Los espacios ubicados debajo de los puentes pueden convertirse en puntos de ocupación irregular en gran medida por los habitantes de calle. La acumulación de residuos, estructuras improvisadas y objetos personales no solo transforma el entorno, sino que también puede dificultar el tránsito y generar problemas de seguridad y convivencia para quienes viven o circulan por la zona.Lo que parecía un espacio cualquiera debajo de un puente terminó revelando una escena que se repite en varios puentes en Bogotá. Las autoridades encontraron allí una especie de apartamento improvisado, con muebles, colchones y hasta utensilios de cocina. El lugar había sido acondicionado para permanecer allí y acumulaba diferentes objetos y residuos.Retiran seis toneladas de residuos de un cambuche en UsaquénTras el hallazgo, el Distrito llevó a cabo una intervención debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, en la localidad de Usaquén, donde las autoridades encontraron un cambuche equipado con muebles, colchones, utensilios de cocina, ropa y otros elementos.De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, en el lugar también fueron encontrados elementos relacionados con el consumo de estupefacientes y dos machetes y un celular fueron incautados durante el operativo.En la intervención participaron cerca de 40 funcionarios del Distrito y de la Policía Metropolitana de Bogotá, con presencia de entidades como el IDU, la Alcaldía Local de Usaquén, el DADEP, la UAESP, Aguas de Bogotá e Integración Social.Durante la jornada fueron desmontadas cuatro estructuras no convencionales que se encontraban debajo del puente y se retiraron aproximadamente seis toneladas de residuos.Las autoridades señalaron que en el sitio permanecía un habitante de calle, a quien Integración Social le ha ofrecido en diferentes oportunidades servicios de su oferta institucional, entre ellos hogares de paso y acompañamiento psicosocial.Tras la intervención, fueron recuperados alrededor de 200 metros cuadrados de espacio público. Además, se selló el acceso al lugar con el propósito de evitar que vuelva a ser ocupado.La Secretaría de Seguridad indicó que estas acciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el sector.En Bogotá, las autoridades siguen adelantando intervenciones para recuperar este tipo de espacios, las jornadas incluyen labores de limpieza, retiro de estructuras y atención a las personas que permanecen en estos lugares.
La inseguridad en Bogotá es uno de los temas que más molesta y afecta a la ciudadanía. No es para menos, pues los bogotanos perciben que la capital colombiana enfrenta cada día más problemas relacionados con robos, extorsiones y otros delitos.Así mismo, el aumento de habitantes de calle también ha provocado que muchas personas se sientan más vulnerables en distintos sectores de la ciudad.Prueba de ello es un video que se hizo viral en redes sociales, donde un hombre, presuntamente habitante de calle, se colgó de un carro en pleno movimiento. Al parecer, este acto peligroso ocurrió porque el conductor no quiso entregarle monedas.En las imágenes se observa cómo el hombre, sin camiseta y usando únicamente un pantalón, fue arrastrado por la vía. El sujeto permanecía sujetado de la puerta del vehículo hasta que perdió la fuerza y cayó al pavimento.Todavía se desconoce si el habitante de calle sufrió alguna lesión, pero el hecho dejó en evidencia un importante riesgo para los bogotanos y la creciente preocupación por la inseguridad en la capital.Robos en Bogotá mantienen preocupados a comerciantes y ciudadanosUn video ciudadano también captó el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta asaltaron un comercio en el sector de Prado Veraniego, en Suba. De acuerdo con la información conocida inicialmente, estos mismos sujetos ya habrían cometido varios hurtos en la zona bajo la misma modalidad, lo que ha despertado el temor de la comunidad, especialmente por la falta de presencia de autoridades en el sector.Según datos revelados en el Concejo de Bogotá entre 2025 y 2026, los robos a comercios, restaurantes y cafeterías han mantenido un promedio de 22 casos al día, lo que equivale prácticamente a un hurto por hora. A esto se suma que localidades como Santa Fe y La Candelaria registran picos de hurtos mucho más elevados, consolidándose como zonas de alta complejidad.Distrito busca frenar la inseguridad en BogotáFrente a esta coyuntura, la Administración Distrital ha venido implementando el Plan Distrital de Desarrollo enfocado en fortalecer alianzas público-privadas y redes de apoyo ciudadano para mitigar el impacto de la delincuencia.Los reportes oficiales indican que, aunque una gran mayoría de los hurtos en establecimientos, alrededor del 83 %, se ejecutan sin el uso de armas complejas y recurriendo al factor sorpresa o al descuido, cerca del 9 % de los incidentes involucra armas de fuego.
