Eccenover Olarte, un hombre de 57 años, falleció tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo debido a un incendio provocado por gasolina, en hechos que aún son materia de investigación. En la Unidad de Quemados del Hospital Universitario de Santander (HUS) falleció el hombre de 57 años con quemaduras en su cabeza y cuello, tras sufrir un grave accidente con gasolina en una zona rural del municipio de Cimitarra, Santander.Los hechos que son investigados por las autoridades, ocurrieron el pasado domingo 23 de marzo, cuando Olarte llevó la gasolina a su casa, según la información dada por uno de sus hijos señaló que la pareja sentimental de su padre, una mujer de 19 años tiene problemas psiquiátricos, y sería quién habría rociado el combustible en el hombre, lo que provocó a su vez un incendio en el lugar.El hombre, en medio de las llamas y las quemaduras en su cuerpo, salió de la casa y se lanzó al río Minero, que atraviesa la vereda donde se ubica su hogar, en un intento desesperado por salvar su vida. Aunque alcanzó a ser rescatado por la misma comunidad y llevado a un centro asistencial de Cimitarra los médicos solicitaron su traslado al Hospital Universitario de Santander para recibir mayor atención frente a las quemaduras de su cuerpo que eran de segundo y tercer grado, por lo que permaneció de urgencias en la Unidad de Cuidados Intensivos durante seis días.A pesar de los esfuerzos médicos, Olarte con quemaduras en su cabeza y cuello no logró sobrevivir, ahora las autoridades deben esclarecer estos hechos y determinar que fue lo que realmente sucedió.Olarte quién era electricista es recordado en el municipio por su bondad con los demás y su manera servicial de ayudar mediante sus labores.El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección del cadáver, el cual fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bucaramanga.
Uno de los factores alarmantes es que se ha relacionado la enfermedad mental con el 29.11 % de los casos de suicidio, según cifras de Medicina Legal, lo que plantea una advertencia sobre la depresión, ya que se espera que sea una de las principales causas de suicidio en el mundo para el año 2030.El año 2022 experimentó un aumento del 12.3 % en el número de suicidios en personas de 15 a 19 años en comparación con 2021, con un total de 393 casos, frente a los 350 del año anterior. Estos datos subrayan la urgencia de abordar este problema entre los jóvenes.El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha destinada a crear conciencia sobre este tema, reducir el estigma y centrar la atención en su prevención.Hasta julio de 2023, según estadísticas de Medicina Legal, se han reportado 1.810 suicidios en el país, un aumento de 246 casos en comparación con el mismo período del año anterior. Los hombres representan el 77 % de estos casos, mientras que las mujeres el 22 %.Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2022, los departamentos con las tasas de mortalidad por suicidio más altas fueron Vaupés (28.6), Tolima (9.3), Guaviare (8.9) y Huila (8.5). Además, se observó un aumento significativo en la tasa de suicidios en Guaviare (95.9 %) y Magdalena (37.1 %) en comparación con 2021.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFLos datos también muestran que los suicidios tienden a aumentar más en hombres que en mujeres. Por ejemplo, en 2021, los suicidios de hombres aumentaron un 5.3 % en comparación con 2019, mientras que en mujeres hubo una reducción del -0.9 %.Los expertos señalan que la enfermedad mental es un factor crítico en la conducta suicida, y aproximadamente el 90 % de las personas que se suicidan tenían una enfermedad mental identificable antes de su muerte. Además, los trastornos por consumo de alcohol o drogas y otros problemas de salud mental, como los trastornos de personalidad, también aumentan el riesgo de suicidio.La prevención del suicidio es posible en muchos casos, pero es crucial abordar el estigma que rodea a las enfermedades mentales y el comportamiento suicida. La comunicación abierta y el apoyo son esenciales, tanto para las personas en riesgo como para sus familias.En este contexto, la Asociación Colombiana de Psiquiatría está llevando a cabo la campaña "Prevenir es Preguntar", que busca promover la conciencia sobre la importancia de hacer preguntas directas a las personas que podrían estar en riesgo de suicidio y ofrecer apoyo médico y familiar. También se destaca la importancia de eliminar el estigma en torno a las enfermedades mentales y el suicidio.El presidente de la Asociación Colombia de Psiquiatría indican que para 2023 por medio de esta campaña buscan por medio del área deportiva impactar a la comunidad a través de diferentes actividades.Le puede interesar: "¿Qué expresidente quiere darle ‘golpe blando’ al presidente Gustavo Petro?"
