Luego del contundente y unánime fallo de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que el exdefensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, no acosó sexualmente a su exsecretaria privada Astrid Helena Cristancho y archivara su proceso penal, la mujer habló sobre esta decisión en entrevista con Daniel Coronell y la Revista Semana, precisamente la columna que hace dos años reveló la denuncia que se acompañaba de fotografías íntimas.Astrid Helena Cristancho aseguró que no es cierto que, como lo dice la Corte, haya existido una relación amorosa y sexual consentida. Insiste en que su jefe la acosaba y ella necesitaba conservar su trabajo.“No, no es cierto. No fue consentida, no fue amorosa y no fue una relación. Ni de noviazgo, ni de pareja, ni de amor. Fue el abuso de un jefe poderoso contra una persona que necesitaba su trabajo”, dijo la mujer.Con respecto a la carta que, según la Corte, fue enviada por Cristancho a Otálora en una fecha especial y en la que ella expresaba su cariño, la mujer asegura que es un montaje de la defensa del exdefensor.“Esa carta la presentó Jaime Bernal Cuéllar, el omnipotente abogado de Otálora. Yo no escribí esa carta. A ese documento nunca le hicieron prueba técnica o grafológica que demuestre que es mi letra. Además, durante el proceso jamás me preguntaron por ese escrito que desconozco”, aseguró.Vea aquí: Exdefensor Jorge Armando Otálora no acosó a su exsecretaria: Corte SupremaCristancho asegura, además, que la primera relación sexual se dio en la casa del exdefendor del Pueblo y que ese día, tras recibir una copa de vino, perdió la conciencia. “Luego solo recuperé la conciencia cuando estaba en otro lugar vistiéndome con mi jefe al lado. Yo me fui llorando (…) Sigo sin explicarme porque no recuerdo nada de lo que pasó. Si estaba bajo la influencia de alguna sustancia o si mi mente borró la experiencia. He recibido terapia profesional por dos años y medio y sigo recibiéndola, sin poder reconstruir ese momento”, relató Cristancho.Manifiesta que no denunció en ese momento porque sentía miedo y vergüenza.“Yo había ido a la casa de él, acepté un vino. Sentía una profunda vergüenza, además de miedo. Temí que me pasara lo que hoy me está pasando y lo que pasa a muchas víctimas de violencia sexual que es que no nos creen. Que la víctima termina siendo culpable de haber ido, o de tomar vino como si eso fuera una autorización para que pasara cualquier cosa. La Fiscalía nunca le preguntó al defensor sobre ese episodio”, manifestó.Cabe señalar que la Corte consideró que no era lógico que, tras una situación semejante, la víctima continuara durante año y medio frecuentando a su agresor y expresándole muestras de afecto. No obstante, la mujer manifiesta que las reiteradas visitas nocturnas al apartamento de Otálora, que quedaron consignadas en la minuta del edificio, no fueron voluntarias como lo dice la Corte.“No fue voluntariamente. Yo estaba sometida al poder de él, a las amenazas de perder mi empleo, un trabajo que yo adoraba, que hacía bien y que además necesitaba mucho. Esa presión para mantener el trabajo es igual o peor en Colombia que en cualquier parte del mundo. La diferencia es que a Harvey Weinstein lo acusan en Estados Unidos por sus abusos y aquí la víctima termina en el banquillo”, explica Cristancho en la entrevista de la Revista Semana.Finalmente, Astrid Helena Cristancho sostuvo que las fotos íntimas que fueron reveladas por ella a los medios de comunicación fueron enviadas por Otálora sin que ella las solicitara y que no se arrepiente de haberlo denunciado. Por su parte, Otálora ha insistido en su inocencia y pide que se investigue a quienes influenciaron a Cristancho para que hiciera esta denuncia que, según él, buscaban sacarlo del cargo, como en efecto sucedió.