En horas de la tarde de este viernes, 24 de abril se registró, en el municipio de Soacha, un ataque por parte de un habitante de calle sin motivo aparente en el que resultó muerta una mujer y otra herida. Julián Sánchez Perico, alcalde del municipio, a través de su cuenta de X, lamentó los hechos y confirmó la captura del hombre.Según informó el mandatario, una de las mujeres se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, mientras que la otra falleció como consecuencia del ataque.El alcalde expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y envió un mensaje de solidaridad a la mujer herida.“Expreso mis más sinceras condolencias a sus familias y mis votos de pronta recuperación para la mujer herida”, manifestó.El agresor fue detenido por la policía, por lo que Sánchez, destacó la reacción inmediata de las autoridades. De acuerdo con lo confirmado por la Policía de Soacha a Blu Radio, el atacante se encuentra en proceso de judicialización y ya se están realizando las respectivas investigaciones del caso.Finalmente, desde la Alcaldía de Soacha se reiteró el compromiso de trabajar de manera articulada con todas las instituciones para fortalecer la seguridad y evitar que hechos como este se repitan en la ciudad.
El caso se presentó el pasado 11 de enero en el barrio Boston, centro de la ciudad, donde dos hombres que transitaban por la calle 55, sin mediar una sola palabra, apuñalaron a un ciudadano en situación de calle de aproximadamente 35 años de edad, quien se encontraba durmiendo en una acera del sector.Con información proporcionada por la ciudadanía a las autoridades se establecieron labores de patrullaje, que acompañadas de la verificación de cámaras de seguridad, permitió identificar a los presuntos agresores, quienes fueron aprehendidos momentos después en el mismo barrio.Durante las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación oficializó la judicialización de los responsables de este hecho, se trata de un hombre mayor de edad identificado como Kevin Alejandro Rojas Londoño y de un menor de 17 años, involucrados en el crimen de este habitante de calle.De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, durante el procedimiento judicial al menor de edad le fue incautada el arma corto punzante con la que se habría cometido el delito aquella noche del 11 de enero del presente año.Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata le imputó el cargo por el delito de homicidio agravado a Rojas Londoño, quien se declaró no culpable de estos hechos y no aceptó los cargos por los que se le acusa.Por otra parte, al menor de edad, un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal Para Adolescentes le impuso el mismo cargo por el que se acusa a su cómplice, y el adolecente si aceptó su participación en este hecho ilícito.De acuerdo con la decisión tomada por el fiscal que lleva este caso, al adulto, que tiene 24 años de edad, se le remitió a centro carcelario, mientras que al menor de edad, le fue impuesta medida de internamiento preventiva en un centro especializado de la capital antioqueña.
La situación de los habitantes de calle en Medellín sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en la capital de Antioquia, ya que se ha convertido en un hecho con implicaciones en seguridad y convivencia ciudadana. Aunque en la ciudad se han intensificado las acciones para enfrentar la problemática siguen siendo respuestas que poco ayudan a encontrar una solución de fondo.Sobre los habitantes de calle hay que destacar que a la fecha la Alcaldía de Medellín tiene el reporte de por lo menos 8.000 personas en dicha situación, cifra que ha aumentado de manera notable en la última década con la ayuda de personas que llega a la ciudad provenientes de otras zonas del país para, en algunos casos, atacar a la ciudadanía o hurtarlos.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue tajante en criticar la poca maniobrabilidad para poder atender o mitigar la situación con los habitantes de calle que en ocasiones se ha salido de control, por ejemplo, como cuando se hicieron frecuentes los ataques con piedras desde puentes de la ciudad."Hay sentencias de la Corte que protegen, por ejemplo, las intervenciones frente a los habitantes de calle. Por ejemplo, yo como alcalde no puedo levantar a un habitante de calle de ese sitio sin su consentimiento. Por Dios, son personas que ya están, que perdieron la voluntad, que están drogadas, que le pueden hacer daño a otro. Ahí necesitamos más herramientas", expuso el mandatario. Por su parte, mencionar que a la espera de tener mayores competencias para afrontar la situación, la Alcaldía de Medellín ha adelantado operativos para recuperar espacios públicos donde se concentran los habitantes de calle, desmontando cientos de cambuches en puntos críticos de la capital de Antioquia.Por último, y en búsqueda de realizar acciones que puedan prevenir la problemática, las autoridades locales han promovido programas de atención social, como los centros de día y rutas de acompañamiento para quienes desean salir de la calle y acceder a procesos de resocialización.
