El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, arremetió fuertemente contra Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificando su retiro de la mesa de concertación del salario mínimo como una "conducta reprochable". Sanguino afirmó que Cabal "se comporta más como un como un opositor político que como un dirigente gremial".La polémica surge luego de que Fenalco decidiera abandonar la mesa de negociación, argumentando que el Gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro o del ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había insinuado un aumento del salario mínimo de dos dígitos, supuestamente del 11%.Conducta de FenalcoSanguino desmintió que el gobierno haya fijado ya una cifra, señalando que hasta el momento, solo el ministro Benedetti ha hablado de porcentajes o cifras de incremento. El ministro del Trabajo enfatizó que su cartera no ha hecho públicos los escenarios construidos y busca ser "muy responsable en esa materia".La crítica de Sanguino a Cabal es profunda, pues asegura que el líder gremial no solo tiene una posición de "no", sino del "nunca". Según el ministro, a Cabal "nunca le gusta nada que venga del gobierno", incluyendo la reforma laboral, la reforma pensional y los incrementos de salario mínimo. Sanguino sugirió que "ese tipo de conducta pues no ayuda a la concertación" y contrastó la actitud de Cabal con la de otros líderes gremiales como Bruce Mac Master de la Andi, quien, a pesar de ser crítico, se mantiene en la mesa de discusión, al igual que los delegados de Acopi y la Sociedad de Agricultura de Colombia.Debate con el ministro BenedettiEl proceso de negociación se ha visto mediado por una discusión pública con el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha expresado su opinión en sendos videos, proponiendo un incremento de salario mínimo en dos dígitos. El ministro Sanguino calificó esta interacción como una "discusión cordial" y contradicciones normales dentro del gabinete.No obstante, Sanguino le respondió públicamente a Benedetti invitándolo a argumentar su propuesta en la mesa de concertación "con rigor". Sanguino destacó que una discusión responsable debe examinar las variables que exige la ley y la Constitución: la inflación (causada y esperada, provenientes del Dane y el Banco de la República) y la productividad (productividad de todos los factores y productividad del trabajo). Para Sanguino, no es suficiente con mencionar los porcentajes de incremento de otros países.Actualmente, el Ministerio del Trabajo se encuentra modelando escenarios y ajustando indicadores técnicos. Apenas se conocerán los datos actualizados de inflación este viernes, un factor clave para la discusión. La decisión final sobre el incremento le corresponde al presidente de la República.Escuche aquí la entrevista:
Improvisada, insuficiente, sin sustento: esos son algunos de los calificativos que se han escuchado desde distintos sectores al llamamiento a un día cívico este viernes 19 de abril para ahorrar agua y electricidad.“El 19 de abril no es un día para celebrar, en consecuencia, el comercio funcionará normalmente y atenderá al público como cualquier día. Sea esta la oportunidad para que los colombianos nos comprometamos con el ahorro de agua y energía todos los días y desde nuestros hogares, trabajos y entidades educativas”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.Para Cabal la medida de día cívico es improvisada y carece de un sustento técnico.Más moderada, pero en la misma línea, se pronunció la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.La decisión se da en un momento crítico del sistema energético colombiano, que tiene los embalses de agua por debajo del 29 % y el pronóstico es que lloverá menos de lo normal en las próximas dos semanas."La responsabilidad de cada uno de nosotros nos debe llevar a un compromiso de largo plazo en el consumo racional de agua y energía, independientemente de la movilidad. Las medidas deben de ser cuidadosas para proteger la economía e ingresos de los ciudadanos", agregó Lacouture.Por su parte, desde el punto de vista técnico, un día cívico es insuficiente para revertir la completa situación del sector energético, aseguró el director del Centro de Estudios Regionales en Energía (Cree), Tomás González.Hoy el sector se enfrenta a unos embalses en mínimos, un mal pronóstico de lluvias y a un sistema 'apretado'.Y, para el exministro Mauricio Cárdenas, decretar un día cívico podría ser incluso contraproducente desde el punto de vista económico."Aquí lo que se necesita son medidas mucho más estrictas, empezando por el tema eléctrico, donde es necesario empezar a ahorrar muchísimo y que el Gobierno ya tome medidas específicas de reducción del consumo, ejemplo: prohibición de usar las escaleras eléctricas, prohibición de usar ascensores, ese tipo de medidas, reducción del consumo en los hogares, eso es lo que necesitamos para ahorrar agua. Me parece que es una medida que no va a ser efectiva y más bien le saca el cuerpo a lo que realmente se necesita", aseguró Cárdenas.
