La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de Juan Carlos Abadía,exgobernador del Valle del Cauca, en la noche del martes, tras un largo proceso penal en su contra. La captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes cumplieron la instrucción del alto tribunal.
Abadía está citado para este miércoles a una audiencia de lectura de fallo ante la Sala de Primera Instancia, donde se espera que se le imponga una pena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
El caso contra el exfuncionario ha capturado la atención pública, dada su prominente posición como gobernador del conocido departamento colombiano. Los detalles del proceso legal son críticos, ya que implican acusaciones de corrupción que afectan la confianza en el sistema administrativo y de justicia en el país.
El magistrado Augusto Torres Rojas es el ponente en este caso. La aprehensión de Abadía subraya el compromiso del sistema judicial colombiano con el procesamiento de delitos de corrupción, incluso cuando involucran a altos funcionarios.
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La audiencia programada y los cargos imputados señalan un momento significativo en la lucha por la transparencia y la integridad en la gestión pública. A medida que el país sigue de cerca el desarrollo de este caso, queda claro el mensaje de que nadie está por encima de la ley.
Antecedentes
En junio de 2022, se imputaron cargos a Juan Carlos Abadía por presuntamente ofrecer dinero para obtener beneficios en un proceso penal en su contra. Según las pruebas presentadas, habría pagado 400 millones de pesos para obstaculizar una investigación en su contra.
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Un fiscal auxiliar delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Abadía, quien fuera gobernador del Valle del Cauca entre 2008 y 2011, por supuestamente pagar sobornos para evitar el avance de una investigación por corrupción en la que estaba involucrado.
Las pruebas indican que Abadía habría contactado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, a quien contrató en 2014, para obtener ayuda en un proceso penal relacionado con un convenio para dotar bibliotecas escolares en el departamento.
Se alega que Abadía pagó para que las investigaciones en su contra fueran archivadas o retrasadas, evitando así una posible imputación o medida de aseguramiento. Se afirma que entregó 400 millones de pesos al abogado Moreno Rivera, quien canalizó el dinero hacia Francisco Ricaurte, ya condenado por este caso. Abadía también fue representado por José Leonidas Bustos en este proceso.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Juan Carlos Abadía Campo el delito de cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, el imputado no aceptó los cargos.
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