En lo que va corrido del año 2025 se han removido 13.181 cambuches y estructuras, en favor de la recuperación de corredores estratégicos y zonas de alto tránsito. El desmonte de estas estructuras se hace bajo un esfuerzo estructurado entre la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad y Convivencia.Estas intervenciones se han hecho en zonas donde se detectaron dinámicas de reocupación, especialmente en sectores estratégicos para la ciudad como San Juan, La carrera 70, Laureles, Guayabal y Aguacatala. En estos sitios se intensificó el control territorial y el acompañamiento social para mitigar riesgos asociados a inseguridad, insalubridad y deterioro del espacio público.A la campaña de desmonte de estas estructuras improvisadas utilizadas en su mayoría por habitantes de calle, se suman diferentes iniciativas de carácter social lideradas por la Administración Distrital en las que se destacan principalmente 10.782 procesos de sensibilización a vendedores informales y comercios formales en los principales sectores de comercio de la capital antioqueña.De acuerdo con el subsecretario de Espacio Público de Medellín, David Ramírez “Estas intervenciones, acompañadas por equipos sociales y operativos, nos han permitido enfrentar dinámicas de ocupación indebida, mitigar riesgos asociados a inseguridad e insalubridad y devolverle a la gente los lugares que le pertenecen. Nuestro compromiso es la presencia permanente para garantizar espacios seguros, limpios y transitables para todos”.Las intervenciones seguirán en los 16 puntos priorizados por la Administración Distrital, con monitoreo constante para evitar reocupaciones y en articulación con entidades sociales para la atención integral de quienes lo requieran. Los comportamientos que constituyan infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia serán remitidos a las autoridades competentes.
En un caso que generó indignación en el departamento de Antioquia, dos hombres habrían asesinado a un habitante en situación de calle que estaba durmiendo debajo del viaducto del Metro de Medellín. El reporte de las autoridades indica que la víctima recibió una herida en su corazón.Tras conocerse el hecho, ocurrido el 8 de noviembre, las autoridades dieron con la captura de Alexander José Odosgoite Rangel y Dani Jesús Contreras Urdaneta, ciudadanos venezolanos que fueron enviados a prisión por un juez de control de garantías.La información recolectada por la Fiscalía General de la Nación permitió dejar en evidencia que ambos extranjeros llegaron hasta el barrio Prado Centro y atacaron sin mediar palabra a la víctima de 61 años que murió de manera inmediata debido a la gravedad de la herida.Por su parte, las autoridades indicaron que Odosgoite y Contreras huyeron del lugar caminando y minutos después fueron capturados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá cuando se movilizaban en un taxi por el barrio Manrique.Al momento de la captura de los extranjeros se les incautó un cuchillo y una navaja, al parecer, impregnada de lo que sería sangre. Tras las audiencias ninguno de los hombres se allanó a los cargos imputados por el delito de homicidio agravado.Esta población, foco de las autoridadesMás allá del hecho violento, las autoridades en Medellín han puesto sus ojos en la población de habitantes de calle, teniendo en cuenta el crecimiento que han tenido en número en los últimos años.Recientemente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la atención a la población habitante de calle “es una tarea permanente” y que la ciudad enfrenta “una situación muy compleja” por el consumo de drogas y los problemas de salud mental que afectan a muchas de estas personas. Explicó que, aunque el Distrito realiza esfuerzos diarios y dispone de oferta social, “la mayoría no quiere acceder a ella” y la legislación vigente “los protege”, lo que impide trasladarlos por la fuerza a otros espacios.Gutiérrez advirtió que esta realidad genera riesgos para la ciudadanía y constituye “un grave problema de orden público”, que también se presenta en otras ciudades del país. Añadió que las decisiones judiciales limitan la intervención institucional y pidió buscar “soluciones conjuntas”. “Si yo los retiro a la fuerza de las calles, dejaría de ser alcalde antes de que ellos dejen de ser habitantes de calle”, afirmó.
