Los programas de subsidios y transferencias monetarias del Gobierno nacional buscan apoyar a los hogares y personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica. A través de estas ayudas, se entregan recursos a distintos grupos de la población, como adultos mayores, jóvenes y familias de bajos ingresos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y facilitar el acceso a oportunidades de educación, alimentación y bienestar.Durante junio de 2026, miles de beneficiarios recibirán nuevos desembolsos correspondientes a los programas Colombia Mayor y Jóvenes en Paz, dos proyectos dirigidos a poblaciones con necesidades específicas en diferentes regiones del país.Fechas y pagos de Jóvenes en PazProsperidad Social informó que desde el 3 de junio comenzó la entrega del ciclo 5 de 2026 del programa Jóvenes en Paz.En esta jornada recibirán la transferencia monetaria 5.704 jóvenes que cumplieron con los compromisos y requisitos establecidos dentro del programa. Para este ciclo, la inversión supera los $6.272 millones.La entidad también anunció que a finales de junio se realizará el pago correspondiente al ciclo 6, con el propósito de ponerse al día en las transferencias programadas para este año.Hay que recordar que Jóvenes en Paz es un programa liderado por el Ministerio de Igualdad y está dirigido a personas entre los 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.Fechas y pagos de Colombia MayorPor su parte, el programa Colombia Mayor inició la entrega de recursos del ciclo 5 desde el 5 de junio y continuará hasta el 24 de junio de 2026.De acuerdo con la información oficial, cerca de 3 millones de adultos mayores recibirán el subsidio durante este periodo. La inversión destinada para este ciclo asciende a $649.192 millones.Las entregas estarán a cargo de los operadores SuperGiros y SuRed. Sin embargo, el proceso tendrá una pausa durante el fin de semana de las elecciones de segunda vuelta presidencial, programadas para el 21 de junio.Por esta razón, los pagos se suspenderán temporalmente durante la jornada electoral y se reanudarán entre el 22 y el 24 de junio, fechas en las que se completará la distribución de los recursos a los beneficiarios.¿Quiénes pueden recibir estos apoyos?Mientras Colombia Mayor está enfocado en brindar un apoyo económico a adultos mayores en condición de vulnerabilidad, Jóvenes en Paz está dirigido a jóvenes que participan en procesos educativos y sociales definidos por el programa.Las autoridades recomiendan a los beneficiarios consultar los canales oficiales de cada programa para verificar fechas, puntos de pago y novedades relacionadas con los desembolsos de junio.
Una ayuda económica extra a nadie le cae mal, pues recibir ese apoyo que no solo alivia gastos inmediatos, también abre la puerta a ejecutar otras posibilidades como estudiar, capacitarse o alejarse de entornos de riesgo.Para miles de jóvenes en Colombia, esta no es una idea lejana, pues es una realidad que se materializa cada mes.Frente a esto y por estos días, más de 9.500 jóvenes en el país podrán acceder a transferencias monetarias que, en algunos casos, alcanzan hasta $1.000.000, siempre que cumplan con ciertos requisitos del programa social Jóvenes en Paz.Jóvenes en Colombia podrán reclamar hasta $1.000.000La entidad Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega del tercer ciclo de pagos de 2026 del programa Jóvenes en Paz, que inicia este viernes 24 de abril de 2026, con el fin de beneficiar a 9.593 jóvenes. Para ello, el Gobierno nacional destinó más de $10.260 millones.Además, se confirmó que en mayo se entregarán dos ciclos adicionales, lo que permitirá ponerse al día con los pagos pendientes.¿Cuánto dinero pueden recibir?De acuerdo con Prosperidad Social, el incentivo monetario mensual es de hasta $1.000.000 y los beneficiarios de Jóvenes en Paz, pueden recibirlo por un máximo de 12 transferencias. Además, está ayuda económica se transfiere directamente a la cuenta de la persona.Estos son los valores de la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC):% CumplimientoValor de la Transferencia Monetaria Condicionada100 %$1.000.000Entre el 90 % al 99,9 %$900.000Entre el 80 % al 89,9 %$800.000Entre el 70 % al 79,9 %$500.000Menos del 70 %No hay lugar a la TMCEstas transferencias no son automáticas, están condicionadas a la participación activa de los jóvenes en procesos formativos, sociales o comunitarios.¿Qué es Jóvenes en Paz?El programa Jóvenes en Paz, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, busca mucho más que entregar dinero. Su enfoque es integral:Reducir la violencia en comunidades vulnerablesAlejar a jóvenes de dinámicas criminalesImpulsar acceso a educación y empleoFortalecer proyectos de vidaEn este esquema, Prosperidad Social se encarga específicamente de las transferencias monetarias condicionadas.Recomendaciones para beneficiariosPara aquellos que hagan parte del programa o crean que pueden estar incluidos, deben tener en cuenta estas recomendaciones:Mantenerse atento a canales oficiales.Verificar fechas y modalidades de pago.Cumplir con todas las actividades exigidas.Consultar directamente con la entidad ante dudas.