La Corte Suprema de Justicia decidió archivar el proceso que le seguía al exdefensor Jorge Armando Otálora por supuesto acoso sexual hacia su entonces secretaria privada Astrid Helena Cristancho.La mujer denunció a Otálora en el 2015 cuando ostentaba el cargo de defensor del Pueblo. La denuncia incluía fotos íntimas que, según Cristancho, demostraban los hechos de los que fue víctima y el escándalo produjo la salida del funcionario de esa entidad. Sin embargo, durante estos dos años de proceso la Corte Suprema de Justicia reunió varias pruebas que sirvieron para determinar que la denuncia era falsa y que lo que en realidad existió fue una relación consentida que se prolongó por más de año y medio. Vea aquí: Cara a cara entre el exdefensor Otálora y su exsecretaria privadUna de esas pruebas es una carta que Astrid Helena Cristancho le envío al exfuncionario para celebrar una fecha especial:“(…) Para muchos, estas fiestas, y en general, todas las fechas especiales son el resultado de una idea económica de movilidad del mercado, para mí es la oportunidad de dar algo de mi cariño a personas que son especiales en mi vida (...)”, dice apartes de la carta. La Corte también tuvo en cuenta la minuta de entradas y salidas del edificio en el que vivía Otálora y en el que están registradas las reiteradas visitas de la mujer. "Salió a la luz su más cuidada intimidad y los más recónditos detalles de su afecto y sus querencias, todo para descubrir que entre ellos existió una relación consentida y voluntaria. La condición humana, tan difícil de entender, permitió también descubrir el interés de la doctora Astrid Helena por escribir una historia diferente en la que su pareja sería el agresor", señaló la Corte.Para la Corte tampoco resultaba lógico que la mujer soportara por año y medio una relación abusiva y, al tiempo, demostrará tener afecto por su agresor."Particularmente en relación con el primer encuentro sexual que ella describe con pormenores y que tuvo como escenario el apartamento del doctor Otálora Gómez, cuando ella apenas se había vinculado a su trabajo en la Defensoría del Pueblo, ese acontecimiento no hace parte de una conducta aislada (...) el comportamiento sexual durante un año y medio después de la primera relación permite inferir que en aquella ocasión, como en todas, primó el consentimiento sobre el abuso, el querer sobre el sometimiento y la voluntad sobre la amenaza", dice la Corte en su decisión.Asimismo, el alto tribunal escuchó los testimonios de personas cercanas a la pareja e incluso de funcionarios de la Defensoría que confesaron haber recibido sugerencias para declarar en contra del entonces defensor del Pueblo."De esto hay declaraciones de amigos, de gente conocida por los dos, de empleados de la misma institución que incluso recibieron la sugerencia de declarar en contra del doctor Otálora Gómez", determinó la Corte.Precisamente, el exdefensor del Pueblo, quien se mostró complacido con la decisión de la Corte, dijo que detrás de esta falsa denuncia había intereses que lograron apartarlo del cargo."Qué bueno que se pudiera establecer qué hubo detrás de todo esto, quiénes estuvieron gestando todo este escenario. Eso sería bueno que el país también lo supiera porque detrás de ella también estuvieron otras personas incidiendo en una injusticia. El objetivo fundamental era apartarme del cargo y tengo que reconocer que lo lograron", dijo.
La Procuraduría le pidió a la Corte Suprema de Justicia que absuelva al exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora del proceso que se le sigue por presunto acoso sexual y laboral.Otálora fue denunciado por su exsecretaria privada, Astrid Elena Cristancho, a finales de 2016.La mujer reveló fotos intimas que Otálora le habría enviado, y que según ella, probarían el delito.Vea aquí: Cara a cara entre el exdefensor Otálora y su exsecretaria privadaPara la Procuraduría no hay prueba de que los delitos de acoso, por los que se denunció a Otálora, hayan existido, y así lo manifestó cuando archivó el proceso disciplinario en su contra.La semana pasada, la Fiscalía también le solicitó a la Corte Suprema que Otálora fuera absuelto, pues tampoco encuentra pruebas que acrediten su responsabilidad en los hechos por los que fue suspendido del cargo.
