"Yo he dado órdenes expresas al ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, mayor general González López, que tome todas las medidas para asegurar la instalación en paz de la Asamblea Nacional, con tranquilidad", dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena nacional. El mandatario venezolano aseguró que las autoridades se reunieron con representantes de la oposición para coordinar "todas las medidas de protección" para que "puedan salir, cantar sus canciones y corear sus consignas en un perímetro suficiente para que el paso a la Asamblea Nacional no sea obstruido". Indicó que la oposición se concentrará en la esquina de La Hoyada, cercana al palacio legislativo, mientras que el chavismo marchará por la avenida Urdaneta. Más temprano el lunes, el diputado opositor Henry Ramos Allup, elegido presidente del parlamento, dijo estar convencido de que la Fuerza Armada venezolana garantizará el orden en la ceremonia de instalación del poder legislativo. (Vea también: Impiden ingreso al Parlamento venezolano del nuevo presidente del Legislativo). Sin embargo, Ramos denunció que un agente de seguridad del segundo del chavismo y presidente saliente del parlamento, Diosdado Cabello, le impidió ingresar al edificio administrativo del poder legislativo este lunes. Por su parte, Maduro llamó a los seguidores chavistas a "evitar provocaciones", aunque advirtió que la oposición "no respeta ni reglas ni leyes" y alertó frente a la posibilidad de que surja "un plan golpista". El gobernante venezolano celebró que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, exigiera este lunes mantener al poder militar fuera de la diatriba generada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la elección de tres diputados opositores en el estado Amazonas (sur). "La FANB no es órgano para subvertir el orden constitucional, ni para desconocer la institucionalidad democrática, mucho menos para dar golpes de estado", escribió Padrino en Twitter. Las declaraciones de Maduro parecen buscar aliviar la tensión generada por el llamado que hizo a defender la revolución "en la calle" si la oposición conquistaba el poder legislativo. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo la poderosa mayoría calificada de dos tercios (112 de 167 diputados) en los comicios del pasado 6 de diciembre. "El cinco de enero, día de paz, que se instale el parlamento burgués y los revolucionarios a trabajar, a rectificar, a luchar y a construir", concluyó Maduro. AFP
El caso de Juliana Guerrero, quien recientemente fue condenada a tres años de prisión por los hechos relacionados con la obtención irregular de su título como contadora pública, continúa generando debate jurídico y mediático. Tras el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación, el cual le permite no cumplir tiempo de reclusión física ni domiciliaria, su abogado defensor, Felipe Alzate, salió al paso para aclarar los alcances de la sentencia.En diálogo con Mañanas Blu, el jurista enfatizó que la responsabilidad penal de Guerrero se centra exclusivamente en el uso del documento para inducir en error a la autoridad nominadora, y no en la fabricación material del diploma. Según Alzate, la justicia no puede sancionar a una persona dos veces por el mismo hecho, lo que explica por qué el proceso se enfocó únicamente en el delito de fraude procesal.La estrategia de defensa ante el preacuerdoFelipe Alzate explicó que la negociación con la Fiscalía tomó cerca de tres meses, periodo durante el cual se evaluaron las alternativas para una terminación anticipada del proceso. El defensor subrayó que, al reconocer su responsabilidad y evitar un juicio prolongado, su cliente obtuvo beneficios legales estandarizados dentro del ordenamiento jurídico colombiano.Al ser consultado sobre el supuesto doble beneficio por la exclusión del delito de falsedad en documento privado, Alzate fue enfático al señalar que existe una interpretación incorrecta por parte de la opinión pública. “Ella no falsificó el título, solo lo usó”, argumentó el abogado, defendiendo que el fraude procesal subsume la conducta delictiva en este caso específico.A su juicio, la condena por fraude procesal, que conlleva una inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa económica, es el resultado de un análisis técnico basado en la jurisprudencia de las altas cortes. El defensor aclaró que la rebaja de pena aplicada no responde a un trato preferencial, sino a una facultad a la que puede acceder cualquier ciudadano que decida colaborar con la administración de justicia.Debate sobre el concierto para delinquirDurante la entrevista, surgieron cuestionamientos sobre por qué no se imputó el delito de concierto para delinquir, considerando que otras personas, como el exsecretario general de la Fundación San José, también fueron condenadas. Ante esto, Alzate descartó la existencia de una empresa criminal organizada y dirigida por su representada.