A las 11:30 de la noche de este sábado se realizó el traslado del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, desde un centro asistencial de la ciudad de Cali, hasta la cárcel de Villahermosa.Abadía fue llevado a una clínica después de haber sufrido una descompensación en la Escuela de Carabineros de la Policía de Cali en la que se encontraba recluido, tras ser notificado de este traslado.A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó la llegada de Abadia a la cárcel de Villahermosa, asegurando que su percance habría sido simulado para evitar el procedimiento.“Juan Carlos Abadía se creía intocable, desde el pabellón especial de la escuela de carabineros en Cali hacía y deshacía. Participando en política, ponía y quitaba funcionarios, y definía contratos”, señaló el presidente De La Espriella.El mandatario aseguró que él personalmente dio la orden para que el exgobernador del Valle del Cauca saliera de la clínica hacia una cárcel de verdad, donde deberá seguir cumpliendo con su condena de 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con corrupción.
La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, en la noche del martes, tras un largo proceso penal en su contra. La captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes cumplieron la instrucción del alto tribunal. Abadía está citado para este miércoles a una audiencia de lectura de fallo ante la Sala de Primera Instancia, donde se espera que se le imponga una pena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.El caso contra el exfuncionario ha capturado la atención pública, dada su prominente posición como gobernador del conocido departamento colombiano. Los detalles del proceso legal son críticos, ya que implican acusaciones de corrupción que afectan la confianza en el sistema administrativo y de justicia en el país.El magistrado Augusto Torres Rojas es el ponente en este caso. La aprehensión de Abadía subraya el compromiso del sistema judicial colombiano con el procesamiento de delitos de corrupción, incluso cuando involucran a altos funcionarios.La audiencia programada y los cargos imputados señalan un momento significativo en la lucha por la transparencia y la integridad en la gestión pública. A medida que el país sigue de cerca el desarrollo de este caso, queda claro el mensaje de que nadie está por encima de la ley.AntecedentesEn junio de 2022, se imputaron cargos a Juan Carlos Abadía por presuntamente ofrecer dinero para obtener beneficios en un proceso penal en su contra. Según las pruebas presentadas, habría pagado 400 millones de pesos para obstaculizar una investigación en su contra.Un fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Abadía, quien fuera gobernador del Valle del Cauca entre 2008 y 2011, por supuestamente pagar sobornos para evitar el avance de una investigación por corrupción en la que estaba involucrado.Las pruebas indican que Abadía habría contactado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014, para obtener ayuda en un proceso penal relacionado con un convenio para dotar bibliotecas escolares en el departamento.Se alega que Abadía pagó para que las investigaciones en su contra fueran archivadas o retrasadas, evitando así una posible imputación o medida de aseguramiento. Se afirma que entregó 400 millones de pesos al abogado Moreno Rivera, quien canalizó el dinero hacia Francisco Ricaurte, ya condenado por este caso. Abadía también fue representado por José Leonidas Bustos en este proceso.Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.
En una sentencia de 41 páginas, el Consejo de Estado tumbó las sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.El Ministerio Publicó lo había destituido e inhabilitado por 10 años por un contrato de servicios de salud que el exgobernador había firmado en el año 2010.La Procuraduría halló varias irregularidades en ese contrato que motivaron las medidas disciplinarias, sin embargo, Abadía demandó dicha sanción y el Consejo de Estado estudió la competencia de la entidad para sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular.En la sentencia, el Consejo de Estado explicó que no se puede reconocer ninguna medida disciplinaria porque para la fecha en que de se determinaron las medidas contra el exgobernador del Valle del Cauca, ya no fungía en ese cargo.Juan Carlos Abadía, investigado por presunta participación en 'Cartel de la Toga'El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaurte, quien hoy también enfrenta una condena.Le puede interesar
Tras permanecer secuestrado durante seis días, Diego Cardona Campo, exsecretario del Deporte de Cali, y quien también es primo del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, habría sido liberado por sus captores en zona rural de Buenaventura. "Con profunda alegría les informo que Diego Cardona Campo se encuentra en libertad, sano y salvo. Agradezco a las autoridades por su gestión, y a las demás personas por la solidaridad", informó el personero de Cali, Harold Cortés, con quien Cardona trabaja actualmente, pues se desempeñaba como director financiero de la Personería de Cali.El pasado 10 de junio, el exsecretario fue secuestrado cuando se encontraba de descanso en una finca del municipio de Restrepo Valle, junto a su esposa. Hombres armados ingresaron al predio y lo obligaron a irse con ellos.Por su liberación la gobernación del Valle había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos, de manera preliminar su secuestro se atribuye al ELN, grupo armado que opera en la zona de Buenaventura donde Cardona fue puesto en libertad.Le puede interesar:
Graves denuncias de corrupción tienen pasando a Jorge Iván Ospina por su peor momento como alcalde de Cali. En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, hablaron líderes caleños que le han hecho un seguimiento riguroso y crítico a la gestión del mandatario.Escuche a la excongresista Catalina Ortiz, a la activista María Isabel Alvarado, al concejal Roberto Ortiz y a la cabildante Diana Rojas en sus opiniones frente al escándalo que sacude a la capital vallecaucana.“Ahora borran los trinos, dicen que nunca lo apoyaron. Hay una responsabilidad de la que no estamos hablando. Hubo un apoyo político a un señor que se sabía que había cometido severas irregularidades, que incluso tenía procesos ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo Catalina Ortiz.Según la exrepresentante a la Cámara, uno de los temas que deben abordarse es la presunta defraudación de cerca de 70.000 millones de pesos.“Hay otro caso, 70.000 millones de pesos para hacer el parcheo de la malla vial en Cali. Le obligaron a Ospina a que no se podía hacer contratación directa. Hicieron licitación y la amañaron. Quedó en manos de una empresa con todo tipo de cuestionamiento, que tiene vínculos con Aguilar en Santander”, indicó.“Aquí hay una gente que se ha beneficiado de haber elegido a Ospina. Juan Carlos Abadía es el que más se resalta”, agregó la excongresista Ortiz.El concejal Roberto Ortiz, que perdió las elecciones contra Ospina, pidió que los organismos de control actúen.“Esperamos que actúen. Cómo así que el alcalde imputado por un hecho de posible corrupción en un contrato de 2010, todavía ese proceso siga engavetado”, manifestó Ortiz.“Nos preocupa la toma de decisiones previas a la contratación, donde vemos una tendencia al fraccionamiento de bienes y servicios”, manifestó por su parte María Isabel Alvarado.“Se escuchan voces, aunque miedosas. Aquí es importante las cifras, este Concejo decidió aprobarle un crédito de los 650.000 millones de pesos, el problema es que no sabíamos con lista cierta en qué se iban a destinar”, declaró la concejal Diana Rojas.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