Entre las 6:05 de la tarde y las 8:40 de la noche de este martes, más de 10 hombres fueron ingresados de urgencia a varios hospitales de la red pública de Barranquilla tras desplomarse uno a uno en plena calle, con visibles signos de intoxicación.En su mayoría son personas en situación de calle que, según la Policía, se desmayaron cuando consumían bebidas alcohólicas en el sector conocido como 'El Boliche', en el centro de la ciudad, por lo que todo apunta a que sus síntomas se habrían derivado del consumo de licor adulterado.De los afectados, cuatro murieron mientras recibían atención médica y otros tres fueron hallados sin vida en plena vía pública, por miembros de la Policía que dieron con sus cuerpos en horas de la madrugada. Otras dos personas en condición de calle fueron halladas sin vida, estas habrían muerto por intoxicación al consumir licor adulterado. A su vez, hay siete personas que se encuentran en estado grave, según confirmó la secretaria de Salud del Distrito, Stephanie Araújo."Al resto de pacientes los tenemos ubicados en la UCI del Camino Nuevo Barranquilla en estado crítico, y uno más está siendo atendido en el Camino Distrital Adelita de Char. Todos ellos han ingresado por cuadro de alteración del estado de conciencia, dolor abdominal, vómitos, entre otras sintomatología", dijo.Por el momento, solo una de las víctimas ha sido identificada por las autoridades, se trata de Emérito Alberto Miranda Ospino, de 47 años, quien alcanzó a llegar con vida al hospital, pero murió cuando recibía atención médica.Las víctimas, al parecer, también estuvieron consumiendo sustancias psicoactivas y algunos alimentos minutos antes de presentar complicaciones, por lo que se analiza si esto también habría tenido que ver con su rápido deterioro de la salud.Aún así, la principal sospecha se centra en el licor que estaban consumiendo estos hombres, del que se especula que sería 'Cococho', una bebida que usa como base el ron, whisky o aguardiente, pero que es adulterada con metanol, un alcohol proveniente de la madera, usado para remover pinturas y no apto para el consumo humano."Logramos entrevistar a una de esas personas que consumió y nos manifestó que lo adquirieron en el lugar en el que fue hallado y que la persona que preparó el licor fue la primera persona que falleció", puntualizó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, en Mañanas Blu.
Brian Kilmeade, presentador de la cadena Fox News, se disculpó este domingo tras haber afirmado en su programa que las personas sin hogar con enfermedades mentales deberían ser ejecutadas con inyección letal."Pido disculpas por ese comentario extremadamente insensible", declaró Brian Kilmeade en la misma cadena, luego del revuelo que generaron sus palabras.¿Cuál fue su argumento?La polémica se originó el pasado miércoles durante el programa Fox & Friends, cuando los copresentadores discutían sobre el asesinato de una mujer ucraniana en Carolina del Norte cometido por un hombre con un largo historial delictivo y que, según su familia, fue diagnosticado con esquizofrenia.Durante la conversación, uno de los presentadores, Lawrence Jones, opinó que las personas sin hogar o habitantes de calle con enfermedades mentales deberían aceptar tratamiento obligatorio o ser encarceladas.Kilmeade añadió: "O la inyección letal involuntaria. Simplemente matarlos".Sus declaraciones provocaron una oleada de críticas en redes sociales, incluyendo la del gobernador de California, Gavin Newsom, quien respondió citando un versículo bíblico: "Quien cierra su oído al clamor del pobre, clamará, y no será escuchado".Tras la controversia, Kilmeade se retractó: "Obviamente, soy consciente de que no todas las personas sin hogar con enfermedades mentales actúan como lo hizo el agresor en Carolina del Norte, y que muchas de ellas merecen nuestra empatía y compasión".