“No hay un solo hecho que permita acreditar que hay una empresa criminal que se ha mantenido en el tiempo con diferentes autores”, puntualizó el abogado. Para la defensa, las condenas individuales no equivalen a la configuración de una estructura delictiva compleja, y cualquier aseveración en contrario, a su juicio, carece de sustento probatorio y se aleja de la realidad procesal del caso.Sobre la ausencia de menciones al expresidente Gustavo Petro en la carta pública escrita por Guerrero, Alzate aclaró que no conoce al exmandatario y que la misiva fue una decisión personal de su defendida. El abogado reafirmó que su rol se ha limitado exclusivamente al ámbito de la defensa técnica, manteniendo reserva sobre los asuntos ajenos al proceso judicial, como las especulaciones sobre posibles colaboraciones futuras con la justicia o situaciones relacionadas con el estatus migratorio de la procesada.Próximos pasos y estado de la situaciónLa condena de tres años dictada por el juez competente marca un punto de inflexión en este proceso. Aunque la exfuncionaria no irá a prisión, deberá cumplir con las penas accesorias impuestas por la justicia. En cuanto a otros procesos penales que podrían estar vinculados a las denuncias de medios de comunicación sobre este caso, la defensa manifestó no tener notificaciones oficiales de la Dirección Especializada Anticorrupción, más allá del conocimiento público sobre las investigaciones en curso.El caso de Juliana Guerrero sigue siendo un referente de debate sobre el uso de documentos falsos en el sector público y el papel de las herramientas de terminación anticipada de procesos judiciales, mecanismos que, si bien son legales, generan diversas posturas sobre la proporcionalidad de las penas frente a la gravedad de los delitos cometidos contra la fe pública.
Antes de que la investigación de la Fiscalía avanzara hasta un acuerdo en el que Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por la obtención fraudulenta de dos títulos, la joven defendía públicamente sus estudios y explicó en una entrevista con Mañanas Blu cómo, según su versión de entonces, había llegado a graduarse como contadora pública.En 2025, cuando Guerrero estaba en medio de la controversia por su hoja de vida y su aspiración a ocupar un cargo en el Gobierno aseguró que había estudiado Contaduría Pública inicialmente en la Universidad Popular del Cesar y que posteriormente había realizado un proceso de homologación en Bogotá.Ahora, un año después, Guerrero negoció con la Fiscalía un beneficio jurídico por la obtención fraudulenta de los títulos entregados por la Fundación Universitaria San José.¿Qué decía Juliana Guerrero sobre su título de contadora pública?Durante la entrevista, Guerrero sostuvo que había comenzado sus estudios de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar y que había avanzado hasta quinto semestre antes de trasladarse a Bogotá.Su explicación fue que, después de llegar a la capital, retomó sus estudios y realizó una homologación. También afirmó que previamente había obtenido un título técnico del SENA relacionado con contabilidad.“Yo soy profesional, soy contadora pública”, respondió Guerrero cuando fue preguntada directamente por la naturaleza de su título.En ese momento, además, aseguró que había conseguido el título mediante un proceso académico que describió como regular y explicó que había avanzado simultáneamente en los diferentes niveles de formación."En este momento yo tengo la experiencia para poder desarrollar la política pública de juventudes, cumplo el requisito porque tengo un título académico que lo logré y lo saqué con esfuerzo, y en el tema de la experiencia eso se está revisando", relató.¿Cómo explicó la homologación que había realizado?Guerrero aseguró que las diferencias entre los programas académicos de la Universidad Popular del Cesar y la Fundación Universitaria San José llevaron a que tuviera que realizar una homologación.Según su relato de entonces, su formación técnica en el SENA le permitió obtener créditos para avanzar en el programa de tecnólogo y posteriormente continuar con la carrera profesional.