Los programas de subsidios y transferencias monetarias del Gobierno nacional buscan apoyar a los hogares y personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica. A través de estas ayudas, se entregan recursos a distintos grupos de la población, como adultos mayores, jóvenes y familias de bajos ingresos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso a oportunidades de educación, alimentación y bienestar.Durante junio de 2026, miles de beneficiarios recibirán nuevos desembolsos correspondientes a los programas Colombia Mayor y Jóvenes en Paz, dos proyectos dirigidos a poblaciones con necesidades específicas en diferentes regiones del país.Fechas y pagos de Jóvenes en PazProsperidad Social informó que desde el 3 de junio comenzó la entrega del ciclo 5 de 2026 del programa Jóvenes en Paz.En esta jornada recibirán la transferencia monetaria 5.704 jóvenes que cumplieron con los compromisos y requisitos establecidos dentro del programa. Para este ciclo, la inversión supera los $6.272 millones.La entidad también anunció que a finales de junio se realizará el pago correspondiente al ciclo 6, con el propósito de ponerse al día en las transferencias programadas para este año.Hay que recordar que Jóvenes en Paz es un programa liderado por el Ministerio de Igualdad y está dirigido a personas entre los 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.Fechas y pagos de Colombia MayorPor su parte, el programa Colombia Mayor inició la entrega de recursos del ciclo 5 desde el 5 de junio y continuará hasta el 24 de junio de 2026.De acuerdo con la información oficial, cerca de 3 millones de adultos mayores recibirán el subsidio durante este periodo. La inversión destinada para este ciclo asciende a $649.192 millones.Las entregas estarán a cargo de los operadores SuperGiros y SuRed. Sin embargo, el proceso tendrá una pausa durante el fin de semana de las elecciones de segunda vuelta presidencial, programadas para el 21 de junio.Por esta razón, los pagos se suspenderán temporalmente durante la jornada electoral y se reanudarán entre el 22 y el 24 de junio, fechas en las que se completará la distribución de los recursos a los beneficiarios.¿Quiénes pueden recibir estos apoyos?Mientras Colombia Mayor está enfocado en brindar un apoyo económico a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, Jóvenes en Paz está dirigido a jóvenes que participan en procesos educativos y sociales definidos por el programa.Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar los canales oficiales de cada programa para verificar fechas, puntos de pago y novedades relacionadas con los desembolsos de junio.
Una ayuda económica extra a nadie le cae mal, pues recibir ese apoyo que no solo alivia gastos inmediatos, también abre la puerta a ejecutar otras posibilidades como estudiar, capacitarse o alejarse de entornos de riesgo.Para miles de jóvenes en Colombia, esta no es una idea lejana, pues es una realidad que se materializa cada mes.Frente a esto y por estos días, más de 9.500 jóvenes en el país podrán acceder a transferencias monetarias que, en algunos casos, alcanzan hasta $1.000.000, siempre que cumplan con ciertos requisitos del programa social Jóvenes en Paz.Jóvenes en Colombia podrán reclamar hasta $1.000.000La entidad Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega del tercer ciclo de pagos de 2026 del programa Jóvenes en Paz, que inicia este viernes 24 de abril de 2026, con el fin de beneficiar a 9.593 jóvenes. Para ello, el Gobierno nacional destinó más de $10.260 millones.Además, se confirmó que en mayo se entregarán dos ciclos adicionales, lo que permitirá ponerse al día con los pagos pendientes.¿Cuánto dinero pueden recibir?De acuerdo con Prosperidad Social, el incentivo monetario mensual es de hasta $1.000.000 y los beneficiarios de Jóvenes en Paz, pueden recibirlo por un máximo de 12 transferencias. Además, está ayuda económica se transfiere directamente a la cuenta de la persona.Estos son los valores de la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC):% CumplimientoValor de la Transferencia Monetaria Condicionada100 %$1.000.000Entre el 90 % al 99,9 %$900.000Entre el 80 % al 89,9 %$800.000Entre el 70 % al 79,9 %$500.000Menos del 70 %No hay lugar a la TMCEstas transferencias no son automáticas, están condicionadas a la participación activa de los jóvenes en procesos formativos, sociales o comunitarios.¿Qué es Jóvenes en Paz?El programa Jóvenes en Paz, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, busca mucho más que entregar dinero. Su enfoque es integral:Reducir la violencia en comunidades vulnerablesAlejar a jóvenes de dinámicas criminalesImpulsar acceso a educación y empleoFortalecer proyectos de vidaEn este esquema, Prosperidad Social se encarga específicamente de las transferencias monetarias condicionadas.Recomendaciones para beneficiariosPara aquellos que hagan parte del programa o crean que pueden estar incluidos, deben tener en cuenta estas recomendaciones:Mantenerse atento a canales oficiales.Verificar fechas y modalidades de pago.Cumplir con todas las actividades exigidas.Consultar directamente con la entidad ante dudas.
