Hasta el 8 de marzo Juliana Pungiluppi estará al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar luego de presentar su renuncia al presidente de la República, Iván Duque, en una carta en la que expresa que deja el cargo por motivos personales.Vea aquí: ICBF amonestó a 17 padres de familia por quemaduras de sus hijosEntre otros logros presentados por la saliente funcionaria, está la reducción de muertes asociadas por desnutrición, la transformación del modelo de contratación de servicios de primera infancia, reducción de tiempos de respuesta en la línea 141 del ICBF y un aumento del 10% en la adopción de menores con características y necesidades especiales.En el lugar directivo de Pungiluppi estaría Lina Arbeláez, quien tendrá el reto de seguir descongestionando los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, disminuir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y continuar, en conjunto con la Policía, el seguimiento al registro de inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra los menores.
La directora general del ICBF, Juliana Pungiluppi, sostuvo que la revisibilidad podría funcionar como pena para quienes cometan delitos contra menores en el país.No deje de leer: Atlántico, tercer departamento con más casos de violencia a niños: ICBF“Yo estoy sugiriendo, y lo he hablado con la ministra de Justicia, en que se debe revisar la revisibilidad (…) que haya cadena perpetua, pero que en algunos años se revise la sentencia (…) hecho lo ha hecho Argentina y Perú”, dijo.Por otra parte, se pronunció sobre la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, encabezada por el presidente Iván Duque.“Fue un evento sentido, concurrido y dimos el mensaje de que la violencia contra los niños no es solo un tema del Gobierno sino de la sociedad”, aseguró.Dicha alianza unió a 12 entidades para reforzar la judicialización de los casos de violencia contra niños y adolescentes.Escuche la entrevista completa con la directora del ICBF en Mañanas BLU aquí:
El presidente Iván Duque ha calificado este día como una jornada de buenas noticias para los niños de Colombia. En la mañana se dio la divulgación de la ley de tamizaje neonatal y más adelante encabezó la puesta en marcha de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, junto a la primera dama, María Juliana Ruiz.En esta alianza se unen más de 12 entidades para reforzar la judicialización de los casos de violencia contra niños y adolescentes.La meta, dijo el presidente Duque, es lograr la tasa más baja de violencia contra los menores de edad de los últimos 15 años, lo cual significa que en el 2022 menos de 16.015 niños, niñas y adolescentes habrán sido víctimas de violencia en Colombia.El primer mandatario expresó que los delitos contra los menores deben ser imprescriptibles: "No puede ser que los agresores después traten de escudarse en lo que sería la prescripción del delito. Yo creo que una de las tareas que estamos llamados a sacar adelante, y le he pedido esto a la ministra de Justicia, es que todos los delitos relacionados con violaciones a los niños de nuestro país sean imprescriptibles para que tengamos la capacidad de perseguir siempre a los responsables de estas conductas".¿Cómo cambiaría la realidad de violencia contra los niños con esta alianza? Se implementarán 45 iniciativas planteadas, 13 del ICBF y 32 con otras entidades. De estas iniciativas, 28 ya se iniciaron, 10 más comenzarán entre agosto y diciembre de 2019, y 7 más arrancarán en 2020.Algunos de los proyectos son: la Ley Prohibición del Castigo Físico, el Registro de Ofensores Sexuales, el proyecto de Acto Legislativo Cadena Perpetua, la creación del Grupo Élite para violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, proyecto de Ley Imprescriptibilidad delitos de violencia sexual contra los menores de edad.También está la activación de una fuente de financiación (impuesto de salida del país), que se espera tenga un recaudo anual de $18.000 millones."Como Gobierno Nacional estamos aportando, pero en este esfuerzo claramente el Gobierno, pues, nos queda grande este gran reto y por eso hemos ya convocado a la cooperación internacional y en estas pocas semanas hemos tenido una gran receptividad", dijo la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi.El mismo Gobierno reconoce que solo el 10% de los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes se judicializan, por varias razones como la debilidad en la recolección de pruebas, Policía Judicial insuficiente y una cobertura limitada de Medicina Legal, ya que solo cubre 91 municipios para practicar Exámenes Médicos Legales, fundamentales para confirmar los casos de abuso sexual."Lo más doloroso de que los niños vivan situaciones de abuso sexual, físico o psicológico es que estos hechos deleznables quedan como recuerdos en la corteza prefrontal del cerebro asociada al desarrollo de muchas habilidades", dijo el presidente Duque.
Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estuvo en Mesa BLU hablando del lamentable crecimiento de la violencia contra los niños que está atravesando el país en la actualidad y la estrategia que se desarrollará para controlar este tema.“Está disparada la violencia contra los niños, no hay una política pública sobre ese tema, la anunciará el presidente el próximo 14 de agosto”, aseguró Pungiluppi.Explicó que será una gran política de violencia contra los niños que tendrá 7 líneas de acción “basada en evidencia, que incluye la promoción de entornos protectores tanto en la familia como en lo digital, educativo, comunitario, entre otros”.“Incluye también la creación de un gran grupo élite que fortalezca la Policía para que pueda recolectar mejores pruebas y la Fiscalía investigue mejor, pero, sobre todo, para que los jueces judicialicen más rápido”, agregó.Para Pungiluppi, el gran problema no es la cadena perpetua, porque las penas ya están ahí, sino que “el tema es la impunidad porque solo el 20 por ciento de los casos contra menores de edad se judicializan”.Al detallar cómo operará el grupo élite, manifestó que se trata de un cuerpo intersectorial “que va a tener más policías, más fiscales, va a funcionar en bloque y unos jueces especializados que estén entrenados para atender casos de niños”.“Este grupo es absolutamente sofisticado, será lo más importante de la estrategia, nos va a costar una plata, por eso estamos demorados, pero será anunciado el 14 de agosto”, reiteró.Afirmó que empezará con algunas ciudades específicas, donde haya ciertos tipos de violencia, como Pereira y Cartagena, para probarlos y pilotearlos.Escuche la entrevista completa con la directora del ICBF en este audio:
A pesar de la disminución de la tasa de trabajo infantil en el país, de 7,3% en 2017 a 5,9% a finales de 2018, de acuerdo con el DANE, todavía hay 1’119.000 niños trabajadores que no están desarrollando actividades propias de su edad y vitales para su desarrollo.La advertencia fue hecha por la directora general del ICBF, Juliana Pungiluppi, al informar que, de los 6.541 casos de trabajo infantil atendidos en el último año, abrieron 2.072 procesos administrativos de restablecimiento de derechos, de los cuales el 79% se concentra en cuatro departamentos: Córdoba con 994, Bolívar con 264, Cesar con 236 y Atlántico 147.Las regiones del país con más altos índices de niños, niñas y adolescentes trabajadores fueron Bogotá (1.633), Norte de Santander (471), Atlántico (373), Sucre (278) y Antioquia (250), seguidas por Nariño (241), Valle del Cauca (241), Cesar (235), Huila (233), Boyacá (208), Córdoba (189), La Guajira (184), Magdalena (174), Caldas (170), Tolima (169), Cundinamarca (167), Arauca (161), Bolívar (142), Chocó (136), Santander (128) Risaralda (121), Putumayo (116), Caquetá (106), Quindío (98), Casanare (90), Meta (90), Cauca (79), Amazonas (18), San Andrés (15), Guainía (11), Vichada (9) y Guaviare (5).“A través de 44 Equipos Móviles de Protección Integral, cada semana el instituto adelanta jornadas de búsqueda activa en plazas de mercado, terminales de transporte, zonas comerciales, semáforos y otros puntos donde se identifica una alta presencia de trabajo infantil”, aseguró la funcionaria.De acuerdo con el ICBF, para superar este flagelo vienen adelantando, a través de las modalidades de internado medio tiempo o tiempo completo, acompañamiento pedagógico a los menores para la consolidación de sus proyectos de vida y, de la misma forma, intervención de apoyo psicosocial a sus familias para fortalecer las capacidades de crianza.-Atención a menores de edad venezolanos:El ICBF aseguró que en los primeros cuatro meses del año ya se han identificado 118 niños, niñas y adolescentes venezolanos en situación de trabajo infantil, quienes ingresaron a los programas del ICBF.Por tal razón, informaron que en la actualidad están trabajando con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un proyecto para la caracterización de la población migrante que permita verificar, entre otros aspectos, las vulneraciones a los derechos de los menores de edad.El proyecto piloto se adelantará en Villa del Rosario (Norte de Santander), Valledupar (Cesar), Ipiales (Nariño) y Bogotá.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