“Yo hice la homologación”, afirmó durante la entrevista, al explicar por qué aparecían distintas etapas de formación en sus antecedentes académicos.También sostuvo que había estudiado Contaduría porque le gustaban los números y que su intención era complementar posteriormente esa formación con una maestría relacionada con la administración pública."Yo hice todo el proceso al tiempo para yo poder graduarme. Hice mi técnico en el SENA, obviamente, y empecé a hacer el tecnólogo homologando, haciendo todos los créditos del tecnólogo, y al mismo tiempo, como estaba cumpliendo esos créditos del tecnólogo, avanzaba con mi carrera", relató.¿Qué decía sobre las dudas alrededor de sus hojas de vida?Otro de los puntos abordados en aquella entrevista fue la existencia de dos versiones de su hoja de vida durante el proceso relacionado con su eventual llegada al Gobierno.Guerrero atribuyó la diferencia a un “error humano”. Explicó que había enviado una hoja de vida a Talento Humano del Ministerio de la Igualdad y que, anteriormente, había remitido otra documentación a Presidencia.Según su explicación, se terminó publicando inicialmente un documento que no correspondía a la versión actualizada y posteriormente se hizo la corrección para incluir el título de contadora pública.Sobre su experiencia profesional, Guerrero reconoció que acababa de graduarse y que no tenía todavía la experiencia profesional requerida para obtener la tarjeta profesional de contadora.En ese momento defendió que el título académico era necesario para cumplir con los requisitos del cargo al que aspiraba y sostuvo que no ejercería funciones propias de la contaduría pública."Para solicitar la tarjeta profesional yo tengo que tener un año de experiencia para poder que el Consejo Nacional de Contaduría Pública me lo dé. Pero hay una particularidad, y es que como yo no voy a dar fe de mi profesión al ser viceministra, yo no voy a firmar una declaración de renta, una actividad contable tributaria, pues yo no necesito firmar como contadora, porque eso yo la requiero en el ejercicio de mi profesión como contadora. Yo no voy a ejercer la contaduría pública, sino que yo necesito el título profesional cumpliendo ese manual de funciones", puntualizó en ese momento.
Al cumplirse un mes del sísmico terremoto del pasado 10 de agosto, las autoridades territoriales y gubernamentales han presentado un panorama crítico de los daños y los inmensos desafíos económicos que implica la reconstrucción. El saldo de la emergencia abarca cientos de víctimas mortales, cientos de miles de familias afectas e infraestructura colapsada en departamentos como Valle del Cauca, Risaralda y Chocó.Valle del Cauca: miles de viviendas destruidas y aulas temporales en carpasEl Valle del Cauca registra una de las situaciones más graves, con un saldo de 223 personas fallecidas, 314.798 afectados y 151.000 familias golpeadas por la tragedia. De acuerdo con la gobernación, el evento dejó 87.000 viviendas averiadas, 24.000 colapsadas y 220 escuelas destruidas. Para mitigar la interrupción escolar, cerca de 15.000 estudiantes están asistiendo a clases en carpas.La gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, explicó en Mañanas Blu, que se ha implementado un esquema de autoconstrucción asistida en municipios como Roldanillo. La mandataria señaló: "no los vamos a dejar Solos damos los materiales, pero además tenemos el maestro de obra, el alcalde pone el oficial y la gente, los dueños de la casa también colaboran y aportan en esa construcción de su casa". Asimismo, subrayó la dimensión humana de la respuesta institucional: "no se trata solo de levantar paredes, es hacer también una reconstrucción de sueños, de esperanzas". No obstante, admitió la limitación financiera local: "se nos agota la capacidad nuestra, no da para poder hacer todo lo que se generó".Pereira y Cali: desafíos urbanos y sobrecostos billonariosEn Risaralda, la ciudad de Pereira reporta 109 fallecidos, 110.000 personas damnificadas y 24.000 viviendas desalojadas debido a daños estructurales graves. El alcalde de la capital risaraldense, Mauricio Salazar, destacó la actitud de la población afirmando: "Acá los pereiranos lo que tenemos es amor por esta ciudad y por supuesto que nos caracteriz nos caracteriza el civismo lideraz la resiliencia". No obstante, advirtió que la reconstrucción local requerirá alrededor de 10 billones de pesos y puntualizó: "las posibilidades reales de reconstrucción están en manos del gobierno nacional a través del Fondo Milagro".Por su parte, la ciudad de Cali enfrenta la atención de más de 40.000 familias damnificadas y la evaluación de más de 100 edificios evacuados, con un presupuesto estimado para la reconstrucción urbana entre 10 y 15 billones de pesos. El alcalde Alejandro Eder enfatizó la complejidad del proceso manifestando que "esto es una maratón de 4 años por lo menos", mientras