El Ministerio de Igualdad y Equidad confirmó que el menor vinculado al intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay hizo parte del programa Jóvenes en Paz desde 12 de septiembre de 2024 hasta el 22 de noviembre del mismo año. Se inscribió en una sede de atención en Bogotá, pero dejó de asistir voluntariamente por lo que fue desvinculado en diciembre del año pasado.“Lamentamos que el menor haya desistido de su participación en el programa, que busca brindar a las juventudes oportunidades y acompañamiento para que puedan construir un futuro de vida y esperanza alejado de la violencia. Seguiremos trabajando para prevenir el uso y manipulación de las juventudes en hechos violentos”, se lee en el documento.Este joven fue trasladado este martes desde la Clínica Universitaria de Colombia al búnker de la Fiscalía en Bogotá.El menor permanecía internado mientras se recuperaba de una cirugía que tuvo tras resultar herido cuando intentaba huir del lugar de los hechos luego de disparar contra Uribe.El presidente Gustavo Petro ha ordenado proteger su vida porque es en este momento la única persona que puede proporcionar información sobre los responsables del atentado.Además, el presidente fue quien reveló inicialmente que el menor estuvo en uno de los programas sociales del Gobierno.“El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino, lo recogió en uno de sus programas y pasó a uno de los programas de mi gobierno: Jóvenes en Paz. Allí, el informe que tengo de los profesionales es que demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales. Duró dos meses, no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente”, dijo el mandatario.
El Ministerio de Igualdad y Equidad reconoció problemas en la ejecución del programa Jóvenes en Paz, a raíz de incumplimientos asociados al Convenio 062 de 2024, firmado con la Unión Temporal Territorio y Paz.Este operador tenía a su cargo aspectos fundamentales del programa, como la contratación de trabajadores, el suministro de alimentos, la gestión de espacios físicos para aulas y la entrega de insumos para las actividades pedagógicas y de corresponsabilidad. Sin embargo, una interventoría reveló que varias de estas obligaciones no se están cumpliendo, lo que ha generado protestas por parte de trabajadores del programa y de proveedores que denuncian no haber recibido sus pagos.En diálogo con Blu Radio, el viceministro de Juventud, Pablo Zabala, explicó la situación actual: “A los proveedores, según el último reporte que conocí de la Unión Temporal, estaban adelantando paquetes de pagos (...). Lo de los salarios, ellos, la Unión Temporal, hasta el momento nos ha dejado conocer que no cuentan con los recursos para cumplir esos compromisos”.El programa ha realizado hasta la fecha 24.000 transferencias a beneficiarios. No obstante, la meta del Gobierno de alcanzar los 100.000 jóvenes beneficiarios no se cumplirá", dijo. “De acuerdo con los recursos con los que disponemos a hoy, lograremos atender cerca de 65.000 jóvenes”, añadió Zabala.Ante esta situación, el Ministerio de Igualdad aseguró que trabaja para garantizar la continuidad del programa y anunció el cambio del operador a cargo de su implementación.