Un giro dio la investigación en torno a la muerte de Jairo Jesús Silva Rivera, ocurrida en diciembre de 2020 en las celdas de la Segunda Brigada del Ejército Nacional en Barranquilla, donde el hombre se encontraba bajo la custodia de los agentes del CTI de Nivel Central tras haber sido capturado por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, fraude aduanero, falsedad material en documento público, acceso abusivo a sistema informático y contrabando agravado.Para la época, una profesional médica del Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte de este hombre de 65 años había sido violenta, pero ahora tras un estudio microscópico del cuerpo, una reconstrucción de la escena de los hechos con equipos de alta tecnología y una revisión técnica se concluyó que su deceso obedeció a causas naturales."El resultado de estas actividades investigativas permitió establecer, sin lugar a ninguna duda, que no se trató de una muerte violenta, y que, por el contrario, corresponde a causas naturales, debido a que, para el momento de los hechos, el señor Silva Rivera tenía diabetes mellitus tipo 2, cirrosis hepática, trombosis mesentérica y un infarto agudo de miocardio", informó la Fiscalía en un comunicado.Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias al Tribunal de Ética Médica para que sea investigada la profesional de Medicina Legal en Barranquilla que adelantó el protocolo de necropsia inicial y emitió su concepto “sin haber analizado integralmente los resultados y las evidencias técnicas de laboratorio”.Le puede interesar:
Este sábado, 22 de abril, se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre la muerte del joven Juan Sebastián Arismendi, de 26 años, quien falleció después de su ingreso a una estación de Policía en la localidad de Suba, en el norte Bogotá. En el informe pericial se habla de múltiples traumatismos y de signos de posible asfixia.Se trata de un documento de 8 páginas firmado por la médico forense Jennifer Cárdenas Romero y que detalla cada uno de los hallazgos en el cuerpo del joven, entre ellos hematomas, hemorragia y contusión por un golpe contundente en la cabeza, así como otros signos de afectación en distintas partes del cuerpo, incluido un hematoma en los tejidos musculares del cuello que podrían haber resultado de una posible asfixia.“Causa de muerte: Trauma combinado por mecanismo contundente, aceleración y desaceleración con impacto y probablemente por maniobras asfícticas”, señaló en términos técnicos el informe de Medicina Legal.Pero el análisis y la opinión pericial van más allá y señalan que el joven sufrió lesiones que pueden ser consideradas como tortura.“Se documentó trauma en tejidos blandos y planos musculares en múltiples áreas corporales, señales físicas que son congruentes con una paliza propinada por un tercero, sin observarse patrones de lesiones autoinfligidas; estas lesiones deben ser analizadas dentro del contexto de tortura, considerando que, aunque no causan la muerte, si producen intenso dolor y sufrimiento en la víctima”, aclaró.Vale la pena recordar que, al conocerse el caso, inicialmente la Policía había informado que el joven había sufrido una caída en el baño, pero ante los informes posteriores, la propia Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en el que indicó que el caso está a cargo de la Fiscalía y Medicina Legal."La investigación judicial fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal está llevando a cabo un examen para determinar la causa, la manera y el mecanismo de la muerte", explicó.No se pierda: Simon McBride, guitarrista de Deep Purple, habla en exclusiva con Blu Radio
Un gran giro dio la historia de la muerte del soldado barranquillero Esneider Antonio Anillo Moreno, de solo 19 años, quien murió el pasado 5 de julio en el batallón Joaquín Paris No. 19, en San José de Guaviare.Familiares de la víctima aseguran que el día de los hechos un coronel del Ejército les informó que al joven lo habían encontrado desplomado en uno de los baños y junto al cuerpo yacía una sustancia de color amarillo que presuntamente había ingerido.Esta versión, que insinuaba una autolesión por parte del soldado, dejaba muchas dudas entre los familiares de la víctima, ya que siempre se mostró feliz y deseoso de continuar con su carrera militar.Diana Pérez, tía de Esneider, dijo que el giro se dio tras conocer el resultado de la necropsia de Medicina Legal en el que advierten que la muerte se produjo por un trauma en el abdomen y que, además, el cuerpo tenía una lesión en el muslo derecho.