El Ministerio de Igualdad y Equidad confirmó que el menor vinculado al intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay hizo parte del programa Jóvenes en Paz desde 12 de septiembre de 2024 hasta el 22 de noviembre del mismo año. Se inscribió en una sede de atención en Bogotá, pero dejó de asistir voluntariamente por lo que fue desvinculado en diciembre del año pasado.“Lamentamos que el menor haya desistido de su participación en el programa, que busca brindar a las juventudes oportunidades y acompañamiento para que puedan construir un futuro de vida y esperanza alejado de la violencia. Seguiremos trabajando para prevenir el uso y manipulación de las juventudes en hechos violentos”, se lee en el documento.Este joven fue trasladado este martes desde la Clínica Universitaria de Colombia al búnker de la Fiscalía en Bogotá.El menor permanecía internado mientras se recuperaba de una cirugía que tuvo tras resultar herido cuando intentaba huir del lugar de los hechos luego de disparar contra Uribe.El presidente Gustavo Petro ha ordenado proteger su vida porque es en este momento la única persona que puede proporcionar información sobre los responsables del atentado.Además, el presidente fue quien reveló inicialmente que el menor estuvo en uno de los programas sociales del Gobierno.“El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas y pasó a uno de los programas de mi gobierno: Jóvenes en Paz. Allí, el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente”, dijo el mandatario.
El Ministerio de Igualdad y Equidad reconoció problemas en la ejecución del programa Jóvenes en Paz, a raíz de incumplimientos asociados al Convenio 062 de 2024, firmado con la Unión Temporal Territorio y Paz.Este operador tenía a su cargo aspectos fundamentales del programa, como la contratación de trabajadores, el suministro de alimentos, la gestión de espacios físicos para aulas y la entrega de insumos para las actividades pedagógicas y de corresponsabilidad. Sin embargo, una interventoría reveló que varias de estas obligaciones no se están cumpliendo, lo que ha generado protestas por parte de trabajadores del programa y de proveedores que denuncian no haber recibido sus pagos.En diálogo con Blu Radio, el viceministro de Juventud, Pablo Zabala, explicó la situación actual: “A los proveedores, según el último reporte que conocí de la Unión Temporal, estaban adelantando paquetes de pagos (...). Lo de los salarios, ellos, la Unión Temporal, hasta el momento nos ha dejado conocer que no cuentan con los recursos para cumplir esos compromisos”.El programa ha realizado hasta la fecha 24.000 transferencias a beneficiarios. No obstante, la meta del Gobierno de alcanzar los 100.000 jóvenes beneficiarios no se cumplirá", dijo. “De acuerdo con los recursos con los que disponemos a hoy, lograremos atender cerca de 65.000 jóvenes”, añadió Zabala.Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad aseguró que trabaja para garantizar la continuidad del programa y anunció el cambio del operador a cargo de su implementación.