Después de casi dos años, el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otalora y su exsecretaria privada Astrid Elena Cristancho se encontraron en la Corte Suprema de Justicia.A puerta cerrada se desarrolló la audiencia en la que la Fiscalía solicitó que se archive la investigación contra Otálora por presunto acoso sexual y laboral. Cabe recordar que el caso inició a finales del 2016 luego de que Otalora fuera denunciado por Cristancho, quien reveló fotos intimas que Otálora le había enviado y que, según ella, demostraban los hechos de los que fue víctima.Vea aquí: Me preocupaba comportamiento de la oficial: coronel del Quindío denunciado por acosoEl cara a cara duró cerca de cuatro horas. Allí, ambos estuvieron escuchando los argumentos de la Fiscalía que argumentó que no existen pruebas suficientes que demuestren que Otálora haya incurrido en esa conducta.Otálora fue suspendido en su momento del cargo por la Procuraduría General de la Nación, que posteriormente archivó el proceso por acoso laboral y que ahora respaldaría la tesis de la Fiscalía.
La Procuraduría tomó la decisión de archivar la investigación contra el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora por las denuncias de acoso laboral en su contra. El Ministerio Público asegura que no se encontraron pruebas frente al supuesto acoso que habría ejercido Otálora contra sus subalternas. La decisión fue tomada durante la administración de la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda por lo cual aún queda un recurso de apelación que deberá ser resuelto por el procurador Fernando Carrillo. El pasado mes de enero de 2016, la Procuraduría General anunció que suspendió a Jorge Armando Otálora, quien presentó su renuncia a su cargo como defensor del Pueblo en medio de un escándalo por las acusaciones en su contra por acoso sexual y laboral.
El presidente del órgano, Alfredo Deluque, dijo que se espera que el presidente Juan Manuel Santos presente la terna en el mes de agosto para elegir al nuevo defensor en septiembre. "El defensor debe ser una persona comprometida con las víctimas en el país y la reconciliación, teniendo en cuenta todos los actores de esta cruel guerra que hemos tenido durante 60 años", explicó Deluque. La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Ángela Robledo, y la congresista del Movimiento Mira, Ana Paola Agudelo, propusieron que la terna esté conformada por mujeres. Entretanto, el representante de los verdes, Inti Asprilla, se declaró impedido para votar la renuncia del saliente defensor por un conflicto de intereses.
Previamente, la Procuraduría General lo había suspendido provisionalmente durante tres meses, como una medida cautelar mientras se adelanta la investigación formal disciplinaria contra Otálora. (Lea también: Procuraduría suspende a Jorge Armando Otálora). La decisión fue tomada específicamente por la fiscal sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Alexandra Ladino. El exdirector de la Defensoría del Pueblo ya había presentado su renuncia pero no pudo ser aceptada porque el Congreso de la República no había iniciado a sesionar, algo que sucederá en marzo próximo. En los próximos días se deberá cumplir este interrogatorio, una vez Cristancho cumpla con su declaración. (Lea también: Fiscalía citó a Astrid Helena Cristancho para sustentar denuncia contra Otálora).
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema que asumió este caso citó a la denunciante, Astrid Helena Cristancho, para la próxima semana, en calidad de testigo donde deberá sustentar la denuncia que puso en contra de Otálora. La delegada de la Fiscalía verificará las decenas de correos electrónicos, chats y fotografías que Cristancho presentó en su denuncia. Se conformará un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación para verificar la autenticidad de las pruebas. Con respecto a Jorge Armando Otálora, Blu Radio confirmó que la Fiscalía aún no ha decidido si llamarlo a interrogatorio, pues primero se evacuará esta entrevista. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El presidente Juan Manuel Santos hizo un nuevo llamado al expresidente Álvaro Uribe para que asista a la celebración de los 15 años del Plan Colombia en Washington la próxima semana. -En un hospital de Barranquilla permanece la mujer que sufrió un paro cardiaco en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Avianca. -En Europa recomiendan a las personas que viajan al Caribe tener cuidado con el virus del Zika. -Caimanes se enfrentan este viernes ante Los Tobis de México por un cupo en la semifinal de la Serie Latinoamericana de Béisbol.