El Ministerio de Igualdad y Equidad anunció el inicio de una fase de transición en el Programa Nacional Jóvenes en Paz, con el fin de garantizar su continuidad ante incumplimientos en la operación actual.El cambio se da tras alertas de fallas operativas y laborales atribuibles al actual operador, la Unión Temporal Territorio y Paz.El Ministerio de Igualdad iniciará el trámite para declarar el incumplimiento del Convenio 062 de 2024, luego de recibir múltiples alertas por parte de jóvenes beneficiarios, proveedores y trabajadores, así como de la intervención técnica, que confirmó los problemas en la ejecución.En esta nueva etapa se busca corregir las fallas detectadas y asegurar la atención de los 28.000 jóvenes vinculados al programa en 73 municipios del país. Además, se pretende garantizar los derechos laborales de los trabajadores involucrados, a quienes no se les paga el sueldo desde abril.“El mensaje es claro: no somos ajenos a la situación. Actuamos con transparencia y responsabilidad para cumplirles a los jóvenes de Colombia”, expresó el viceministerio de la Juventud.
En la capital del país se reportan este lunes, 12 de mayo, problemas de movilidad en el centro de Bogotá por una protesta de beneficiados del programa 'Jóvenes en Paz' del Gobierno nacional. Los manifestantes mantienen bloqueada la calle 28 en el sentido oriente - occidente.El motivo de la manifestación tendría que ver con problemas vinculados al pago de este programa a los beneficiarios. El Ministerio de Igualdad y Equidad reconoció que hay problemas operativos y administrativos en la ejecución de esta iniciativa.“Se han identificado dificultades operativas y administrativas en la implementación del Programa Nacional Jóvenes en Paz, adelantado a través del Convenio 062 de 2024 con la Unión Temporal Territorio y Paz. Desde el Viceministerio de Juventudes estamos actuando con celeridad para superar estos percances y garantizar la continuidad y calidad de la atención a los jóvenes que participan en el programa”, informaron.La cartera asegura que, a pesar de las dificultades, a la fecha han vinculado al programa a 28.886 jóvenes en 73 municipios como Santander, Risaralda, Cesar y Valle del Cauca. En 20 de estos municipios se ha alcanzado más del 80 % de la meta de vinculación establecida.
Durante el consejo de ministros que se realizó este lunes, 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro se refirió a la política de Jóvenes en Paz liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad y pagada a los beneficiarios por Prosperidad Social.“Aquí hay que comenzar a hablar del fracaso de la política de jóvenes en paz. Habíamos planteado 100.000 jóvenes”, dijo el presidente cuestionando las cifras de beneficiados que entregaron sus ministros durante el consejo sobre estrategias para mejorar la seguridad en el país. “Jóvenes en Paz tenía la misión de pagar por estudiar. La magnitud del programa por miedos y enredos mentales de funcionarios del centro bogotanos es mínima. (…) tiene que rehacerse”, concluyó.En ese momento intervino el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien aseguró que en este momento el Gobierno le está pagando a 10.000 jóvenes que hacen parte del programa.La iniciativa gubernamental de Jóvenes en Paz es un programa que tiene como objetivo principal entregar un millón de pesos mensuales a aquellas personas de 14 a 28 años en riesgo de vincularse con actividades criminales, para marzo de este año tenía apenas a 19.351 vinculados de 50 municipios en siete departamentos: Valle del Cauca, Cesar, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Antioquia. En un principio, y según los cálculos del Ministerio de Igualdad, la meta del Gobierno nacional era contar con 49.920 beneficiarios para el 2024, lo que representa entonces un cumplimiento del 38,7 % a marzo de 2025. En cuanto a cobertura, el programa pretendía llegar a 100 municipios de 17 departamentos en el país, priorizados por los que han sido marginados por la violencia y el conflicto armado.
