Un informe de los Mossos añadido al sumario del 'Barçagate', al que ha tenido acceso EFE, determina que "algunos periodistas recibían dinero del propio club (el FC Barcelona) por orden de (Josep Maria) Bartomeu", el expresidente azulgrana, y que "él mismo también intervino directamente para que el FC Barcelona formalizara contratos con estas personas".En el citado informe, los Mossos aseguran que se llegaron a "falsificar facturas para desviar dinero hacia los periodistas escogidos por Bartomeu" y que "en diversas ocasiones Bartomeu también ordenaba a terceras empresas hacer los pagos a los periodistas".Especialmente señalan a la empresa Amalgama Marketing, administrada por Miquel Sambola, quien trabajó en la campaña electoral de Bartomeu en 2015 junto con su hermano Óscar Sambola y su padre Miquel Sambola Puebla.Esta empresa tuvo contrato con el FC Barcelona durante el mandato de Bartomeu. Además, Oscar Sambola y Miquel Sambola Puebla eran el gerente y el presidente de honor del Club Esportiu Laietà cuando recibió 1,5 millones de euros por parte de la entidad azulgrana por posibles molestias de ruido y polvo antes de la demolición del Miniestadi. Nadie más fue indemnizado por este concepto.El cuerpo policial catalán considera que los periodistas "habrían cobrado a través de Amalgama parte de sus facturas por indicación de Bartomeu". Pero también nombra a otra empresa: Tormenta de Acero, gestionada por José Marín Pasquín Comalrena de Sobregrau.Además, en el informe se aportan conversaciones halladas en los dispositivos tecnológicos de los investigados en el caso 'Barçagate' en las que los periodistas, según los Mossos, "reconocen defender los intereses de Bartomeu y atacar a rivales como Joan Laporta (el actual presidente) y Víctor Font (candidato en las últimas elecciones)".Estas conversaciones se producen entre los periodistas Marçal Lorente y Albert Lesán, el expresidente Bartomeu y Jaume Masferrer, su mano derecha. Bartomeu y Masferrer son dos de los investigados por posible administración desleal y corrupción entre particulares en el 'Barçagate'."Se han identificado mensajes en los que el expresidente del Barça habría diseñado un sistema para desviar dinero a periodistas. Estos pagos se materializaban a través de sociedades interpuestas, con unas transferencias ordenadas por Bartomeu, quien también daba instrucciones precisas sobre cuál era el concepto que debían tener las facturas", explican los Mossos.En una de las conversaciones entre Marçal Lorente y Bartomeu, el periodista le envía una factura para la empresa Tormenta de Acero y el expresidente le pide cambiar el concepto por el de "período de formación de cuatro meses en comunicación empresarial".“Los conceptos de las facturas son ficticios y, hasta en algún caso, la sociedad que Bartomeu ordena que emita la factura ni existe en el período en el que teóricamente había prestado los servicios facturados”, detalla el informe de los Mossos.Así, el cuerpo policial asegura que "se trata de pagos indirectos que pagaría el FC Barcelona a través de terceras empresas (previa transferencia al club) para favorecer la reputación digital de Bartomeu y atacar a sus rivales".En este sentido, considera que el objetivo de esta práctica es el mismo que el de las cuentas falsas en Facebook y Twitter de la empresa Nicestream en el marco del 'Barçagate'.En sus conclusiones, los Mossos consideran que estos hechos podrían ser constitutivos, presuntamente, de los delitos de administración desleal y corrupción entre particulares.Le puede interesar:
Ricard Faura Homedes, portavoz de Dignitat Blaugrana, movimiento que puso la demanda colectiva contra los dirigentes del equipo FC Barcelona por presuntas maniobras irregulares, habló en Mañanas BLU sobre el escándalo del Barçagate“Esto impacta negativamente la imagen del club. La buena noticia es que el domingo por la noche tenemos un nuevo presidente”, declaró el hincha veedor.“Lo que pedimos es que el club sea mucho más transparente y democrático”, agregó.Faura contó cómo se armó la denuncia que desembocó en el apresamiento de cuatro personas relacionadas con la dirección del conjunto, entre ellas el expresidente Josep Maria Bartomeu. “Como grupo de socios, preocupado por las noticias que trascendían, de que se estaban haciendo cosas mal, recopilamos esas noticias y armamos una denuncia”, contó.Además, el portavoz de Dignitat Blaugrana se refirió al desfase que se encontró en el contrato de una ‘bodega’ para desprestigiar a quienes se expresaran descontento con los directivos del club, entre ellos el propio Lionel Messi. Mientras que se habla de un contrato de un millón de euros, otra versión habla de un pago de 200.000 euros.“Estamos seguros que el contrato no subía de más de este monto de un millón de euros, nos decían que mucho 200.000 euros. Aquí hay una desviación de un importe que no sabemos qué ha pasado con él”, señaló.Escuche al portavoz de Dignidat Blaugrana en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
La juez de Barcelona que investiga el caso "BarçaGate" ha dejado este martes en libertad provisional al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y a su mano derecha, Jaume Masferrer, que se han acogido a su derecho a no declarar, tal como hicieron ayer en dependencias policiales.De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha decretado libertad para ambos directivos, investigados por un delito de administración desleal y otro de corrupción en negocios.La magistrada ha acordado además levantar el secreto de sumario del caso, que había prorrogado hasta seis veces y en el que el FC Barcelona no figura como imputado, sino como perjudicado, según han confirmado a Efe fuentes jurídicas
El expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su mano derecha, Jaume Masferrer, detenidos el lunes por el escándalo del 'Barçagate', comparecen este martes ante la juez, que investiga el caso.Tras pasar la noche en una comisaría de Barcelona, los dos exdirigentes del club azulgrana "pasan a disposición judicial esta mañana", dijo a la AFP una fuente policial a AFP.Ambos comparecerán ante una jueza de un juzgado barcelonés que lleva adelante "una investigación por presuntos delitos relativos al patrimonio y el orden socioeconómico" por el denominado 'Barçagate'.Aunque las fuentes no concretaron la hora de comparecencia de los dos detenidos, los medios españoles señalan que Bartomeu estaba citado a las 8h30 GMT en los juzgados.Según una fuente cercana al caso, también fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad el director general del club, Oscar Grau, y el dirctor jurídico, Román Gómez Ponti.Todos estos arrestos se produjeron el lunes por parte de la policía regional catalana, que también llevó a cabo registros en las oficinas del Barcelona por el denominado 'Barçagate'.Este caso, destapado en 2020 por la radio Cadena Ser, reveló la contratación de una empresa para supuestamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en redes sociales contra opositores a Bartomeu y figuras como Lionel Messi o Gerard Piqué.Según la radio, el Barça había pagado un millón de euros (1,2 millones de dólares) en varias facturas para supuestamente evitar los controles internos a I3 Ventures, de la que se desvinculó tras el escándalo.La antigua directiva barcelonista reconoció haber contratado esta empresa, pero rechazó haberles encargado una campaña de difamación, sino que sólo era para vigilar las redes.El caso provocó un terremoto institucional, con la dimisión de seis directivos, y la interposición de una demanda por parte de un grupo de socios contra la junta directiva de Bartomeu por "presunta corrupción y administración desleal".Criticado por un amplio sector de la afición, de la plantilla e incluso de la directiva, Bartomeu y lo que quedaba de su junta directiva dimitieron a finales de octubre cuando estaban a punto de ser destituidos por una moción de censura.El domingo tendrán lugar las elecciones de las que saldrá su sucesor al frente del Barça.
Desde esta mañana, grupos armados realizaron constantes hostigamientos en contra de la estación de Policía del municipio de Corinto, ubicado en el norte del departamento del Cauca. En videos que la comunidad compartió a través de redes sociales se puede ver y escuchar el intercambio de disparos.Las imágenes muestran cómo los habitantes salen corriendo de las calles y de los negocios, buscando un refugio para evitar que una bala perdida los impacte, y se ve además cómo el comercio tuvo que cerrar por el temor.También se conoció sobre la posible presencia de explosivos al interior de un bus de servicio de transporte intermunicipal que fue atravesado en una vía principal de ese municipio. Autoridades llegaron hasta la zona, la cual fue acordonada por personal experto.Igualmente, la Policía le pidió a la comunidad no salir desde sus hogares mientras se retoma el control del territorio, y con operativos y un importante despliegue de las tropas buscan evitar nuevos ataques por parte de los grupos ilegales que operan en esa zona del departamento.Comisión del Gobierno viaja al Cauca ante tensa situación de orden públicoDesde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de Bogotá, partió en la mañana de este domingo, 13 de octubre, una comisión del Gobierno nacional para atender, de primera mano, la grave situación de orden público que se registra en El Plateado (Cauca), tras la dura ofensiva del Ejército contra las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' en lo que se denominó la Operación Perseo.En la delegación que partió en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), al mando de Laura Sarabia, directora del Dapre, va un grupo de ministros y altos funcionarios del Estado, en representación del presidente de la República, Gustavo Petro, que por motivos de seguridad no se desplazó a esta zona del territorio nacional.
Los municipios de Montería, Lorica, Moñitos, Momil, Purísima, Planeta Rica, Tierralta, Cereté, Sahagún y Puerto Escondidos se encuentran enfrentando un grave problema en cuanto al suministro del servicio de energía eléctrica, por cuenta de las fuertes lluvias que se han venido registrando durante la mañana de este domingo en el departamento.De acuerdo con la empresa Afinia, filial de EPM, las brigadas técnicas que se han desplegado se encuentran atendiendo daños en las líneas que suministran energía a los municipios de Lorica, San Antero, Moñitos, Momil y Purísima, siendo los más afectados.Y es que, por cuenta del fenómeno natural, están sin energía los circuitos Montería 9, Nueva Montería 3, Pradera 4 y Río Sinú 3, que abastecen del servicio a múltiples barrios del norte de la capital cordobés, así como a poblaciones ubicadas en la vía hacia el municipio de Planeta Rica, las que se encuentran en el kilómetro 15 y la vía hacia Tierralta.También se reportan dificultades en materia de suministro en el corregimiento Guateque, Pueble Seco y el caserío de Medellín, entre otros sectores tanto urbanos como rurales.Por su parte, las emergencias también se presentaron en la infraestructura eléctrica que suministra servicio a las poblaciones de La Y y el Viajero de Sahagún, y al circuito Puerto Escondido 2 que suministra energía a la zona rural de esta localidad, entre las que se encuentran las poblaciones El Silencio, Sabalito, Las Chetes y Las Mujeres.