A la hora de radicar la denuncia, la exreina llegó a la sede de la Fiscalía General con una camiseta blanca en rechazo al acoso sexual y acompañada de varios amigos y familiares, mientras decenas de personas manifestaban un gran apoyo a su favor. "Hago un llamado a todas las mujeres y hombres que hayan sido víctimas de algún tipo de acoso, que denuncien, que se apoyen en las instituciones, para eso estamos en un país democrático", dijo Cristancho. Sin embargo, no quiso referirse a la renuncia de Otálora ni tampoco entregar más detalles de lo que habría sido el acoso laboral y sexual. "Yo ya hablé lo que tenía que hablar con Noticias Uno, ya lo dejo en manos de la justicia y esto es una invitación para que la gente denuncie", agregó. Al confirmar su renuncia como defensor del Pueblo, Otálora dijo que fue víctima de un burdo montaje por parte de los medios de comunicación (Lea también: Aunque ya renunció, Otálora seguirá dirigiendo la Defensoría más de un mes). “Lamentablemente un artificial escándalo mediático puesto en marcha en mi contra en las últimas semanas a través de verdades a medias hábil y perversamente manipuladas pretenden empañar no solo mi nombre y mi trayectoria profesional sino que amenaza de manera grave con afectar el desempeño de la institución y aun cuando tengo la certeza de que personas inescrupulosas están engañando al país con información fragmentaria y distorsionada, no puedo permitir que mi legítimo derecho a defenderme afecte a la Defensoría del Pueblo mientras las autoridades competentes adelantan la investigación del caso, de este burdo montaje”, manifestó.
La exreina llegó a la sede de la Fiscalía General con una camiseta blanca en rechazo al acoso sexual y acompañada de varios amigos y familiares, mientras decenas de personas manifestaban un gran apoyo a su favor. "Hago un llamado a todas las mujeres y hombres que hayan sido víctimas de algún tipo de acoso, que denuncien, que se apoyen en las instituciones, para eso estamos en un país democrático", dijo Cristancho. Sin embargo, no quiso referirse a la renuncia de Otálora ni tampoco entregar más detalles de lo que habría sido el acoso laboral y sexual. "Yo ya hablé lo que tenía que hablar con Noticias Uno, ya lo dejo en manos de la justicia y esto es una invitación para que la gente denuncie", agregó. Al confirmar su renuncia como defensor del Pueblo, Otálora dijo que fue víctima de un burdo montaje por parte de los medios de comunicación (Lea también: Aunque ya renunció, Otálora seguirá dirigiendo la Defensoría más de un mes). “Lamentablemente un artificial escándalo mediático puesto en marcha en mi contra en las últimas semanas a través de verdades a medias hábil y perversamente manipuladas pretenden empañar no solo mi nombre y mi trayectoria profesional sino que amenaza de manera grave con afectar el desempeño de la institución y aun cuando tengo la certeza de que personas inescrupulosas están engañando al país con información fragmentaria y distorsionada, no puedo permitir que mi legítimo derecho a defenderme afecte a la Defensoría del Pueblo mientras las autoridades competentes adelantan la investigación del caso, de este burdo montaje”, manifestó.