Mientras Colombia pone sus ojos en Barranquilla por la fecha 14 de las eliminatorias de la Selección Colombia, a pocos kilómetros, en Montería, se está preparando el sudamericano Sub 17, el cual irá desde el 27 de marzo hasta el 12 de abril, en un campeonato que permitirá revelar los nuevos talentos del balompié de la región. La obtención de esta sede se logró tras una gestión realizada por las autoridades departamentales ante la Conmebol, para llevar por primera vez este torneo a dicho territorio, por lo que el pasado 10 de abril, Alejandro Domínguez, presidente de esta organización, entregó el certamen a esta ciudad tras un encuentro realizado en Asunción, Paraguay. El desarrollo de este encuentro deportivo, que será transmitido por la plataforma Ditu de Caracol, proyecta ingresos económicos por el orden de $3.600 millones, a partir de lo que recibirán sectores como turismo, comercio y servicios; a lo que se suma una ocupación hotelera por encima del 95%. Los partidos de fútbol serán realizados principalmente en el estadio Jaguar, el cual tiene capacidad para 12 mil espectadores, lo que atraerá miles de visitas. "Montería cuenta con una oferta hotelera robusta, con 280 establecimientos registrados y más de 4.500 camas disponibles. Se prevé una ocupación hotelera del 95% durante el evento, gracias a las reservas gestionadas por la Confederación de Fútbol", indica la Alcaldía a través de un comunicado. Los mandatarios locales incluso han acompañado el recibimiento de los deportivas, a quienes les han dado la bienvenida para la disputa de estos juegos en los que participan selecciones de Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, entre otros. El partido del debut será entre Perú y Uruguay, a las 4:30 de la tarde de este miércoles, lo que será seguido por el partido Colombia vs Chile, programado para las 7 de la noche del mismo día. Las boletas están siendo comercializadas bajo oferta 2x1 para promover el ingreso de los asistentes, pues con una entrada, se puede asistir a dos partidos.
La iniciativa gubernamental de Jóvenes en Paz, un programa que tiene como objetivo principal entregar un millón de pesos mensuales a aquellas personas de 14 a 28 años en riesgo de vincularse con actividades criminales, tiene apenas a 19.351 vinculados de 50 municipios en siete departamentos: Valle del Cauca, Cesar, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Antioquia.En un principio, y según los cálculos del Ministerio de Igualdad, la meta del Gobierno nacional era contar con 49.920 beneficiarios para el 2024, lo que representa entonces un cumplimiento del 38,7 % a marzo de 2025. En cuanto a cobertura, el programa pretendía llegar a 100 municipios de 17 departamentos en el país, priorizados por los que han sido marginados por la violencia y el conflicto armado.La ambición del Gobierno llegó a un punto en el que prometió que la iniciativa buscaba llegar a 100.000 jóvenes de todo el país. Sin embargo, en su más reciente comunicado asegura que “tiene como meta llegar con el programa a 99 municipios de 17 departamentos, donde se espera vincular en total a 49.920 jóvenes (la mitad del compromiso inicial)”.Cabe recordar que la operación del programa, según el Ministerio de Igualdad, inició en enero de 2024. La iniciativa pretendía cobijar a sus beneficiarios por un término inicial de seis meses, que podrían prorrogarse hasta un máximo de 18, dependiendo del cumplimiento de condiciones por parte de los jóvenes.En Jóvenes en Paz participan los ministerios de Igualdad, Salud, Educación, Interior y Comercio, así como la Unidad Solidaria y el Servicio Público de Empleo. El balance del programa se entregó en la Casa de Nariño y contó también con la asistencia del presidente Gustavo Petro.
El Consejo de Estado cambió las condiciones del programa Jóvenes en Paz, bandera del Ministerio de Igualdad y la vicepresidenta Francia Márquez y ahora la población beneficiada con el pago de $1 millón será menor.La decisión se da tras estudiar una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia quien alegaba que la redacción del Decreto 1649 de 2023 que respaldó el proyecto incurrió en irregularidades a la hora de definir el grupo poblacional objetivo.Puntualmente, la Sección Primera del alto tribunal suspendió algunas expresiones o los términos incluidos en este decreto: la pobreza, o pobreza y vulnerabilidad en términos monetarios. Es decir que el pago del Estado aplicaría para quienes estén en situación de “extrema pobreza”.El argumento del magistrado ponente Oswaldo Giraldo López es que hubo una extralimitación de la función reglamentaria en la redacción pues al usar los términos ‘pobreza’ y ‘vulnerabilidad en términos monetarios’ se amplió el universo a jóvenes entre 14 y 18 años en “extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado”.Esto, según la demanda de Valencia, no fue aprobado en el Congreso cuando avalaron el Plan Nacional de Desarrollo, que incluía el programa social. En ese momento solo se aprobó la categoría “extrema pobreza”. Esto fue respaldado por el Consejo de Estado que también alertó los posibles problemas con la financiación del programa.“... En el debate democrático para la aprobación de la ley del plan, delimitó el alcance de la cobertura del Programa y, por ende, el gasto y el presupuesto que supone implementarlo. No puede pasarse por alto que, cuando el decreto reglamentario incorpora una población que no fue la prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, la consecuencia práctica es el aumento del gasto frente al Programa, pasando por alto que la ley no lo autorizaba”, explicó el magistrado en su decisión.Estas medidas cautelares obligarán al Gobierno nacional a cambiar la metodología para seleccionar a los jóvenes beneficiarios con un proceso que, inicialmente, se haría a través de las bases de datos del DANE.