El Ministerio de Igualdad y Equidad anunció el inicio de una fase de transición en el Programa Nacional Jóvenes en Paz, con el fin de garantizar su continuidad ante incumplimientos en la operación actual.El cambio se da tras alertas de fallas operativas y laborales atribuibles al actual operador, la Unión Temporal Territorio y Paz.El Ministerio de Igualdad iniciará el trámite para declarar el incumplimiento del Convenio 062 de 2024, luego de recibir múltiples alertas por parte de jóvenes beneficiarios, proveedores y trabajadores, así como de la intervención técnica, que confirmó los problemas en la ejecución.En esta nueva etapa se busca corregir las fallas detectadas y asegurar la atención de los 28.000 jóvenes vinculados al programa en 73 municipios del país. Además, se pretende garantizar los derechos laborales de los trabajadores involucrados, a quienes no se les paga el sueldo desde abril.“El mensaje es claro: no somos ajenos a la situación. Actuamos con transparencia y responsabilidad para cumplirles a los jóvenes de Colombia”, expresó el viceministerio de la Juventud.
En la capital del país se reportan este lunes, 12 de mayo, problemas de movilidad en el centro de Bogotá por una protesta de beneficiados del programa 'Jóvenes en Paz' del Gobierno nacional. Los manifestantes mantienen bloqueada la calle 28 en el sentido oriente - occidente.El motivo de la manifestación tendría que ver con problemas vinculados al pago de este programa a los beneficiarios. El Ministerio de Igualdad y Equidad reconoció que hay problemas operativos y administrativos en la ejecución de esta iniciativa.“Se han identificado dificultades operativas y administrativas en la implementación del Programa Nacional Jóvenes en Paz, adelantado a través del Convenio 062 de 2024 con la Unión Temporal Territorio y Paz. Desde el Viceministerio de Juventudes estamos actuando con celeridad para superar estos percances y garantizar la continuidad y calidad de la atención a los jóvenes que participan en el programa”, informaron.La cartera asegura que, a pesar de las dificultades, a la fecha han vinculado al programa a 28.886 jóvenes en 73 municipios como Santander, Risaralda, Cesar y Valle del Cauca. En 20 de estos municipios se ha alcanzado más del 80 % de la meta de vinculación establecida.
Durante el consejo de ministros que se realizó este lunes, 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la política de Jóvenes en Paz liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad y pagada a los beneficiarios por Prosperidad Social.“Aquí hay que comenzar a hablar del fracaso de la política de jóvenes en paz. Habíamos planteado 100.000 jóvenes”, dijo el presidente cuestionando las cifras de beneficiados que entregaron sus ministros durante el consejo sobre estrategias para mejorar la seguridad en el país. “Jóvenes en Paz tenía la misión de pagar por estudiar. La magnitud del programa por miedos y enredos mentales de funcionarios del centro bogotanos es mínima. (…) tiene que rehacerse”, concluyó.En ese momento intervino el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien aseguró que en este momento el Gobierno le está pagando a 10.000 jóvenes que hacen parte del programa.La iniciativa gubernamental de Jóvenes en Paz es un programa que tiene como objetivo principal entregar un millón de pesos mensuales a aquellas personas de 14 a 28 años en riesgo de vincularse con actividades criminales, para marzo de este año tenía apenas a 19.351 vinculados de 50 municipios en siete departamentos: Valle del Cauca, Cesar, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Antioquia. En un principio, y según los cálculos del Ministerio de Igualdad, la meta del Gobierno nacional era contar con 49.920 beneficiarios para el 2024, lo que representa entonces un cumplimiento del 38,7 % a marzo de 2025. En cuanto a cobertura, el programa pretendía llegar a 100 municipios de 17 departamentos en el país, priorizados por los que han sido marginados por la violencia y el conflicto armado.
