El bitcóin, la criptomoneda más conocida del mercado, sigue en caída libre y este jueves apenas supera los 19.000 dólares, con lo que cerrará el primer semestre del año con unas pérdidas de casi el 60 % de su valor, según los datos de Bloomberg consultados por Efe.Asimismo, la caída acumulada desde los máximos que alcanzó el pasado noviembre, cuando el bitcóin rozó los 69.000 dólares, llegan al 72 %.A media sesión de este jueves, el bitcoin baja casi un 6 %, hasta los 19.000 dólares, lo que supone esa pérdida de casi el 60 % respecto a los más de 46.700 dólares en los que cotizaba a inicio de año.El bitcóin vuelve a caer por cuarto día consecutivo, y lo hace hoy con más fuerza después de que los presidentes de la Reserva Federal estadounidense (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra se mostrasen ayer decididos a controlar la inflación utilizando, si fuera necesario, todas las herramientas a su alcance.Los analistas explican que el desplome que registra la criptomoneda se debe al endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales, con el consiguiente temor de los mercados a una recesión.También responde a las medidas adoptadas por varias empresas del sector ante el miedo a un "criptoinvierno" (un período prolongado de precios a la baja), que han generado desconfianza entre los usuarios.El contexto volátil y bajista del último mes provocó que plataformas como Network limitase las operaciones y Binance -la plataforma más usada del mundo para comprar y vender criptomonedas- suspendiese todas las retiradas de bitcóin por un problema técnico.Otras empresas del sector como Coinbase y Gemini anunciaron reducciones de plantilla del 10 % y el 18 %, respectivamente, y advirtieron de la llegada de un invierno para las criptomonedas.El ether, la segunda criptomoneda más conocida del mercado, también se desploma esta jornada un 8 %.En el año, la pérdida es del 73 %, marcando un valor ligeramente superior a los 1.000 dólares.Escuche el podcast Cómo como:
Este nació con el objetivo de trabajar en temas de interés común respecto de la política y aplicación del derecho de la competencia, y “para formular propuestas para la convergencia del procedimiento y de la sustancia del derecho de la competencia a través de una agenda orientada hacia la obtención de resultados”. Según el experto, “Colombia pertenece a la ICN desde hace varios años (…) El ICN se estableció con la visión de crear una aplicación más efectiva del Derecho de la Competencia en el contexto de la globalización”. El ICN es la única entidad internacional que se dedica de manera exclusiva al derecho de la competencia y a su aplicación.
Al cumplirse un mes del sísmico terremoto del pasado 10 de agosto, las autoridades territoriales y gubernamentales han presentado un panorama crítico de los daños y los inmensos desafíos económicos que implica la reconstrucción. El saldo de la emergencia abarca cientos de víctimas mortales, cientos de miles de familias afectas e infraestructura colapsada en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.Valle del Cauca: miles de viviendas destruidas y aulas temporales en carpasEl Valle del Cauca registra una de las situaciones más graves, con un saldo de 223 personas fallecidas, 314.798 afectados y 151.000 familias golpeadas por la tragedia. De acuerdo con la gobernación, el evento dejó 87.000 viviendas averiadas, 24.000 colapsadas y 220 escuelas destruidas. Para mitigar la interrupción escolar, cerca de 15.000 estudiantes están asistiendo a clases en carpas.La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, explicó en Mañanas Blu, que se ha implementado un esquema de autoconstrucción asistida en municipios como Roldanillo. La mandataria señaló: "no los vamos a dejar Solos damos los materiales, pero además tenemos el maestro de obra, el alcalde pone el oficial y la gente, los dueños de la casa también colaboran y aportan en esa construcción de su casa". Asimismo, subrayó la dimensión humana de la respuesta institucional: "no se trata solo de levantar paredes, es hacer también una reconstrucción de sueños, de esperanzas". No obstante, admitió la limitación financiera local: "se nos agota la capacidad nuestra, no da para poder hacer todo lo que se generó".Pereira y Cali: desafíos urbanos y sobrecostos billonariosEn Risaralda, la ciudad de Pereira reporta 109 fallecidos, 110.000 personas damnificadas y 24.000 viviendas desalojadas debido a daños estructurales graves. El alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, destacó la actitud de la población afirmando: "Acá los pereiranos lo que tenemos es amor por esta ciudad y por supuesto que nos caracteriz nos caracteriza el civismo lideraz la resiliencia". No obstante, advirtió que la reconstrucción local requerirá alrededor de 10 billones de pesos y puntualizó: "las posibilidades reales de reconstrucción están en manos del gobierno nacional a través del Fondo Milagro".Por su parte, la ciudad de Cali enfrenta la atención de más de 40.000 familias damnificadas y la evaluación de más de 100 edificios evacuados, con un presupuesto estimado para la reconstrucción urbana entre 10 y 15 billones de pesos. El alcalde Alejandro Eder enfatizó la complejidad del proceso manifestando que "esto es una maratón de 4 años por lo menos", mientras confirmó que "en Cali seguimos distribuyendo 20 toneladas diarias de ayuda humanitaria".Quibdó y Chocó: estabilización del terreno y golpe al comercioEn el departamento de Chocó se confirmaron 13 personas muertas tras el sismo, junto con delicados procesos de remoción en masa y laderas fracturadas. En Quibdó, el impacto económico alcanza a más de 600 comerciantes y negocios afectados, lo que derivó en la suspensión de los eventos artísticos y culturales de las fiestas patronales de San Pacho.El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, precisó las urgencias técnicas requeridas antes de levantar edificaciones: "antes de empezar a reconstruir como tal, debemos estabilizar la ciudad". Igualmente, hizo un llamado para disponer de maquinaria pesada y personal capacitado, remarcando que "este es el momento de construir bien, de que podamos levantar las las viviendas que sean sismos resistentes".Escuche aquí la entrevista:
Un mes después de que un terremoto de 7,4 grados en el oeste de Colombia causara 331 muertos, 4.500 heridos, al menos 111 desaparecidos y 466.700 afectados, persisten las necesidades sanitarias, de salud mental y alojamiento en las comunidades más afectadas, advirtió este jueves Cruz Roja.Aunque las operaciones de rescate han concluido en la mayoría de las zonas, "las personas afectadas por el terremoto necesitan atención sanitaria para prevenir complicaciones derivadas de enfermedades crónicas o de interrupciones en los calendarios de vacunación", indicó en un comunicado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).También requieren apoyo psicosocial para ayudarles a afrontar las consecuencias del trauma, y acceso a alimentos, productos de higiene y otros bienes esenciales, agregó la federación."A medio y largo plazo las comunidades afectadas necesitarán apoyo para recuperar sus medios de vida, reconstruir su resiliencia y reforzar la preparación ante futuras emergencias y desastres", indicó FICR.En el mes transcurrido desde el terremoto, 1.844 voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Colombiana distribuyeron más de 3.600 toneladas de ayuda humanitaria y llevaron a cabo más de 5.300 intervenciones para brindar apoyo sanitario.La federación internacional hizo en agosto un llamamiento de emergencia por valor de 25 millones de francos suizos (30 millones de dólares) para ampliar la capacidad de la Cruz Roja Colombiana sobre el terreno.