Luego de que la Superintendencia de Salud decidiera hacer una inspección 'sorpresa' a la Fábrica de Licores de Antioquia y el propio Andrés Julián Rendón asegurara que los funcionarios de la Supersalud querían “fastidiar”, la FLA tomó la decisión de recusar a Daniel Quintero.A través de un comunicado oficial, la FLA manifestó su preocupación por algunos aspectos como, por ejemplo, que varios de los requerimientos formulados durante la auditoría estarían relacionados con asuntos que exceden el ámbito de la vigilancia en salud.La Fábrica de Licores de Antioquia indicó que entre los pedidos habían solicitudes de información sobre litigios, procesos judiciales, conciliaciones, aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de Gobierno corporativo.Ante esta situación, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, decidió acudir a los mecanismos legales y presentó una recusación contra el jefe del organismo de control, Daniel Quintero."He decidido presentar una recusación en contra del superintendente de salud Daniel Quintero y su delegado Juan Duque. Entre los hechos que sustentan la recusación se encuentran antecedentes públicos de confrontaciones políticas entre el actual superintendente natural de salud Daniel Quintero Calle, mi familia y yo", indicó Ramos.Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió no aceptar la recusación contra la Superintendencia de Salud por lo que quedó plenamente habilitada el ejercicio de inspección, vigilancia y control que se adelanta sobre la Fábrica de Licores de Antioquia.La Supersalud bajo el mando el Daniel Quintero, indicó que los recursos de las rentas de licores, tabaco y juegos se encuentran bajo su inspección, vigilancia y control, por lo que reiteró que la auditoría de la FLA obedece estrictamente al cumplimiento de sus competencias legales.
No pasaron ni 24 horas desde que las disidencias de alias 'Calarcá' instalaron cuatro artefactos en la Troncal de Occidente y, además, hostigaron al Ejército Nacional en el municipio de Valdivia, cuando se informó que en zona rural del municipio de Briceño se encontraron varios explosivos.La información entregada por las tropas del Batallón de Artillería de Campaña de la Cuarta Birgada del Ejército Nacional es que los soldados llegaron hasta el corregimiento Travesías y lograron destruir tres artefactos explosivos improvisados.Los elementos habrían sido instalados por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y tenían cable de mando en un lugar de tránsito obligado para la población civil del Norte antioqueño.Hay que recordar que las disidencias no solo han intimidado a la comunidad de esta zona del departamento de Antioquia, sino que además durante las acciones terroristas en el municipio de Valdivia dejaron un mensaje de advertencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella, al afirmar, “no copiamos de Tigre”.Por ahora, la Fuerza Pública adelanta diferente operaciones militares con el fin de prevenir acciones terroristas de las disidencias de alias 'Calarcá' como de otros grupos armados que delinquen en el Norte antioqueño.
