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En una sentencia de 41 páginas, el Consejo de Estado tumbó las sanciones disciplinarias que la Procuraduría le había impuesto al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.
El Ministerio Publicó lo había destituido e inhabilitado por 10 años por un contrato de servicios de salud que el exgobernador había firmado en el año 2010.
La Procuraduría halló varias irregularidades en ese contrato que motivaron las medidas disciplinarias, sin embargo, Abadía demandó dicha sanción y el Consejo de Estado estudió la competencia de la entidad para sancionar a servidores públicos elegidos por voto popular.
En la sentencia, el Consejo de Estado explicó que no se puede reconocer ninguna medida disciplinaria porque para la fecha en que de se determinaron las medidas contra el exgobernador del Valle del Cauca, ya no fungía en ese cargo.
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El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.
Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaurte, quien hoy también enfrenta una condena.
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