El concejal de Medellín, Brisvani Arenas, en una sesión donde se debatía sobre la realidad de la educación primaria y secundaria pública en el distrito, brindó un dato alarmante: aseguró que según el Dane el 30 % de los jóvenes en Medellín que están en edad escolar no están matriculados en instituciones educativas.El concejal aseveró que a pesar de los esfuerzos de la municipalidad para atender las demandas en infraestructura de las instituciones oficiales, el 45 % de estas reportan falencias. "La cobertura viene disminuyendo, de hecho, más en primaria que en secundaria. Solamente en media ha aumentado, pero es porque realmente estaba muy baja. Esto puede indicar una falta en motivación de los estudiantes", destacó Mónica Ospina, directora de Medellín Cómo Vamos.Además, alertan que la situación también afecta a la educación superior, indicando que esta problemática se acentuó mucho después de pandemia, pues no se han logrado recuperar ni en colegios ni en educación superior los estudiantes que se tenían antes del COVID-19.Sumado a este panorama, el Concejo Distrital de Juventudes denunció que 48.000 menores de Medellín estarían consumiendo raciones alternativas de alimentos del PAE porque en las instalaciones de sus colegios no están habilitados los ranchos o cocinetas para la producción de los mismos.
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una notificación amarilla por el caso de Sofía Delgado, la menor de 12 años que desapareció el pasado 29 de septiembre en el corregimiento de Villagorgona del municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca.Esta notificación se hace para evitar que la niña sea sacada del país, y también para que su búsqueda se extienda a otros territorios del mundo que conforman la organización policial."Esta es una alerta que se publica para localizar personas desaparecidas, la reciben 196 países miembros de la organización internacional de policía criminal donde dan a conocer los casos de alta visibilidad a nivel internacional, también se pone en conocimiento de los funcionarios de las fronteras", dijo el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.Sobre el caso, la Policía ha realizado tres diligencias de registro y allanamiento, y se ha creado burbuja investigativa con el Gaula, la Fiscalía y otras entidades que, por aire y tierra continúan con la búsqueda de la menor."Continuamos con las capacidades de talento humano de policías que se encuentran realizando un puerta a puerta en el entorno donde la menor desapareció y solicitamos a la comunidad que nos siga aportando información para lograr la ubicación de la menor", expresó el oficial.Entre tanto, su madre Lady Zúñiga, a través de una carta que le envió al presidente, Gustavo Petro, pide que se articule un esquema diferente para encontrar a su hija, que cumple 15 días desaparecida."En primer lugar, señor presidente, requiero que delegue en cabeza de la persona que considere pertinente el liderazgo en la investigación, búsqueda y recuperación de mi hija Sofía Delgado Zúñiga. En segundo lugar, es importante que la persona que usted delegue tenga la capacidad de decisión y, así mismo, cuente con el apoyo en materia judicial, tecnológica y operativa. Por último, solicito muy respetuosamente que se amplíe el pago de la recompensa a 100 millones de pesos", son algunas de las peticiones de la carta.Las autoridades disponen de una línea para recibir información sobre la niña, las personas pueden comunicarse al 314 358 7212. Su búsqueda se realiza por todo el departamento del Valle del Cauca.
Son 15 casos de 1.115 hectáreas las que están en estudio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras para que los predios despojados por Salvatore Mancuso en el contexto del conflicto armado en Colombia puedan llegar a manos de las víctimas.Se trata de 13 fincas ubicadas en los municipios de Mutatá y San Pedro de Urabá en Antioquia y otros bienes que están en Valencia y Tierralta, en el departamento de Córdoba. En esos predios avanzan las etapas administrativas y judiciales de los procesos para priorizar estos casos y que los predios sean entregados prontamente a cada una de las víctimas reclamantes de las tierras de donde los sacó la violencia.José Alberto Kunzell, director territorial de restitución de tierras en Apartadó, detalló que de los predios despojados por Salvatore Mancuso hay 218 hectáreas en Mutatá y 614 en San Pedro de Urabá."Hemos venido haciendo enormes esfuerzos para que efectivamente las víctimas de abandono y despojo puedan ser restituidas en esos predios, que efectivamente se logre la restitución jurídica y material. Pretendemos con el proceso de restitución de tierra que estas hectáreas contribuyan a la reparación integral de las víctimas del conflicto", señaló Kunzell.Además, hay 31 predios que también fueron despojados por el exjefe paramilitar y que ya se encuentran en esa entidad, lo que significan unas 3.469 hectáreas que ya están en proceso para reparar a algunas víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba, entre los años 1998 y 2003.