Luego de la expectativa por el desembolso de recursos y haber fijado el 2 de agosto como la fecha para los comicios, la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás tendrá una nueva fecha.Esto, luego de que la Registraduría Nacional accediera a la solicitud planteada por la Gobernación de Antioquia y los municipios involucrados en el proceso, para que el mecanismo de participación ciudadana se lleve a cabo en los mismos tiempos que el similar que avanza en la subregión de Urabá.Eugenio Prieto, director del Departamento de Planeación de Antioquia, explicó que la decisión no afecta ni representa un retroceso de esta figura asociativa, sino por el contrario la posibilidad de que la ciudadanía conozca con mayor profundidad los alcances sus alcances y garantizar mejores condiciones logísticas, financieras y operativas para la organización de la jornada electoral."Sería muy importante que estas dos consultas se pudiesen hacer en un mismo día. Se suspende, y estamos ya a la espera de que muy pronto la Registraduría nos esté informando cuál sería la fecha para realizar un mismo domingo las dos consultas, la del Urabá y la del Valle de San Nicolás".Se espera que con estas figuras asociativas, las administraciones locales tengan agendas comunes a nivel regional en materia de planificación, crecimiento urbano, movilidad, medio ambiente y competitividad.El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás es una iniciativa que busca que la unión bajo esta figura los municipios de Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, Rionegro, El Retiro, La Ceja, El Carmen de Viboral y La Unión.Por su parte, el Área Metropolitana de Urabá busca integrar administrativa y territorialmente a los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa y Apartadó.
Colsubsidio anunció que aplazó hasta el próximo 15 de julio el cierre temporal del servicio de urgencias pediátricas de la Clínica Infantil, una medida que inicialmente estaba prevista para entrar en vigencia el 1 de julio. La decisión se adoptó tras la suscripción de un preacuerdo de pago con Famisanar EPS para atender la deuda pendiente que mantiene esa aseguradora con la institución.De acuerdo con el comunicado oficial, la continuidad del servicio dependerá del cumplimiento efectivo de ese preacuerdo y del giro oportuno de los recursos por parte de Famisanar. La entidad aseguró que continuará prestando la atención pediátrica mientras existan las condiciones financieras que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio.Pese al aplazamiento del cierre de urgencias, las medidas de reorganización al interior de la clínica ya comenzaron. Fuentes confirman que los trabajadores con contrato directo están recibiendo comunicaciones oficiales en las que se les informa su reubicación en otras sedes de la red Colsubsidio, como parte de los ajustes en la prestación de servicios.Cabe recordar que los días anteriores el agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo, había manifestado que esperaba que en los próximos días hubiera una solución definitiva, ya sea mediante una conciliación que permita mantener la atención en la Clínica Infantil o a través de la reubicación de los pacientes en otras instituciones de salud.
La polémica generada por el presunto acuerdo entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, donde se ofrecían algunos beneficios para el grupo armado con el propósito de avanzar en una negociación de paz, principalmente 'congelar' las acciones ofensivas de la Fuerza Pública, continúa generando rechazo en el Valle del Cauca.En primer lugar, la gobernadora Dilian Francisca Toro aseguró que esta situación fue aprovechada por los grupos armados ilegales en todo el país para fortalecerse, y quienes se convirtieron en verdaderos perdedores fueron las comunidades en los territorios."Los gobiernos departamentales, con dificultades para poder mantener la seguridad con las disidencias y los grupos criminales, estábamos pagando de la tasa de seguridad las capacidades para aumentar a la fuerza pública y poder responder a esa agresión. Sin embargo, pues al parecer estaban congelados. El Gobierno nacional como que los tenía congelados y realmente me parece que hubo muchas víctimas, no solamente en el Valle sino en el país, precisamente por esto", indicó la mandataria.Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que estos acuerdos lo que evidenciaron fue que en lugar de ejercer la autoridad, lo que se hizo fue debilitarla, dejando expuesta a la ciudadanía al frenar las capacidades de la fuerza pública."Vimos que mientras se hacían estas concesiones, estallaban bombas en Cali. Tuvimos el año con más ataques terroristas en los últimos 20 años. Además, explica también la disminución tan importante del presupuesto de seguridad nacional, que yo vengo denunciando desde el 2025, una reducción del 30%. Cuando uno ve este informe, pues uno empieza a ver que todo estaba aparentemente acordado con unos delincuentes de talla mayor. Ahora lo que tiene que hacer es fortalecer y empoderar a la Fuerza Pública y llevar el ataque frontal a los narcoterroristas", señaló Eder.Ambos mandatarios coincidieron en hacer un llamado al nuevo Gobierno nacional para fortalecer inmediatamente las capacidades de la Fuerza Pública, recuperando así la autoridad y el control territorial en todo el país.