confirmó que "en Cali seguimos distribuyendo 20 toneladas diarias de ayuda humanitaria".Quibdó y Chocó: estabilización del terreno y golpe al comercioEn el departamento de Chocó se confirmaron 13 personas muertas tras el sismo, junto con delicados procesos de remoción en masa y laderas fracturadas. En Quibdó, el impacto económico alcanza a más de 600 comerciantes y negocios afectados, lo que derivó en la suspensión de los eventos artísticos y culturales de las fiestas patronales de San Pacho.El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, precisó las urgencias técnicas requeridas antes de levantar edificaciones: "antes de empezar a reconstruir como tal, debemos estabilizar la ciudad". Igualmente, hizo un llamado para disponer de maquinaria pesada y personal capacitado, remarcando que "este es el momento de construir bien, de que podamos levantar las las viviendas que sean sismos resistentes".Escuche aquí la entrevista:
Un mes después de que un terremoto de 7,4 grados en Colombia causara 331 muertos, 4.500 heridos, al menos 111 desaparecidos y 466.700 afectados, persisten las necesidades sanitarias, de salud mental y alojamiento en las comunidades más afectadas, advirtió la Cruz Roja.Aunque las operaciones de rescate han concluido en la mayoría de las zonas, "las personas afectadas por el terremoto necesitan atención sanitaria para prevenir complicaciones derivadas de enfermedades crónicas o de interrupciones en los calendarios de vacunación", indicó en un comunicado la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).También requieren apoyo psicosocial para ayudarles a afrontar las consecuencias del trauma, y acceso a alimentos, productos de higiene y otros bienes esenciales, agregó la federación."A medio y largo plazo las comunidades afectadas necesitarán apoyo para recuperar sus medios de vida, reconstruir su resiliencia y reforzar la preparación ante futuras emergencias y desastres", indicó FICR.En el mes transcurrido desde el terremoto, 1.844 voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja Colombiana distribuyeron más de 3.600 toneladas de ayuda humanitaria y llevaron a cabo más de 5.300 intervenciones para brindar apoyo sanitario.La federación internacional hizo en agosto un llamamiento de emergencia por valor de 25 millones de francos suizos (30 millones de dólares) para ampliar la capacidad de la Cruz Roja Colombiana sobre el terreno.
Preocupación hay en Barrancabermeja por la aplicación de la Resolución 101120 de 2026 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que establece un programa transitorio para incentivar el ahorro de energía durante el fenómeno de El Niño y contempla cobros adicionales para quienes superen su consumo promedio histórico.La medida establece una meta individual para cada usuario, calculada con base en el comportamiento que ha tenido en el consumo de energía. Cuando el gasto supera en más de un 10 % esa referencia, se genera un cobro adicional sobre el consumo que exceda la meta establecida que puede llegar hasta el 70% más del valor habitual.En Barrancabermeja, desde Fenalco han advertido que esta disposición podría generar dificultades para hogares y establecimientos comerciales, debido a las altas temperaturas que se registran en el municipio y que hacen necesario utilizar con mayor frecuencia ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración.Martín Porras, de Fenalco Barrancabermeja, pidió que se tenga en cuenta esta condición climática y que el porcentaje permitido de consumo sea mayor para los territorios donde las temperaturas son más elevadas.“Nuestros consumos son mayores con respecto a otros climas, a otras ciudades”, señaló Porras, al explicar que en Barrancabermeja se registran temperaturas de entre 38 y 40 grados.La propuesta de Fenalco es que el margen de consumo permitido pase del 120 % al 130 %, con el fin de que los usuarios de zonas de altas temperaturas tengan un mayor margen antes de que se generen cobros adicionales.Según Porras, la solicitud no busca desconocer la necesidad de ahorrar energía, sino que las condiciones particulares de cada territorio sean consideradas al momento de aplicar la medida.“Lo más justo” sería, según explicó, que el porcentaje de consumo permitido no sea igual para todas las ciudades, sino que tenga en cuenta factores como las temperaturas que enfrenta cada región.La preocupación se extiende a otras ciudades del país que, de acuerdo con Fenalco, también han planteado la necesidad de revisar la aplicación de esta medida y establecer condiciones diferenciales para los territorios donde el clima obliga a mantener un mayor consumo de energía.