Un nuevo ataque con explosivos alteró la tranquilidad de los habitantes del municipio de Miranda, Cauca, donde una volqueta cargada con varios artefactos explosivos fue abandonada cerca de una unidad militar.El hecho ocurrió en el barrio El Porvenir, donde tropas del Batallón de Montaña N.° 8, adscrito a la Brigada 29 del Ejército, fueron objeto de un ataque que, de acuerdo con la información preliminar, fue perpetrado por integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, una de las estructuras de las disidencias de las Farc con presencia en el norte del Cauca.Según el reporte, los responsables del ataque terrorista llegaron hasta el sector en la volqueta acondicionada con ocho elementos explosivos tipo cilindro. Al advertir la presencia de los militares, abandonaron el vehículo y escaparon del lugar.Posteriormente, dos de los ocho artefactos fueron activados. Las cargas estaban ubicadas por fuera de las instalaciones militares, aunque suficientemente cerca como para generar una situación de riesgo para quienes se encontraban en el sector.El Ejército indicó que, hasta el momento, ningún soldado resultó herido y tampoco se reportan daños materiales en la unidad militar. Sin embargo, la dimensión del ataque generó preocupación debido a que, según la institución, la acción puso en riesgo a más de 300 personas que viven o transitan habitualmente por esta zona de Miranda.Tras la explosión, las tropas aseguraron el sector y adelantan las respectivas verificaciones para establecer las condiciones de seguridad y determinar si quedaron otros artefactos que puedan representar peligro para la población. La utilización de una volqueta cargada con explosivos evidencia, además, el nivel de riesgo que representan este tipo de acciones para las comunidades, pues el vehículo fue dejado en un sector urbano y próximo a una instalación militar.El Ejército rechazó el uso indiscriminado de explosivos y señaló que este tipo de acciones no solamente tienen como objetivo afectar a la fuerza pública, sino que pueden terminar poniendo en peligro directamente a la población civil.Las autoridades mantienen presencia militar en el sector mientras avanzan las investigaciones para establecer plenamente quiénes participaron en la preparación y ejecución del atentado y determinar si existen otros responsables vinculados a la estructura Dagoberto Ramos.
Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, el gremio que agrupa a las empresas de servicios públicos, afirmó que la Resolución 1040 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que modifica las tarifas de aseo en Colombia, afectará a 36 millones de colombianos. Lo dijo en entrevista con Mañanas Blu, el mismo día en que se conoció una denuncia penal contra el exministro Edwin Palma, quien firmó la decisión en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.La denuncia contra Edwin Palma por prevaricatoSegún documentos conocidos por Blu Radio, el abogado Julián Quintana denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Palma por presunto prevaricato por acción. Palma era ministro de Minas, pero fue designado ministro de Vivienda ad hoc solo para decidir sobre las tarifas del servicio de aseo.El denunciante sostiene que la resolución se firmó cuando la actuación estaba suspendida por recusaciones. Según el documento, dos de los decisores, la directora ejecutiva Gloria Esperanza Narváez Tafur y el experto Juan Camilo Acevedo Páez, "votaron y firmaron mientras estaban pendientes recusaciones dirigidas contra ellos mismos". El texto agrega que la Comisión "conocía la regla, pues la había aplicado diez veces y publicado un mes antes".También habrían participado en la sesión Irene Vélez Torres, como ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Leydy Johana Morales Carvajal, subdirectora de Salud Ambiental del Ministerio de Salud; y Claudia Juliana Portillo Rubio, subdirectora de Planeación Nacional.Palma respondió por escrito a Blu Radio: "Todo el mundo tiene derecho a denunciar y todo el mundo tiene derecho a defenderse. Nosotros quisimos poner el tema en la discusión para favorecer a usuarios y recicladores, otros quieren ponerlo en favor de los grandes capitales. La justicia dirá si lo hicimos o no lo hicimos bien".Andesco: "Esto fue un problema ideológico"Para Sánchez, el origen