamó la atención sobre la deserción escolar como uno de los factores de riesgo. “El despliegue de la fuerza pública, la protección de la población es importante, pero es insuficiente, porque estos menores de edad necesitan también un acompañamiento”, afirmó.Marín advirtió que la cobertura educativa, en lugar de aumentar, se ha reducido en los últimos años. Según explicó, en 2018 el 92 % de los menores en edad escolar asistía al colegio, mientras que actualmente la cifra se ubica en 88 %. Para la defensora, garantizar la permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo es una de las medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad frente al reclutamiento.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 59 comparecientes de la fuerza pública vinculados a 11 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados falsamente como bajas en combate en la región del Catatumbo.Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2008 y estuvieron relacionados principalmente con municipios de Norte de Santander como Ocaña, San Calixto, Villa Caro, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, además uno de los casos ocurrió en Aguachica, Cesar. En total, las investigaciones abordaron 17 víctimas.Los comparecientes pertenecieron al Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, BISAN. De acuerdo con la JEP, no fueron considerados máximos responsables de los crímenes ni tuvieron un papel decisivo en el diseño o ejecución del patrón de macrocriminalidad analizado dentro del Caso 03, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.Por esa razón, y luego de evaluar sus actuaciones dentro de la justicia transicional, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que cumplían los requisitos para acceder al beneficio de renuncia a la persecución penal.La JEP verificó que los comparecientes realizaron aportes de verdad plena y detallada sobre lo ocurrido, reconocieron responsabilidades, asumieron compromisos de no repetición y realizaron u ofrecieron medidas de reparación simbólica en favor de las víctimas y de la región. Obligaciones que hacen parte del régimen de condicionalidad y deberán continuar durante el tiempo que permanezcan bajo la jurisdicción. Si incumplen, los beneficios podrían ser revocados.La resolución también precisa que la renuncia a la persecución penal es una alternativa jurídica que tiene efectos de sentencia. En este caso, los procesos que se adelantaban por los hechos analizados deberán archivarse y no habrá una sanción penal para quienes recibieron el beneficio. De los 11 hechos, solo uno se encontraba en etapa de ejecución de penas en la justicia ordinaria y otro estaba en juicio; los demás permanecían en etapas de indagación o acusación.La decisión se tomó después de un proceso en el que las víctimas participaron en distintas audiencias y los comparecientes entregaron información que, según la JEP, permitió reconstruir los hechos con un nivel de detalle superior al que había sido establecido en la justicia ordinaria. Además, en las audiencias hubo actos públicos de perdón y reconocimiento de responsabilidad y compromisos para dignificar a las víctimas.La resolución revisó inicialmente la situación de 60 integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP negó el beneficio definitivo de renuncia a la persecución penal a Wilmar Ferney Durán Caselles. Por tanto, la decisión concede el beneficio a los otros 59 comparecientes.Con esta decisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas reportó que, mediante 42 resoluciones, ha resuelto la situación jurídica de 984 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado. De ellos, 933 pertenecen a la fuerza pública.
Existe un eclipse lunar que llama la atención de millones de personas, tanto así que en redes sociales se popularizó bajo el término de ‘Luna de Sangre’ por el color rojo que adquiere la luna cuando la Tierra se interpone entre ella y el sol, generando una sombra que le termina dando este tinte.Pronto habrá uno de estos y, afortunadamente, se podrá ver en Colombia el jueves, 27 de agosto, a las 8:23 de la noche. Pese que la NASA aclaró que no será un eclipse total, sino que el 96,3 % del disco lunar llegará a entrar en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra, aún así, el fenómeno tendrá su esplendor al máximo.“La luna también puede parecer de un color rojizo, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Los atardeceres obtienen su color rojo y anaranjado debido a la forma en la que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores”, explicó la NASA en un comunicado.¿Cuándo y dónde ver la Luna de Sangre en Colombia?La Luna alcanzará el esplendor de su color rojo sobre las 10:00 de la noche y en su punto máximo hasta las 11:00, en ese momento y a esa hora se podrá ver en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga hasta pasadas la medianoche del viernes, 28 de agosto. Todo estaría terminando un poco más de las 2:00 de la mañana.¿Se necesitan gafas especiales para ver este eclipse?No. Este tipo de fenómenos se pueden ver sin problema y sin necesidad de un equipo especial, a diferencia de cuando suceden los solares, incluso, expertos recomiendan usar binoculares o un telescopio para verlo mucho mejor y en un campo abierto para visibilizar todo.
El aumento del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados encendió las alertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), luego del reciente informe presentado por Human Rights Watch, que advierte sobre la persistencia de este fenómeno y las nuevas formas utilizadas para acercarse a los menores.Ante este panorama, el Icbf anunció que reforzará sus estrategias de prevención, especialmente en las comunidades donde existen mayores factores de riesgo y donde la presencia de grupos armados amenaza los derechos y los proyectos de vida de niños y adolescentes.Deisy Dorelly Guanaro, integrante de la Dirección General del Icbf y encargada de los asuntos relacionados con la prevención del reclutamiento, aseguró que la entidad trabajará de manera articulada con las comunidades, organizaciones sociales y ONG para evitar que más menores sean víctimas de este delito.Pero la preocupación no se limita a los territorios. El Icbf también identificó las redes sociales como uno de los nuevos escenarios utilizados por los grupos armados para acercarse a los menores. Por esta razón, la entidad anunció que buscará trabajar de la mano con plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para prevenir y bloquear contenidos que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.El informe de Human Rights Watch, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, advierte sobre el crecimiento de esta problemática en diferentes regiones del país y señala las estrategias que estarían utilizando los grupos armados para captar a menores de edad.Para el Icbf, estos hallazgos representan un llamado a fortalecer las acciones institucionales y a desarrollar nuevas estrategias de prevención desde los territorios. La prioridad, según la entidad, es intervenir en las zonas donde los menores enfrentan mayores riesgos y garantizar que puedan crecer alejados de la violencia y con oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida.