Pereira se encuentra conmocionada con la trágica muerte de Jairo Antonio Sepúlveda, un hombre de 55 años que falleció tras una lucha once días en el Hospital Universitario San Jorge. El pasado 29 de agosto, Sepúlveda ingresó al centro médico con múltiples heridas de arma blanca y contusiones severas en el tórax, abdomen y extremidades, resultado de una brutal golpiza. Pese a la gravedad de sus lesiones, llegó por sus propios medios y, debido a su estado crítico, no pudo ofrecer detalles sobre el lugar del ataque ni la identidad de sus agresores.La muerte de Sepúlveda, ocurrida en la mañana del lunes 8 de septiembre, ha desatado una investigación por parte de las autoridades, con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía a cargo del caso. La hipótesis preliminar apunta a que el homicidio pudo ser el resultado de una riña entre habitantes de calle. Este lamentable suceso da cuenta del crítico problema la seguridad de la capital risaraldense, elevando la cifra de homicidios a 166 en el departamento y 163 en Pereira para el año 2025. Mientras tanto, las autoridades buscan a los familiares para la entrega del cuerpo.Organizaciones de derechos humanos han denunciado a grupos de comerciantes por presuntamente perfilar, amenazar y agredir a habitantes de calle en el centro de la ciudad, con requisas, golpes y uso de gas. Aunque líderes afirman actuar en defensa propia y ante el abandono institucional, negando agresiones directas y argumentando una formación como "guardianes de seguridad" por parte de la Policía, la situación evidencia una profunda crisis social y la urgente necesidad de políticas públicas que aborden la vulnerabilidad y la protección de esta población.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
En el marco de la reunión bilateral celebrada en Washington entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, el diplomático y académico chileno Jorge Heine, exembajador de Chile en China, analizó el alcance de este diálogo políticoEn diálogo con Mañanas Blu, el especialista destacó la dimensión económica de ambos actores, recordando que "entre Estados Unidos y China representan un 44% del producto mundial"A su juicio, la reunión refleja una tregua comercial y una distensión notable entre las dos superpotencias, abriendo un espacio crucial para discutir la estabilidad internacional.Diálogo y distensión en medio de un mundo en policrisisAl abordar la coyuntura geopolítica actual, cruzada por conflictos en Europa y Medio Oriente, Heine contextualizó la importancia de la relación bilateral."Estamos viviendo en un mundo en policrisis", afirmó el exembajador, agregando que "en el corazón de todos estos conflictos está la tensión, está la pugna entre Beijín y Washington. Eso es lo que hace de motor de la política internacional hoy en día".En ese sentido, calificó como una señal positiva la continuidad de los contactos en cumbres como la de APEC en Shenzhen y el G20 en Miami, señalando que "si estas dos potencias se ponen de acuerdo en bajar las tensiones a nivel mundial, todos nos vamos a beneficiar"Asimismo, resaltó el cambio pragmático de Washington, indicando que la Casa Blanca comprendió que "China, la verdad que es un gigante, con China no se juega y ha decidido hacer negocio".La carrera de la inteligencia artificial y el debate de regulaciónUno de los ejes clave de la conversación fue el desarrollo y la competencia en torno a la inteligencia artificial, una tecnología que, según Heine, "está tomando el mundo por asalto".El diplomático valoró el principio de acuerdo para establecer un punto de comunicación permanente que permita reaccionar ante situaciones de riesgo tecnológico.No obstante, hizo hincapié en las marcadas diferencias de enfoque entre ambas potencias al momento de ejercer control.Por un lado, las grandes tecnológicas estadounidenses plantean "introducir ciertos valores humanos a estos proyectos", mientras que la visión de Pekín consiste en "aplicar sanciones a las empresas y a los ejecutivos de ellas, si es que se pasan de la raya".América Latina frente al "no alineamiento activo"Al analizar la posición estratégica de América Latina entre la iniciativa de la Ruta de la Seda impulsada por China y los proyectos de Washington, Heine describió la vulnerabilidad de la región."América Latina en alguna medida está, como diríamos en Chile, como el jamón del sándwich en esta pugna que se está dando entre China y Estados Unidos", aseveró.Frente a esta encrucijada, el exembajador recomendó la adopción del "no alineamiento activo", postura desarrollada junto al académico Carlos Fortin."El alinearse en este momento con una de las dos grandes potencias en pugna no es una buena idea", concluyó Heine, instando a los países latinoamericanos a preservar su independencia, evaluar las oportunidades de ambas partes y actuar con base en sus propios intereses soberanos.Escuche aquí la entrevista:
“Nuestros arroyos no son basureros”, así lo está dejando muy claro el alcalde Alejandro Char, quien criticó el actuar de esos que dicen querer a Barranquilla y convierten estos cauces y las calles en ríos de basura.A raíz de las impresionantes imágenes que se difundieron esta semana, en las que se observa la trampa del arroyo León con toneladas de neveras de icopor, plásticos y madera, el mandatario se comprometió a “identificar a la empresa responsable de arrojar estos residuos” y tomar “las medidas correspondientes”.Se presume que los desechos de icopor estarían siendo arrojados justamente por empresas dedicadas a reciclaje o chatarrería en el suroccidente de Barranquilla; sin embargo, la advertencia también va para los ciudadanos del común: todo a aquel que se le demuestre que arrojó basuras a cuerpos de agua o bienes de carácter público se le impondrá multas.Estas multas son de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a $976.673 por cada infractor individualizado, y el procedimiento será adelantado ante los inspectores de Convivencia y Paz.Entretanto, la Agencia Distrital de Infraestructura continúa la limpieza de los arroyos. Dice el gerente de la ADI, Jose Luis Romero, gerente de ADI, que en lo corrido del 2026 han limpiado 15 kilómetros de arroyos en Barranquilla, incluido el arroyo León que se hizo viral esta semana y es uno de los más contaminados.“En la trampa de basura hemos recogido en todo este año 4.421 toneladas de basura, la cual ha sido depositada en nuestro relleno sanitario de Los Pocitos. También iniciamos todas las limpiezas de varios arroyos en Barranquilla, como Bicentenario, Las Malvinas, entre otros arroyos que tenemos en la ciudad”, informó Romero.Los ciudadanos pueden denunciar a cualquier persona o empresa que esté arrojando basuras, llamando a la línea 123 de la Policía o a la línea 116 de la empresa Triple A. Y en ese mismo contacto de la empresa de aseo pueden solicitar la recolección de residuos voluminosos o de gran tamaño, cuando lo requiera.Memorando de entendimiento Frente a una problemática global en la que cientos de miles de toneladas de plástico ingresan a los océanos del mundo a través de los ríos cada año, la Alcaldía de Barranquilla y The Ocean Cleanup, organización internacional sin ánimo de lucro, han formalizado la firma de un Memorando de Entendimiento, como parte de los esfuerzos internacionales para proteger las cuencas hídricas, mitigar la contaminación ambiental y salvaguardar los ecosistemas del Caribe colombiano.Este acuerdo conjunto con Barranquilla busca implementar soluciones tecnológicas de barrera e ingeniería ambiental diseñadas a la medida para frenar el flujo de residuos plásticos directamente en la fuente.La estrategia de protección hídrica abordará dos frentes de acción fundamentales en el Atlántico mediante el despliegue de los sistemas flotantes interceptores desarrollados por esa organización.Entre las áreas que podrían ser consideradas para la instalación de estas soluciones avanzadas se encuentran algunos cuerpos de agua asociados a la cuenca baja del río Magdalena en su tramo final antes de la desembocadura al mar, así como el Arroyo León, con el objetivo de contribuir a la protección de la ciénaga de Mallorquín y de otros ecosistemas marino-costeros.
Una red dedicada al tráfico de migrantes hacia Estados Unidos quedó al descubierto tras una investigación adelantada por la Policía, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI. La operación, denominada ‘Thunder II’, dejó cinco personas capturadas en diligencias realizadas de manera simultánea en Villavicencio y Mesetas, Meta.Según las autoridades, la organización utilizaba una fachada de turismo para captar a ciudadanos colombianos que buscaban llegar a Estados Unidos. Les ofrecía supuestos paquetes turísticos con destino inicial a México, pero una vez allí eran trasladados hacia la frontera suroeste estadounidense para intentar ingresar clandestinamente por pasos no autorizados.El traslado irregular tenía un costo de entre $10 millones y $15 millones por persona. Las investigaciones establecieron que, desde 2022, la estructura habría facilitado la salida e ingreso irregular de más de 300 migrantes, generando millonarias rentas mediante este mecanismo.La red, además, habría preparado a los viajeros para enfrentar los controles migratorios. De acuerdo con el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, los integrantes les indicaban qué hacer si eran interceptados por las autoridades estadounidenses.En esos casos, según la investigación, los migrantes eran instruidos para presentar solicitudes de asilo político sustentadas en denuncias falsas, relacionadas con supuestas amenazas de grupos armados organizados en Colombia. Esta estrategia habría sido utilizada para intentar justificar su permanencia en territorio estadounidense.Los cinco capturados son señalados de los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.La Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial y se establece el papel que habría cumplido cada integrante dentro de la estructura.