Mientras Colombia pone sus ojos en Barranquilla por la fecha 14 de las eliminatorias de la Selección Colombia, a pocos kilómetros, en Montería, se está preparando el sudamericano Sub 17, el cual irá desde el 27 de marzo hasta el 12 de abril, en un campeonato que permitirá revelar los nuevos talentos del balompié de la región. La obtención de esta sede se logró tras una gestión realizada por las autoridades departamentales ante la Conmebol, para llevar por primera vez este torneo a dicho territorio, por lo que el pasado 10 de abril, Alejandro Domínguez, presidente de esta organización, entregó el certamen a esta ciudad tras un encuentro realizado en Asunción, Paraguay. El desarrollo de este encuentro deportivo, que será transmitido por la plataforma Ditu de Caracol, proyecta ingresos económicos por el orden de $3.600 millones, a partir de lo que recibirán sectores como turismo, comercio y servicios; a lo que se suma una ocupación hotelera por encima del 95%. Los partidos de fútbol serán realizados principalmente en el estadio Jaguar, el cual tiene capacidad para 12 mil espectadores, lo que atraerá miles de visitas. "Montería cuenta con una oferta hotelera robusta, con 280 establecimientos registrados y más de 4.500 camas disponibles. Se prevé una ocupación hotelera del 95% durante el evento, gracias a las reservas gestionadas por la Confederación de Fútbol", indica la Alcaldía a través de un comunicado. Los mandatarios locales incluso han acompañado el recibimiento de los deportivas, a quienes les han dado la bienvenida para la disputa de estos juegos en los que participan selecciones de Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, entre otros. El partido del debut será entre Perú y Uruguay, a las 4:30 de la tarde de este miércoles, lo que será seguido por el partido Colombia vs Chile, programado para las 7 de la noche del mismo día. Las boletas están siendo comercializadas bajo oferta 2x1 para promover el ingreso de los asistentes, pues con una entrada, se puede asistir a dos partidos.
La iniciativa gubernamental de Jóvenes en Paz, un programa que tiene como objetivo principal entregar un millón de pesos mensuales a aquellas personas de 14 a 28 años en riesgo de vincularse con actividades criminales, tiene apenas a 19.351 vinculados de 50 municipios en siete departamentos: Valle del Cauca, Cesar, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Antioquia.En un principio, y según los cálculos del Ministerio de Igualdad, la meta del Gobierno nacional era contar con 49.920 beneficiarios para el 2024, lo que representa entonces un cumplimiento del 38,7 % a marzo de 2025. En cuanto a cobertura, el programa pretendía llegar a 100 municipios de 17 departamentos en el país, priorizados por los que han sido marginados por la violencia y el conflicto armado.La ambición del Gobierno llegó a un punto en el que prometió que la iniciativa buscaba llegar a 100.000 jóvenes de todo el país. Sin embargo, en su más reciente comunicado asegura que “tiene como meta llegar con el programa a 99 municipios de 17 departamentos, donde se espera vincular en total a 49.920 jóvenes (la mitad del compromiso inicial)”.Cabe recordar que la operación del programa, según el Ministerio de Igualdad, inició en enero de 2024. La iniciativa pretendía cobijar a sus beneficiarios por un término inicial de seis meses, que podrían prorrogarse hasta un máximo de 18, dependiendo del cumplimiento de condiciones por parte de los jóvenes.En Jóvenes en Paz participan los ministerios de Igualdad, Salud, Educación, Interior y Comercio, así como la Unidad Solidaria y el Servicio Público de Empleo. El balance del programa se entregó en la Casa de Nariño y contó también con la asistencia del presidente Gustavo Petro.
El Consejo de Estado cambió las condiciones del programa Jóvenes en Paz, bandera del Ministerio de Igualdad y la vicepresidenta Francia Márquez y ahora la población beneficiada con el pago de $1 millón será menor.La decisión se da tras estudiar una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia quien alegaba que la redacción del Decreto 1649 de 2023 que respaldó el proyecto incurrió en irregularidades a la hora de definir el grupo poblacional objetivo.Puntualmente, la Sección Primera del alto tribunal suspendió algunas expresiones o los términos incluidos en este decreto: la pobreza, o pobreza y vulnerabilidad en términos monetarios. Es decir que el pago del Estado aplicaría para quienes estén en situación de “extrema pobreza”.El argumento del magistrado ponente Oswaldo Giraldo López es que hubo una extralimitación de la función reglamentaria en la redacción pues al usar los términos ‘pobreza’ y ‘vulnerabilidad en términos monetarios’ se amplió el universo a jóvenes entre 14 y 18 años en “extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.Esto, según la demanda de Valencia, no fue aprobado en el Congreso cuando avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, que incluía el programa social. En ese momento solo se aprobó la categoría “extrema pobreza”. Esto fue respaldado por el Consejo de Estado que también alertó los posibles problemas con la financiación del programa.“... En el debate democrático para la aprobación de la ley del plan, delimitó el alcance de la cobertura del Programa y, por ende, el gasto y el presupuesto que supone implementarlo. No puede pasarse por alto que, cuando el decreto reglamentario incorpora una población que no fue la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, la consecuencia práctica es el aumento del gasto frente al Programa, pasando por alto que la ley no lo autorizaba”, explicó el magistrado en su decisión.Estas medidas cautelares obligarán al Gobierno nacional a cambiar la metodología para seleccionar a los jóvenes beneficiarios con un proceso que, inicialmente, se haría a través de las bases de datos del DANE.