El presidente Gustavo Petro tenía prevista una reunión con el consejo gremial este jueves, 24 de agosto, para el mediodía, pero el esperado encuentro se aplazó para el próximo martes. Desde el Palacio de Nariño no dieron mayores detalles de la reprogramación, lo que generó “sorpresa” en los empresarios que lo esperaban.Así lo dijo en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien aseguró que era una “reunión de suma importancia”, dadas las cifras de la economía colombiana que se conocieron en días recientes. Según dijo, querían plantear un plan de choque para reactivarla.“Era una reunión de suma importancia. Queríamos proponerle la necesidad de un plan de choque para reactivar la economía del país. Esperemos que se dé el martes porque cada vez sentimos más señas de que el señor presidente no se siente cómodo con los empresarios y los gremios”, aseveró Cabal.Reforma tributaria e impuestos para educaciónJaime Alberto Cabal también se refirió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre los impuestos para la educación, en las que el jefe de Estado pidió una contribución adicional por parte del sector empresarial para usarla exclusivamente en la educación en Colombia; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró que eso no significa que se venga una nueva reforma tributaria.“Yo creo que al presidente y a algunos miembros de la opinión pública del país se les olvida la reforma tributaria tan fuerte que hubo y la enorme contribución que le está generando con nuevos recursos al país. Consideramos que el problema no es de recursos ni es de subir impuestos, el problema, como quedó evidenciado, es de ejecución presupuestal”, recalcó Cabal. Polémica reacción por aplausos al fiscal generalPor otro lado, Cabal respondió a la polémica que se generó luego de que el presidente pusiera sobre la mesa lo que parece ser una tensa relación con el gremio, luego de los aplausos que varios empresarios le dieron al fiscal Francisco Barbosa tras un discurso.Según dijo, dichos aplausos no fueron contra el presidente y simplemente fueron es respuesta a “una buena gestión y presentación” del fiscal.“Tenemos la obligación de tener buenas relaciones y escuchar a todos los representantes de los distintos poderes públicos del país, es decir, se escucha al Gobierno, se invita a representantes del Congreso, se invita a las altas cortes y organismos de control y, el hecho de que se le reconozca una muy una gestión al señor fiscal y una buena presentación, no quiere decir que ese aplauso sea contra el presidente”, puntualizó.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El incremento del salario mínimo para 2023 debe ser Justo, pero sin tintes políticos, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Esta semana, gremios, sindicatos y Gobierno iniciaron la discusión para establecer cuál será el aumento que recibirán cerca de 12 millones de trabajadores colombianos el próximo año. En diálogo con Mañanas Blu, Cabal detalló que ya arrancaron las reuniones entre el Gobierno Nacional y los diferentes gremios para llegar a un acuerdo entre todas las partes que, como propósito, “le convenga a todos los colombianos”.“El salario mínimo debe reconocer el poder adquisitivo de los trabajadores y con base en la inflación y los puntos de productividad que, tradicionalmente, han sido de uno o dos puntos. Es un cálculo técnico; creemos que no va a superar el dos, estará mas o menos hacia el uno y medio por ciento”, mencionó.En ese sentido, dijo, el aumento que se espera es un tema de “elemental justicia”, pero que no debe ser un salario mucho más allá de los criterios técnicos; es decir, por encima de la inflación, pues se debe priorizar y cuidar la “generación de empleo en el país”.“Debe ser un salario justo, equilibrado, pero no con componentes políticos. Es lo que le hemos planteado al Gobierno para ponernos de acuerdo con algo que le convenga a todo el país”, recalcó Cabal.Así, insistió, el próximo lunes empezará la negociación, la cual busca una concertación entre el Gobierno, las centrales obreras y los gremios para “sacar un salario mínimo aceptable para todos”, esto, cuidando las finanzas públicas.Y es que analistas proyectan que el salario mínimo para el próximo año podría subir entre 15 % y 20 % por la inflación y los niveles de desempleo. Sin embargo, el presidente de Fenalco aseguró que el porcentaje no será mayor a esa cifra, pues, añadió, será una decisión “sensata”.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciante (Fenalco), aseguró que la aprobación de la reforma tributaria podría quebrar a cerca de 250.000 tenderos en el país. El dirigente gremial, en entrevista con Mañanas Blu, aseguró que es previsible una disminución del consumo en productos que constituyen un porcentaje importante de las ventas. "Con un estudio muy completo le advertimos al país, al Congreso, al Gobierno, acerca de este impacto. Las tiendas de barrio van a entrar, seriamente, en un proceso de disminución de su actividad. El impacto es muy claro, el costo de los productos que quedaron gravados implicará que el tendero va a comprar con un 20 a 25% adicional y el consumidor final, como hemos señalado en el 90% de todas las tiendas, va a tener ese sobreprecio. Esto desestimulará el consumo, como es el propósito del gobierno o de alguna manera va a generar una mayor carestía en los sectores populares", declaró el vocero gremial. De acuerdo con el presidente de Fenalco, los productos que van a quedar gravados son los que tienen un mayor margen de ganancia en las tiendas, por lo que el impacto es mayor. "En Fenalco hicimos un estudio que demuestra que el producto número uno en ventas en las tiendas es la cerveza, segundo las gaseosas y tercero los snacks, las papas fritas, los paquetes. Luego vienen las carnes frías, la galletería y los pasteles, todo eso va a quedar absolutamente gravado. Afortunadamente se sacó el pan, porque si no habría sido un altísimo costo", sostuvo Cabal. Según la proyección de Fenalco, con los cambios en la reforma tributaria, el 60% de las tiendas entrarían en pérdidas y dejarían de tener márgenes de utilidad, lo que compromete la supervivencia de 250.000 de estos establecimientos. "Es grave y lamentable que el Congreso no haya oído el clamor de los tenderos, porque fue sustentado con estudios y estadísticas", aseguró Cabal.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
