A las 11:30 de la noche de este sábado se realizó el traslado del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, desde un centro asistencial de la ciudad de Cali, hasta la cárcel de Villahermosa.Abadía fue llevado a una clínica después de haber sufrido una descompensación en la Escuela de Carabineros de la Policía de Cali en la que se encontraba recluido, tras ser notificado de este traslado.A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la llegada de Abadia a la cárcel de Villahermosa, asegurando que su percance habría sido simulado para evitar el procedimiento.“Juan Carlos Abadía se creía intocable, desde el pabellón especial de la escuela de carabineros en Cali hacía y deshacía. Participando en política, ponía y quitaba funcionarios, y definía contratos”, señaló el presidente De La Espriella.El mandatario aseguró que él personalmente dio la orden para que el exgobernador del Valle del Cauca saliera de la clínica hacia una cárcel de verdad, donde deberá seguir cumpliendo con su condena de 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, en la noche del martes, tras un largo proceso penal en su contra. La captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes cumplieron la instrucción del alto tribunal. Abadía está citado para este miércoles a una audiencia de lectura de fallo ante la Sala de Primera Instancia, donde se espera que se le imponga una pena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.El caso contra el exfuncionario ha capturado la atención pública, dada su prominente posición como gobernador del conocido departamento colombiano. Los detalles del proceso legal son críticos, ya que implican acusaciones de corrupción que afectan la confianza en el sistema administrativo y de justicia en el país.El magistrado Augusto Torres Rojas es el ponente en este caso. La aprehensión de Abadía subraya el compromiso del sistema judicial colombiano con el procesamiento de delitos de corrupción, incluso cuando involucran a altos funcionarios.La audiencia programada y los cargos imputados señalan un momento significativo en la lucha por la transparencia y la integridad en la gestión pública. A medida que el país sigue de cerca el desarrollo de este caso, queda claro el mensaje de que nadie está por encima de la ley.AntecedentesEn junio de 2022, se imputaron cargos a Juan Carlos Abadía por presuntamente ofrecer dinero para obtener beneficios en un proceso penal en su contra. Según las pruebas presentadas, habría pagado 400 millones de pesos para obstaculizar una investigación en su contra.Un fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Abadía, quien fuera gobernador del Valle del Cauca entre 2008 y 2011, por supuestamente pagar sobornos para evitar el avance de una investigación por corrupción en la que estaba involucrado.Las pruebas indican que Abadía habría contactado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014, para obtener ayuda en un proceso penal relacionado con un convenio para dotar bibliotecas escolares en el departamento.Se alega que Abadía pagó para que las investigaciones en su contra fueran archivadas o retrasadas, evitando así una posible imputación o medida de aseguramiento. Se afirma que entregó 400 millones de pesos al abogado Moreno Rivera, quien canalizó el dinero hacia Francisco Ricaurte, ya condenado por este caso. Abadía también fue representado por José Leonidas Bustos en este proceso.Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.
En una sentencia de 41 páginas, el Consejo de Estado tumbó las sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.El Ministerio Publicó lo había destituido e inhabilitado por 10 años por un contrato de servicios de salud que el exgobernador había firmado en el año 2010.La Procuraduría halló varias irregularidades en ese contrato que motivaron las medidas disciplinarias, sin embargo, Abadía demandó dicha sanción y el Consejo de Estado estudió la competencia de la entidad para sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular.En la sentencia, el Consejo de Estado explicó que no se puede reconocer ninguna medida disciplinaria porque para la fecha en que de se determinaron las medidas contra el exgobernador del Valle del Cauca, ya no fungía en ese cargo.Juan Carlos Abadía, investigado por presunta participación en 'Cartel de la Toga'El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaurte, quien hoy también enfrenta una condena.Le puede interesar
Tras permanecer secuestrado durante seis días, Diego Cardona Campo, exsecretario del Deporte de Cali, y quien también es primo del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, habría sido liberado por sus captores en zona rural de Buenaventura. "Con profunda alegría les informo que Diego Cardona Campo se encuentra en libertad, sano y salvo. Agradezco a las autoridades por su gestión, y a las demás personas por la solidaridad", informó el personero de Cali, Harold Cortés, con quien Cardona trabaja actualmente, pues se desempeñaba como director financiero de la Personería de Cali.El pasado 10 de junio, el exsecretario fue secuestrado cuando se encontraba de descanso en una finca del municipio de Restrepo Valle, junto a su esposa. Hombres armados ingresaron al predio y lo obligaron a irse con ellos.Por su liberación la gobernación del Valle había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos, de manera preliminar su secuestro se atribuye al ELN, grupo armado que opera en la zona de Buenaventura donde Cardona fue puesto en libertad.Le puede interesar:
Graves denuncias de corrupción tienen pasando a Jorge Iván Ospina por su peor momento como alcalde de Cali. En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, hablaron líderes caleños que le han hecho un seguimiento riguroso y crítico a la gestión del mandatario.Escuche a la excongresista Catalina Ortiz, a la activista María Isabel Alvarado, al concejal Roberto Ortiz y a la cabildante Diana Rojas en sus opiniones frente al escándalo que sacude a la capital vallecaucana.“Ahora borran los trinos, dicen que nunca lo apoyaron. Hay una responsabilidad de la que no estamos hablando. Hubo un apoyo político a un señor que se sabía que había cometido severas irregularidades, que incluso tenía procesos ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Catalina Ortiz.Según la exrepresentante a la Cámara, uno de los temas que deben abordarse es la presunta defraudación de cerca de 70.000 millones de pesos.“Hay otro caso, 70.000 millones de pesos para hacer el parcheo de la malla vial en Cali. Le obligaron a Ospina a que no se podía hacer contratación directa. Hicieron licitación y la amañaron. Quedó en manos de una empresa con todo tipo de cuestionamiento, que tiene vínculos con Aguilar en Santander”, indicó.“Aquí hay una gente que se ha beneficiado de haber elegido a Ospina. Juan Carlos Abadía es el que más se resalta”, agregó la excongresista Ortiz.El concejal Roberto Ortiz, que perdió las elecciones contra Ospina, pidió que los organismos de control actúen.“Esperamos que actúen. Cómo así que el alcalde imputado por un hecho de posible corrupción en un contrato de 2010, todavía ese proceso siga engavetado”, manifestó Ortiz.“Nos preocupa la toma de decisiones previas a la contratación, donde vemos una tendencia al fraccionamiento de bienes y servicios”, manifestó por su parte María Isabel Alvarado.“Se escuchan voces, aunque miedosas. Aquí es importante las cifras, este Concejo decidió aprobarle un crédito de los 650.000 millones de pesos, el problema es que no sabíamos con lista cierta en qué se iban a destinar”, declaró la concejal Diana Rojas.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.