del conflicto está en la forma como se construyó el nuevo esquema. "El gobierno decidió que querían bajar las tarifas a las malas", afirmó, y agregó que, de aplicarse así, "al final tendría que subir las tarifas". Según el dirigente gremial, los acuerdos alcanzados en las mesas de concertación con el sector no quedaron reflejados en el documento final.Sánchez cuestionó también el trámite de la decisión. Aseguró que Palma fue nombrado ad hoc el día anterior a firmar y que "en una noche leyó 1600 páginas", una afirmación que hizo el presidente de Andesco y que este medio no ha verificado de manera independiente. Además, dijo que un magistrado, a quien identificó como Ibáñez, pidió un plazo para que los recicladores participaran, entre el 27 de julio y el 10 de agosto, y que la resolución se expidió antes de que venciera ese periodo.Los costos que, según el gremio, no se tuvieron en cuentaAl ser consultado sobre cifras concretas, Sánchez enumeró varios puntos que, a su juicio, la fórmula tarifaria ignora o subestima:Salario mínimo y jornada laboral: señaló que no se incorporó el incremento del 23,7 % del salario mínimo ni la reducción de la jornada laboral, con efectos directos sobre el cobro de la tarifa.Equipos y vehículos: sostuvo que las cuantías con las que se valoran los equipos son muy inferiores a las reales y que se asumen vidas útiles de 10 o 15 años para la reposición de vehículos, cuando esta debe hacerse "rápidamente".Aprovechamiento y reciclaje: afirmó que sube el precio del aprovechamiento, lo que envía "una señal contradictoria" a los usuarios, porque entregar residuos separados costaría más y los residuos seguirían llegando a los rellenos sanitarios."Al final va a subir la tarifa y al final lo que va a resultar es totalmente contrario a lo que supuestamente ellos decían que era en beneficio de los usuarios y en beneficio de los recicladores", expresó.El debate sobre los recicladores de oficioPalma sostiene que la medida favorece a los recicladores, pero Sánchez lo contradice. Según el presidente de Andesco, la mayoría de ellos está en contra de la resolución porque pidió que se tuvieran en cuenta sus posturas. "Nosotros estamos defendiendo a los recicladores", dijo, y precisó que las empresas no retienen los recursos destinados a esta población: "Solamente es un paso y paso, llega la plata y se les tiene que distribuir". A su juicio, algunos intermediarios "se están quedando con la plata" y esta no llega a la mayoría de los recicladores de oficio.Una disputa que comenzó en 2025En julio de 2025, el gobierno Petro se propuso establecer un nuevo esquema de tarifas de aseo, en medio de enormes diferencias con las empresas del sector. La discusión se prolongó cerca de un año y le costó el cargo al viceministro de Vivienda, Edward Libreros, a quien Petro despidió durante un consejo de ministros televisado, acusándolo de demorar la resolución para favorecer los intereses de Andesco.El gremio ha criticado que la propuesta desconocía costos básicos, como las bolsas de basura o el salario mínimo, y que la CRA no hizo públicos los modelos con los que fijó las tarifas. Además, argumenta que el texto firmado no es exactamente el mismo que se publicó para comentarios de la industria. El proceso se frenó varias veces por recusaciones contra integrantes de la Comisión, lo que derivó en la designación de Palma. La Resolución 1040 modifica las tarifas para prestadores que atienden a más de 5.000 usuarios en áreas urbanas, está vigente y tendría efectos desde enero de 2027.Revocatoria y nuevo marco tarifarioTras la llegada al poder de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República, Andesco pidió la revocatoria directa de la resolución, solicitud que aún no tiene respuesta. Sánchez indicó que el gremio ya trabaja con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien describió como "una persona técnica", y afirmó que "la ideología no puede seguir siendo el mecanismo ni el parámetro".El dirigente aclaró que el sector no se opone a un marco tarifario, que, según explicó, tiene una vigencia de entre cinco y diez años. "Tiene que ser técnico, tiene que ser transparente y tiene que cumplir los hitos que se requieren", afirmó. Dijo estar seguro de que se logrará la revocatoria y de que el nuevo marco se expedirá antes del 1 de enero.