“La necropsia muestra que la muerte fue por golpe contundente en el área del abdomen que le produjo un traumatismo de abdomen cerrado”, puntualizó Diana Pérez.Ante esta situación y luego de que el dictamen de Medicina Legal calificara la muerte como violenta, familiares del joven soldado han pedido a las autoridades que se haga una investigación por homicidio y se encuentre al responsable.Mientras tanto, el batallón N°19 entregó un comunicado de prensa en el que señalan que de acuerdo con el dictamen se continuará el curso de la investigación que adelantan las autoridades de acuerdo a las pruebas que se alleguen al proceso.“El Ejército Nacional hace uso de los recursos jurídicos para aportar al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación”, señala el documento.Le puede interesar:
En su más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que entre enero del 2022 y julio del mimo año aumentaron en un 24,39% los presuntos casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.En los primeros siete meses se presentaron en total 11.805 presuntos abusos sexuales contra menores de edad, entre los cuales, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, con 10.311 denuncias.Seguido de los hombres, con 1.494 reportes, lo que evidencia que se registró un incremento en 2.315 casos con relación a los hechos atendidos durante el año 2021, que fueron 9.490.Buena parte de estos casos de denuncias de presunto abuso sexual se presentaron en la adolescencia e infancia, ya fuera cometido por un familiar o un acudiente.Bogotá es la ciudad en donde se reportaron el mayor número de casos de presuntos abusos sexuales, con 2.461 abusos; seguido de Medellín, con 401; Cali, con 311; Cartagena, con 287; Pereira, con 227; e Ibagué, con 214, entre otros.En su más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que entre enero del 2022 y julio del mimo año aumentaron en un 24,39% los presuntos casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.En los primeros siete meses se presentaron en total 11.805 presuntos abusos sexuales contra menores de edad, entre los cuales, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, con 10.311 denuncias.Seguido de los hombres, con 1.494 reportes, lo que evidencia que se registró un incremento en 2.315 casos con relación a los hechos atendidos durante el año 2021, que fueron 9.490.Le puede interesar:Buena parte de estos casos de denuncias de presunto abuso sexual se presentaron en la adolescencia e infancia, ya que fue cometido por un familiar o un acudiente.Bogotá es la ciudad en donde se reportaron el mayor número de casos de presuntos abusos sexuales, con 2.461 abusos; seguido de Medellín, con 401; Cali, con 311; Cartagena, con 287; Pereira, con 227; e Ibagué, con 214, entre otros.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca los alcances de las declaraciones del ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre las movilizaciones para que se apruebe la reforma tributaria:
Un accidente se registró en el barrio San Francisco cerca de la medianoche un carro se quedó sin frenos y el conductor con exceso de velocidad y, al parecer borracho, estrelló dos vehículos dejando dos heridos, según el informe del 'Ojo de la Noche' de Noticias Caracol.En el barrio del sur de Bogotá, una camioneta chocó un vehículo que iba en movimiento y otro que estaba parqueado, a su paso golpeó el puesto de comidas rápidas que estaba ubicado en la esquina de la calle principal.El conductor por poco causa una tragedia, las personas que presenciaron el accidente auxiliaron a los heridos, el vendedor y una persona que estaba comprando.Algunos testigos indicaron que el conductor, al parecer en estado de embriaguez, trató de huir después del choque. Dijeron que los policías de la localidad de Ciudad Bolívar lo retuvieron.Al conductor implicado le practicaron la prueba de alcoholemia en Medicina Legal.