Preocupación hay en Barrancabermeja por la aplicación de la Resolución 101120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece un programa transitorio para incentivar el ahorro de energía durante el fenómeno de El Niño y contempla cobros adicionales para quienes superen su consumo promedio histórico.La medida establece una meta individual para cada usuario, calculada con base en el comportamiento que ha tenido en el consumo de energía. Cuando el gasto supera en más de un 10 % esa referencia, se genera un cobro adicional sobre el consumo que exceda la meta establecida que puede llegar hasta el 70% más del valor habitual.En Barrancabermeja, desde Fenalco han advertido que esta disposición podría generar dificultades para hogares y establecimientos comerciales, debido a las altas temperaturas que se registran en el municipio y que hacen necesario utilizar con mayor frecuencia ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración.Martín Porras, de Fenalco Barrancabermeja, pidió que se tenga en cuenta esta condición climática y que el porcentaje permitido de consumo sea mayor para los territorios donde las temperaturas son más elevadas.“Nuestros consumos son mayores con respecto a otros climas, a otras ciudades”, señaló Porras, al explicar que en Barrancabermeja se registran temperaturas de entre 38 y 40 grados.La propuesta de Fenalco es que el margen de consumo permitido pase del 120 % al 130 %, con el fin de que los usuarios de zonas de altas temperaturas tengan un mayor margen antes de que se generen cobros adicionales.Según Porras, la solicitud no busca desconocer la necesidad de ahorrar energía, sino que las condiciones particulares de cada territorio sean consideradas al momento de aplicar la medida.“Lo más justo” sería, según explicó, que el porcentaje de consumo permitido no sea igual para todas las ciudades, sino que tenga en cuenta factores como las temperaturas que enfrenta cada región.La preocupación se extiende a otras ciudades del país que, de acuerdo con Fenalco, también han planteado la necesidad de revisar la aplicación de esta medida y establecer condiciones diferenciales para los territorios donde el clima obliga a mantener un mayor consumo de energía.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 9 de septiembre de 2026:Ricardo Bustos, director de la agrupación 'Los Alfa 8', habló de la adaptación de la canción 'El beneficio de la duda' a la salsa y cómo decidieron realizar esa transformación.En la sección 'Tutoriales radiales', la abogada Paola Suárez explicó a los oyentes cómo se pueden superar los líos jurídicos relacionados con viviendas afectadas por el terremoto.
La Superintendencia de Industria y Comercio reveló un presunto esquema de corrupción contractual que habría operado en 2021 en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Metroparques, relacionado con la contratación para el mantenimiento y operación del Parque de las Aguas, durante la administración de Daniel Quintero.De acuerdo con el informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia, se habría utilizado contratos interadministrativos para evitar procesos de selección competitivos y posteriormente direccionar al menos ocho invitaciones privadas hacia determinados proveedores.Por ello, la SIC puso bajo la lupa algunos contratos mediante los cuales el Área Metropolitana habría canalizado más de $15.748 millones hacia Metroparques. Según el organismo, esta última entidad no contaba con la experiencia ni la capacidad técnica necesaria para ejecutar directamente las actividades contratadas.El informe señala que Metroparques habría terminado subcontratando el 100 % de los requerimientos, sin ejecutar directamente las obras o actividades técnicas. A cambio, habría cobrado una comisión cercana al 8 % por la administración de los recursos, que representó aproximadamente $1.368 millones, lo que para la SIC habría generado un costo adicional e innecesario, es decir, un detrimento patrimonial.Entre las empresas señaladas aparecen Comercializadora JPino, 1Soluciones y Constru Americana, mismas que, presuntamente, no tendrían la capacidad técnica, operativa o financiera requerida para desarrollar los trabajos.El informe fue notificado a las entidades y personas involucradas y será trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias, determinen las eventuales responsabilidades penales y fiscales.La SIC, por su parte, recomendó sanciones contra quienes habrían colaborado, facilitado, ejecutado o permitido las conductas investigadas en un proceso que se suma a las investigaciones que ya adelantan las autoridades por presuntas irregularidades en la contratación del Parque de las Aguas.