Hongqi prepara su llegada a Colombia, un nombre que para muchos compradores será nuevo, pero que tiene más de seis décadas de historia en China. La marca nació en 1958 y durante buena parte de su trayectoria estuvo vinculada a los vehículos utilizados por las más altas esferas del poder político y diplomático de ese país.Su desembarco en el mercado colombiano ya comenzó a tomar forma con la apertura de sus redes sociales y la publicación de contenidos en el perfil de Instagram @hongqi.colombia. La operación estará a cargo de Cóndor Automotor, firma que también representa a Bestune, otra marca del Grupo FAW.Pero antes de convertirse en un fabricante premium abierto al mercado internacional, Hongqi tuvo un acceso mucho más restringido: los ciudadanos del común no podían comprar sus vehículos.¿Por qué Hongqi estaba prohibida para los ciudadanos comunes?Hongqi nació en 1958 y su nombre significa “bandera roja”. Hasta el año 2013, la marca estuvo directamente vinculada con el Estado chino y sus vehículos eran destinados a funciones oficiales. Hoy en día es el fabricante del carro del presidente chino, Xi Jinping, aunque ese sí es un modelo exclusivo para él.Antes de abrirse al mercado general, los Hongqi eran adquiridos o utilizados por la más alta élite política y diplomática del Gobierno chino. Entre sus usuarios estaban altos dirigentes del Partido Comunista, funcionarios gubernamentales de primer nivel y jefes de Estado o invitados extranjeros durante actividades oficiales.No se trataba de una marca que tuviera concesionarios abiertos al público. FAW fabricaba los vehículos bajo pedido directo del Estado, que posteriormente los destinaba a flotas institucionales, ceremonias y actividades de representación.Así, durante buena parte de su historia, Hongqi estuvo relacionada más con el transporte de dirigentes y las actividades oficiales que con la venta de carros a particulares.¿Qué carros tiene Hongqi?La oferta actual es muy diferente a la que tuvo en sus primeros años. La marca cuenta con varias alternativas electrificadas, entre ellas el EH7, un sedán que alcanza hasta 655 kilómetros de autonomía WLTP y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos.En el segmento de las SUV eléctricas aparecen la EHS7, con hasta 600 kilómetros WLTP y dirección trasera disponible, y la EHS5, de 4,75 metros de longitud y hasta 550 kilómetros de autonomía WLTP.La E-HS9 ocupa una posición superior dentro de la oferta eléctrica. Es una SUV de 5,21 metros de largo y puede alcanzar hasta 515 kilómetros WLTP, dependiendo de la configuración.La gama también incluye modelos híbridos enchufables como la HQ9 PHEV, una van de lujo, y el Guoya, un sedán de representación de 5,35 metros que combina un motor V8 con un sistema híbrido.Entre los modelos de combustión están los H5, H6, HS3, HS5, HS7 y el ejecutivo H9. Por ahora, Hongqi no ha confirmado cuáles de estos vehículos llegarán a Colombia.Hongqi tendrá nuevos rivales en ColombiaLa llegada se producirá en un segmento premium que registró 953 matrículas en septiembre, un crecimiento de 9,1 %.La nueva marca tendrá que disputar espacio con fabricantes tradicionales de alta gama como Mercedes-Benz, BMW, Audi y Volvo, además de competidores chinos que ya están presentes o preparan su entrada al país.Entre estos últimos aparecen Xpeng, Zeekr, Voyah y MHero, mientras que Denza y Avatr también tienen prevista su llegada.
Un adolescente de 15 años mató a puñaladas este jueves a la conserje de su antigua escuela e hirió a otros dos adultos, un día después de que otro ataque similar dejara nueve heridos en un liceo del país, informó la policía."Este culto a la violencia se ha vuelto omnipresente en el mundo y, lamentablemente, también ha llegado a Polonia", lamentó en rueda de prensa el primer ministro Donald Tusk, que convocó de urgencia una reunión con varios miembros de su gabinete y responsables de la policía.Mencionó "un fenómeno de imitación" que afecta a niños y adolescentes, sujetos "muy a menudo a un estado de crisis mental" y que se encuentran "bajo la influencia de internet (...), de los videojuegos, de contenidos" que promueven la violencia."La policía detuvo a un joven de 15 años" tras la agresión a tres adultos en la escuela primaria Juan Pablo II de Leszczydol-Nowiny, una pequeña localidad a unos 70 kilómetros al este de Varsovia, declaró a AFP una portavoz policial.Una de las víctimas, la conserje del establecimiento, de 37 años, murió a causa de sus heridas, informó posteriormente la policía regional en la red social X."La conserje fue la primera persona atacada por el antiguo alumno. Después, un profesor y el director del centro lograron reducirlo, aunque este los golpeó con su arma", explicó Katarzyna Kucharska, portavoz de la policía de la región de Varsovia.Según los testigos, el chico estaba equipado con un casco al que había fijado una cámara para filmar sus actos. Se desconoce si tenía la intención de difundir las imágenes.Una abuela que vino a buscar a su nieto de 11 años al colegio acusó a "internet"."Que el Estado haga algo de una vez por todas con estas historias de internet. No va a mejorar, solo va a empeorar (...). Los teléfonos, internet, no hay otra cosa", declaró a un periodista de la AFP.Aunque este tipo de ataques son poco frecuentes en Polonia, la policía arrestó esa misma mañana a otro adolescente de 17 años en Sierpc, unos 125 kilómetros al noroeste de Varsovia, después de que manifestara su intención de hacer "algo grandioso" en su escuela.Los agentes hallaron en su apartamento una bolsa con dos cuchillos.El miércoles, otro estudiante, de 19 años, hirió a nueve personas con un arma blanca en una escuela técnica de Ostroleka, a unos 120 kilómetros al norte de Varsovia. En una mochila abandonada dentro del centro, la policía encontró además explosivos.