En el marco de la posesión oficial de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol en Santa Marta, acto convocado por la Presidencia de la República, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, fijó la postura institucional del principal sindicato de la petrolera estatalRavelo enfatizó que el objetivo central que debe guiar a la administración saliente y entrante es la recuperación de la soberanía y seguridad energética del país.Fortalecimiento del negocio tradicional y defensa del empleo dignoDesde la organización sindical se le otorgó la bienvenida formal al nuevo directivo, transmitiendo las expectativas inmediatas de los trabajadores.De acuerdo con Ravelo, las prioridades no pueden desviarse de la actividad esencial de la compañía: "Nosotros institucionalmente le hemos dado la bienvenida al doctor Joaquín Gutiérrez... y le hemos manifestado cuáles son las expectativas que tiene la organización sindical en representación de los trabajadores, que no son otras, que el fortalecimiento de la industria de Ecopetrol en su negocio original de producción de petróleo y gas".Asimismo, el dirigente sindical subrayó la importancia de proteger el empleo digno, garantizar el respeto a los derechos pactados históricamente y desplegar una estrategia territorial de relacionamiento con las comunidades para prevenir la conflictividad social en las zonas de operación.Exigencia de experiencia técnica en el comité directivoFrente a la estructura de liderazgo, la USO respaldó las designaciones del Gobierno Nacional respecto a Carlos Suárez en la presidencia de la junta directiva y de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de la empresa.Sin embargo, hizo un llamado enfático para que los cargos ejecutivos de mando medio e inmediato cuenten con amplia idoneidad en el sector de hidrocarburos.Al respecto, Ravelo sostuvo: "Pero de ahí hacia abajo lo que tiene que ver con las vicepresidencias, especialmente la vicepresidencia ejecutiva de petróleo y gas debe contar con personas, con profesionales de trayectoria que tengan amplio conocimiento en el sector porque ellos son los que van a implementar las políticas que se definan en la junta directiva".En ese sentido, destacó que dentro de la propia empresa existe talento técnico capacitado para asumir dichas funciones.Yacimientos no convencionales y licenciamiento socialEn materia operativa y de reservas, el presidente de la USO abordó los debates desarrollados en el Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Asipet) sobre los proyectos de yacimientos no convencionales.Ravelo aseguró que técnicamente y jurídicamente el sector se encuentra preparado para dar marcha a estas tecnologías."En el sector estamos listos desde los requerimientos técnicos, tecnológicos y científicos para arrancar con esos proyectos. Está ya definido el marco regulatorio, es decir, no hay una no hay un impedimento jurídico para arrancar con los proyectos", afirmó el líder sindical.No obstante, aclaró que el avance requiere indefectiblemente de aval social: "Lo que hemos nosotros manifestado de cara al país... es que se debe contar con el licenciamiento social, es decir, se debe involucrar a los territorios en esas definiciones".De acuerdo con las cifras gremiales, la prospectividad en el Magdalena Medio representa recursos estratégicos clave, incluyendo cerca de 13 TCF de gas para solucionar el déficit nacional y aproximadamente 7.000 millones de barriles de crudo que servirían para abastecer la refinería de Barrancabermeja.Capacidad refinadora e importación de combustiblesEl sindicato resaltó el desempeño de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, señalando que la planta de Barrancabermeja opera actualmente al límite de su capacidad. Pese a este rendimiento, Ravelo advirtió sobre la vulnerabilidad del país en materia de combustibles."En estos momentos el país importa más del 40% de las gasolinas que consumimos los colombianos", puntualizó el presidente de la USO, reiterando que desarrollar nuevas reservas permitiría ampliar la carga de refinación y reducir la dependencia de insumos importados.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