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas confirmó que de los 45 cuerpos inspeccionados en el cementerio de Matanza, Santander, cuatro serían de presuntos guerrilleros del ELN y las Farc, quienes desaparecieron en medio de los combates que se presentaron hace 20 años en la zona de Santurbán. La directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón Cifuentes, resaltó que los resultados de esta acción humanitaria fueron posibles gracias al trabajo articulado con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el apoyo de la cooperación internacional sueca a través de la organización Diakonia.En el cementerio se encontraron cuerpos de algunos combatientes que hicieron parte de los frentes Claudia Isabel Escobar Jerez, del ELN, y del 20 frente de las Farc, estructuras que hicieron presencia en la provincia de Soto Norte de Santander, señala el informe de la Unidad de Búsqueda. “Durante años hemos venido documentando las graves violaciones a los derechos humanos en el país y a partir de ese trabajo han desarrollado un conocimiento realmente valioso en la investigación sobre las personas desaparecidas en el conflicto armado. Los restos óseos corresponderían a cuatro hombres jóvenes con lesiones ocasionadas aparentemente por proyectiles de arma de fuego”, agregó Luz Marina Monzón Cifuentes.Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal en la ciudad de Neiva para su identificación, por ser esta la entidad a la que le corresponde la identificación.En el departamento de Santander están reportadas como desaparecidas 4.235 personas, de las cuales el 85,76% son hombres y el 11,48% mujeres. Del 2,76% no se tiene información.Escuche las noticias del día aquí:
A un riesgo sanitario estarían expuestos los funcionarios de Medicina Legal de Bucaramanga por el grave hacinamiento de cadáveres que se registra en la institución. Según denunció Asonal Judicial, hay más de 50 cuerpos represados en neveras.La situación fue dada a conocer por Luis José Arévalo, presidente de Asonal Judicial de Bucaramanga, quien aseguró que los cuerpos corresponden a venezolanos que nadie reclama, algunos asignados a la Fiscalía y otros que no han sido identificados.“Es una situación preocupante porque son cuerpos en descomposición que representan un riesgo biológico y psicológico al que se exponen los funcionarios, igual que olores ofensivos que afectan a los vecinos del sector. Son cuerpos que igualmente merecen un tratamiento digno”, señaló Arévalo.El presidente de Asonal Judicial y juez de Bucaramanga les pidió a los alcaldes de Bucaramanga y al área metropolitana realizar los procesos de cremación de los cadáveres.“La norma dispone que es competencia de las alcaldías hacerse cargo de esos cuerpos, pues se requiere descongestionar las neveras y el cuarto frío porque es un tema de riesgo para los funcionarios”, indicó el presidente de Asonal Judicial en Bucaramanga, Luis José Arévalo.También reveló que en Medicina Legal de Bucaramanga permanecen cuerpos desde el año 2000 que hacen parte de investigaciones que adelanta la Fiscalía.Escuche las noticias del día aquí:
Un macabro hallazgo se dio en las últimas horas en el sur de Bogotá. Trabajadores de un establecimiento de expendio de carnes se percataron de la presencia de un cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Tunjuelo, entre las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito.De acuerdo con el coronel Jhon Buitrago, comandante de la estación de Policía de Ciudad Bolívar, una vez recibida la alerta los uniformados hicieron presencia en el lugar donde se halló el cadáver. Las autoridades indicaron que se encontró en avanzado estado de descomposición, pero sin signos de violencia, por lo que se hizo el respectivo levantamiento.Las causas de la muerte están por establecerse, aunque por ahora se maneja la hipótesis de inmersión en el río Tunjuelo. El CTI de la Fiscalía adelanta la respectiva investigación.“Hay que esperar el dictamen de Medicina Legal, encargado de establecer las causas de la muerte”, indicó el coronel Buitrago.Aún no se conoce la identidad de la víctima. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal como cuerpo no identificado y sin signos de violencia visibles. Con este, ya son dos casos los que de cuerpos encontrados sin vida en las aguas del río Tunjuelo.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las últimas correrías de los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta:
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.