Un fuerte revuelo legal y económico ha generado la expedición del Decreto 338 del 26 de agosto por parte de la Alcaldía de Buenaventura, el cual establece un cobro de 4.235 pesos por cada tonelada de carga que entra o sale del municipio. Aunque la norma señala formalmente que el pago recae sobre los generadores de carga (importadores y exportadores), el gremio transportador advierte sobre los severos efectos colaterales que este cobro tendrá en toda la cadena logística nacional.En diálogo con Mañanas Blu, Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, explicó que, si bien el cobro no se dirige en el papel directamente al camionero, la dinámica del sector terminará trasladando dicho costo a los fletes.La controversia jurídica: ¿precio público o tasa tributaria?El principal punto de discordia radica en la naturaleza legal de la medida. Según Fedetranscarga la administración distrital ha pretendido catalogar el recaudo bajo la figura de "precio público", mecanismo que supone una contraprestación contractual y voluntaria por el uso de un bien. Sin embargo, el dirigente gremial enfatizó que no existe una vía alternativa para ingresar o retirar mercancías del puerto, por lo que la voluntariedad desaparece por completo."Se cuidó la alcaldía, consideramos nosotros, en la determinación de la naturaleza jurídica del cobro en determinar que es un precio público cuando realmente es una tasa disfrazada (...). Cuando la Corte dice que es un tema voluntario, pues aquí se desnaturaliza la voluntariedad, porque si el tractocamión está obligado a transitar, porque no es que haya una opción distinta para retirar carga de Buenaventura o para llevar carga de Buenaventura (...) esto carece de naturaleza tributaria en el papel, pero pasa a ser un tributo", dijo. "No solamente es arbitrario desde el punto de vista legal lo que estableció la alcaldesa de Buenaventura, sino que si lo vemos desde el punto de vista práctico de competitividad (...) esto se suma aún más a una situación que se viene generando como una olla a presión", agregó.Proyección del recaudo e impacto en la inflaciónEl argumento planteado por la Alcaldía de Buenaventura para fundamentar la medida es el deterioro que provocan los vehículos pesados en las vías del municipio. No obstante, al analizar las cifras del flujo vehicular, las proyecciones muestran un recaudo multimillonario. Por Buenaventura transitan a diario entre 5.000 y 6.000 tractocamiones, cada uno transportando en promedio 35 toneladas."Cuando usted multiplica 4.235, que es por tonelada, por 35 toneladas que debe pagar un camión y eso lo multiplica por 5.500 para hacer un promedio, usted se va a dar cuenta que al final del año se van a recoger mucho más de 30.000 millones de pesos que no sabemos cómo se van a utilizar". Esta situación se traduce en una seria preocupación por las implicaciones en el costo de vida de los ciudadanos. Frente a esto, el presidente del gremio enfatizó:"Todos los productos que fueron importados por Buenaventura, indiscutiblemente, serán afectados por este cobro y lo mismo las exportaciones. Entonces, si una exportación es más cara, somos menos competitivos en el mercado internacional. Si una importación es más costosa, pues va a afectar el bolsillo absolutamente de todos los colombianos, porque recuerde usted que el 96% de la carga en Colombia la mueven los camiones".Escuche aquí la entrevista:
